Abril Yhamin Esparza Salto
Expediente 1057/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/09/2019
Partes del expediente
- Abril Yhamin Esparza Salto
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo, del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda; lo que se estima acontecerá a partir del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. De igual forma, atento a la certificación secretarial de cuenta y en cumplimiento a lo ordenado en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo en cita, prevéngase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió a su escrito de demanda; con el apercibimiento que de no hacerlo así, previo a su transferencia al Centro Archivístico Judicial que corresponda, de conformidad con el citado acuerdo, dichos documentos podrán ser remitidos junto con el expediente, para su destrucción. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Víctor Manuel Avilés Cruz, quien autoriza y da fe.
- Principal
dese vista a las partes con el contenido del informe justificado de las autoridades responsables.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, al que se acompañan los autos originales del juicio de amparo 815/2019, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo que promovió Abril Yhamin Esparza Salto, contra actos del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Culiacán, Sinaloa, y otra autoridad; por estimar que la materialización del acto reclamado se ejecutará en esta ciudad, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, por tanto, estima que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo y declina la competencia en favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Tijuana, para que conozca de esa controversia constitucional. Luego, de la lectura íntegra de la demanda de amparo promovida por Abril Yhamin Esparza Salto, se advierte que los actos materia de reclamo consisten esencialmente en la orden de desalojo decretada en autos del juicio 572/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Culiacán, Sinaloa, respecto del bien inmueble ubicado en avenida Paseo de las Bugambilias, privada Colibríes, número 6198, interior 12, del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California. En ese orden, comuníquese al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia Culiacán, que con fundamento en los artículos 37, 48 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada en sus términos; acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, fórmese el expediente correspondiente y háganse las anotaciones respectivas de su ingreso en el libro de gobierno, debiéndose registrar con el número de juicio 1057/2019. Luego, previo a emitir el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la admisión o desechamiento, resulta pertinente hacer mención que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el numeral 62 de la citada Ley, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligación de este juzgado, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre motivos para ello. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que incluso en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien resuelve y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, este juzgado considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los normativos 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". Así pues, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la orden de desalojo ordenada en el juicio 572/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Culiacán, Sinaloa, derivado de la ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio de origen respecto del bien inmueble ubicado en avenida Paseo de las Bugambilias, privada Colibríes, número 6198, interior 12, del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California. Asimismo se advierte que la quejosa tuvo conocimiento de dicha orden de desalojo el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad, en su demanda de protección constitucional. Lo anterior pone en evidencia que este juicio de amparo resulta extemporáneo, porque no se promovió dentro del plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud que conforme al diverso ordinal 18, éste comienza a contar a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de los actos o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados o de su ejecución. Entonces, es evidente que dicho término trascurrió del veintiuno de junio al once de julio de dos mil diecinueve, con descuento de los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, así como seis y siete de julio del año en curso, por haber sido inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si la demanda que se atiende se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, como se aprecia del sello de recibido que consta en la demanda de amparo de referencia, así como de la papeleta de turno; es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Se cita la Tesis de Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito , cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Por tanto, al no haber impugnado en forma oportuna los actos que se reclaman, éstos deben considerarse como consentidos tácitamente, actualizándose así la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley reglamentaria. Por las razones que la informan, se cita la tesis jurisprudencial pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." (El énfasis es propio de este órgano jurisdiccional). En apoyo a lo anterior, cabe citar por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En las condiciones relatadas, al no haberse interpuesto el juicio de amparo en contra de los actos que ahora se reclaman dentro del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, además de que en la especie no se surten los supuestos de excepción a que alude el numeral citado, se llega al convencimiento de que en el particular, como quedó apuntado, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia; por consiguiente se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de que se trata, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la citada ley, en relación con el 17 del citado ordenamiento legal. Sin que pase inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Por otra parte, en el capítulo de su escrito de demanda, al que denominó "ANTECEDENTES", la solicitante del amparo, bajo protesta de decir verdad, manifestó lo siguiente: "1.- Que la parte quejosa, mediante Contrato de Arrendamiento, de fecha 15 de mayo del año 2012 dos mil doce, me encuentro ocupando el inmueble que se encuentra ubicado en la Casa Habitación marcada con el 6198-12, de la Avenida Paseo de las Bugambilias de la Privada Colibríes, del Fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, de la ciudad de Tijuana, Baja California." Además, para acreditar lo anterior, la quejosa exhibió un contrato de arrendamiento celebrado entre Emmanuel Morales Vázquez en calidad de arrendador, y Abril Yhamin Esparza como arrendataria, con fecha de quince de mayo de dos mil doce, respecto del bien inmueble señalado en el párrafo que antecede. Ahora, resulta oportuno que conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en el numeral 2º de la citada normatividad, el suscrito Juzgador invoque como hecho notorio los autos del juicio de amparo 361/2016, del índice de este órgano jurisdiccional. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que a la letra dice: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente : "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Así como la diversa jurisprudencia XXI.3º. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, página 804, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época, del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación constituyen hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque la citada red es un medio electrónico que forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, creada para interconectar computadoras del Máximo Tribunal y todos los Tribunales y Juzgados Federales del país, permitiendo realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que es válido que los Magistrados de Tribunales de Circuito y Jueces de Distrito invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones." Además, la jurisprudencia correspondiente a la Novena Época, que es del tenor siguiente : "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Así, una vez analizada la audiencia constitucional celebrada el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en autos del diverso juicio de garantías 361/2016, promovido por Emmanuel Morales Vázquez, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil con sede en Culiacán, Sinaloa, y otra autoridad, se advierte que la aquí quejosa Abril Yhamin Esparza Salto parte quejosa señaló bajo protesta de decir verdad que su domicilio actual en dicha data, lo era el ubicado en calle Del Rocío, número 1215-1, colonia Jardines, Playas de Tijuana, en esta ciudad; no así, el ubicado en avenida Paseo de las Bugambilias, privada Colibríes, número 6198, interior 12, del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente, en Tijuana, Baja California, sino que en este últmo, habitaba un inquilino de quien desconocía su nombre. De lo anterior, resulta evidente que en el escrito inicial que dio origen al presente juicio, la promovente afirmó hechos distintos a los que se desprenden de los autos que integran el diverso expediente 361/2016, del índice de este juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 y 117, del Código Federal de Procedimientos Penales, ante la posible comisión de un delito del orden federal, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, por la probable comisión de un delito atribuible a la parte quejosa al referir hechos falsos en su escrito de demanda, realizados "bajo protesta de decir verdad"; lo que amerita hacer del conocimiento de la representación social de la federación. Lo anterior, a fin de que de estimarlo conducente proceda a iniciar la averiguación previa correspondiente, en la que podrá investigar los hechos aquí asentados, para lo cual se ordena expedir las copias certificadas de las actuaciones conducentes, una vez que esta resolución cause ejecutoria. Esto es así, ya que en el caso es posible que se actualice alguna de las conductas descritas en el artículo, 261 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. En otro orden, se tiene a la parte quejosa señalando como autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Alberto de la Vega Lorenzana cuya cédula profesional se encuentra registrada en la base de datos relativa al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco, así como únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a Jesús Armando López Varela, en virtud de no tener registrada su cédula profesional en el referido sistema. Ahora, en atención a la solicitud que realiza para que se autorice, para hacer uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, respecto al juicio de amparo 1057/2019 del índice de este órgano jurisdiccional; en ese contexto, y dado que se aprecia el estado de vigencia en la que se encuentra el certificado digital (Firel) de los usuarios que señala en el ocurso constitucional, conforme lo previsto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, expedido el uno de diciembre de dos mil quince, en sus artículos 10 y 14, así como en el artículo 5, párrafo segundo, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, en relación con el dispositivo legal 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al licenciado José Alberto de la Vega Lorenzana, quien cuenta con el usuario josealberto15, para que realice la consulta en el línea del juicio de amparo número 1057/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, quien también podrá presentar las promociones, documentos y medios de prueba que considere necesarios. De igual forma, se hace de su conocimiento que acorde a lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 fracciones I, II y III y 31 fracciones II y III, todos de la Ley de Amparo, le serán practicadas las notificaciones correspondientes al presente juicio, en los términos y lineamientos establecidos en los preceptos legales invocados. Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado el presente auto, el Secretario realizará el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea del usuario josealberto15, para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente del juicio 1057/2019, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. Con fundamento en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que sean necesarios para realizar las notificaciones relativas a este expediente, con el fin de no entorpecer su trámite. Finalmente, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aplicado conforme al artículo segundo transitorio de la Ley Federal en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, misma que entró en vigencia al día siguiente de su publicación; así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Brando Arturo González Ramírez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido del Secretario Víctor Manuel Avilés Cruz, quien autoriza y da fe.
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