Abril Sajaidy Erosa Rubio

Expediente 1669/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1669/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Abril Sajaidy Erosa Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en el presente juicio, fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que es DESTRUIBLE, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente, debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste, deberá transferirse, tal y como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. De conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por la Directora de la Escuela Normal Superior de Yucatán, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fuera hecho en auto de dieciséis anterior, certifica que el original del oficio donde se informó a la directa quejosa que estaba en aptitud de continuar con sus estudios en dicho plantel educativo, le fue entregado a ésta, en compañía de su madre, quien incluso firmó como testigo, señalando que la citada impetrante aceptó de conformidad los términos establecidos en el citado oficio. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo de las autoridades responsables, medularmente, lo constituye la baja de la licenciatura en inclusión educativa, para el período escolar 2021 - 2022, a la cual se encuentra inscrita con número de matrícula 183105850000, así como la negativa a ser inscrita a dicho período. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la baja de la licenciatura en inclusión educativa, para el período escolar 2021 - 2022, a la cual se encuentra inscrita con número de matrícula 183105850000, así como la negativa a ser inscrita a dicho período. Ahora bien, de las constancias que integran este juicio de amparo, y en concreto del oficio agregado en el presente acuerdo, se advierte que por determinación de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe, la Directora de la Escuela Normal Superior de Yucatán, informó a la quejosa que podría continuar con los servicios académicos correspondientes al séptimo semestre de la Licenciatura de Inclusión Educativa, relativo al ciclo escolar 2021 - 2022. Siendo que, como se advierte del contenido del oficio de cuenta, la Directora responsable certificó que el original del oficio donde se informó a la directa quejosa que estaba en aptitud de continuar con sus estudios en dicho plantel educativo, le fue entregado a ésta, en compañía de su madre, quien incluso firmó como testigo, señalando que la citada impetrante aceptó de conformidad los términos establecidos en el citado oficio. E incluso, en auto de dieciséis anterior, se dio vista a la propia quejosa con el contenido de la resolución de veintiuno de octubre próximo pasado, a fin de que manifestara, en su caso, lo que a su interés legal conviniere, sin que hasta esta data hubiere hecho señalamiento alguno en relación a la existencia de algún impedimento para continuar con sus estudios. Por lo tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que, como se indicó en el párrafo que antecede, en el momento en que promovió la parte quejosa el presente juicio, existía la citada orden de baja educativa, ya que es evidente que al haberse emitido la determinación antes ponderada, en la que se permitió a la quejosa continuar con sus estudios, en el semestre en que se pretendió inscribir y por el ciclo escolar actual, han cesado los efectos del precitado acto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer, fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta y un minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por la Directora de la Escuela Normal Superior de Yucatán, del que se desprende que por determinación de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, la citada Directora responsable informó a la quejosa que podría continuar con los servicios académicos correspondientes al séptimo semestre de la Licenciatura de Inclusión Educativa, relativo al ciclo escolar 2021 - 2022. Por tanto, dese vista de lo anterior a la parte impetrante, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. En ese mismo orden, requiérase a la Directora responsable, para que dentro del plazo de tres días hábiles, legalmente computado, remita copia certificada de la citada determinación de veintiuno de octubre pasado, a que se hace alusión en el oficio de cuenta, así como de la notificación correspondiente. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir con requerido, dentro del plazo conferido, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos el oficio suscrito por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, mediante el cual rinde su informe justificado, con un anexo que acompaña; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe, así como con la constancia y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad y como su domicilio para oír y recibir notificaciones, los mencionados en su informe con justificación. Finalmente, como solicita la citada autoridad, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que señala como delegados, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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