Abril Rocabert Monroy

Expediente 366/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
366/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Abril Rocabert Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio del actuario del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la ejecutoria de uno de junio del año en curso, dictada en el recurso de queja ********************, en la que declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la quejosa. Acúsese el recibo respectivo al tribunal colegiado oficiante, y previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese este expediente como totalmente concluido..., el presente expediente es destruible; por tanto, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, y la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo, a fin de que este juzgado en términos del artículo 20, proceda a su destrucción. Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de la fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción en los términos precisados en el artículo 20 del Acuerdo antes referido. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido vía electrónica el oficio de cuenta del actuario judicial del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibido del oficio por el que se le remitió un legajo en copias certificadas relativas al juicio de amparo ********************, así como el escrito original del recurso de queja interpuesto por ********************, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente asunto; asimismo, informa que mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés, admitió a trámite dicho medio de impugnación y lo registró como ******************** de su índice; en consecuencia, agréguese el oficio de cuenta a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el escrito de la quejosa ..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, y dado que en el presente juicio, no hay más partes que el promovente, se ordena remitir de inmediato al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, el original del escrito en que se formula la queja, el informe sobre la materia de dicha queja, copia certificada de la resolución recurrida y demás constancias que se estiman necesarias para el conocimiento del asunto; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    AVISO: se notifica por medio de lista a la QUEJOSA ... el contenido del auto de fecha 29 de marzo de 2023, que en lo conducente dice: "Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico respectivo, regístrese en el libro de gobierno de los juicios de amparo como 366/2023, y provéase lo conducente en relación a dicha demanda de amparo. De la lectura de la demanda se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de divorcio incausado ********************del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que desestimó la petición de la quejosa de fijar fecha para la audiencia que decrete el divorcio hasta en tanto obrara en dichos autos contestación a la demanda o en su caso se acusara la rebeldía correspondiente, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu del mismo ordenamiento. Efectivamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El numeral 107, fracción V, del ordenamiento mencionado, dice: "El amparo indirecto procede: (.). V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Por actos de imposible reparación debemos entender aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del juicio del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera, esto en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad que las violaciones cometidas en el juicio queden reparadas en la sentencia que llegue a pronunciarse. Conforme a lo anterior, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen; esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Expuesto lo anterior, como se dijo, la quejosa señala como acto reclamado el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de orden familiar divorcio incausado ********************promovido por la parte quejosa en contra de ********************del índice del Juzgado Cuarto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por el que dicho juzgado desestimó la petición de la quejosa de fijar fecha para la audiencia que decrete el divorcio, hasta en tanto obrara en autos contestación a la demanda o en su caso se acusara la rebeldía correspondiente. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías, puede advertirse que el juicio de origen se trata de un juicio de divorcio incausado ********************promovido por la parte quejosa en contra de ********************, en el que mediante proveído de siete de febrero de dos mil veintitrés, previno a la ahora quejosa para que proporcionara el registro federal de Contribuyentes con homoclave y Clave Única de Registro de Población de la demandada; que mediante proveído de veinte de febrero del año en curso, se admitió a trámite la demanda; posteriormente la parte quejosa solicitó al juez responsable se señalara fecha y hora para la celebración de la audiencia que decrete el divorcio, petición a la que recayó el proveído de tres de marzo del año en curso, en el que se desestimó dicha petición, hasta en tanto obrara en autos contestación a la demanda o en su caso se acusara la rebeldía correspondiente, determinación que constituye el acto reclamado. En ese sentido, a criterio de esta juzgadora, el acto reclamado referido no es un acto de aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, es decir, no es un acto que de una manera inmediata, lesione el interés del impetrante de amparo o bien haga imposible la prosecución del procedimiento. De lo anterior se advierte que dicho acto no trae aparejado en sí un daño que sea de imposible reparación para la quejosa en su persona o en su patrimonio, ni lesiona de alguna forma su derecho o interés jurídico, toda vez que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva pasajera, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. Razón por la cual, la resolución reclamada, no deriva ni motiva alguna consecuencia directa e inmediata que pudiera recaer sobre el peticionario de garantías, para que fuera procedente el presente juicio de garantías, lo que conlleva a que la demanda de garantías resulte improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en contrario sensu de lo establecido en la fracción V, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis V.2o. J/68, visible a foja 46, del tomo 66, correspondiente al mes de junio de 1993, octava época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la ley de amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los tribunales colegiados de circuito." Del mismo modo es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.48/2016, décima época, visible en la página 1086, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, del libro 30, mayo de 2016, tomo II, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado atribuido al Congreso de la Ciudad de México, Jefa de Gobierno y Director de la Gaceta Oficial, todas de la Ciudad de México, consistente en la expedición, promulgación, refrendo y publicación del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, particularmente en su artículo 272-B, que aduce se aplicó en su perjuicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. En el caso, el artículo que la quejosa tilda de inconstitucional consiste en una norma de carácter heteroaplicativa, esto es, un precepto que para causar un perjuicio en concreto, requiere de un acto concreto de aplicación, dado que la norma en sí misma es abstracta y no causa perjuicio y, en el caso a estudio se advierte que al estudiar el acto concreto de aplicación, consistente en el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juzgado Cuarto Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio ********************promovido por la quejosa en contra de ********************, por medio del cual se desestimó fijar fecha para la audiencia referida hasta en tanto obrara la contestación a la demanda o en su caso transcurriera el termino para hacerlo, resultó improcedente el amparo, la misma suerte debe correr el acto reclamado consistente en la aplicación del artículo citado, ya que el reclamo de dicho artículo se hace derivar de la aplicación que realizó el juez responsable en el acto mencionado, y por tanto los actos no se pueden desvincular, resultando improcedente el juicio de amparo respecto del artículo invocado. Es aplicable la jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, séptima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 181-186, primera parte, página 251, que dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo contra ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por si solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Del mismo modo, es aplicable a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia, emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 5, del tomo XXVI, correspondiente al mes de diciembre de 2007, novena época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha Ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la Ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad." También, es aplicable a las consideraciones anteriores, la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 235, del tomo XII, correspondiente al mes de agosto de 2000, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Finalmente, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis CXIV/89, de la octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, primera parte, página 239, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI SE DECRETA RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN CON MOTIVO DE LOS CUALES SE IMPUGNO UNA LEY, DEBE COMPRENDER TAMBIÉN A ÉSTA. Si en la demanda de amparo se impugnó una ley con motivo de actos de aplicación no puede desvincularse el estudio de la ley correspondiente a tales actos. En consecuencia, si se sobresee en el juicio respecto de los actos de aplicación dicho sobreseimiento debe comprender también la ley." Así las cosas, al dejarse establecido que los actos reclamados no se encuentran contemplados en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualizan las causas de improcedencia antes analizadas; razón por la cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Decimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles al actuario adscrito a este juzgado para que practique cualquier diligencia o notificación relacionada con el presente asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa." NOTIFÍQUESE.

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