Abril Gaona Martínez
Expediente 781/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Abril Gaona Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y conforme el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que ha transcurrido el plazo de cinco días para que se interpusiera el recurso de queja, que establecen los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se haya hecho valer contra el proveído de ocho de octubre del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por Abril Gaona Martínez, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de la Ley de Amparo, se declara firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes la razón de la actuaria adscrita a este juzgado, por la cual informa que no fue posible notificar a la parte quejosa, la determinación de auto ocho de octubre de dos mil veinte, por los motivos que expone; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíqueseles la citada determinación, medinate el cual: V I S T A la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho, contra actos del Director del CBT número 5, Texcoco de nombre Gustavo Torres Escobar, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 781/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Atento a lo anterior, este juzgador estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala en la parte que interesa, lo siguiente: «Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.» La parte quejosa en su demanda de amparo reclama de las autoridades responsables, en forma destacada la emisión del oficio 06/2020-2020, de trece de septiembre del año en curso, signado por del Director del CBT número 5, Texcoco de nombre Gustavo Torres Escobar, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de México, a través del cual, en contestación a su escrito presentado ante dicha dependencia, el uno de septiembre del año en cita, hizo de su conocimiento, entre otras consideraciones, que atento a la Ley de Educación del Estado de México, Ley General del Servicio Profesional Docente y la Convocatoria para el proceso de selección de admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, Anexo 1 Perfiles Específicos 1. Componente Básico y Propedéutico (disciplinar) y 2. Componente profesional, no contar con el perfil para impartir clase frente a grupo en Nivel Medio Superior: Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas. De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la propia ley, adminiculado con lo previsto en el numeral 103, fracción I, de la Constitución General de la República. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la ley en cita, son del tenor siguiente: «Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.» De los preceptos, se advierte que el juicio de amparo resultará improcedente cuando se actualice algún supuesto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 1°, fracción I prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el artículo 5°, fracción II precisa que son partes en el juicio de amparo, entre otros, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del párrafo que antecede, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Las características de las autoridades para los efectos del juicio de amparo, deben ser acordes con la realidad imperante en el ámbito de las atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del Estado. De manera que se para distingue a una autoridad para efectos del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo realice actos unilaterales con fundamento en una norma legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En estos términos, se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se ve, a diferencia de la Ley de Amparo anterior, la vigente atribuye la calidad de autoridad, con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título siguiente: «AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo: XXXIV, septiembre de 2011, página 1089).» Así, teniendo como referencia lo anteriormente indicado, habrá que determinar la relación laboral de la quejosa con la autoridad que señala como responsable. Previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de febrero de dos mil trece, en materia educativa, las relaciones laborales se regulaban por el apartado B del artículo 123 constitucional. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se introdujeron algunas modalidades relacionadas con el trabajo que prestan los docentes, establecidas en el artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Federal. Situación que deriva de la función específica que desarrollan, como lo es la educación, respecto de la cual el Estado debe garantizar su calidad e idoneidad con la pertinente evaluación de los docentes para lograr el fin de un mayor aprendizaje de los estudiantes. Por estas razones son aplicables, para el presente caso, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en los arábigos 24 a 29, 184 y 185, fracción I y 186 bis, fracción I; y, la Ley de Educación del Estado de México, en los numerales 645 y 65. Así, de esas normas se desprende que los servidores públicos docentes o profesores del subsistema educativo estatal son los servidores públicos generales que prestan servicios de docencia, investigación o difusión, o bien aquéllos que desempeñan funciones directivas o de supervisión en los planteles del propio subsistema. Los profesores del Subsistema Educativo Estatal podrán ser designados en plazas de puestos específicos o bajo el sistema de horas; en ambos casos el nombramiento podrá ser por tiempo determinado o indeterminado conforme a las necesidades del servicio. En el desarrollo de sus actividades, los profesores del Subsistema Educativo Estatal se regirán por sus propias condiciones generales de trabajo. Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, contará con un Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo aplicables a los servidores públicos sindicalizados y generales. A su vez, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano autónomo y dotado de plena jurisdicción, conocerá y resolverá los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre los sujetos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Ese tribunal será competente, entre otros, para conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas, dependencias, organismos descentralizados, fideicomisos de carácter Estatal y Municipal, y organismos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus servidores públicos que no conozcan las Salas. Y, las Salas del Tribunal serán competentes, entre otros, para conocer y resolver, en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales con motivo de la relación laboral que se susciten entre las instituciones públicas o dependencias municipales y sus servidores públicos. Al igual, para asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior, prevé las causas de remoción y responsabilidad, unos sin la necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas. Las relaciones de trabajo del personal con las autoridades educativas y organismos descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable. El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de ésta podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral. En igual sentido, la Ley de Educación del Estado de México, prevé que las disposiciones de esa ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de México y tienen como objeto regular la educación que imparten el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en términos de lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación. A lo que se debe sumar, que algunas conductas de los integrantes del sistema docente serán materia de responsabilidades, como se dispone en los artículos 187 y 190 de la Ley de Educación del Estado de México, en donde se observarán las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En ese sentido, la relación entre los docentes y el Estado es de coordinación, sujetos a una contratación sea por puestos específicos o bajo el sistema de horas, cuya competencia en caso de conflicto derivada de esa relación será eminentemente laboral, dándole competencia al Tribunal de Arbitraje del Estado de México para resolver los conflictos que se susciten. Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, página 411, del título y texto: «COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE MÉXICO CONOCER DE CONFLICTOS ENTRE UN TRABAJADOR Y EL DIRECTOR DE UNA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL, AUNQUE SE DEMANDE A LA PERSONA FÍSICA QUE TIENE ESTE CARGO. De conformidad con el artículo 95 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, que atribuye competencia al Tribunal de Arbitraje del Estado de México para resolver los conflictos que se susciten entre los poderes, Municipios y organismos públicos, ya sean coordinados o descentralizados, y sus servidores, corresponde a dicho tribunal conocer de aquellos casos en que se demande al director de una escuela secundaria oficial del Estado de México, puesto que depende directamente de la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, órgano perteneciente a la administración pública centralizada del Estado de México, según lo dispuesto por los artículos 3o. y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que una demanda se dirija en contra de la persona física que ocupe el cargo de director de la escuela secundaria, si del análisis integral de la misma se advierte que se le demanda, precisamente, en su carácter de director, en virtud de que con tal carácter contrató a la actora para que prestara sus servicios en la escuela que dirige.» Esto es, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. De esta manera, la responsable, puede emitir actos que incidan la situación jurídica del docente, en relación con las condiciones laborales que fue contratado, o bien, en materia de responsabilidades, con aplicación a la Ley de Responsabilidades de Administrativas del Estado de México y Municipios; motivo por el cual en ambos casos, excepcionalmente, será procedente el amparo para obtener la protección efectiva de los derechos humanos involucrados. Sin embargo, que en el caso particular, la responsable no actúa como autoridad para efectos del amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues la emisión del oficio 06/2020-2020, de trece de septiembre del año en curso, signado por el Director del CBT número 5, Texcoco de nombre Gustavo Torres Escobar, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de México, a través del cual, en contestación a su escrito presentado ante dicha dependencia, el uno de septiembre del año en cita, hizo de su conocimiento, entre otras consideraciones que atento a la Ley de Educación del Estado de México, Ley General del Servicio Profesional Docente y la Convocatoria para el proceso de selección de admisión en Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, Anexo 1 Perfiles Específicos 1. Componente Básico y Propedéutico (disciplinar) y 2. Componente profesional, no contar con el perfil para impartir clase frente a grupo en Nivel Medio Superior: Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas, la emitió en un plano de coordinación al situarse como patrón en la relación laboral con la ahora quejosa. Por tanto, considerando que la responsable actuando en un plano de coordinación derivada de la relación de las obligaciones laborales que se tienen con la ahora quejosa, pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de la docente dada la imposibilidad de restituirla en el empleo que tenía. De ahí, que la quejosa deberá acudir el tribunal laboral correspondiente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 24, 26, 185, fracción I y 186 bis, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, a reclamar lo que ahora se duele. Disposiciones que dan competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para resolver el tipo de controversias derivadas de cuestiones puramente laborales. Lo que para este juicio de amparo trasciende, pues, lo que, en esencia, se combate es el no contar con el perfil para impartir clase frente a grupo en Nivel Medio Superior: Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas, que al verse ventilada en los juicios laborales descritos actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 1°, fracción I, interpretado a contrario sensu y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113, de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de título: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Toda vez que la parte quejosa, no señaló en su demanda domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase ésta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto, subsane tal omisión y por autorizada para los mismos efectos a la persona que menciona, por así manifestarlo expresamente. Tocante a la dirección de correo electrónico, que proporciona, con fundamento en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se toma nota del mismo, toda vez que únicamente se utilizará para brindarle atención tratándose de comunicaciones no procesales, y en el evento de requerir establecer contacto en los casos en que se estime necesario. No obstante lo anterior, dada la naturaleza de esta determinación, comisiónese a cualquiera de los fedatarios adscritos, a fin de que se constituyan en el inmueble situado en calle Azalea, sin número, población San Juan Tezontla, Texcoco, Estado de México y, le notifiquen el contenido de esta determinación, para los efectos legales a que haya lugar. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor. el presente auto, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado.
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