Abril Erendira Rosales García
Expediente 157/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Abril Erendira Rosales García
Actuaciones
- Principal
(7) Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de siete de febrero de dos mil veintitrés (fojas 08 a 21), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente obra glosado el original del acuse del oficio ...de veintitrés de enero de dos mil veintitrés (foja 07), que exhibió la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días naturales contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado, debidamente identificada a recibirlo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término indicado, dicho documento podrá ser destruido junto con el presente juicio.
- Principal
(7) Intégrese el oficio signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, mediante el cual devuelve el despacho ... del índice de este Juzgado Federal. Ahora bien, toda vez que de la razón actuarial de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se advierte la imposibilidad que tuvo el Fedatario Judicial adscrito para notificar a la quejosa ********************, el auto de siete de febrero del año en curso, en el lugar señalado para tal efecto, por los motivos expuestos en la misma. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte procesal el proveído de siete de febrero del año en curso, así como el presente proveído por medio de lista que se fije en este Juzgado Federal, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio cierto y actual en esta ciudad para tales efectos. "Pachuca de Soto, Hidalgo, a siete de febrero de dos mil veintitrés. (7) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada .., por derecho propio, contra actos de .., Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 3 del Equipo de Investigación y Litigación 2 en Pachuca de Soto, Hidalgo y otra(s) autoridad(es). II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número . III. Decisión sobre la acción de amparo (DESECHAMIENTO). Ahora, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo1, y de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharlo de plano. En principio, cabe precisar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Precisado lo anterior, este Juzgado Federal advierte que en el caso se evidencia un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)". Acorde con tales preceptos, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que la promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resientan afectación alguna por los actos de autoridad que se reclaman. En efecto, el artículo 107, fracción I, Constitucional, refiere en el párrafo primero, que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, el mismo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, como lo ha distinguido nuestro Máximo Tribunal, existen tres tipos de interés atendiendo al nivel de afectación o intensidad de relación con la esfera jurídica de la persona: el simple, el legítimo y el jurídico. El interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el sólo hecho de ser miembro de la comunidad, en otras palabras, es el concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo. Es por ello que tal interés constituye el supuesto contrario al interés jurídico, en el cual, la afectación a la esfera jurídica se encuentra referida a una cualidad específica: la titularidad de un derecho subjetivo. Por su parte, el interés jurídico lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquel que se ha identificado con la titularidad de un derecho subjetivo, es decir, con la posibilidad de hacer, o querer determinada circunstancia y la posibilidad de exigir a otros el respeto de la misma. En tanto que el interés legítimo, se trata de una posición intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción, por lo que sólo requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Así es, la redacción constitucional en torno al interés para acudir al juicio de amparo -tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo- exige que lo haga la parte agraviada, pero tal concepto fue desarrollado y segmentado en dos supuestos, pudiendo ser: I) el titular de un derecho; o, II) el titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. - Caso concreto. Respecto al acto reclamado marcado con el inciso a), consistente en: "a) Le reclamo a la C. Agente del Ministerio Publico de la Federación la investigación que se siguen en mi contra, originada dentro del Número Único de Caso y/o Carpeta de Investigación ..". En el particular, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la promovente se duele de la integración de la carpeta de investigación .. en su contra; sin embargo, dicho acto no es de aquéllos que causan un perjuicio de manera personal, directa e inmediata a la esfera jurídica de la quejosa. Se sostiene lo anterior, toda vez que dicho acto reclamado por la impetrante ..., que lo constituye la integración de la carpeta de investigación ... en su contra, no es de aquéllos que causan un perjuicio de manera personal, directa e inmediata a la esfera jurídica de la impetrante de derechos, ya que en todo caso, el Juez ante quien se judicialice dicha carpeta de investigación, sería a quien le correspondería resolver sobre el pedimento del representante social correspondiente, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica de la quejosa. En efecto, el acto aquí combatido, no trastoca derechos subjetivos que permitan la procedencia del juicio de amparo biinstancial, virtud a que no causa perjuicios de imposible reparación sobre las personas o las cosas, toda vez que la integración de una carpeta de investigación que en su caso se encuentre tramitando, o la resolución sobre el ejercicio de aquélla, no le causan perjuicio alguno a la quejosa; de ahí que el acto en estudio que pretende impugnar a través de su demanda de amparo, en todo caso, transgrede derechos adjetivos, los cuales producen únicamente efectos formales o intraprocesales, que por sus características se refieren a aspectos propios de un proceso, y no una violación directa a la Constitución General de la República. Es aplicable al caso por identidad de razón, el criterio de rubro y texto siguientes: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO2. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Por tanto, se reitera que en el caso, el perjuicio que pudiera causarle el acto que reclama en esta vía constitucional, que lo constituye la integración de la carpeta de investigación .. en su contra, no produce una afectación real y directa a la esfera de derechos de la quejosa, ya que en todo caso el Juez ante quien se judicialice dicha carpeta de investigación, es a quien le correspondería resolver sobre el pedimento del representante social correspondiente, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica de la quejosa, la que desde luego, podrá atacar a través del juicio de amparo que haga valer en contra de dicha determinación. De manera que, aunque se tenga certeza de la existencia de una carpeta de investigación que se está integrando por un agente del Ministerio Público y, que incluso, ello sea con motivo de una denuncia contra la justiciable, no es factible declarar procedente el presente juicio, a efecto de que se analice lo correcto o incorrecto de las actuaciones realizadas en dicha etapa procesal, ya que ello implicaría invadir la facultad de investigación que le otorga la Constitución Federal al Ministerio Público. Aunado a que, el hecho de que se esté llevando una investigación inicial, no implica que concluirá con la formulación de la imputación, de ahí que el acto aquí reclamado no le causa perjuicio en su esfera jurídica. Desechamiento respecto a los actos reclamados marcados con los incisos b) y c) consistentes en: "b) Le reclamo a la C. Agente del Ministerio Publico de la Federación la citación dictada en mi contra, originada dentro del Número Único de Caso y/o Carpeta de Investigación ..; carpeta de investigación que se encuentra a cargo de la Autoridad administrativa señalada como responsable, acto que afecta la libertad de tránsito de la suscrita. c) Le reclamo a la C. Agente del Ministerio Publico de la Federación la citación dictada en mi contra, originada dentro del Número Único de Caso y/o Carpeta de Investigación ...; carpeta de investigación que se encuentra a cargo de la Autoridad administrativa señalada como responsable, acto que afecta la certeza y seguridad jurídica de la suscrita al no saber porque motivo se me está realizando dicha citación, pues del citatorio no se advierte dicha circunstancia." Por otra parte, respecto a los diversos actos precitados, esta juzgadora considera que también se actualiza de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I, aplicada contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo fundamento legal ya se analizó en el apartado que antecede. - Caso concreto. Ello es así porque, se advierte que la quejosa se duele de su citación que le fue realizada para que se presente ante la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-3 Pachuca Estado de Hidalgo, a fin de recabar su entrevista en relación a los hechos que se investigan en la carpeta de investigación ...; no obstante, se estima que dicho acto no es de aquéllos que producen una afectación de manera personal, directa e inmediata a la esfera jurídica de la solicitante de amparo. En efecto, a fin de sustentar lo anterior, cabe destacar que de conformidad con el artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, compete al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, por lo que en uso de tales facultades puede llevar a cabo la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, por lo que, al realizar tales actuaciones no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social. En tal virtud, es deber de cualquier persona presentarse ante la autoridad ministerial cuando ésta lo requiera (y precise, desde luego, las razones y fundamentos correspondientes), sin que sea óbice que aquéllas cuenten con un derecho especial para abstenerse a declarar, si ese fuera su deseo, con relación al asunto de que se trate o respecto de datos que tengan en su poder e impliquen información reservada, en virtud de que tal circunstancia es una cuestión que no atañe al citatorio respectivo, en el que únicamente se les insta para que comparezcan ante la representación social (agente del ministerio público). De ahí que, las citaciones efectuadas por el Ministerio Público se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, pues son inherentes a su función indagatoria y de persecución de los delitos y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico de los justiciables, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Así, de lo hasta aquí expuesto es inconcuso que el acto reclamado, que se hace consistir en la citación de la aquí quejosa para comparecer ante la representación social responsable, no produce por sí misma, una afectación material, directa e inmediata, a algún derecho sustantivo de la impetrante; lo anterior, considerando que el acto combatido, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia a la parte quejosa, no justifica la procedencia del amparo indirecto en su contra, dado que sus efectos y consecuencias se traducen únicamente en que se presente ante la autoridad ministerial responsable, pudiendo desde luego ejercer su derecho a abstenerse de declarar en relación a los hechos materia de investigación. Sobre el particular es aplicable el criterio de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2025762 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.VI.P. J/3 P (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA CITACIÓN GIRADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL INVESTIGADO ACUDA ANTE SU POTESTAD CON EL FIN DE QUE SE LE HAGAN SABER LOS HECHOS DENUNCIADOS Y, EN SU CASO, SE TOME SU ENTREVISTA COMO IMPUTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 107, FRACCIÓN IV, EN SENTIDO CONTRARIO, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al analizar si se actualiza la fracción IV o la V, interpretadas en sentido contrario, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto reclamado consiste en la orden de citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para que el quejoso comparezca a imponerse de los hechos denunciados en su contra y rinda su entrevista como imputado. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que la causal de improcedencia que se actualiza cuando el acto reclamado consiste en la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación, para hacer saber al investigado los hechos denunciados y recabar su entrevista ministerial en calidad de imputado, es la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, en sentido contrario, de la misma ley, al no actualizarse una afectación directa ni actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos. Justificación: La fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, que prevé la procedencia del juicio de amparo en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, es la aplicable, en sentido contrario, para fundar la improcedencia del juicio de amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, de la misma ley, cuando el acto sea la citación del Ministerio Público en una carpeta de investigación para hacer saber al investigado los hechos imputados y recabar su entrevista por tratarse de un acto dictado por una autoridad ministerial, fuera de juicio, que no afecta de manera directa ni actual la libertad del quejoso investigado, por tratarse de una comunicación del Ministerio Público en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial dentro de una carpeta de investigación, en la que se le harán saber los hechos denunciados y la oportunidad que tiene de rendir o no su entrevista en ese momento, y si bien el artículo 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que para el caso de incumplimiento a una cita del Ministerio Público, el quejoso podrá incurrir en responsabilidad y ser sancionado conforme a las leyes penales aplicables, esa posibilidad está sujeta a condiciones futuras de realización incierta, esto es a la inasistencia del citado, y a que no exista justificación para su inasistencia, por lo cual, en este supuesto no se advierte una afectación directa y actual a la libertad del investigado o a algún otro de sus derechos sustantivos. PLENO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO. Época: Décima Época Registro: 2015368 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV Materia(s): Común, Penal Tesis: II.2o.P.51 P (10a.) Página: 2601 SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Lo resaltado es nuestro. Por tanto, al haber quedado acreditada la actualización de la causa de improcedencia en examen, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada. Máxime, que la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con los propios actos reclamados y con lo narrado, bajo protesta de decir verdad, por la quejosa en su escrito inicial, lo anterior con el objeto de que ésta tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Bajo tales directrices, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por .., contra los actos que reclama .., Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula 3 del Equipo de Investigación y Litigación 2 en Pachuca de Soto, Hidalgo y otra(s) autoridad(es). IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ... a. Domicilio. Ahora bien, toda vez que de la demanda de cuenta se advierte que la quejosa no señala domicilio alguno para oír y recibir notificaciones; empero, del mismo se desprende que en la fracción I de éste proporciona su domicilio particular ubicado en ...; y, toda vez que éste se ubica fuera del territorio donde ejerce competencia territorial este órgano de control constitucional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese despacho al Juzgado de Primera Instancia en materia Penal del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda notifique este acuerdo a la impetrante en el domicilio precitado; asimismo, en el acto de la notificación antes ordenado, le requiera para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo y sin perjuicio del derecho procesal que le asiste de señalar en cualquier etapa de este procedimiento domicilio para tales efectos; finalmente, en caso de ser necesario y a fin de evitar dilaciones procesales, se faculta al juez de referencia, para que habilite días y horas inhábiles al actuario de su adscripción, a efecto de que realice la diligencia encomendada, esto con apoyo en los artículos 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. b. Autorizado(s). Téngase por autorizado(s) en términos restringidos del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a .., hasta en tanto acredite(n) contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. c. Consulta de expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3º y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 34 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilitar la consulta del expediente vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por conducto del usuario "..". d. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. e. Medios de comunicación no procesal. Conforme al artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el número telefónico proporcionado, se utilizará para establecer comunicación no procesal cuando exista necesidad al respecto. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VI. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: I. Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. VIII. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
- Principal
(1) Agréguense a los autos los oficios y anexos de cuenta, signados por la Presidenta Municipal, Secretario de Obras Públicas y Delegado Municipal de la Comunidad de ********************, todos del municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, mediante el cual informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y refieren remitir las constancias que justifican su cumplimiento; sin embargo de las mismas se advierte que éstas son relativas a los propios oficios de cuenta con firmas autógrafas; de ahí que de los mismos no pueda advertirse el acatamiento al fallo protector. Ahora bien, dado que ninguna de las tres autoridades acompaña el o los documentos con los cuales acrediten el extremo pretendido; en consecuencia, requiérase a las citadas autoridades responsables para el efecto de que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, exhiban de forma completa y legible las constancias con las que acrediten que llevaron a cabo todas las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de marras, en los términos siguientes: "1. Cancelen los trabajos de ejecución de la ampliación de la red eléctrica en ******************** y las áreas destruidas con motivo de los trabajos de remoción de tierras, excavaciones, remoción de vegetación, que trajeron como consecuencia alteraciones naturales a las tierras comunales de la Comunidad Agraria de ********************, Municipio de Nicolás Flores, Hidalgo; además, se restituyan como estaban con anterioridad a los mismos; y, 2. De insistir en la ampliación de la red eléctrica en ********************, lleve a cabo el procedimiento respectivo a efecto de que se proceda en términos del numeral 56 de la Ley Agraria, esto es, respeten el derecho de audiencia a la Comunidad agraria quejosa a través de su órgano de asamblea general, y procedan en los términos detallados a lo largo de esta resolución." Apercibidas que de no cumplir a cabalidad con lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de enero último.
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