Abril Canedo Villa Michel
Expediente 736/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 736/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Abril Canedo Villa Michel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo dictado en este Juicio de Amparo el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se decretó el sobreseimiento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en relación con lo establecido con el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de veintisiete de diciembre pasado, que en lo conducente dice: Visto el estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnada a este Juzgado Federal, *** por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la omisión que reclamó inicialmente de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad de Celaya; e hizo consistir en que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había emitido el Título Concesión respectivo, con motivo de la resolución favorable recaída a la solicitud registrada con el número de expediente GUA-L-2515-26-10-16; derivado de la resolución favorable de catorce de septiembre de dos mil diecisiete, notificada mediante oficio GUA-L-2515-26-10-16. Omisión que consideró violatoria de los derechos establecidos por los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Federal. Por auto pronunciado el doce del septiembre de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el número 736/2018, que consecutivamente le correspondió, y se admitió la demanda de amparo a trámite, requiriéndose a la autoridad respecto de la que se dio trámite la demanda su informe con justificación, se dio la vista que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. En proveído de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, este Tribunal Federal de oficio, y derivado del contenido del informe de ley de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta Ciudad de Celaya (recibido con anterioridad y del que se desprendió que ya se había emitido título de concesión en favor de la parte quejosa); amplió la demanda de amparo teniendo como nueva autoridad responsable al Registro Público de Derechos del Agua, con sede en la Ciudad de México; y como acto reclamado, la omisión de registrar el Título Concesión 08GUA154998/12AMDL15. Enseguida, mediante acuerdo de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el informe con justificación del Registro Público de Derechos del Agua, con sede en la Ciudad de México, en el que indicó que ya había inscrito el Título Concesión 08GUA154998/12AMDL15, emitido en favor de la parte quejosa; siendo que, derivado de que la comunicación respectiva se recibió mediante telegrama, se requirió a la diversa autoridad responsable Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, para que indicara si efectivamente, había recibido inscrito, el título concesión aludido. A lo anterior, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, emitió el oficio B00.910.00.1/3263, de diecisiete de diciembre de dios mil dieciocho, mediante el cual confirmo la recepción del Título Concesión 08GUA154998/12AMDL15, emitido en favor del quejoso, DEBIDAMENTE INSCRITO ante el Registro Público de Derechos del Agua; con lo que, mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se dio vista de manera personal al solicitante de la protección Constitucional. Ahora bien, como se expuso en parágrafos precedentes, de los comunicados de referencia signados por las autoridades responsables, se desprende que se inscribió ante el Registro Público de Derechos del Agua el Título Concesión 08GUA154998/12AMDL15, emitido en favor de la parte promovente del amparo; de ahí que respecto de la omisión reclamada en el presente asunto, sobreviene un motivo manifiesto e indudable para sobreseerlo, incluso antes de que se celebre la Audiencia Constitucional programada para las nueve horas del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Así, se precisa entonces que debe sobreseerse en el Juicio de Amparo en que se actúa, virtud de que sobre la omisión que reclama la quejosa ***, destacada en párrafos precedentes, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, acorde con las razones jurídicas siguientes: Debe asentarse en principio que el precepto legal y fracción invocados con antelación, literalmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Pues bien, la causal de improcedencia prevista en el artículo y fracción mencionados, se actualiza cuando la autoridad responsable deroga, revoca o desaparece para la vida jurídica el acto y omisión reclamados en la vía de Amparo, pero además, con su actuación destruye todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación Constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección Constitucional solicitada, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la Constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, toda vez que las autoridades señaladas como responsables, como se precisó con anterioridad, indican y acreditan que se emitió el Título Concesión 08GUA154998/12AMDL15 y que se inscribió en el Registro Público de Derechos del Agua. En consecuencia, resulta incuestionable que con tal actuar, cesó en sus efectos la omisión que ante esta autoridad de Amparo reclamó Abril Canedo Villa Michel; destruyéndose con ello los efectos de la violación reclamada en el presente Juicio de Amparo, lo que trae como consecuencia que se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, y por ende debe decretarse el sobreseimiento del Juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso ordinal 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal antes citado. Por su puntual aplicación, es de invocarse la tesis XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, correspondiente a la Novena Época, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la Jurisprudencia 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, también de la Novena Época, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De la misma forma, es aplicable la Jurisprudencia número 10/2003, contenida en la Contradicción de Tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de fecha siete de febrero del dos mil tres, por unanimidad de votos, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cesión privada del catorce de febrero del dos mil tres; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, haciéndoles saber de igual forma, que por los motivos expuestos, no tendrá verificativo la Audiencia Constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas del veintiocho de dos mil dieciocho. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE el Juicio de Amparo promovido por ***, contra la omisión que reclamaron de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en esta ciudad y del Registro Público de Derechos del Agua residente en la Ciudad de México; de conformidad con las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por la Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Gerente del Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la ciudad de México, en atención a su contenido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto transcurra el término de la vista ordenada en proveído de dieciocho de diciembre actual.
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la autoridad TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN LOCAL GUANAJUATO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de diez de diciembre actual, consecuentemente, dese vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexos, para que en el término de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga y, una vez transcurrido dicho término, este Tribunal Federal, se pronunciará al respecto.
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