Abril Atl Torres Lozano

Expediente 1530/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 18 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1530/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
18/12/2023

Partes del expediente

  • Abril Atl Torres Lozano

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibida la demanda promovida por ******, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad de identidad reservada e iniciales *****., contra actos del Titular y Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico de conformidad con lo previsto en el numeral 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 1530/2023-V. Desechamiento. De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, julio de 200, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 186605, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. En principio, es menester establecer el concepto de omisión, el cual se traduce como el haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa (inacción de la conducta humana que produce responsabilidad), y ello tiene consecuencias jurídicas. Dicha omisión resulta de estudiar elementos identificados en su misma concepción, ya que alude a una inactividad. En este sentido, la conducta puede estructurarse en dos formas; la positiva (hacer) y la negativa (no hacer), pues la acción provocará un elemento físico nacido del movimiento y la inacción carecerá de este. En ese ámbito, la omisión tiene una vinculación normativa y no prejurídica, es decir, la omisión que origina la reacción del ordenamiento es la pasividad del actuar a que obliga la ley; es el incumplimiento del deber hacer proveniente de una norma. Es, por tanto, imprescindible que la omisión esté vinculada con el ordenamiento legal, donde el deber hacer que impone la norma encuentra su razón de ser en la defensa de determinado bien jurídico digno de protección. Establecido lo anterior, ante el caso no se está ante una omisión por parte del juez de origen, pues de los anexos que adjunta se advierte que el seis de diciembre del año que transcurre, el juez natural previno a las partes cumplir con sus obligaciones de crianza, en términos del artículo 414 bis, del Código Civil de la Ciudad de México, esto es, que ambos deben procurar la seguridad física, psicología y sexual, fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y desarrollo físico, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares de su hijo, apercibiéndolos que de incumplir con lo anterior, se suspendería el régimen de visitas y convivencias o cambiaría la guarda y custodia atendiendo a qué padre corresponda la falta. Así, es claro que no estamos ante una omisión por parte del juez, si no en una negativa de proveer lo peticionado por la ahora quejosa en los términos en que lo planteó; por lo tanto, del análisis integral efectuado a la demanda, se advierte que la promovente reclama lo siguiente: El auto de seis de diciembre del año que transcurre, dictado por el Juez Trigésimo Octavo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, en el expediente ******, en el que no acordó de conformidad la petición de la ahora quejosa, relativa a que su menor hijo de iniciales ******., deje de convivir con su progenitor *******, como una medida más eficaz para salvaguardar los derechos de la persona menor de edad, su sano desarrollo e interés superior. Expuesto lo anterior, esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ..III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la interpretacio´n de la porcio´n normativa transcrita se concluye que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley regulatoria del acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modifica´ndolo, confirma´ndolo o revoca´ndolo, pues existiendo dicho medio ordinario de impugnacio´n sin interponerlo la quejosa, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza del amparo, ya que este es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipo´tesis de su procedencia, es decir, so´lo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. La obligacio´n de me´rito la exige esencialmente la fraccio´n reproducida en relacio´n con los actos provenientes de autoridades encargadas de la administracio´n de justicia, esto es, sean judiciales o materialmente jurisdiccionales del orden federal, estatal, municipal y de cualquier materia civil, mercantil, administrativa, familiar, agraria, fiscal, entre otras; asi´, cuando una de dichas autoridades emita un acto contra alguna de las partes integrantes del elenco procesal del juicio o procedimiento instruido bajo su jurisdiccio´n, el particular habra´ de agotar todos los mecanismos de defensa ordinaria dispuestos a su favor para lograr la anulacio´n, revocacio´n o modificacio´n de la determinacio´n que le agravia. Por tanto, basta la simple lectura de la fraccio´n en comento para concluir que, para su actualizacio´n, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolucio´n proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algu´n recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se de´ dentro del procedimiento en que emitio´ la actuacio´n reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolucio´n judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior, patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la quejosa para impugnar la resolucio´n del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga en el procedimiento del que proviene el acto combatido, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la determinacio´n impugnada; de ahi´ que, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de cara´cter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectacio´n, antes de solicitar la proteccio´n de la Justicia Federal, salvo los casos de excepcio´n previstos en los numerales 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fraccio´n XVIII, incisos a), b) y c) y 107 de la ley en comento, asi´ como los expresamente sen~alados en la jurisprudencia de los o´rganos del Poder Judicial de la Federacio´n. En el caso en estudio, el acto que se reclama debió haber sido combatido mediante el recurso de apelacio´n, de acuerdo a las reglas establecidas en la normativa referida, pues los preceptos 688, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicación en la Ciudad de México, establecen lo siguiente: "Arti´culo 688. El recurso de apelacio´n tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolucio´n del Juez. La apelacio´n procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelacio´n en efecto devolutivo podra´ ser de tramitacio´n inmediata, o bien, de tramitacio´n preventiva. En la de tramitacio´n inmediata los agravios debera´n expresarse al interponerse el recurso y se sustanciara´n en los te´rminos previstos en el Arti´culo 693 de este Co´digo. En la de tramitacio´n preventiva bastara´ con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresio´n de agravios debera´ hacerse en los te´rminos previstos en el segundo pa´rrafo del Arti´culo 692 Qua´ter. La apelacio´n de tramitacio´n preventiva se sustanciara´ conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre sera´n de tramitacio´n inmediata". "Arti´culo 691. La apelacio´n debe interponerse por escrito y procede so´lo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocacio´n o regularizacio´n. Los autos e interlocutorias sera´n apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelacio´n no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideracio´n intereses y dema´s accesorios reclamados, a la fecha de presentacio´n de la demanda, dicho monto se actualizara´ en los te´rminos que establece el u´ltimo pa´rrafo de la fraccio´n II del arti´culo 62. Los asuntos de cuanti´a indeterminada siempre sera´n apelables". "Arti´culo 692. Las apelaciones de tramitacio´n inmediata, ya sea en ambos efectos o en el devolutivo, deben interponerse ante el juez que pronuncio´ la resolucio´n impugnada, expresando los agravios que considere le cause. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria de tramitacio´n inmediata debera´n hacerse valer en el te´rmino de ocho di´as, y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de doce di´as, contados a partir del di´a siguiente a aque´l en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones". Asi´, acorde con el principio de impugnacio´n que rige todo proceso, es de concluirse que el acuerdo del que se duele la promovente, admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de apelacio´n; de ahi´ que no se cumplio´ con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la procedencia del juicio constitucional esta´ condicionada a que, si existe contra el acto de autoridad algu´n recurso o medio de defensa legal, e´ste debe ser agotado sin distincio´n alguna. Sirve de apoyo, jurisprudencia, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la pa´gina 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, Novena E´poca, registro 187016, cuyo rubro dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMU´N ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL". Por lo expuesto, se determina que la promovente teni´a la carga de interponer el recurso de apelacio´n en contra de lo determinado en el auto referido, por lo que previo al juicio de amparo debio´ agotar dicho medio de defensa, pues existi´a la posibilidad de que pudiera ser revocado o modificado, y asi´ desaparecer los agravios que dice haber sufrido. Por ende, al no hacerlo se debe tener por actualizado el motivo de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fraccio´n XVIII, de la Ley de Amparo. Sustenta lo señalado, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 350, Tomo I, Diciembre 2013, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005039, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". De la misma forma, resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la pa´gina 2113, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federacio´n y su Gaceta, De´cima E´poca, registro 2002598, de contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTI´CULOS 17 DE LA CONSTITUCIO´N FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIO´N AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSE´ DE COSTA RICA". Adema´s, trata´ndose de actos dictados en el procedimiento judicial, la fraccio´n XVIII del ara´bigo 61 de la legislacio´n reglamentaria u´nicamente sen~ala como excepciones al principio de definitividad, los actos que importen peligro de privacio´n de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicacio´n, deportacio´n o expulsio´n, proscripcio´n o destierro, extradicio´n, desaparicio´n forzada de personas o alguno de los prohibidos por el arti´culo 22 de la Carta Magna, asi´ como la incorporacio´n forzosa al Eje´rcito, Armada o Fuerza Ae´rea nacionales; las o´rdenes de aprehensio´n o reaprehensio´n, autos de vinculacio´n a proceso, resolucio´n que niegue la libertad bajo caucio´n o que establezca los requisitos para su disfrute, resolucio´n que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, y cuando se trate de personas extran~as al procedimiento, sin que este asunto se ubique en alguna de esas hipo´tesis. Es así lo anterior, insistiendo que lo que en verdad le perjudica a la impetrante es la negativa del juzgador de origen en suspender el régimen de visitas y convivencias decretado entre el niño y su padre, como una medida más eficaz para salvaguardar los derechos de la persona menor de edad, su sano desarrollo e interés superior; por lo tanto, estamos ante una acción negativa por parte de la autoridad responsable y no en sí en una omisión. Pues, el juez no ha sido omiso en acordar su petición, simplemente en respuesta a ello, previno a las partes a que cumplan con sus obligaciones de crianza, en términos del artículo 414 bis, del Código Civil de la Ciudad de México, esto es, que ambos padres deben procurar la seguridad física, psicología y sexual, fomentar hábitos adecuados de alimentación, de higiene personal y desarrollo físico, así como impulsar habilidades de desarrollo intelectual y escolares, apercibiéndolos que de incumplir con lo anterior, se suspendería el régimen de visitas y convivencias o cambiaría la guarda y custodia atendiendo a qué padre corresponda la falta; por ende, tal determinación, deba de ser combatida mediante los recursos ordinarios que la ley les otorga, como ya se plasmó en líneas precedentes. Por lo anterior, al advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en los dispositivos 26 y 29 de la ley de la materia, se tiene como tal las listas de este juzgado, por solicitud expresa de la quejosa. Autorizados. Conforme a la certificación de cuenta, se faculta en términos amplios del precepto 12 de la legislación invocada a Gabriel *******, al contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; asimismo, respecto a los diversos profesionistas que menciona, se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos de acuerdo con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la tesis 2a. VIII/2020, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4456, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2021840, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Se le permite a la parte quejosa el acceso al expediente electrónico, así como las notificaciones por esta vía, mediante el usuario "********", lo anterior de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En el entendido que la elección de esta modalidad debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan por lista. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2405, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, registro digital 2026122, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL". Habilitación de horas y días inhábiles. Con apoyo en el dispositivo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza para que las notificaciones que se ordenen en forma personal en este expediente así´ se practiquen. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la divulgación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo previsto en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí´ señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Digitalización. Con fundamento en los artículos 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 3º, fracción XII del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados mediante el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; de igual forma, se ordena integrar el expediente físico, en el cual únicamente deberán constar los documentos que se reciba de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen a cabo en este procedimiento. Transición al expediente electrónico. Se informa a las partes que a partir de este proveído se integrará únicamente el expediente electrónico, de conformidad con en el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. De conformidad con el Acuerdo General citado, se ordena digitalizar cualquier documento que se reciba de manera física, para ser integrado al expediente electrónico con Firma Electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad y que cuente con los permisos necesarios; en el entendido que al expediente físico únicamente se deberán integrar los documentos que se reciban de manera física, y aquellos que genere el personal del órgano jurisdiccional, para practicar las notificaciones que se ordenen llevar a cabo en este procedimiento. De igual manera, conforme al acuerdo citado, hágase del conocimiento de las partes que únicamente las promociones que se reciban de manera física, serán digitalizadas e integradas al expediente electrónico con firma electrónica del personal que lleve a cabo esa actividad, no así las que se reciban de manera electrónica, las cuales ya se encuentran digitalizadas y firmadas por ese medio, debido a su naturaleza. Notifíquese electrónicamente a la quejosa. MESA* V

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