Abril Aida Burgos Rodriguez

Expediente 1667/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1667/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Abril Aida Burgos Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a través del cual rinde su informe justificado. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica. Asimismo, con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas las documentales que adjunta a su oficio de cuenta, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que, en relación con el acto reclamado al Presidente Ejecutor y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 01/609/18, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 y fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que de las constancias que exhibió la autoridad responsable, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de sobreseimiento en estudio, es requisito sine qua non que la autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Presidente Ejecutor y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 01/609/18. De las constancias remitidas por la responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictó el acuerdo correspondiente al escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 01/609/18. Luego, si la peticionaria de amparo reclama la omisión de acordar el escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 01/609/18, y este ya fue acordó, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Cabe señalar, que en nada perjudica a la parte quejosa el hecho de que no se resuelva este asunto en audiencia constitucional, en virtud de la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la autoridad responsable, el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por la quejosa Abril Aida Burgos González, a través del cual, subsana la prevención efectuada en proveído de dieciséis de diciembre de la presente anualidad. Desechamiento parcial de la demanda Ahora bien, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar cumplimiento al laudo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, por parte del Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos, del Presidente, del Síndico, y del Tesorero, todos de dicho ayuntamiento. En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la ley en consulta, que establecen: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos transcritos, se infiere que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, la omisión reclamada, surge de una relación de coordinación entre patrón y trabajador dada la existencia de derechos y obligaciones que comparten entre sí. De ahí que, si por tal relación existe un desacuerdo entre dichas partes, entonces será en otro vía en la que se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello en base a que se encuentran prestaciones derivadas de una relación laboral. Por tanto, dicha omisión no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Además, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción ll, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, la omisión reclamada no puede ser considerada como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Máxime, que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales a fin de lograr que la parte condenada en el juicio laboral de origen cumpla con el laudo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, página 699, que establece lo siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor.". Asimismo, la jurisprudencia (Común, Laboral) 2a./J. 34/2018 (10a.), Décima Época, Libro 53, abril de 2018, Tomo I, página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Por lo expuesto, este Juzgado Federal considera que respecto del acto reclamado al Ayuntamiento Municipal de Jiutepec, Morelos, del Presidente, del Síndico, y del Tesorero, todos de dicho ayuntamiento, el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción II del artículo 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que estas no son autoridades para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza causa de improcedencia, prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, por lo que se desecha parcialmente la demanda de amparo de que se trata. Admisión de la demanda. Por otra parte, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por Abril Aida Burgos Rodríguez, por propio derecho, respecto de la autoridad y acto siguientes: I.- Del Presidente Ejecutor y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 01/609/18. Sin que este Juzgado desconozca el contenido de las jurisprudencias 2ª./J. 48/2016 (10ª) y 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de mayo de dos mil dieciséis y uno de marzo de dos mil diecinueve, con números de registros 2011580 y 2019400, al no advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Del incidente de suspensión. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, no se ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 8jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. De la parte tercero interesada. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este asunto en el que se reclama diversa omisión en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, ya que la afectación que le pudiera causar está supeditada a que la responsable acuerde favorable la petición que realiza la parte actora en el juicio de origen, por lo que en este momento, no se puede considerar válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la parte quejosa, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales". En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la parte quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues aún no se encuentra legitimado para defenderse en el juicio de amparo al no haber una actuación que vulnere sus derechos, dado que al no haber un pronunciamiento por la responsable no le acarrea un perjuicio. Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se exhorta a las partes del presente asunto, para que promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se podrá brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos; por lo tanto, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente por Abril Aida Burgos Rodríguez, por propio derecho contra el acto que reclama del Presidente Ejecutor y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 1667/2022-I, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Prevención Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I, II, y IV, en relación con el numeral 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. El promovente en su capítulo de acto reclamado señaló: "Lo constituye la omisión por parte de la autoridad responsable, transgresión del derecho fundamental a la tutela judicial completa y efectiva, que comprende el derecho a la ejecución de sentencias y resoluciones jurisdiccionales firmes, de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y cumplimiento puntual de la diversa autoridad responsable (H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Jiutepec, Morelos), ya que a la fecha a omitido dar cumplimiento del laudo de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, y en caso de oposición darle seguimiento oportuno de la sanción correspondiente de los infractores responsables." Asimismo, de los antecedentes se desprende lo siguiente: ". con fecha 07 de octubre de 2022, la quejosa, por conducto de apoderado legal, solicite la ejecución del laudo, pero es el caso que la responsable no se ha pronunciado para señalar fecha de reinstalación y mucho menos se han tomado las medidas necesarias para que se pueda hacer cumplir el laudo emitido, se solicitó a la responsable señalara fecha para llevar a cabo el cumplimiento total del laudo, pero más sin embargo la responsable ha omitido pronunciamiento al respecto." Por lo tanto, la parte quejosa deberá indicar en forma concreta, clara y precisa, cuál es el acto u omisión que pretende impugnar en el presente juicio, es decir, si reclama: La omisión de ejecutar el laudo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, (deberá precisar la fecha del auto de requerimiento de pago); La omisión de acordar la petición presentada el siete de octubre de dos mil veintidós. O bien, precisar si es un acto distinto a los antes señalados. Lo anterior, toda vez que es obligación de las partes señalar en la demanda de manera clara y precisa, los actos u omisiones que reclama de la autoridad que señale como responsable, puesto que el señalamiento de los mismos, que como requisito exige el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se admitan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de los mismos. Cabe agregar que, al momento de realizar la aclaración, la parte en cita, debe abstenerse de hacer consideraciones subjetivas o de fondo al precisar tal información. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, página 63, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". (Énfasis añadido) Asimismo, es aplicable, en lo conducente, la tesis XX.57 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página 871, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Con el apercibimiento al promovente de amparo, que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Domicilio procesal y autorizados. Sin que haya lugar a tener como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que solicitó la notificación de las resoluciones vía electrónica. Por otra parte, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizados para oír y recibir todo tipo documentos y con facultades amplias a las personas que designa, en razón de que, por tratarse de un asunto en materia laboral, no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Acceso a expediente electrónico. Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 35, (Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario") del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la parte quejosa, siempre y cuando se realice con base en al usuario "LicAnselmoSanchez", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se faculta a la oficial judicial "A", de la adscripción, a efecto de que autorice al usuario antes precisado, la consulta del Expediente Electrónico del juicio de amparo en que se actúa a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en atención al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena notificar electrónicamente las resoluciones judiciales a la parte quejosa, mediante el usuario "LicAnselmoSanchez"; lo anterior, por haberlo solicitado así en el escrito de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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