Abril Adriana Hermosillo Balderrama

Expediente 1909/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1909/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Abril Adriana Hermosillo Balderrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de su representación, y con sede en la Ciudad de México; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes. Con el contenido del informe de cuenta dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados. En términos de lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona en el comunicado que se provee. Domicilio. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Correo electrónico y número telefónico. Asimismo, téngasele señalando el correo electrónico y número telefónico que indica a fin de entablar comunicaciones no procesales en caso de estimarse necesario Notifíquese.

  2. Principal

    noti ele Agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa y, en atención a lo que solicita, atento a que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario "jcarlos94", de conformidad con lo establecido en los artículo 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, así como en términos del numerales 34 a 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita, se le autoriza a la parte quejosa: a) Consultar el expediente electrónico vía internet; b) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de su firma electrónica; y, c) Notificarse de las resoluciones en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, se ordena al Oficial Judicial "A" y al Actuario adscrito de este juzgado para que realice las adecuaciones conducentes y se permita la visualización en el portal de internet. Sin que se inadvierta que anteriormente la parte quejosa había señalado domicilio procesal para oír y recibir notificaciones; sin embargo, no es procedente tener dos medios de distinta naturaleza para tales efectos; por tanto, téngase la vía electrónica, por ser uno de los proporcionados, sin perjuicio de que la parte quejosa, si a su interés conviene, solicite el cambio en el momento que lo estime conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LE AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. Visto el escrito signado electrónicamente por, autorizado de la parte quejosa en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), por medio del cual pretende realizar la ampliación de la demanda de amparo. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en el dispositivo 113, de la ley de la materia, se estima procedente desechar de plano la ampliación de demanda de garantías de referencia, por resultar notoria e indudablemente improcedente, por las siguientes consideraciones: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al citado precepto, esta Juzgadora se encuentra facultada para desechar la demanda, o ampliación de la misma, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, en este caso de ampliación de la misma, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.- De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora bien, de la revisión del documento recibido, se obtiene que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, toda vez que carece de la firma electrónica del directamente quejoso o su apoderado, con la que se acredite la manifestación inequívoca de su voluntad para acudir a la instancia constitucional, ya que la presente instancia constitucional fue promovida por propio derecho. Es así, en virtud que el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece que la firma electrónica es el documento expedido por el Poder Judicial de la Federación que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por su parte los numerales 6, 10, párrafo primero, y 45 del propio Acuerdo General, disponen que las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; ello a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es la parte quejosa, o en su caso, quién promovió la demanda. Requisito que no cumple la demanda de amparo recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, pues como se indicó, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de Abril Adriana Hermosillo Balderrama, aquí quejosa; esto, pues el escrito de ampliación de demanda en estudio fue presentado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que resultaba indispensable que la misma se contuviera. En ese sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de la persona en todos los actos jurídicos y, la demanda de amparo no cuenta con la firma electrónica del promovente, debe considerarse que no exteriorizó su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. Sin que se actualice en el presente caso el supuesto que establece el último párrafo del artículo 3° de la ley de la materia que establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley" Al respecto, cabe citar también, el contenido del numeral 15 del citado ordenamiento: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Al margen que la falta de firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace referencia el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de quien promueve una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Apoya lo anterior, en su exacta aplicación, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. (Registro digital: 2018943. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 32/2018 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5. Tipo: Jurisprudencia) Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79, con registro 2019715, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que sea óbice para esta Juzgadora que del escrito digitalizado que compone la ampliación de demanda, se advierta que se señaló a la parte quejosa como quien firma; y que el escrito que se provee es una reproducción digital de documentos que contienen firma física de quien presume ser Abril Adriana Hermosillo Balderrama, sin que obre manifestación bajo protesta de decir verdad de que la misma coincide con su original, en tanto que la signatura electrónica que aparece al calce es del autorizado. Por lo tanto, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, por lo cual la ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." (Novena Época, Registro: 161909, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 37/2011, Página: 68) No se soslaya el contenido de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO O SU AMPLIACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE DESECHARLA SI SE PROMOVIÓ CON FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA, PERO EN EL ESCRITO DIGITALIZADO SE ADVIERTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DE ÉSTA, PUES DEBE PRIVILEGIARSE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)."; no obstante la misma es una tesis aislada que fue sustentada durante la contingencia provocada por el COVID-19, lo cual no acontece en el caso. En consecuencia, al ser patente la causa de improcedencia aludida, ante la falta de manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de demanda. Finalmente, dados los argumentos vertidos con anterioridad, no ha lugar a tener por presentado el diverso escrito remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), mediante el cual solicita se autoricen las notificaciones en el presente expediente vía electrónica, así como el acceso a dicha vía, a través del usuario "jcarlos97". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el escrito signado electrónicamente por, autorizado de la parte quejosa en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), por medio del cual pretende realizar la ampliación de la demanda de amparo. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto en el dispositivo 113, de la ley de la materia, se estima procedente desechar de plano la ampliación de demanda de garantías de referencia, por resultar notoria e indudablemente improcedente, por las siguientes consideraciones: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al citado precepto, esta Juzgadora se encuentra facultada para desechar la demanda, o ampliación de la misma, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, en este caso de ampliación de la misma, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.- De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Ahora bien, de la revisión del documento recibido, se obtiene que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, toda vez que carece de la firma electrónica del directamente quejoso o su apoderado, con la que se acredite la manifestación inequívoca de su voluntad para acudir a la instancia constitucional, ya que la presente instancia constitucional fue promovida por propio derecho. Es así, en virtud que el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece que la firma electrónica es el documento expedido por el Poder Judicial de la Federación que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un documento electrónico. Por su parte los numerales 6, 10, párrafo primero, y 45 del propio Acuerdo General, disponen que las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deben contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; ello a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es la parte quejosa, o en su caso, quién promovió la demanda. Requisito que no cumple la demanda de amparo recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, pues como se indicó, carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de Abril Adriana Hermosillo Balderrama, aquí quejosa; esto, pues el escrito de ampliación de demanda en estudio fue presentado vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que resultaba indispensable que la misma se contuviera. En ese sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de la persona en todos los actos jurídicos y, la demanda de amparo no cuenta con la firma electrónica del promovente, debe considerarse que no exteriorizó su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. Sin que se actualice en el presente caso el supuesto que establece el último párrafo del artículo 3° de la ley de la materia que establece: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley" Al respecto, cabe citar también, el contenido del numeral 15 del citado ordenamiento: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Al margen que la falta de firma electrónica de quien promueve el amparo, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace referencia el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de quien promueve una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Apoya lo anterior, en su exacta aplicación, la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. (Registro digital: 2018943. Instancia: Pleno. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: P./J. 32/2018 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5. Tipo: Jurisprudencia) Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 65, abril de 2019, tomo I, página 79, con registro 2019715, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Sin que sea óbice para esta Juzgadora que del escrito digitalizado que compone la ampliación de demanda, se advierta que se señaló a la parte quejosa como quien firma; y que el escrito que se provee es una reproducción digital de documentos que contienen firma física de quien presume ser Abril Adriana Hermosillo Balderrama, sin que obre manifestación bajo protesta de decir verdad de que la misma coincide con su original, en tanto que la signatura electrónica que aparece al calce es del autorizado. Por lo tanto, toda vez que el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, por lo cual la ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." (Novena Época, Registro: 161909, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencias, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 37/2011, Página: 68) No se soslaya el contenido de la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO O SU AMPLIACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ES IMPROCEDENTE DESECHARLA SI SE PROMOVIÓ CON FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA, PERO EN EL ESCRITO DIGITALIZADO SE ADVIERTE LA FIRMA AUTÓGRAFA DE ÉSTA, PUES DEBE PRIVILEGIARSE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19)."; no obstante la misma es una tesis aislada que fue sustentada durante la contingencia provocada por el COVID-19, lo cual no acontece en el caso. En consecuencia, al ser patente la causa de improcedencia aludida, ante la falta de manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la ampliación de demanda. Finalmente, dados los argumentos vertidos con anterioridad, no ha lugar a tener por presentado el diverso escrito remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), mediante el cual solicita se autoricen las notificaciones en el presente expediente vía electrónica, así como el acceso a dicha vía, a través del usuario "jcarlos97". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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