ABRIL ABRIL GOMEZ y Otros.

Expediente 494/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
494/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Abril Abril Gomez
  • Brenda Chavez Macias
  • ABRIL ABRIL GOMEZ y Otros.
  • MARIA ELENA CRUZ PIÑA y Otros.
  • Mariza Cruz Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de sentencia de uno de julio de dos mil veintiuno, la que sobreseyó en el amparo solicitado por la parte quejosa; sin que lo hubiere hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto del artículo 21, inciso c), del citado acuerdo, puesto que fue negada la suspensión provisional y definitiva. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 494/2020-VI; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, 1) Abril Abril Gómez, 2) Berenice Rodríguez Hernández, 3) Denisse Alejandra Gutiérrez Ramírez, 4) Mariza Cruz Piña, 5) María Elena Cruz Piña, 6) Nancy Lucero Alejandré Hernández y 7) Brenda Chávez Macias, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo. Segundo. Trámite del juicio. El tres de septiembre de dos mil veinte, la demanda se registró bajo expediente 494/2020-VI, se admitió y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda de amparo, y constancias allegadas al juicio, ya que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, se advierte que las quejosas solicitaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridades siguientes: a) De la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México: La aprobación, sanción y promulgación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 35, 39 y 40. b) Del Secretario de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, Secretario de Educación del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Director General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, en Mexicali y el Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, con sede en Tijuana: La aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros a través de la publicación de ocho de agosto de dos mil veinte en la que se crearon dos listas, la primera de ellas dando prioridad a las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio y la segunda lista con las quejosas, sin tomar en cuenta los puntajes obtenidos. Por tanto, es evidente que las promoventes reclaman la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros con motivo del primer acto de aplicación consistente en la publicación de ocho de agosto de dos mil veinte en la que se crearon dos listas, la primera de ellas dando prioridad a las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio y la segunda lista con las quejosas, que dicen se actualiza en su perjuicio. Tercero. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, las autoridades responsables en sus denominaciones correctas, rindieron su informe justificado, tal como se precisa a continuación: No. Autoridad responsable Sentido del Informe Fojas 1 Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Ciudad de México. Cierto. 69 a 80 2 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ciudad de México. Cierto 88 a 91 3 Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México por conducto del Secretario de Educación Pública. Cierto 191 a 198 210 a 217 4 Coordinadora de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Delegación Tijuana, en representación de la Secretaría de Educación y del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, Niega 105 a 123 Como se ve, las autoridades responsables Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reconocieron expresamente la existencia del acto que se les reclamó, por ende, este se tiene como plenamente probado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Aunado a que no debe perderse de vista que las leyes, no son objeto de prueba, dado que basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2. Sustenta la consideración que antecede, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Así como la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por otra parte, la Coordinadora de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Delegación Tijuana, en representación de la Secretaría de Educación y del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado que se le atribuyó. Sin embargo, dicha negativa se ve desvirtuada ante la publicación de ocho de agosto de dos mil veinte en la liga de acceso de la propia Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y que está vinculada a la página de internet proporcionada por las quejosas http://balanceador.cnspd.mx/Resultados/consulta .jsp? publicacion =35 de la que se desprende el Reporte Público de Resultados para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica Ciclo Escolar 2020-2021 relativo a la educación preescolar, en el que en primer término, se encuentran enumerados del uno al trescientos sesenta diversos folios de participantes egresados de escuelas normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio con base en el puntaje obtenido y posteriormente, en el mismo listado están enumerados del uno al trescientos setenta y cinco los folios de los aspirantes egresados de otras instituciones de educación superior y de las escuelas normales particulares, de acuerdo al puntaje obtenido; en consecuencia, se tiene por cierto el acto atribuido a la Secretaría de Educación y al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California. Cuarto. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta juzgadora examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Del análisis integral a la demanda, de conformidad con la tesis XX.1o. J/44, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. PARA SU ESTUDIO DEBE CONSIDERARSE COMO UN TODO."; se advierte que las quejosas reclaman: a) De la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México: La aprobación, sanción y promulgación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 35, 39 y 40. b) Del Secretario de Educación Pública, con sede en Ciudad de México, Secretario de Educación del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Director General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, en Mexicali y el Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y de los Maestros, con sede en Tijuana: La aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros a través de la publicación de ocho de agosto de dos mil veinte en la que se crearon dos listas, la primera de ellas dando prioridad a las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio y la segunda lista con las quejosas, sin tomar en cuenta los puntajes obtenidos. Causales de improcedencia. En el particular, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto a la aprobación, sanción y promulgación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 35, 39 y 40, tal y como lo hicieron valer las autoridades responsables en sus informes justificados. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del aludido precepto se desprende que se requiere la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional; esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado. En otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la constitución federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia del juicio de amparo es la demostración plena de un derecho reconocido por el orden jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que debe entenderse en el sentido de que, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho tutelado por la ley y de que ha sufrido un agravio en ese derecho. De lo anterior se infiere, que con independencia de lo que se conceptualice como interés jurídico o legítimo, el legislador constitucional estableció para la procedencia de la acción en vía de amparo, la existencia de una afectación en la esfera jurídica del gobernado. En el caso, las promoventes del amparo solicitaron la protección constitucional y señalaron que el ocho de agosto de dos mil veinte se publicaron los resultados del proceso de selección en dos listas, la primera de ellas dando prioridad a las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio y la segunda lista con las quejosas, sin tomar en cuenta los puntajes obtenidos; lista que -según manifestaron- se publicó en la página de internet "www.usicamm.sep.gob.mx/resultados/consulta_resultados/". Asimismo, del análisis a la demanda de amparo se advierte que las quejosas consideran que dicha lista constituye el primer acto de aplicación de los preceptos reclamados los que, a su parecer, las discriminan por la única condición de haberse formado en universidades públicas, privadas o normales privadas, dado que las coloca en una condición de desigualdad frente a los maestros y maestras de las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio, como se aprecia de los artículos 35, 39, fracción VIII, 40, párrafo segundo, de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En virtud de lo anterior, las promoventes acuden al presente juicio, en defensa de un interés jurídico, en virtud de la titularidad de los derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación; reconocidos en la Constitución. Sin embargo, a fin de determinar si la parte quejosa debe probar un interés jurídico o legítimo, resulta necesario precisar la naturaleza de los actos reclamados, en relación con los hechos que aduce. En ese sentido, conviene tener en cuenta que los arábigos 17, fracción I, 61, fracción XII y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. En el primer caso, es suficiente con que la persona se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercer la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se estima que una ley es "autoaplicativa" cuando lleva en sí misma, un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no "autoaplicativa", no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza "heteroaplicativa", se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el citado precepto 17 de la ley en consulta. En conclusión, una norma es "heteroaplicativa" cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio del gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor la afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En ese tenor, para efectos del juicio de amparo una norma de carácter general puede ser impugnada: a) Con motivo del inicio de su vigencia, cuando las obligaciones derivadas de la ley vinculan a sus destinatarios desde su nacimiento, sin que se requiera la actualización de condición alguna (norma "autoaplicativa" o de individualización incondicionada). b) Con motivo del primer acto de aplicación, cuando las obligaciones impuestas por la norma no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un acto que condicione su actualización (disposición "heteroaplicativa" o de individualización condicionada). Desde esa óptica, para determinar la naturaleza de las normas impugnadas en el juicio de amparo y, por tanto, si pueden ser controvertidas con motivo del inicio de su vigencia o de ulterior acto de aplicación, se debe atender al momento en que las obligaciones deducidas de ellas vinculan a sus destinatarios. Si las cargas derivadas de la legislación los obligan con su sola expedición, se estará ante disposiciones conocidas como "autoaplicativas"; no obstante, si se requiere de una actuación diversa con la que se concreten en la esfera de derechos de los gobernados, ya sea de la autoridad, del propio interesado, terceros o, incluso, de actualización fortuita, se entenderá que se está ante una norma "heteroaplicativa". Establecido lo anterior, se tiene que la parte quejosa reclamó la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, publicada en el Diario Oficial de la Federación en treinta de septiembre de dos mil diecinueve, señalando de forma destacada sus artículos 35, 39, fracción VIII y 40, los cuales establecen: "Artículo 35. Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la Secretaría, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley. En todo caso se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Artículo 39. La admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará mediante procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Estos procesos apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario, de conformidad con los siguientes términos y criterios: (...) VIII. En el caso de excedentes en plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de las escuelas normales públicas, éstas se asignarán a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo a aquellos con perfil de formación docente pedagógica; (...)". Artículo 40. En la educación básica, la admisión a una plaza docente vacante definitiva derivado del proceso de selección previsto en esta Ley, dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber prestado el servicio docente seis meses y un día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. Con objeto de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como lo dispone el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo". De los referidos preceptos se advierte lo siguiente: 1. El ingreso a las instituciones educativas corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente y una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio. 2. La admisión al servicio de educación básica se realizará mediante procesos anuales de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones. 3. En caso de excedentes en plaza vacantes, una vez seleccionados los egresados de las escuelas normales públicas, se asignarán a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección. 4. Los egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo. Ahora, si bien los preceptos legales son de naturaleza autoaplicativa, ya que desde el inicio de su vigencia vinculan a los profesionistas involucrados en los procesos de admisión al servicio de educación básica estatal, independientemente de un acto de aplicación posterior que pueda ocurrir en su perjuicio, lo cierto es que, en el caso, las quejosas reclaman los artículos 35, 39, fracción, VIII y 40 de la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, con motivo de su primer acto de aplicación, dado que afirman que les fueron aplicados con la publicación de los resultados del proceso de selección en dos listas, la primera de ellas dando prioridad a las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio y la segunda lista con las quejosas, sin tomar en cuenta los puntajes obtenidos, que se publicó en la página de internet "www.usicamm.sep.gob.mx/resultados/consulta_resultados/". En esa medida, se está en el supuesto de acreditar el interés jurídico no así el interés legítimo, dado los hechos que manifiestan las promoventes, así como el momento en que acuden a reclamar la norma, esto es, con motivo de su aplicación, así como el carácter con el que se ostentaron, como participantes del proceso de selección para la admisión de la educación básica, y el resultado final donde aducen fueron aplicadas las disposiciones reclamadas, por lo que únicamente se atenderán al estudio de las condiciones para acreditar el interés jurídico que, en su caso, harían procedente el juicio de amparo. Por tanto, para la procedencia del juicio constitucional, en este caso, es necesario que la parte quejosa acredite un acto concreto de aplicación en su perjuicio de los preceptos reclamados. En tal virtud, resulta evidente que, para impugnar una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, tal como en el caso, debe demostrarse que efectivamente se aplicó y causa un agravio personal y directo en la esfera jurídica de la quejosa, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han materializado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de interés jurídico de la peticionario para impugnar la norma y disposición general. En efecto, la afectación debe ser de manera particular, individual, real, concreta y objetiva en contra de la parte peticionaria de amparo, esto es, que el acto le irroga una afectación directa en su esfera de derechos y le causa perjuicio, pues, de lo contrario, sería aceptar la reducción de los presupuestos procesales de impugnación de leyes al grado de permitir su controversia ante situaciones hipotéticas cuya actualización está en duda, lo que significaría analizar la regularidad de las leyes en abstracto, en franca contravención al principio de agravio personal y directo. Lo anterior, ya que tratándose de leyes aunque sean autoaplicativas, pero sí se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico y no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio; ya que si esto no acontece, como en el caso, debe estimarse que no afecta su esfera de derechos subjetivos reconocidos por la Constitución y por ende el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.2o.A.31 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada". Ahora bien, en la hipótesis en estudio, la parte quejosa no acreditó un acto concreto de aplicación de las normas reclamadas, con el que demuestre que haya resentido una afectación particular, individual, real, concreta y objetiva en su esfera jurídica. Esto es así, dado que las quejosas reclamaron los actos consistentes en la aprobación, sanción y promulgación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, específicamente los numerales 35, 39 fracción VIII y 40, con motivo de su primer acto de aplicación. Lo anterior, dado que aducen que dicha aplicación se concretó el ocho de agosto de dos mil veinte, en la publicación de los resultados del proceso de selección en dos listas, la primera de ellas dando prioridad a las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio y la segunda lista con las quejosas, sin tomar en cuenta los puntajes obtenidos, que se publicó en la página de internet "www.usicamm.sep.gob.mx/resultados/consulta_resultados/". Ahora, como se vio en la etapa probatoria de la audiencia constitucional, la liga de internet proporcionada por las quejosas "www.usicamm.sep.gob.mx/resultados/consulta_resultados/" no arrojó resultado alguno; no obstante, al ingresar en la diversa liga de acceso de la propia Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y que está vinculada a la página de internet proporcionada por las quejosas http://balanceador.cnspd.mx/Resultados/consulta .jsp? publicacion =35 se desprende el Reporte Público de Resultados para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica Ciclo Escolar 2020-2021 relativo a la educación preescolar, en el que en primer término, se encuentran enumerados del uno al trescientos sesenta diversos folios de participantes egresados de escuelas normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio con base en el puntaje obtenido y posteriormente, en el mismo listado están enumerados del uno al trescientos setenta y cinco los folios de los aspirantes egresados de otras instituciones de educación superior y de las escuelas normales particulares, de acuerdo al puntaje obtenido. Sin embargo, de la información obtenida del Reporte Público de Resultados para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica Ciclo Escolar 2020-2021, si bien se advierte que las aquí quejosas Abril Gómez Abril, Mariza Cruz Piña, María Elena Cruz Piña, Brenda Chávez Macias, Denisse Alejandra Gutiérrez Ramírez, Berenice Rodríguez Hernández y Nancy Lucero Alejandre Hernández, aparecen listadas como "egresadas de otras instituciones de educación superior y de las escuelas normales particulares" en las posiciones 46, 19, 196, 207, 32, 3 y 4, respectivamente, de dicho reporte no se desprende que a las aquí quejosas les hayan sido aplicados los artículos 35, 39 fracción VIII y 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros que combaten en este amparo. Ello en atención a que tal reporte, únicamente enlista a los participantes por número de folio, puntaje total, posición en el ordenamiento y el tipo de institución del que provienen, sin que se arroje información relativa a si ya les fue asignada alguna plaza, por lo que no se evidencia la aplicación de los artículos 35, 39 fracción VIII y 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en el sentido de que se les dio preferencia a los participantes egresados de escuelas normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio para la asignación de plazas y no a las aquí promoventes en atención al puntaje obtenido. Por tanto, las quejosas estaban obligadas a acreditar como lo adujeron en su demanda de amparo, que en el Reporte Público de Resultados para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica Ciclo Escolar 2020-2021 les fueron aplicados los artículos 35, 39 fracción VIII y 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y que con motivo de ello, no obtuvieron las plazas que fueron ofrecidas en la convocatoria respectiva. Sin embargo, tal cuestión no quedó probada, dado que con las documentales que obran en autos, especialmente del reporte individual de resultados de cada quejosa que acompañan a su demanda de amparo, únicamente se obtiene que concursaron en el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica Ciclo Escolar 2020-2021, en el nivel de educación preescolar, el puntaje total obtenido; y, la posición en el ordenamiento; sin que tal documento revele que les fueron aplicados los artículos 35, 39 fracción VIII y 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y que con motivo de ello, no obtuvieron las plazas ofertadas en la convocatoria respectiva. Asimismo, tampoco tales probanzas revelan que, se hubieran seleccionado a aspirantes por razón de la escuela de la que egresaron, ni que sólo se consideraron aspirantes de la primera lista (egresados de escuelas normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio) y no de la segunda (universidades privadas o normales privadas), lo cual constituye su inconformidad en la demanda de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que si bien interpreta los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo abrogada, la misma no contraviene disposiciones de la ley de la materia vigente, de contenido y epígrafe: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio". En atención a lo expuesto, se arriba a la conclusión que las quejosas no acreditaron su interés jurídico, puesto que no demostraron que en el Reporte Público de Resultados para el Proceso de Selección para la Admisión en Educación Básica Ciclo Escolar 2020-2021 les hubieran aplicado los artículos 35, 39 fracción VIII y 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y que con motivo de ello, no obtuvieron las plazas que fueron ofrecidas en la convocatoria respectiva y por tanto, se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, no pasa inadvertido que la Coordinadora de la Unidad de Servicios Jurídicos de la Delegación Tijuana, en representación de la Secretaría de Educación y del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, al rendir informe justificado señaló que por lo que ve a la convocatoria emitida el veintiuno de febrero de dos mil veinte para el proceso de selección para la admisión en Educación Básica para el ciclo escolar 2020-2021, no se ofertaron plazas vacantes para el nivel educativo preescolar (al cual todas las aquí quejosas aplicaron); dado que sólo se ofertaron en su totalidad veinticuatro plazas definitivas, cero temporales y cero de nueva creación; sin embargo, por lo que ve a la admisión de docente Educación Preescolar, no se ofertaron plazas por no tener disponibilidad en ninguna de sus modalidades. Información que se ve corroborada con la prueba documental que allegó la aludida responsable, consistente en la Convocatoria emitida el veintiuno de febrero de dos mil veinte para el proceso de selección para la admisión en Educación Básica para el ciclo escolar 2020-2021, en cuya página diez se advierte que en el recuadro relativo al puesto de Docente en el nivel de educación preescolar no se ofertaron plazas vacantes. Documental que adquiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. En ese orden de ideas, si existe constancia de que en la convocatoria emitida el veintiuno de febrero de dos mil veintiuno, en la que participaron las quejosas, no se ofertaron plazas vacantes para el nivel educativo preescolar, para el que aplicaron las aquí quejosas, es evidente que ello robustece la determinación aquí emitida, en el sentido de que no existe prueba alguna en autos de que los preceptos combatidos se hubieran materializado en la esfera jurídica de las promoventes del amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII, del numeral 61, de la ley de la materia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que ve a los preceptos reclamados. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado consistente en la publicación de ocho de agosto de dos mil veinte en la que se crearon dos listas, la primera de ellas dando prioridad a las normales públicas, Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio y la segunda lista con las quejosas, dado que no se combatió por vicios propios, por lo que existe vinculación entre el estudio de la ley y el referido acto que las quejosas señalaron como de aplicación. Resulta aplicable, interpretada a contrario sensu, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/8 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de epígrafe y texto: "AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, NO IMPIDE ANALIZAR SU ACTO DE APLICACIÓN SI SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. La vinculación en el estudio de una ley o reglamento en relación con su acto de aplicación se actualiza cuando la inconstitucionalidad de éste se hace derivar de la propia norma controvertida. Sin embargo, si en la demanda de amparo se tilda de inconstitucional un ordenamiento de observancia general, pero al mismo tiempo su acto de aplicación se combate por vicios propios, salvo que se conceda la protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma jurídica, habrá obligación de examinar y pronunciarse en torno a la legalidad planteada de dicho acto, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado en relación con el ordenamiento legal impugnado. Por ende, si se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a la ley o reglamento impugnado, esta determinación no impide al órgano de control constitucional abordar los conceptos de violación que fueron propuestos con el objeto de demostrar los vicios propios del acto de aplicación de la norma controvertida, acorde con la obligación que deriva de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar a los diversos 74 y 75 de la vigente". Como consecuencia, no resulta dable analizar los conceptos de violación esgrimidos al respecto y, por ende, no puede analizar el fondo de la litis constitucional planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por 1) Abril Abril Gómez, 2) Berenice Rodríguez Hernández, 3) Denisse Alejandra Gutiérrez Ramírez, 4) Mariza Cruz Piña, 5) María Elena Cruz Piña, 6) Nancy Lucero Alejandré Hernández y 7) Brenda Chávez Macías, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta Se levanta suspensión de plazos y términos. Audiencia Constitucional. Bajo ese contexto, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; en el entendido que la misma se celebrará sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba en la que sea necesaria su intervención; para lo cual las partes deberán hacerlo del conocimiento de este juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Determinación que no depara perjuicio a las partes, al estar en posibilidad de presentar alegatos de manera escrita. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de diciembre de dos mil veinte. Sin mayor proveído. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento respecto de su contenido, ya que el treinta de noviembre del año en curso, se tuvieron por recibidos los mismos. Notifíquese.

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