Abrham Alvarez Agredano

Expediente 2358/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2358/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Abrham Alvarez Agredano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Sólo agréguese a los autos el comunicado y anexo, de cuenta signado por la Presidenta Auxiliar de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco; toda vez que mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, se declaró que causó estado el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    AVISO. Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de ocho de diciembre de dos mil veintidós, el cual dice: Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Por tanto, se provee lo relativo a los cuadernos del incidente de suspensión, en los siguientes términos. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación dado que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, además de que no se considera de relevancia documental, el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado el incidente. Hágase saber a la parte quejosa que una vez que trascurra el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, el billete de depósito que exhibió a fin de que surtiera efectos la suspensión del acto reclamado quedará a su disposición por un plazo de dos años, y en caso de no reclamarlo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 882 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación; se hará efectivo a favor del Erario Federal. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica; y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.

  4. Principal

    AVISO. Por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, de contenido: Zapopan, Jalisco, trece de diciembre de dos mil veintidós. I. Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; dese vista a las partes con él para que se impongan de su contenido. a) Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad oficiante. II. Sobreseimiento fuera de audiencia El juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama de la autoridades responsables el señalamiento del diez de marzo de dos mil veintitrés, para continuar con la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral ****. En el caso, de la copia certificada remitida con el oficio de cuenta, se desprende que el nueve de diciembre de dos mil veintidós, la parte actora y demandada comparecieron al juicio de origen a celebrar convenio, mismo que se elevó a la categoría de laudo definitivo, ordenando a las partes a estar y pasar por él en todo momento y lugar. Dicha copia certificada del proveído en mención, por ser documental pública goza de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una constancia integrada por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. a) Causal de improcedencia actualizada. De lo narrado se aprecia que en el caso que nos ocupa se actualiza la causa la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XVII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, esto, en atención a que se actualizó un cambio de situación jurídica en el procedimiento del que derivan los actos reclamados, según se explica a continuación. El artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente (.)" Y, el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Respecto de esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que a continuación se transcribe, estableció cuándo se produce, por regla general, el cambio de situación jurídica. "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional."1 De la tesis transcrita, así como del texto de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en las partes que interesan, se colige que para la actualización de la causa de improcedencia, por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que por razón de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca, en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, de lo reseñado, resulta que estando en trámite el presente juicio de amparo, la junta responsable elevó a categoría de laudo ejecutoriado el convenio celebrado por las partes; por ende, la citada resolución cambió la situación jurídica que imperaba cuando la aquí parte quejosa promovió la demanda de amparo en esta instancia constitucional. Ciertamente, quien ahora resuelve estima que, en relación al acto que la parte quejosa pretende se analice, se actualiza la causa de improcedencia apuntada, ya que por virtud de la resolución que dio por terminado el juicio de origen, que no forma parte del acto reclamado, se dio un cambio de situación jurídica, lo que impide resolver sobre aquel acto, sin afectar el nuevo estado jurídico y, por ende, lo que es materia de reclamo se encuentra irreparablemente consumado, en razón de que a nada práctico conduciría analizar el acto de molestia, habida cuenta que, aunque se estimara inconstitucional, no podría alterarse la nueva situación creada; es decir, no podría ordenarse el dictado de otra resolución para atender lo relativo al acto reclamado, al considerar que el procedimiento se resolvió en definitiva. Conforme con lo anterior, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo al actualizarse la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, esa causal se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo y de lo contrario se haría necesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." III. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

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