Abram Friesen Wiber
Expediente 1058/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Abram Friesen Wiber
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
veintitrés de enero de dos mil diecisiete La licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas- - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión transcurrió del nueve al veinte de enero de la presente anualidad; con exclusión de los días catorce y quince de enero del año en curso por corresponder a sábado y domingo; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: a) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; b) De igual forma, se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión por separado, por lo cual no se exhibió algún billete de depósito o garantía que amerita proveer su destino. c) Que no existen tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. La secretaria Lic. Rosa María Salomé Márquez Acuña En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la Juez con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la resolución de cuatro de enero del año en curso, por la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al presente expediente algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rosa María Salomé Márquez Acuña, Secretaria que autoriza y da fe. Luis. En la misma fecha se giró el oficio 1846
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1058/2016-3; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Zacatecas, Abram Friesen Wibe demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Subadministrador de la Aduana de Chihuahua del Servicio de Administración Tributaria. Acto reclamado: Omisión de dictar y notificar personalmente al quejoso, la resolución recaída en el expediente número PUDI 041/2015, formado por la responsable, con motivo de la puesta a disposición por parte del Agente del Ministerio Público de la Octava Mesa Investigadora de la Procuraduría General de la República, con sede en Chihuahua, de dos vehículos de procedencia extranjera de su propiedad. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo en vigor y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, ya que se presentó la demanda de amparo en la jurisdicción de éste Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme lo disponen las tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión del Administrador Desconcentrado Jurídico Chihuahua "1", con sede en el Estado de Chihuahua, del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Subadministrador de la Aduana de Chihuahua, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, de dictar y notificar personalmente al quejoso la resolución recaída al expediente número PUDI 041/2015 formado con motivo de la puesta a disposición de dos vehículos de procedencia extranjera de su propiedad, por parte del agente del Ministerio Público de la Octava Mesa Investigadora de la Procuraduría General de la República, con sede en Chihuahua. TERCERO. Certeza del acto reclamado Una vez precisados los actos reclamados, corresponde determinar su existencia o inexistencia, lo anterior con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y los causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Bajo la precisión anotada, el Administrador Desconcentrado Jurídico Chihuahua "1", con sede en el Estado de Chihuahua, del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Subadministrador de la Aduana de Chihuahua, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria, al rendir su informe de ley, manifestó que son ciertos los actos reclamados, consistentes en la omisión de dictar resolución en el expediente número PUDI 041/2015 y notificársela personalmente al quejoso. Lo que se corrobora con las pruebas aportadas en autos, como son las copias fotostáticas certificadas que adjuntó a su informe la autoridad responsable, las que merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, las cuales evidencian la existencia del acto reclamado por el citado peticionario del amparo. Con relación a este punto, cobran aplicación las tesis emitidas por el Máximo Tribunal del país, de los rubros y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Sin que obste para lo anterior el hecho de que el cinco de enero de dos mil dieciséis se haya emitido la resolución en el expediente PUDI 41/2015, es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, ya que en esa fecha -tres de octubre de dos mil dieciséis-, el quejoso la desconocía, toda vez que la citada resolución le fue notificada hasta el ocho de noviembre siguiente, cuando ya había sido admitida la demanda de derechos. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Enseguida, corresponde analizar la procedencia del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente lo procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia motiva que el órgano de amparo no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a dicha institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución General de la República y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la ley en cita. El presente juicio es improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se impone tener presente que el peticionario del amparo, como quedó de manifiesto, reclamó la omisión de dictar resolución en el expediente PUDI 041/2015 así como la falta de notificársela. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieran cesado. Para considerar lo anterior, es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. En otras palabras, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no haya quedado huella alguna. Lo anterior, encuentra su razón en la circunstancia de que sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos en la esfera jurídica del solicitante del amparo, ni los surtirá. De lo anterior, se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento, lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste. En ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. Ahora bien, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que revoca o sustituye al acto reclamado, sino únicamente determinar los efectos que aquél genera, ya que efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado. Sustenta el anterior criterio, la jurisprudencia cuyo contenido literal es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, la cesación de los efectos del acto reclamado de forma incondicional y total impide el estudio del fondo del asunto, ya que a nada práctico conduciría tal actividad, al ser ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no causa perjuicio en la esfera del quejoso, ni los causará. De las constancias remitidas por la responsable, mismas que fueron valoradas en párrafos precedentes, se obtienen los antecedentes siguientes: Mediante oficio 1846/2015 de veintidós de septiembre de dos mil quince, emitido dentro de la averiguación previa AP/PGR/CHIC/CHIH-VIII/577-B/2015, el agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Octava Mesa Investigadora solicitó al Administrador Jurídico Local de la Aduana Interior de Chihuahua, fijara fecha, hora y lugar para poner a su disposición física y jurídicamente los siguientes vehículos de procedencia extranjera: Un vehículo tipo camión unitario ligero, pick up, marca Chevrolet, color gris, modelo 2008, sin placas de circulación y número de serie 1GCHK23638F220363; y, Un vehículo tipo motocicleta, marca honda, sub-marca Shadow, color negra, modelo 2004, sin placas de circulación, número de serie JH2PC21244M500072 (foja 22). En contestación a dicho comunicado, mediante el diverso 800-33-00-01-05-2015-1416 de veintitrés de septiembre de dos mil quince, el Jefe de Departamento de la Aduana de Chihuahua, en ausencia del Administrador de dicha aduana, hizo del conocimiento al agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Octava Mesa Investigadora, los requisitos con los que debería cumplir su solicitud; además, que el vehículo tipo motocicleta antes descrito, no se aceptaba en virtud de no considerarlo un bien susceptible de recepción por parte de las autoridades aduaneras al tratarse de un modelo anterior a ocho años de antigüedad. El veinticinco de septiembre siguiente, el agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo a la Octava Mesa Investigadora, dictó acuerdo de levantamiento de aseguramiento del vehículo tipo camión unitario ligero, pick up, marca Chevrolet, color gris, modelo 2008, sin placas de circulación y número de serie 1GCHK23638F220363, a fin de entregárselo legal y materialmente al Servicio de Administración Tributaria. Por oficio 1862/2015 de veinticinco de septiembre de dos mil quince, el referido agente del Ministerio Público de la Federación dejó a disposición del Administrador Jurídico Local de la Aduana Interior de Chihuahua el vehículo de procedencia extranjera descrito en párrafo previo (foja 57). En la misma fecha, el Subadministrador de la Aduana de Chihuhua emitió el oficio 800-33-00-01-05-2015-1436 dentro del expediente PUDI 041/2015, mediante el cual le informó al quejoso Abram Friesen Wiebe, que, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de la Ley Aduanera vigente, contaba con el término de quince días a partir de la recepción del citado comunicado para retirar el vehículo tipo camión unitario ligero, pick up, marca Chevrolet, color gris, modelo 2008, sin placas de circulación y número de serie 1GCHK23638F220363, previa comprobación de su legal propiedad o posesión, así como de la legal importación, tenencia o estancia en el territorio nacional; y que transcurrido dicho plazo sin que se retirara la mercancía, comenzaría a correr el plazo correspondiente para el abandono de mercancías a favor del fisco federal por falta de su retiro, en términos del artículo 196-A fracción IV, del Código Fiscal de la Federación; oficio que se le notificó al quejoso el ocho de octubre siguiente (fojas 60 a 63). El cinco de enero de dos mil dieciséis, el Subadministrador de la Aduana de Chihuahua, dentro del expediente PUDI 41/2015, dictó acuerdo de adjudicación de mercancía, en el cual se determinó que habiendo transcurrido el plazo concedido al quejoso para retirar el vehículo de que se trata, se decretaba formalmente el abandono de la mercancía con número de expediente AB-001/2016 consistente en un vehículo tipo camión unitario ligero, pick up, marca Chevrolet, color gris, modelo 2008, sin placas de circulación y número de serie 1GCHK23638F220363; por tanto, se adjudicó y determinó su propiedad a favor del fisco federal; se ordenó el levantamiento del inventario para efectos de control y, en su caso, girar oficio a la Administración General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público que determina el destino de los bienes propiedad del fisco federal, para los efectos legales correspondientes; acuerdo notificado al peticionario de amparo el ocho de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 64 y 68 a 72). De la anterior relación de constancias se obtiene que por oficio 800-33-00-01-05-2015-1436 de veinticinco de septiembre de dos mil quince, emitido dentro del expediente PUDI 041/2015, el Administrador de la Aduana de Chihuahua, requirió al quejoso para que dentro del término de quince días se presentara a retirar la mercancía asegurada, determinación que se le notificó el ocho de octubre del mismo año; virtud a que el antes mencionado no compareció a retirar el bien mueble consistente en un vehículo tipo camión unitario ligero, pick up, marca Chevrolet, color gris, modelo 2008, sin placas de circulación y número de serie 1GCHK23638F220363, el cinco de enero de dos mil dieciséis se decretó su abandono en el expediente AB-001/16 y se determinó que su propiedad correspondía al Fisco Federal, resolución notificada al aquí quejoso el ocho de noviembre siguiente. No obstante que el expediente relativo se resolvió con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es evidente que el quejoso lo desconocía, puesto que se le notificó la resolución recaída al mismo el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, es decir, después de admitida su demanda de derechos, en tales condiciones, si la omisión de la responsable de resolver en definitiva el expediente PUDI 41/2015 y su falta de notificación, trajo como consecuencia que a decir del peticionario de amparo, se afectaran sus garantías constitucionales, es inconcuso que si ya fue emitida la resolución respectiva la cual fue debidamente notificada al quejoso, cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues éste fue sustituido por dicha determinación, en razón de que cesó la inactividad de que aquel se dolió en esta instancia, destruyendo todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Siendo esto así, es evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías en términos de lo dispuesto en la fracción V, del precepto 63, de la Ley invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACION DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En mérito a lo expuesto, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los motivos de inconformidad planteados por el peticionario del amparo frente al acto reclamado, de acuerdo con la jurisprudencia número 509, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Abram Friesen Wibe contra los actos reclamados al Subadministrador de la Aduana de Chihuahua del Servicio de Administración Tributaria, consistentes en la omisión de dictar resolución dentro del expediente PUDI 41/2015 y su notificación; por las razones expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma, la licenciada Isaura Romero Mena Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta el día de hoy cuatro de enero de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este juzgado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. L/L/A/P/M L.F
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En veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada Luz Adriana Puga Magaña, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un escrito con folio 19272. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en siete de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado de la autoridad responsable Subadministrador de la Aduana de Chihuahua, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria (por conducto del Administrador Desconcentrado Jurídico de Chihuahua "1", con sede en el Estado de Chihuahua, del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público); por tanto, para dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido del mismo y no se le deje en estado de indefensión, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy; y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para su verificativo. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Conviene acotar que el citado criterio jurisprudencial se comparte por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en la ejecutoria emitida en sesión de catorce de mayo de dos mil quince, en el amparo en revisión 421/2015. Por último, téngase por recibido el oficio que remite el Subadministrador de la Aduana de Chihuahua, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria (por conducto del Administrador Desconcentrado Jurídico de Chihuahua "1", con sede en el Estado de Chihuahua, del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público); en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119, de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza la documental que anexa la autoridad oficiante a su ocurso, consistente en la copia certificada del Acuerdo de Adjudicación de Mercancías de cinco de enero de dos mil dieciséis, con la que se ordena dar vista a la parte quejosa; sin perjuicio de relacionarla y valorarla en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia respectiva. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Luz Adriana Puga Magaña, Secretaria que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
El siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 18320. CONSTE.Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Subadministrador de la Aduana de Chihuahua, Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria (por conducto del Administrador Desconcentrado Jurídico de Chihuahua "1", con sede en el Estado de Chihuahua, del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público); con su contenido y anexos, dése vista a la parte quejosa, para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés convenga.Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las documentales que adjunta a su oficio; asimismo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las cuales dada su propia y especial naturaleza se tienen por desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia respectiva.Asimismo, como lo solicita la autoridad mencionada, con fundamento en el diverso numeral 9° de la Ley Reglamentaria en consulta, se le tiene como delegados de su parte a los profesionistas que para tal efecto designa y como domicilio el que señala en su ocurso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
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