Abrahan Mejia Garcia

Expediente 505/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
505/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Abrahan Mejia Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca, devuelve diligenciado el despacho 178/2020, número de orden 349/2020, de este índice, enviado para emplazar a juicio a Virginia Mejía García; en consecuencia, dése de baja la aludida comunicación oficial en el libro de gobierno y en la estadística; acúsese el recibo correspondiente. Por otra parte, no ha lugar a tener a la tercera interesada, señalando para oír y recibir notificaciones el número telefónico que proporciona, toda vez que la Ley de Amparo, no prevé las notificaciones por dicho medio. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    MESA ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, y atendiendo a que se concedió y negó la medida cautelar provisional y se concedió y negó la definitiva, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando tercero de la interlocutoria de trece de noviembre de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 505/2020; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado Octavo de Distrito y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca, publicado en el citado Diario, el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, dictada por la Juez de Control con sede en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, en la causa penal 194/2020, de su índice, que decretó al quejoso ABRAHÁN MEJÍA GARCÍA o ABRAHAM MEJÍA GARCÍA, la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. TERCERO.- Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, negó categóricamente el acto que se le atribuye, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, razón por la cual, lo procedente es sobreseer el juicio respecto de los actos y autoridad en cuestión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia número doscientos ochenta y cuatro, consultable en la página doscientos treinta y seis, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete, dos mil, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir informe justificado, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Pinotepa Nacional, Oaxaca y el Director del Centro Penitenciario Varonil sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Para acreditar lo anterior, la autoridad judicial remitió copia certificada de la transcripción sintética del auto de vinculación a proceso y la transcripción de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ambas de fecha siete de septiembre de dos mil veinte, así como la transcripción de la resolución de la suspensión condicional del proceso, con la que se suspendió la medida cautelar y copia del oficio número PJEO/CPN/00497/2020-J, dictados en la causa penal 194/2020, del índice del referido juzgado, estos dos últimos de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte. Dichas constancias adquieren valor probatorio pleno en términos de los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de las actuaciones del procedimiento donde se dictó el acto reclamado. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo contenido es el siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causal de improcedencia. Conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público por lo que, las aleguen o no las partes, deben estudiarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Ahora bien, de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1. El siete de septiembre de dos mil veinte, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, en la causa penal 194/2020, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Abraham Mejía García, como probable responsable del hecho que la ley señala como constitutivo del delito de lesiones en riña, las cuales pusieron en peligro la vida de la víctima, que en el caso resulta ser la señora Virginia Mejía García, ilícito previsto por el artículo 271 y sancionado por el artículo 277, en relación con el artículo 279, todos del Código Penal Vigente en el Estado. 2.- En siete de septiembre de dos mil veinte, el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, con sede en Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, procedió a resolver la solicitud del Ministerio Público, respecto de una medida cautelar, consistente en la prisión preventiva al imputado Abraham Mejía García, en la que determinó lo siguiente: "Consecuentemente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como con fundamento en la jurisprudencia antes mencionada, este Juzgador en cumplimiento al mandato constitucional no tiene más opción que imponer al señor ABRAHAM MEJÍA GARCÍA, la medida cautelar de PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA de forma definitiva, por lo tanto, está durará el tiempo que dure el proceso, sin que ello pueda exceder del plazo previsto en el artículo 20 apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo que su prolongación de deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado." Sin embargo, es innecesario el estudio del aludido acto reclamado, pues en el presente caso, se advierte, de manera oficiosa, que sobreviene una causal de improcedencia que amerita sobreseer en el juicio de amparo indirecto de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que ABRAHÁN MEJÍA GARCÍA o ABRAHAM MEJÍA GARCÍA, consintió dicho acto, toda vez que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, ante la solicitud de su defensor particular, realizada al Juez de Control sede Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, resultó procedente la aplicación de una salida alterna denominada suspensión condicional del proceso, por el plazo de un año a partir del veintinueve de octubre de dos mil veinte, quedando suspendido el procedimiento penal a prueba por un año, salvo que deba prolongarse por el tratamiento psicológico al que se comprometió el imputado. En ese sentido, se considera que la aplicación de la salida alterna denominada suspensión condicional del proceso, implica el consentimiento de la resolución de siete de septiembre de dos mil veinte, mediante la cual se había declarado la prisión preventiva oficiosa impugnado en este juicio de amparo de origen, porque cuando el quejoso, en su calidad de imputado, solicitó por conducto de su defensor particular la suspensión condicional del proceso a prueba, también entrañó el consentimiento de dicha resolución, dado que su voluntad de concluir el juicio penal, a través de un mecanismo de solución alterna, deben entenderse para todos los efectos legales. Es decir, el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa -cuya prioridad es volver las cosas al estado en que se encontraban antes del hecho delictivo y que el inculpado repare el daño que ha causado, pero sin declararlo "culpable" e imponerle una sanción, dado que no persigue sancionar, sino sólo reparar- consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que de suyo implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestionen, ya que su aceptación no es gratuita, persigue un beneficio: evitar la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva -la cual busca infringirle, como imputado un daño a través de la pena, en especial la privación de su libertad, en retribución del daño que generó la comisión del delito, con el objetivo primario de sanción y adicionalmente, como medida de disuasión hacía todos los gobernados-, esto es, que se le imponga una pena privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el nuevo sistema de justicia penal y el juicio de amparo, pues implica que al examinarse la constitucionalidad del acto reclamado, el juez constitucional pondera que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal, lo cual, eventualmente, redunda en beneficio del inculpado y de la víctima. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que los imputados ejerzan intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Es aplicable, por identidad jurídica la ejecutoria de la cual deriva la jurisprudencia 33/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro cuarenta y tres, junio de dos mil diecisiete, tomo uno romano, página cuatrocientos sesenta y uno, que es del tenor literal siguiente: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional." Lo subrayado es propio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la propia ley de la materia. Finalmente, la actualización de esa causa de improcedencia y el consiguiente sobreseimiento, impiden jurídicamente que se entre al estudio del fondo del asunto, motivo por el cual, en este caso, es innecesario el análisis de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. No pasa inadvertido que a la fecha no se haya logrado emplazar a la tercera interesada, pues dado el sentido de la presente determinación, no le causa agravio. Lo anterior, atendiendo a lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 349 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 531, del rubor siguiente: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA." SEXTO. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SÉPTIMO. CAPTURA DEL FALLO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. Captúrese la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por (.) SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.

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