Abraham Yasir Maciel Montoya
Expediente 1835/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1835/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/10/2019
Partes del expediente
- Abraham Yasir Maciel Montoya
Actuaciones
- Principal
POR ESTE CONDCUTO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE DICE: V I S T O S, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 3271/2018del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, radicado en este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, residente en Acapulco, Guerrero, con el número de registro 234/2019; y, RESULTANDO. PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitido el treinta de octubre siguiente, por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (en su denominación actual), el Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Industria de la Construcción "Sur de Jalisco", por conducto de su Secretario General Eduardo Arias Castaño, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y por los actos que se citan en el escrito inicial de demanda. La parte quejosa citó como derechos fundamentales violados en su perjuicio los previstos en los artículos 1°, 4°, 5°, 14, 16 y 123, fracciones XVII y XVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; bajo protesta de decir verdad narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y continuación del juicio de amparo. En auto de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Secretario encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (en su denominación actual), ordenó registrar la demanda de que se trata bajo el consecutivo 3271/2018, admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata; razón por la que requirió a las autoridades responsables la rendición de su respectivo informe justificado, ordenó emplazar a Desarrolladora Kigali, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de que le revestía el carácter de tercero interesado, quien se tuvo por apersonado en acuerdo ocho de noviembre siguiente; asimismo otorgó la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda, prevención y admisión. Mediante escrito recibido en el Juzgado auxiliado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Industria de la Construcción "Sur de Jalisco", por conducto de su Secretario General Eduardo Arias Castaño, amplio la demanda de amparo por diversas autoridades responsables y en acuerdo de siete de noviembre de dicho año, previa ratificación de firma, previno a la parte quejosa, requerimiento que fue desahogado por la parte quejosa a través de su Secretario General mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil dieciocho. En virtud de lo anterior, por proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (en su denominación actual), admitió a trámite la ampliación demanda de amparo de que se trata; razón por la que requirió a las autoridades responsables la rendición de su respectivo informe justificado; asimismo, otorgó la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y previos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo el quince de marzo de dos mil diecinueve, al tenor del acta respectiva. CUARTO. Envío de los autos a este órgano jurisdiccional y recepción. Consta en la copia del acta circunstanciada de ocho de mayo de dos mil diecinueve, signada por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en funciones de Juez, y la Secretaria adscrita, su determinación de enviar el presente expediente a este órgano federal para la elaboración de la sentencia correspondiente, el cual se recibió el dieciséis de mayo del mismo año, radicado mediante proveído de diecisiete de mayo siguiente, al que se asignó el número de cuaderno auxiliar 234/2019. Lo anterior, en cumplimiento al oficio número STCCNO/64/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por Víctor Axel Morales Vargas, Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó el punto de acuerdo C. CAR 5/2018-II de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión en la que se determinó el inicio de apoyo y envío mensual a este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, de cincuenta y cinco expedientes de amparo indirecto en que se haya celebrado la audiencia constitucional, con auxilio del "Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares"; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el punto primero del Acuerdo General 54/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación del aludido Centro Auxiliar; así como el punto primero del diverso acuerdo 9/2014, emitido por el propio cuerpo colegiado, que establece el inicio de funciones de este Juzgado Federal y el oficio número STCCNO/64/2018 de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, signado por Víctor Axel Morales Vargas, Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó el punto de acuerdo C. CAR 5/2018-II de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, por parte de dicha Comisión, en el que se determinó el inicio de apoyo por parte de este órgano auxiliar al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan (en su denominación actual), lo que ahora se hace. SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que el presente asunto se resuelve con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el Juzgado de Distrito auxiliado. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Resulta oportuna la presentación del escrito inicial y de la ampliación de demanda, como a continuación se evidencia: Se ostenta sabedor: 29 de octubre de 2018. Transcurrió plazo: Del 30 de octubre al 23 de noviembre de 2018. Presentación: 29 de octubre de 2018. Días inhábiles: 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de noviembre de 2018, así como el 1 y 2 de noviembre de 2018, por ser sábados y domingos, 1 y 2 de noviembre, de conformidad con lo establecido en la Circular 31/2018 de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el 19 y 20 de noviembre en términos de Ley. Fundamento: Artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. CUARTO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional en el presente asunto, es necesario precisar los actos que reclama la parte quejosa, lo que deriva de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el presente juicio. Acorde con lo anterior, a fin de estar en posibilidad de lograr congruencia entre lo pretendido por el quejoso y el fallo que se emita en el presente caso, se estima importante atender de modo preferente la intención del impetrante de amparo derivado de los datos consignados en su escrito de demanda, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, toda vez que es menester atender lo que quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Así se tiene entonces que la parte quejosa Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Industria de la Construcción "Sur de Jalisco", por conducto de su Secretario General Eduardo Arias Castaño, reclama en esta instancia constitucional: Del 1. Dirección de Inspección y Vigilancia, 2. Sindicatura, 3. Dirección de Padrón y Licencias, 4. Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, 5. Dirección de Medio Ambiente, 6. Dirección de Obras Públicas, 7. Dirección de Ordenamiento del Territorio, 8. Dirección Jurídico Contenciosa, 9. Policía Municipal, 10. Dirección de Obras Públicas, 11. Dirección de Seguridad Pública, todos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, 12. Dirección de Inspección y Vigilancia, 13. Secretaría General, 14. Dirección de Padrón y Licencias, 15. Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, 16. Dirección de Medio Ambiente, 17. Dirección de Ordenamiento del Territorio, 18. Dirección Jurídica Contenciosa, 19. Policía Municipal y 20. Dirección de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco: - Las órdenes verbales o escritas y su ejecución, tendentes a impedir a los 145 trabajadores de emergencia asignados, ejecutar las labores como trabajadores de emergencia, así como suspender las obras de construcción que se realizan en la fuente de trabajo ubicada en la avenida Historiadores número 3180 y 3280, colonia San Rafael, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, en violación a la huelga estallada en expediente 3492/2018/15-H, en la que se decretó el estallamiento de la huelga respecto de la construcción y se ordenó la realización de labores de emergencia por 145 trabajadores del sindicato. QUINTO. Inexistencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia, la autoridad que conozca del mismo debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar y declarar las causas de improcedencia que se actualicen, para, por último, de no encontrarse alguna, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Esto es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causal de improcedencia y, en el supuesto de ser operante alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causal de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos el juicio de amparo sea procedente. Las autoridades señaladas como responsables 9. Policía Municipal y la 11. Dirección de Seguridad Pública, ambos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco por medio del Director de lo Jurídico de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, Jalisco, 19. Policía Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por conducto del Comisario General de Seguridad Pública, 15. Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por medio de Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos, 12. Dirección de Inspección y Vigilancia, 13. Secretaría General, 14. Dirección de Padrón y Licencias, 16. Dirección de Medio Ambiente, 17. Dirección de Ordenamiento del Territorio, 18. Dirección Jurídica Contenciosa y 20. Dirección de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco a través del Síndico Municipal, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se les atribuyen. Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de conformidad con lo establecido en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto que la parte inconforme les atribuye a las autoridades responsables que se precisaron en el párrafo que antecede, sin que obre en autos medio de prueba idóneo alguno que dicha agraviada hubiere aportado con la finalidad de evidenciar lo contrario, no obstante de corresponderle la carga de la prueba y haber estado en aptitud de así hacerlo. SEXTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables 1. Dirección de Inspección y Vigilancia, 2. Sindicatura, 3. Dirección de Padrón y Licencias, 4. Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, 5. Dirección de Medio Ambiente, 6. Dirección de Obras Públicas, 7. Dirección de Ordenamiento del Territorio, 8. Dirección Jurídico Contenciosa y 10. Dirección de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco por conducto de la Directora de lo Jurídico Contencioso de dicho Ayuntamiento, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos que se le atribuyen; no obstante, deben tenerse por ciertos, porque realizan manifestaciones que ponen de relieve la existencia de dichos actos reclamados. Lo anterior es así, porque las autoridades referidas en el párrafo que antecede manifestaron que se realizó la clausura de la obra en construcción que se encuentra en el domicilio ubicado en la avenida Historiadores número 3180 y 3280, colonia San Rafael, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a la suspensión concedida en los autos del juicio de amparo 198/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, promovido por Giovanna Pérez González y María Patricia Ramos Gutierrez. SÉPTIMO. Procedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examina si opera alguna causal de improcedencia por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Este órgano de control constitucional advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.)." De acuerdo con el numeral acabado de insertar, se tiene que es improcedente el juicio de amparo cuando se promueve contra una resolución dictada en estricto apego y cumplimiento de una ejecutoria de amparo; esto es, cuando sus considerandos se ajustan a los lineamientos de la sentencia que otorga la protección y amparo de la Justicia de la Unión, porque las cuestiones planteadas en el nuevo juicio ya fueron objeto de controversia y decisión de uno anterior y atendiendo al principio de cosa juzgada debe evitarse que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo. Ciertamente en el juicio de amparo la cosa juzgada tiene efectos diferentes que en el derecho común, ello es así si se toma en cuenta que se trata de una instancia extraordinaria que guarda particularidades propias, como es que sus resoluciones no pueden dejar de cumplirse por ningún motivo, porque no existe norma alguna que establezca la posibilidad de revocarlas ni pueden variarse las circunstancias jurídicas creadas por virtud de ellas. En ese sentido, importa precisar que la hipótesis normativa prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de la Materia, al establecer que el juicio de amparo es improcedente: "contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas", se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Apoya lo anterior, la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.) sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." También es importante precisar que se materializa la causal de improcedencia en estudio aun cuando quien lo promueva se ostente como persona extraña al procedimiento del que derivan los actos reclamados, pues considerar lo contrario implicaría la revocación de tales determinaciones, poniendo en peligro la seguridad y certeza jurídica generadas con su dictado. En el caso, de las constancias de autos se aprecia el informe justificado rendido por las autoridades responsables 1. Dirección de Inspección y Vigilancia, 2. Sindicatura, 3. Dirección de Padrón y Licencias, 4. Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, 5. Dirección de Medio Ambiente, 6. Dirección de Obras Públicas, 7. Dirección de Ordenamiento del Territorio, 8. Dirección Jurídico Contenciosa y 10. Dirección de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco por conducto de la Directora de lo Jurídico Contencioso de dicho Ayuntamiento, en el que manifestaron que se realizó la clausura de la obra en construcción que se encuentra en el domicilio ubicado en la avenida Historiadores número 3180 y 3280, colonia San Rafael, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a la suspensión concedida en los autos del juicio de amparo 198/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, promovido por Giovanna Pérez González y María Patricia Ramos Gutierrez. Luego, es importante señalar que la existencia de la resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del recurso de queja 383/2018, interpuesto por Eduardo Arias Castaño, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Industria de la Construcción "Sur de Jalisco", contra el auto de catorce de noviembre de ese año, emitido en el incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo 3271/2018 que aquí se resuelve, en el que se negó la suspensión provisional solicitada en el último sumario en mención; constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". En la citada ejecutoria, el Tribunal Colegiado indicó que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 198/2018, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, promovido por Giovanna Pérez González y María Patricia Ramos Gutiérrez, en contra de diversas autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, por resolución de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que se paralizara la edificación autorizada mediante licencia M-0129-2016 expedida por el Director de Obras Públicas y el Director del Área de Licencias y Permisos de Construcción del Ayuntamiento de Guadalajara, en favor de Desarrolladora Kigali, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativa a la construcción de una obra plurifamiliar vertical en avenida Historiadores números 3180 y 3280, Colonia San Rafael, en Guadalajara, Jalisco. Por ello, determinó que con independencia de que con la paralización de la obra de construcción que se pretende evitar con la suspensión, se causara alguna afectación a los trabajadores emergentes, la verdad es que ese perjuicio particular se subordinaba al cumplimiento de las disposiciones de orden público sobre la ejecución de la medida cautelar dictada en el diverso juicio de amparo indirecto 198/2018, así como al interés general de la sociedad en que la construcción se realice con las mayores condiciones de seguridad, eficiencia y calidad. Por ello, concluyó que debía negarse la suspensión en el juicio de amparo solicitada para que se permitiera la continuación de la obra de construcción, en virtud de que con su concesión se seguía perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, lo que condujo a que se declarara infundado el recurso de queja interpuesto en contra de la negativa de la suspensión provisional emitida en los autos del incidente del juicio de amparo del que deriva el acto que aquí se reclamó. Con lo descrito, se colige que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, con la finalidad de dar cumplimiento a la suspensión otorgada en los autos del incidente derivado del juicio de amparo 198/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ordenaron la clausura de la obra ubicada en la avenida Historiadores números 3180 y 3280, Colonia San Rafael, en Guadalajara, Jalisco. Por lo cual, queda de relieve que la clausura de la obra aludida se emitió en cumplimiento de la resolución emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 198/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, actualizándose de modo patente la causal de improcedencia que se propone, esto es, la prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es decir, la determinación que aquí se tilda de inconstitucional se emitió en acato a los lineamientos establecidos en la resolución que concedió la suspensión en el cuaderno incidental a que se ha hecho mención, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia citada. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS DERIVADOS DE UNA RESOLUCIÓN INCIDENTAL EN JUICIO DE GARANTÍAS. Si los actos reclamados se originaron con motivo de haberse dictado una resolución incidental en relación con un juicio de amparo anterior, en la que se concedió la suspensión de los actos reclamados a la quejosa en el citado juicio de garantías, procede confirmar el sobreseimiento dictado en el nuevo juicio de amparo con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 73 del mismo ordenamiento, que establece la causal de improcedencia contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, disposición que tiene exacta aplicación por derivarse los actos reclamados de una resolución incidental suspensiva dictada en un juicio de garantías." En ese orden de ideas, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto en la fracción V, del diverso 63 de ese ordenamiento. El sobreseimiento acabado de decretar impide a este Juzgador Federal llevar a cabo el análisis de las cuestiones de fondo planteadas. OCTAVO. Transparencia. En otro orden de ideas, aun cuando en el auto admisorio de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se le indicó a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no hicieron manifestación expresa en relación con lo acabado de apuntar. En tal sentido, conforme lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8 del reglamento también mencionado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos sensibles. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 107, 217 y demás preceptos aplicables de la Ley de Amparo se, R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por el Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Industria de la Construcción "Sur de Jalisco", por conducto de su Secretario General Eduardo Arias Castaño, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables destacados en el considerando cuarto, atento a las razones y fundamentos expuestos en los diversos puntos quinto y séptimo de este fallo. Notifíquese personalmente por conducto del juzgado de origen; dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro; en acatamiento del punto quinto, incisos 6 y 7 del Acuerdo General 54/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, remítase al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, este expediente y por medios electrónicos el archivo de esta sentencia, en cumplimiento al "protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", verificado por la Secretaria encargada de este juicio de garantías; debiendo quedar testimonio de la resolución en el cuaderno auxiliar 234/2019, del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Alejandro Castro Peña, Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, ante María Alejandra Popoca Pérez, Secretaria que autoriza y da fe, el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. LA SECRETARIA DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN, MARÍA ALEJANDRA POPOCA PÉREZ, HACE CONSTAR: QUE LAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA PRESENTE HOJA CORRESPONDEN A LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL JUICIO DE AMPARO 3271/2018 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN ZAPOPAN. CONSTE. Esta sentencia se recibió mediante acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve SE TIENE LEGALEMTEN NOTIFICADO.
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Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no obran constancias de notificación a las autoridades responsables Comisión Nacional del Agua, Director del Registro Público y Control Inmobiliario del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el Delegado de la Secretaría del Medio Amiente del Estado de Nayarit, el auto de diez de julio del año en curso, por el cual se les corrió traslado con la ampliación al cuestionario ofrecida por el autorizado de la parte quejosa, para su conocimiento y efectos legales; en consecuencia, a fin de integrar debidamente la presente incidencia, se difiere la audiencia señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con cinco minutos del tres de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración.
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Se tiene por recibido el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por medio del cual en atención al requerimiento formulado en auto de quince de agosto del año en curso, informa que, en actuaciones del presenta asunto, obra copia certificada con acuse de recibo del oficio SS/DGA/1436/2019, dirigido a la Directora de Gasto de Servicios Personales de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en el cual le solicita se emita el pago correspondiente para devolverle al quejoso la cantidad indicada, por lo que está a la espera de que dicha Secretaría emita el cheque correspondiente; al respecto, se ordena agregar en autos el oficio de cuenta, para que obren como corresponde y se tiene a la autoridad informando las gestiones que ha realizado en vías de cumplimiento a la sentencia de amparo. Toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es una cuestión de orden público y no puede quedar al arbitrio de la autoridad responsable; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la citada autoridad para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria emitida en el presente asunto. Para lo cual la autoridad responsable Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, deberá acreditar realizar lo siguiente: Informe a este Juzgado de Distrito la respuesta favorable que le ha manifestado la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en relación a la remisión del cheque correspondiente. Con constancia fehaciente acredite haberle devuelto a la parte quejosa las cantidades indicadas a pagar. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), en moneda nacional, tomando como base que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente a ($84.49 ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Visto el estado procesal de autos de los que se desprende que se giraron oficios para notificar de la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve a las autoridades responsables, sin que a la fecha, obre glosado el acuse de recibo del oficio 23299/2019 girado al Director General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, ni obra constancia alguna de que fue entregado a su destinatario, por tanto, gírense nuevamente oficio a la autoridad indicada, debiendo acompañar copia certificada de la sentencia, a efecto de que la citada autoridad responsable sea notificada, para los efectos legales conducentes. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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