Abraham Vite Orozco y Otros.
Expediente 937/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 02/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abraham Vite Orozco
- Abraham Vite Orozco y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de agosto de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito del quejoso Abraham Vite Orozco, mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en el presente asunto y copias certificadas por duplicado del dictamen de invalidez ST-4 el cual obra en este expediente, el cual se agrega a este expediente para que obre como corresponda. En mérito de lo anterior, en relación a la devolución de documentos que solicita la parte quejosa, se hace de su conocimiento que mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se dejaron a su disposición los documentos originales que exhibió con la demanda de amparo, por lo que está en aptitud legal de serle devueltos. Asimismo, respecto de las copias certificadas que solicita del dictamen de invalidez ST-4, no es posible acordar favorable dicha petición, toda vez que dicho documento si bien tiene el sello del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que se trata de una copia simple pues carece de firma autógrafa, aunado a que se trata de uno de los documentos que están a su disposición, los cuales puede recoger en cualquier momento. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Finalmente, por cuanto que aún obran en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa con su escrito de demanda y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace de su conocimiento que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger los referidos documentos que exhibió, apercibida que de no hacerlo los mismos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Amparo del Socorro del Porte Chirino, que autoriza y da fe.
- Principal
II. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO
- Principal
AVISO ... Mérida, Yucatán, nueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos y toda vez que mediante acuerdo de veinticuatro de junio del año en curso, se concedió a la parte quejosa Electrónica González, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente la represente, el término de tres días hábiles a efecto de que por escrito señalara a este Juzgado los nombres de las personas que sean trabajadoras en esa razón social que promovió la demanda de amparo, que se benefician del pago de las utilidades y a quienes les recae el carácter de terceros interesados en el presente juicio, de conformidad con el artículo 5, fracción lll, inciso a), de la Ley de Amparo, y proporcionara el domicilio donde pudieran ser emplazados cada uno de ellos, o bien, bajo formal protesta de decir verdad manifestara desconocerlo; y como se advierte de la certificación de cuenta, que dicho término ya transcurrió, sin que la parte quejosa haya dado cumplimiento a tal requerimiento. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y en consecuencia, se decreta el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia, conforme a lo previsto en la fracción II del artículo 63, en relación con los preceptos 5, fracción III, inciso a), 27, fracción III, inciso b) y 108, fracción ll, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior, ya que se advierte que la parte quejosa acudió a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: a) De las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única y la Ley del Impuesto Especial a los Depósitos en Efectivo, en particular los artículos 9, segundo párrafo, fracción I, penúltimo y último párrafos, 25, fracciones VI y X, 27, fracción XI y 28, fracciones I y XXX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil catorce; además, del Presidente Constitucional, la promulgación y expedición del Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de diciembre de dos mil trece, específicamente los artículos primero y octavo y los artículos primero y segundo transitorios. b) Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el refrendo del Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de diciembre de dos mil trece. De lo anterior, se colige que de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, le recaería el carácter de terceros interesados a las personas que son trabajadores de la persona moral aquí quejosa y se benefician del pago de las utilidades, toda vez que podrían verse afectados con el resultado del juicio constitucional si el cambio en la mecánica del pago del tributo los afecta en el cálculo del monto de dicha prerrogativa, a la luz de los artículos 108, fracción II, 113 y 114, fracción II de la Ley de Amparo. Ahora bien, el citado artículo 108, fracción ll, prevé que en la demanda de amparo indirecto se expresará el nombre y domicilio de los terceros interesados, o bien, bajo protesta de decir verdad, manifestar desconocerlos, es decir, corresponde a la parte quejosa la obligación de señalar a las personas a quienes les recae el carácter de terceros interesados y el domicilio donde pueden ser emplazados. Luego, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria de fecha ocho de mayo del año en curso, pronunciada en el toca 110/2016, relativo al recurso de revisión interpuestos en estos autos, ordenó reponer el presente procedimiento, para el efecto de que se previniera de manera personal a la parte quejosa a fin de que proporcionara el nombre y domicilio de las personas a quienes les recae el carácter de terceros interesados con el artículo 5, fracción lll, inciso a), de la Ley de Amparo, para lo cual este Juzgado otorgó a la peticionaria de amparo el término de tres días hábiles, mismos que transcurrieron del dos al cuatro de julio del presente año, sin que haya dado cumplimiento al requerimiento efectuado. Por lo que resulta evidente que la parte quejosa dejó de observar un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y trae como consecuencia que este juzgado, no esté en posibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que al no haberse efectuado el emplazamiento de la aludida parte tercera interesada, no puede tenerse válidamente constituida la relación jurídico procesal. Tiene sustento lo anterior, en la tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable página 538, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, con registro 211339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". Así, al no llevarse a cabo el emplazamiento de los terceros interesados, en virtud de que la peticionaria de amparo no cumplió con el requerimiento efectuado en proveído de veinticuatro de junio del año en curso, ni dio cumplimiento con lo establecido en el artículo 108, fracción ll, de la Ley de Amparo, lo que tiene como consecuencia que no se llamara a juicio a la aludida parte tercera interesada, quien con motivo de la emisión del acto que se reclama, podría sufrir algún perjuicio en su esfera jurídica; por ende, no se está en la posibilidad de resolver el presente juicio de amparo por esa falta de emplazamiento, en razón de que ésta constituye una formalidad esencial del procedimiento que constitucionalmente rige en todo conflicto, por así establecerlo el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. En este sentido, teniéndose en consideración la naturaleza del juicio constitucional, así como las formalidades esenciales que tutelan todo procedimiento, y en virtud de que la resolución que se pronunciara en este juicio de amparo puede llegar afectar la esfera jurídica de la parte tercera interesada, entonces debe considerarse que su emplazamiento constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento por parte de la quejosa, impide que este Juzgado pueda avocarse al estudio del acto reclamado, pues por imperativo constitucional no se puede resolver el fondo del asunto sin llamar a juicio a un gobernado cuya esfera jurídica puede resultar afectada con la resolución que se dicte. Por lo que es evidente que al quedar paralizado este juicio de amparo, contraviene lo dispuesto en el numeral 17 de la Constitución Federal, pues se obstaculiza la impartición rápida y efectiva de justicia, al no resolverse el presente asunto, por la circunstancia ya reseñada imputable al peticionario de amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés de la sociedad, tutelado por el precepto constitucional en cita, ya que ésta se interesa en que los juicios se resuelvan dentro del término de ley, sin que quede a capricho de la quejosa su resolución, quien debe cumplir con las cargas procesales propias para no sufrir las consecuencias legales de su incumplimiento a la obligación que le corresponde, ya que ésta es la parte interesada en que se establezca la verdad legal respecto del acto que reclamó. Por tanto, tal omisión impide que se establezca válidamente la relación jurídica procesal y tiene como consecuencia que este órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la tesis P./J. 41/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable página 65, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, con registro 195673, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO NO EMPLAZADO O MAL EMPLAZADO EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA EJECUTORIADA Y QUE AFECTA CLARAMENTE SUS DERECHOS, DENTRO DEL PLAZO LEGAL CONTADO A PARTIR DE QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA. El tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado al juicio de amparo indirecto, mediante ningún medio de defensa, podrá hacer valer la violación a la garantía de audiencia, a pesar de que la sentencia que se dicte en el mismo le prive de sus propiedades, posesiones o derechos, pues originándose la violación en un juicio constitucional y siendo éste la única vía para combatir actos de autoridad que transgredan garantías individuales, por su especial naturaleza extraordinaria no podría dar lugar a otro juicio de garantías, ya que de aceptarse así, se infringiría el sistema constitucional y se desvirtuaría la técnica de la institución, cuya regulación se encuentra inmersa en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las fracciones I a IV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Tampoco podría promover el incidente de nulidad de notificaciones en contra de dicha sentencia que ya causó ejecutoria, dado que éste no procede cuando ya existe auto de ejecutorización, lo que se desprende del artículo 32 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si bien el recurso de queja es procedente en contra del auto que declara ejecutoriada una sentencia, del numeral 96 de la ley de la materia, se advierte que sólo pueden interponerlo las partes que litigaron en el juicio, además de que este medio de defensa, suponiendo su procedencia, no sería la vía idónea para dejar insubsistente el fallo ejecutoriado como resultado del viciado procedimiento, y el recurso de queja por exceso o por defecto, no se estableció para combatir la sentencia en sí misma, sino sólo su ejecución excesiva o deficiente. En estas condiciones, al no poder hacer valer el tercero perjudicado no emplazado o mal emplazado en un juicio de amparo indirecto, la violación a la garantía de audiencia, mediante ningún medio de defensa ordinario ni extraordinario, ni del incidente de nulidad de notificaciones, ni del recurso de queja, por las razones antes apuntadas y atento al principio esencial que rige todo procedimiento judicial ordinario y extraordinario, consistente en que la sentencia pronunciada en un litigio no puede perjudicar a las personas que sean ajenas al mismo, debe aceptarse que el recurso de revisión sí es procedente en estos supuestos, porque es la única vía mediante la cual se puede dejar insubsistente una sentencia de amparo indirecto, para el efecto de que se reponga el procedimiento y se emplace en forma debida al tercero perjudicado. Lo anterior no implica el abandono de la diversa jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "REVISIÓN, RECURSO DE. NO PROCEDE EN CONTRA DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA." (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, P./J. 29 3/89, página doscientos treinta y cinco), ya que la misma sólo es aplicable para las partes que fueron oídas en el juicio de donde emana, respecto de cuya situación jurídica se juzgó, debiendo las partes que litigaron en ese juicio estar a sus resultas, pero no la persona que no fue oída ni vencida, que no puede ser perjudicada por ella. Si se aceptara el criterio contrario se vulneraría el derecho a la jurisdicción establecido en el artículo 17 constitucional, en relación con los terceros perjudicados que se enteraran de un juicio de amparo seguido en su contra, hasta que la sentencia se está ejecutando o se pretende ejecutar en su perjuicio; e implicaría, además, premiar la conducta ilegal del quejoso, de no cumplir con lo ordenado en el artículo 116, fracción II de la Ley de Amparo, así como el incumplimiento del juzgador a su deber de emplazarlo. Por tanto, dado que el conocimiento del fallo debe ser directo, cuando el tercero perjudicado no intervino en el juicio y, por lo mismo, nunca se le notificó la sentencia, el término para interponer el recurso de revisión corre a partir del día siguiente al en que tiene conocimiento de la sentencia, aunque ésta, formalmente, tenga apariencia de ejecutoria." Así como la tesis I.7º.P.1K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS A UNO DE LOS TERCEROS PERJUDICADOS. EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL QUEJOSO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. " En consecuencia, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los preceptos 5, fracción III, inciso a), 27, fracción III, inciso b) y 108, fracción ll, todos de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer este juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo establecido en la fracción II, del artículo 63, del propio ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por último, no obsta lo anterior el hecho que no haya transcurrido el término de tres días concedido a las partes en proveído de tres de julio del año en curso; sin embargo, ello no es obstáculo para resolver el presente juicio al haberse actualizado de manera notoria y evidente la aludida causal de improcedencia, aunado a que las partes cuentan con los recursos y medios legales correspondientes en caso de no estar conformes con la presente determinación, por lo que de ninguna forma se les deja en estado de indefensión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
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