Abraham Ulises Villafañe Alonso

Expediente 22/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
22/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • Abraham Ulises Villafañe Alonso
  • Abraham Ulises Villafañe Alonso y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, proveído de quince de enero y en interlocutoria de veintisiete de enero, ambos de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en este juicio, feneció sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó en el juicio de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, devuélvanse al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, los discos versátiles digitales (DVD´s) que allegó al expediente como apoyo a su informe de ley, recabando el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 22/2021, promovido por ***. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, las autoridades señaladas como ordenadoras dictaron orden de aprehensión en su contra, misma que se pretende cumplir por las autoridades que designó como ejecutoras. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *** presentó un escrito el catorce de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de diversos actos reclamados al juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, y otras autoridades. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, y por auto de quince de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 22/2021; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. La audiencia constitucional, tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente caso, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda, se aprecia que la quejosa reclama lo siguiente: La orden de aprehensión dictada en su contra. La ejecución material de la misma. De manera que, a efecto de delimitar la litis constitucional, habrá que determinar la certeza de los citados actos reclamados, en relación con las autoridades responsables. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Las autoridades responsables Jueces Segundo y Tercero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, y secretarios de acuerdos encargados de los Juzgados Primero, Cuarto Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. Lo anterior, sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba idónea que desvirtúe dichas negativas, por lo que procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que respecta a dichas autoridades. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Al rendir su informe justificado el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada contra del quejoso **, en los autos de la causa penal **, por la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de robo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de la Empresa ** Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió anexas a su informe justificado y que obran en un Disco Versátil Digital, en el que consta registro en audio y video de la audiencia que constituye el acto reclamado, así como copia certificada digital de diversas actuaciones dentro de la causa penal 285/2020; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." VI. PROCEDENCIA Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Lo anterior encuentra sustento jurídico en la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553, materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso en particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora bien, de la lectura de las constancias que integran el sumario, y de las remitidas por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, relativas a la causa penal 285/2020, mismas que tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en su carácter de instrumental de actuaciones, se advierte que con fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte se libró orden de aprehensión en contra del quejoso, por el delito de robo agravado, cometido en perjuicio patrimonial de la Empresa *** Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; así también que en audiencia de dos de febrero de dos mil veintiuno, se formuló imputación al quejoso y que el cuatro de febrero de este año se dictó a favor del imputado auto de no vinculación a proceso. De lo anterior, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la orden de aprehensión reclamada no puede ser analizada porque quedó procesalmente sustituida por el auto de no vinculación a proceso, dictado en su contra por el juez responsable, el cuatro de febrero de dos mil veintiuno; lo que motiva que se genere una situación jurídica distinta, pues el aquí quejoso ahora se encuentra sometido a diversa determinación jurisdiccional y por ende, resulta improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. De ahí que al iniciarse este juicio de amparo, la situación jurídica del quejoso se regía por la orden de captura reclamada y si ahora la situación de éste se determinó a partir del dictado del auto de no vinculación a proceso decretado el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, es claro que la situación anterior ya no puede analizarse, al quedar procesalmente sustituida. VII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con motivo del cambio en la situación jurídica en el juicio de origen, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. El sentido del presente fallo, comprende también el acto de ejecución atribuido a las autoridades ejecutoras, puesto que éste no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ** en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la razón asentada por el actuario de este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible emplazar a la tercera interesada, Empresa *** Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (víctima del delito), toda vez que de la información proporcionada en el número telefónico **, le informaron que el lugar donde reciben documentos y todo tipo de notificaciones era en la sucursal ubicada en Avenida *** número **, colonia **; lugar en donde labora el apoderado legal ***. En consecuencia, en términos de los preceptos 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, de la citada ley reglamentaria, se comisiona al actuario adscrito para que la emplace a juicio en su carácter de tercero interesado a la citada persona moral, en el domicilio asentado en la razón de cuenta, corriéndole traslado con la copia simple de la demanda de amparo, para que comparezca al procedimiento constitucional si a sus intereses conviene, debiendo así asentarlo el fedatario judicial en la razón respectiva, le notifique el auto inicial y lo requiera para que señale domicilio en la Zona Metropolitana del Estado de Oaxaca para recibir notificaciones, apercibido que de no efectuarlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, sin ulterior proveído, se le harán mediante lista de acuerdos, en términos del precepto 26, fracción III, de la Ley de Amparo; asimismo, le haga de su conocimiento que se encuentran señaladas las catorce horas con treinta y cinco minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA TERCERA INTERESADA.

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