Abraham Treviño Rivera

Expediente 980/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 49 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
980/2015
Año
2015
Actuaciones
49
Última actuación
09/05/2018

Partes del expediente

  • Cristian Diaz García
  • Abraham Treviño Rivera
  • ABRAHAM TREVIÑO RIVERA y Otros.
  • Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial Morelos
  • CRISTIAN DIAZ GARCÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 980/2015-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el seis de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique a los quejosos, el presente acuerdo; y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar a los quejosos de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que hagan los impetrantes únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si las personas que son notificadas desean hacer peticiones adicionales, deberán hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el trece de marzo de dos mil dieciocho, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/1275/2018, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 980/2015-III, promovido por ABRAHAM TREVIÑO RIVERA y CRISTIAN DIAZ GARCÍA, constante de un mil trescientas cuarenta y nueve fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el seis de abril de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un anexo y un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique a los quejosos, el presente acuerdo, así como la sentencia de seis de abril de dos mil dieciocho; y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar a los quejosos de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que hagan los impetrantes únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si las personas que son notificadas desean hacer peticiones adicionales, deberán hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 980/2015-III del registro del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, del que deriva el cuaderno auxiliar 111/2018-III del índice de este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, promovido por Abraham Treviño Rivera y Christian Díaz García, por propio derecho, en contra de actos del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito remitido el trece de mayo de dos mil quince mediante el Servicio Postal Mexicano y recibido el diecinueve de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca (fojas 2 a 6), Abraham Treviño Rivera y Christian Díaz García, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos de las autoridades que a continuación se transcriben: "II.- ACTOS.- De las ordenadoras reclamo: La PROPUESTA, PLANEAMIENTO Y AUTORIZACIÓN que respectivamente emitieron, para que seamos EGRESADOS del centro de nuestra reclusión, TRASLADADOS e INGRESADOS al Centro Federal de Readaptación número 5 "Oriente" en Villa Aldama, Veracruz, o a otro centro penitenciario diverso. De las ejecutoras reclamo: El cumplimiento material que pretenden dar a la orden de traslado de los suscritos. I. AUTORIDADES. Señalo como ordenadoras a 1. Consejo Técnico Interdisciplinario. 2. Director General, ambos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos; 3. Coordinadora General de los Centros Federales y 4. Comisionado ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad en México, D.F. En cuanto a ejecutoras señalo: 1. Coordinador General de Centros Federales. 2. Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; 3. Comisionado General de la Policía Federal, los tres con sede en México D.F; 4. Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Psicosocial en Ayala, Morelos." Actos que consideraron violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 16, 18, 19, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, no señalaron tercero interesado y expresaron los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, cuyo titular mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil quince (fojas 7 a 11); le asignó el número 980/2015-III; admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Mediante ocurso recibido el veintiocho de diciembre de dos mil quince, el quejoso Abraham Treviño Rivera amplió su demanda de amparo en cuanto a los siguientes actos reclamados: "PRIMER ACTO QUE RECLAMO: Lo reclamo de la autoridad responsable señalada en esta ampliación (sic) de demanda con el número 01 que corresponde a todos y cada uno de las autoridades que integran el H. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; y lo hago consistir el proponer ser egresado de esta institución en la V sesión ordinaria del H. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial el día 31 de enero del 2014. SEGUNDO ACTO QUE RECLAMO: Lo reclamo de la autoridad responsable señalada en esta AMPLEACIÓN DE DEMANDA señalada con el número 02, que corresponde al comité del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y lo hago consistir en el dar la alta médica del suscrito el mes de enero del año 2014 e informar al H. Consejo Técnico Interdisciplinario la misma alta médica." Por lo que por auto de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis fue admitida la ampliación de demanda de garantías, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la propuesta de egreso en la quinta sesión ordinaria de treinta y uno de enero de dos mil catorce que reclama del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Rehabilitación Psicosocial y en el alta médica de enero de dos mil catorce que reclamó al Comité del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. Posteriormente, a las diez horas con trece minutos del dos de junio de dos mil dieciséis, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que obra a foja 904 del expediente de amparo. El cinco de julio de dos mil dieciséis, el juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región emitió sentencia en la que determinó sobreseer en el juicio. Inconformes con tal fallo, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien radicó el asunto con el número 1210/2016 y remitió el asunto al Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, para que en auxilio dictara sentencia definitiva, este último lo registró con el número 336/2017 y en sesión de tres de octubre de dos mil diecisiete determinó revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que el juez de Distrito se allegara de los elementos suficientes para estudiar el acto reclamado por Abraham Treviño Rivera, consistente en el alta médica de enero de dos mil catorce respecto de la intervención quirúrgica en el húmero de su brazo derecho y estar en condiciones de examinar si se afectó su derecho a la salud. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el juez auxiliado en proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete dejó insubsistente la audiencia constitucional celebrada el dos de junio de dos mil dieciséis; requirió al director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, copia certificada del expediente clínico del quejoso; y del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, la copia certificada de las constancias en el juicio de amparo 137/2016 promovido por Abraham Treviño Rivera, en el que reclamó la omisión de otorgar atención médica en contra de las autoridades del referido centro penitenciario. Posteriormente, la audiencia constitucional dio inicio a las diez horas con cincuenta y tres minutos del once de enero de dos mil dieciocho, de acuerdo al acta que obra a foja 1328 del tomo II del juicio de amparo. TERCERO. Envío del expediente de amparo. En acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 1329), el juez federal auxiliado ordenó la remisión del expediente del juicio de amparo 980/2015-III de su índice, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, Guanajuato; en términos del punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que a partir de marzo de dos mil dieciocho, este tribunal federal auxiliará al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, en el dictado de sentencias en los juicios de amparo indirecto; así, este juzgado auxiliar se avocó al conocimiento del asunto, al cual se le asignó el número 111/2018-III; por tanto, al haberse iniciado la audiencia constitucional conforme al acta de once de enero de dos mil dieciocho, concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los Acuerdos Generales 18/2008 , 46/2008 y 3/2013 , todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el punto de acuerdo C.CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal ; así como en la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 que aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA"; pues se reclaman actos con efectos de ejecución en Ayala, Morelos; ciudad en donde ejerce competencia territorial el órgano de control constitucional auxiliado, a quien correspondió conocer la demanda de amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que es del tenor: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Asimismo, impone la obligación a los jueces de Distrito de fijar en forma clara y precisa los actos reclamados, a través de todos los datos que se desprendan del juicio de amparo, sin sujetarse a rigorismos. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 , que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen: a) Propuesta de egreso de Christian Díaz García del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, a cualquier otro centro penitenciario. b) Orden de traslado de los quejosos a cualquier otro centro penitenciario. Actos reclamados de las siguientes autoridades: 1. Director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos. 2. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos. 3. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación y Prevención Social, con sede en la Ciudad de México. 4. Coordinador general de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación y Prevención Social, con sede en la Ciudad de México. 5. Coordinador general del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación y Prevención Social, con sede en la Ciudad de México. 6. Comisionado general de la Policía Federal. 7. Encargado de la Dirección de Seguridad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos c) Propuesta de egreso del quejoso Abraham Treviño Rivera del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, de treinta y uno de enero de dos mil catorce. Acto reclamado de la siguiente autoridad: 1. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. d) Alta médica de treinta de mayo de dos mil quince de Abraham Treviño García, respecto de la lesión en el húmero de su brazo derecho. Acto reclamado a la siguiente autoridad: 2. Comité del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El comisionado, coordinador general de Prevención y Readaptación Social, y el coordinador general de Centros Federales, todos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (fojas 496 y 497, 891 y 892); así como el director general, por sí y en representación del Consejo Técnico Interdisciplinario y del encargado de la Dirección de Seguridad, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (fojas 31 y 32) (fojas 63 a 69); y el comisionado general de la Policía Federal (foja 49) al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en: - Propuesta de egreso de Christian Díaz García del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, a cualquier otro centro penitenciario. - Orden de traslado de los quejosos a cualquier otro centro penitenciario. La parte quejosa no ofreció probanzas para desvirtuar dichas negativas, y su existencia no se advierte de la constancia de autos. Cabe señalar que por regla general la demostración de los actos reclamados es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, de ahí que cuando las autoridades responsables niegan los actos que a ellas se les reclaman, queda a cargo del solicitante de amparo aportar al juicio de amparo los medios de convicción tendentes a demostrar la certeza de los actos de que se trata, lo que en la especie no aconteció; así, se tienen por inexistentes los actos reclamados. Es aplicable a este caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 284, en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al no demostrarse la existencia de los actos de las referidas autoridades, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En otra tesitura, el director general del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en su carácter de presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario (fojas 842 y 843), al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama, consistente en: - Propuesta de egreso del quejoso Abraham Treviño Rivera del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, de treinta y uno de enero de dos mil catorce. En consecuencia, debe tenerse por cierto el acto que se impugna, pues las manifestaciones de la responsable constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2o., párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 749 , del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza del acto reclamado se robustece con las constancias que acompañó dicha autoridad responsable a su informe justificado, de las que se advierte la existencia de los actos impugnados; documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2o. de este último ordenamiento, al haber sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones. En relación con el acto reclamado consistente en el alta médica de treinta de mayo de dos mil quince de Abraham Treviño García, respecto de la lesión en el húmero de su brazo derecho, la autoridad responsable omitió manifestarse respecto de la certeza de dicho acto reclamado, sin embargo, en cumplimiento a la ejecutoria de tres de octubre de dos mil diecisiete del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, -en la que se ordenó reponer el procedimiento- allegó diversas constancias que integran el expediente médico del quejoso, de las que se advierte su existencia, por lo que es dable tenerlo por cierto. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158 , sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese sentido, este juzgado federal estima que, respecto a los actos reclamados precisados con los incisos c) y d), consistentes en la propuesta de egreso del quejoso Abraham Treviño Rivera del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, de treinta y uno de enero de dos mil catorce y el alta médica de treinta de mayo de dos mil quince, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio sustentada en la institución de la cosa juzgada, y al remitir a la fracción X del propio dispositivo, parte del supuesto referente a que un segundo juicio de amparo es promovido por el mismo quejoso, contra idénticos actos y autoridades responsables que en un proceso constitucional anterior, lo que impide que prospere el asunto presentado con posterioridad. La disposición en consulta alberga en toda su esencia la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada, cuya importancia radica en el principio de seguridad jurídica de las resoluciones de autoridad, que impide el ejercicio de diversas acciones sobre un mismo litigio ya resuelto con sentencia firme, a fin de evitar la proliferación interminable de juicios sobre un punto litigioso particular. Así, para que se actualicen los supuestos establecidos en la hipótesis de improcedencia en análisis, se requiere la actualización de los siguientes presupuestos: 1. La existencia de otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso. 2. Que sea contra la misma ley o acto reclamado e idénticas autoridades responsables. 3. Que en el otro procedimiento se haya resuelto el tema litigioso y haya quedado firme la decisión respectiva. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO.- Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías". De conformidad con lo expuesto, la existencia de la cosa juzgada excluye la procedencia de un segundo proceso, siempre que esté presente identidad subjetiva, objetiva y causal con el primero, pues lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por identidad de los alcances del concepto de ejecutoria, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, ya que de lo contrario conllevaría abandonar el criterio previamente dictado y avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. De modo que la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo puede aplicarse para sobreseer en el juicio, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto, pues se entiende por cosa juzgada la verdad legal que no admite ulterior recurso. Sobre el particular, conviene citar la jurisprudencia 435 , sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." Así, de lo hasta aquí expuesto, como se precisó, son tres las condiciones necesarias para que se actualice la causal de improcedencia en análisis, a saber: a) La existencia de un juicio de amparo anterior. b) Que ese juicio haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. c) Que se haya dictado ejecutoria al respecto. En el caso, por lo que hace a las dos primeras de las condiciones enunciadas, es preciso invocar que en autos obra copia certificada de diversas actuaciones que integran el juicio de amparo indirecto 137/2016 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, promovido por Abraham Treviño Rivera, mediante escrito recibido en el citado órgano jurisdiccional el veintiocho de enero de dos mil dieciséis (fojas 1158 a 1172 del tomo II del juicio de amparo), en el cual solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de los actos y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1).- El C. Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en su doble carácter de Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del mismo Centro. 2).- El C. Director Médico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 3).- El Comité del Centro federal de Rehabilitación Psicosocial. 4).- Todos y cada uno de los integrantes del H. Consejo Técnico Interdisciplinario, del mismo Centro. 5).- El Doctor Gonzalo Venegas Salazar Con Cédula Profesional 1547568. Médico especialista en Traumatología. IV.- ACTOS RECLAMADOS. Primer Acto que Reclamo: Lo reclamo de la autoridad responsable señalada en esta demanda con el número 1). Que corresponde al C. Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y el acto que reclamo lo hago consistir en la negatividad de solicitar los medios presupuestarios a las autoridades correspondientes para que se me realice la cirugía denominada ELONGACIÓN OSIA (SIC) misma cirugía >>> la cual mi estado de salud requiere. Segundo Acto que Reclamo: Lo reclamo de la autoridad responsable señalada en esta demanda con el número 2). que corresponde a: el Director Médico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y el acto que reclamo lo hago consistir en la omisión de programar y solicitar a las autoridades correspondientes, y a su vez el realizar los trámites correspondientes para la cirugía denominada ELONGACIÓN OSIA (SIC) misma que mi estado de salud requiere. Tercer Acto que Reclamo: Lo reclamo de la autoridad responsable señalada en esta demanda con el número 3), que corresponde al comité del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y el acto que reclamo lo hago consistir en: dar alta médica del hoy quejoso, aun así cuando mi estado de Salud requiere la cirugía ELONGACIÓN ÓSIA (SIC) para restablecer mi salud. Cuarto Acto que Reclamo: Lo reclamo de la autoridad responsable señalada en esta demanda con el número 4), que corresponde a todos y cada uno de los integrantes del H. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y el acto que reclamo, lo hago consistir en: propuesta de egreso del hoy quejoso para ser reubicado a mi centro de origen misma propuesta que fue realizada en la sección ordinada (sic) V. sesión ordinaria del H. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de fecha 31 de enero de 2014. Aun y así cuando mi estado de salud requiere de una cirugía denominada ELONGACIÓN ÓSIA (SIC). Quinto Acto que Reclamo: Lo reclamo de la autoridad responsable señalada en esta demanda con el número 5), que corresponde al Médico Traumatólogo, Gonzalo Venegas Salazar y el acto que reclamo lo hago consistir en la negatividad a las autoridades máximas del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial los medios presupuestales necesarios para la realización de la cirugía denominada ELONGACIÓN ÓSIA (SIC) misma cirugía que mi estado de salud requiere; aun y así cuando de su propia voz en la última valoración al suscrito me informó que sí era posible dicha operación y/o cirugía; solamente que este Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial no contaba con las medidas presupuestarias para la realización de dicha cirugía. Sexto Acto que Reclamo: Lo reclamo de todas y cada una de las autoridades responsables, señaladas en esta demanda con los números 1, 2, 3, 4, 5 y el acto que reclamo lo hago consistir en: Se soliciten los recursos necesarios para la realización de la cirugía denominada ELONGACIÓN ÓSIA (SIC) y así el suscrito no sea trasladado a ningún otro Centro Federal hasta en tanto NO se me realice la cirugía antes mencionada y haya recuperado totalmente mi estado de salud." En el citado juicio de amparo 137/2016, el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia correspondiente (fojas 157 a 168 del tomo de pruebas relativo al citado juicio de amparo), en el sentido de sobreseer en el juicio de amparo. Además, cabe destacar que de dicha ejecutoria se desprende, que el juez de distrito precisó que los actos reclamados fueron: -La omisión de tramitar la obtención de recursos necesarios para la cirugía denominada elongación ósea, que según el quejoso requiere para el adecuado restablecimiento de su salud. -El alta médica y propuesta de egreso del aquí quejoso para ser reubicado en un diverso Centro de Reinserción Social. Lo narrado hace patente, en lo que aquí interesa, la existencia de un diverso juicio de amparo, promovido por el propio quejoso, esto es, Abraham Treviño Rivera, en contra en la propuesta de egreso del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, de treinta y uno de enero de dos mil catorce y el alta médica de treinta de mayo de dos mil quince, por lo que, con ello, se estiman satisfechos los dos primeros requisitos necesarios para que se surta la causal de improcedencia que se examina. Ahora bien, respecto a la tercera de las condiciones de mérito, esto es, que se haya dictado ejecutoria en el juicio de amparo invocado, se advierte que la sentencia de referencia emitida en el juicio de amparo 137/2016 fue recurrida por la parte quejosa, según se observa de la consulta que se hace al expediente electrónico del citado juicio de amparo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (S.I.S.E.). La anterior información, que constituye un hecho notorio para quien resuelve en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por tratarse de resoluciones publicadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación (S.I.S.E.), cuyo acceso es para el personal autorizado de los diversos órganos del mencionado Poder Judicial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada (V Región) 3o.2 K (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, cuyo rubro y texto son: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión". De dicha consulta, se aprecia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo conoció del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, en contra de la sentencia del juicio de amparo 137/2016, en la que se sobreseyó en el juicio por inexistencia, el cual fue radicado con el número 443/2017. Ahora bien, de la sentencia emitida en sesión de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se aprecia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el toca 443/2017, estimó que eran fundados los agravios que expuso la parte quejosa, por lo que revocó el fallo recurrido, y en reasunción de jurisdicción, concedió el amparo, para los siguientes efectos: "En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional al quejoso para los siguientes efectos: a) Las autoridades responsables procedan de inmediato a aplicar los exámenes médicos correspondientes a fin de analizar y determinar qué tipo de cirugía de alongamiento óseo requiere el quejoso y a que se refiere la nota informativa de diez de febrero de dos mil dieciséis, suscrita por el médico del centro de reclusión. b) Atento a la particular condición de salud del quejoso y a la evaluación del desnivel del miembro pélvico izquierdo, una vez practicados los estudios requeridos, en caso de ser procedente, le sea practicada la cirugía recomendada por el médico del centro de reclusión, en la institución de salud pública con que se establezca convenio para esos fines. Y en caso de que no exista algún convenio, el Director General, con el dictamen técnico del Área de Servicios Médicos, en uso de sus atribuciones gestione la partida presupuestaria necesaria para la cirugía recomendada. c) Se siga el tratamiento médico adecuado que el quejoso requiera, durante el tiempo que permanezca a su disposición, de acuerdo con la normatividad expuesta en esta ejecutoria. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo implica que la autoridad responsable considere qué medida resulta más adecuada para poder brindar al quejoso el tratamiento médico apropiado a sus padecimientos y, atento a su resultado, suministre los procedimientos quirúrgicos, medicamentos o los insumos -al menos básicos y esenciales- para su adecuado tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso, recabando constancia de ello, entendiéndose por esto, que deberá recabar las firma del quejoso-interno de que recibió la debida atención médica. En caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada no resulte compatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guardan reclusión los quejosos, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones que estime pertinentes para que el quejoso sea atendido en algún otro hospital o las clínicas del sector salud en el que pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento, a efecto de garantizarle el ya referido derecho a obtener el nivel adecuado de salud. Lo anterior se estima así, porque el respeto al derecho a la salud únicamente se garantiza cuando se demuestra que el Estado ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para satisfacer dicha necesidad elemental. Al caso es aplicable la siguiente tesis: "Época: Décima Época Registro: 2007938 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: 2a. CVIII/2014 (10a.) Página: 1192 SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado. Amparo en revisión 378/2014. Adrián Hernández Alanís y otros. 15 de octubre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero. Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación." La concesión que antecede se hace extensiva a los actos reclamados atribuidos al Comité del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, consistente en la alta médica del quejoso y al Consejo Técnico Interdisciplinario, consistente en la propuesta de egreso del quejoso para ser reubicado al centro de reclusión de origen, puesto como quedó evidenciado, el quejoso no ha sido tratado de los malestares que le aquejan en términos de lo expuesto en la presente ejecutoria; esto es, deberán dejar insubsistentes tales determinaciones. Por tanto, es evidente que al haber reasumido jurisdicción el tribunal colegiado en el juicio de amparo 137/2016, lo determinado por este, causa estado por ministerio de ley, al no ser recurrible en términos del artículo 84 de la Ley de Amparo . En las relatadas condiciones, al existir un juicio de amparo en el que hay identidad de promovente (Abraham Treviño Rivera); autoridades responsables (Comité del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial y Consejo Técnico Interdisciplinario) y actos reclamados (propuesta de egreso y alta médica); respecto del cual se concedió el amparo solicitado por el quejoso, resolución que causó ejecutoria el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, al haber sido dictada por un Tribunal Colegiado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Es así, porque ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los juicios de amparo se rigen por el principio de cosa juzgada, que impide que lo ahí resuelto en forma definitiva pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de control constitucional, pues uno de los presupuestos procesales de esa figura jurídica radica en que la materia de decisión subsista, lo cual acontece cuando la controversia relativa se dirimió en un procedimiento judicial previo, como en el caso aconteció con la sentencia dictada en aquel juicio de amparo en revisión, en el que, como se ha visto, se reclamaron de las mismas autoridades la propuesta de egreso y el alta médica, respecto de los cuales se actualiza la aludida figura jurídica de la cosa juzgada y, en vía de consecuencia, la causa de improcedencia que conduce al sobreseimiento del juicio de amparo. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 40/2008 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En la inteligencia de que el sobreseimiento impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación enderezados en contra del acto reclamado por el que se sobreseyó, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Devolución de autos al juzgado auxiliado. Con fundamento en los Acuerdos Generales 18/2008, 46/2008 y 3/2013, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y la circular C. CAR. 18/2018-I de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena devolver los autos al juzgado de origen, para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Finalmente, agréguese al cuaderno auxiliar respectivo la sentencia pronunciada en este expediente, así como la minuta del oficio por el que se envían los autos a su lugar de origen, para que quede como constancia en el archivo de este juzgado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Abraham Treviño Rivera y Christian Díaz García, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo; de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese a las partes por conducto del juzgado de origen y cúmplase. Así lo resolvió y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, asistido de José Manuel Sánchez Acosta, secretario que firma y da fe, hasta el día de hoy seis de abril de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado en auto de primero de diciembre de dos mil diecisiete, remite diversas copias certificadas relativas al expediente único del quejoso ABRAHAM TREVIÑO RIVERA; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique a los quejosos ABRAHAM TREVIÑO RIVERA, el presente acuerdo; y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar a los quejosos de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que hagan los impetrantes únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si las personas que son notificadas desean hacer peticiones adicionales, deberán hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  4. Principal

    Cuernavaca Morelos, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, por auto de primero de diciembre de dos mil diecisiete, en el cual se le requirieron diversas constancias a efecto de resolver el presente asunto; por lo tanto, para dar tiempo a la autoridad antes señalada de remitir lo solicitado, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. En mérito de lo anterior, tomando en consideración que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con sede en Ayala, Morelos; en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique a los quejosos ABRAHAM TREVIÑO RIVERA y CRISTIAN DÍAZ GARCÍA, el presente acuerdo; y dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar a los quejosos de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que hagan los impetrantes únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si las personas que son notificadas desean hacer peticiones adicionales, deberán hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

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