Abraham Torres Tello

Expediente 949/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
949/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2019

Partes del expediente

  • Abraham Torres Tello

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el escrito de cuenta firmado por el quejoso ****, mediante el cual solicita se le informe al Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, el desechamiento de la demanda de amparo indirecto, a fin de que continúe con el procedimiento. Atento a lo anterior, de autos se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo directo promovida por*****y, por razón de turno, este juzgado recibió dicha demanda, junto CON los autos originales del juicio ejecutivo mercantil *****del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Sin embargo, en auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, este órgano judicial desechó de plano la demanda de amparo, determinación que causó estado el siete de enero de este año y en esa fecha se ordenó el archivo definitivo de este asunto. Por tanto, toda vez que en este juzgado obran los autos del juicio ejecutivo mercantil ****del índice del Juzgado Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, al resultar innecesaria su retención, se ordena su devolución al aludido Juez Mercantil, solicitándole el acuse de recibo de estilo.

  2. Principal

    Visto el contenido de la primera certificación secretarial con que se da cuenta y en mérito al estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo.

  3. Principal

    CITATORIO. Chetumal, Quintana Roo, dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por ****, mediante el cual, en cumplimiento al auto preventivo de cinco de diciembre del año en curso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado. En atención a lo anterior, en primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: ***** Toda vez que el numeral transcrito impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. El artículo en mención señala que para desechar de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe precisar que de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: **** Esto es, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, la resolución de treinta y uno de octubre del año en curso, recaída en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil ****, por la parte demandada contra el desechamiento de la prueba pericial que ofreció. Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; esto es, resulta improcedente el juicio de amparo contra actos en juicio que no sean de imposible reparación. Causa de improcedencia que se actualiza, toda vez que la resolución del recurso de revocación, no constituye un acto dentro de juicio considerado como de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que con el mismo no se afecta materialmente un derecho sustantivo en perjuicio de la parte quejosa. Inicialmente, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: **** Del precepto citado, se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos llevados a cabo dentro de un juicio; sin embargo, la procedencia de este medio de control constitucional se encuentra restringida a que los actos que se reclamen dentro de un procedimiento judicial sean de imposible reparación. En torno a los actos denominados como de imposible reparación, el legislador introdujo que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas que tutela la Carta Magna, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. En otras palabras, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado de fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Así, los actos procedimentales que no tienen una ejecución irreparable, no tocan o lesionan por sí mismos los citados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, sino que únicamente originan la posibilidad de que tales violaciones trasciendan al resultado del fallo definitivo y ocasionen que éste resulte adverso a los intereses de la parte agraviada, caso en el cual, puede reclamar tales violaciones con el medio de defensa que resulte procedente, pero únicamente hasta que dicha resolución final se dicte. Por lo que efectivamente no existe la posibilidad de considerar que dentro del concepto de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación se incluyan los actos que producen efectos meramente formales. Ahora, en el caso concreto, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que, se insiste, el acto reclamado consistente en la resolución de treinta y uno de octubre del año en curso, recaída en el recurso de revocación interpuesto dentro del juicio ejecutivo mercantil ****, por el demandado contra el desechamiento de la prueba pericial que ofertó, no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Así las cosas, se colige que tal acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues tal determinación no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la quejosa contenidos en la Constitución General de la República, por tanto, no es una acto de imposible reparación, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Asimismo, lo impugnado constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través del juicio de amparo directo, porque la determinación de que se trata no implica afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el único efecto que produce tal acto que reclama, es la continuación del procedimiento; empero, la trascendencia de tal decisión se reflejará en el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, la cual puede ser favorable a sus intereses. Es así, ya que sus efectos se traducen únicamente en que en el recurso de revocación, se admitió la prueba ofrecida por la parte demandada en el juicio de origen; sin embargo, lo anterior, no significa que necesariamente deba dictarse una sentencia desfavorable para la parte quejosa o que forzosamente se emita una determinación contraria a sus intereses; de manera que pese a la admisión del citado medio de prueba ofrecida por la parte contraria, es factible que el justiciable obtenga una determinación favorable en el asunto de origen. Máxime, que si la sentencia que se dicte en el juicio mercantil de origen ****, del índice del Juez Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, le resulta favorable, la afectación que pudiera resentir el quejoso, desaparecería por completo, al haber quedado enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende a derechos sustantivos, en tanto que no quedaría huella alguna en la esfera jurídica del inconforme. De lo contrario, esto es, si la resolución fuese adversa a sus intereses, podría impugnar la violación de que ahora se duele mediante el juicio de amparo directo y, en su caso, hacer valer tal cuestión como una violación procesal, lo que sería la vía correcta para su impugnación. Ahora, ya que dicho acto no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues lo reclamado, no vulnera alguno de los derechos sustantivos del promovente contenidos en la Constitución General de la República. En consecuencia, si el acto reclamado no satisface la condición para que sean considerados como acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, resulta inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza.

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