Abraham Shuameti Segura Pulido
Expediente 2204/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2204/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Abraham Shuameti Segura Pulido
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es destruible, pues se desechó la presente demanda; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el artículo 20, fracción IV. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. Finalmente, agréguese a estos autos el escrito signado por la parte quejosa ********************, con el que pretende desistirse del presente juicio de amparo; el cual se agrega únicamente para que obre como legalmente corresponda, toda vez que en la presente fecha quedó firme el desechamiento del presente asunto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por Luis Fernando Alcocer Cantillo quien se ostenta de apoderado de BANCO NACIONAL DE MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompaña, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, y de la copia certificada de la escritura número cincuenta mil cuarenta pasada ante la fe pública de la Notaria número uno de la Ciudad de México. Ahora, en atención a la solicitud del referido apoderado a fin que se le devuelva la copia certificada del documento con el que acredita su personalidad y toda vez que el mismo fue exhibido en copia certificada y copia simple, proceda la Secretaría a realizar el cotejo y certificación del documento que exhibió, a fin que éste obre en autos, en consecuencia, remítase a la citada autoridad mediante el oficio correspondiente la aludida copia certificada que exhibió en su oficio de cuenta. Asimismo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por Jesús Enrique Noguerón Yáñez quien se ostenta de apoderado de SCOTIABANK INVERLAT SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, con sede en la Ciudad de México; personalidad que se le reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, y de la escritura número ciento treinta un mil cuatrocientos veintinueve pasada ante la fe pública de la Notaria número treinta y cinco de la Ciudad de México, mismo instrumento notarial, que manifiesta bajo protesta de decir verdad es copia íntegra e inalterada del documento impreso correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio de las autoridades responsables para oír y recibir notificaciones, el señalado su informe de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en el mismo. Ténganse por señalados el correo electrónico y número telefónico que refiere, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. Ahora bien, en dichos informes se advierte que la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE YUCATÁN "1", emitió los oficios *** y ***, por medio del cual ordenó el aseguramiento de cuentas o productos a nombre del quejoso Comercializadora Gadol Sociedad Anónima de Capital Variable, por tanto: En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, córrase traslado con el referido informe a la parte quejosa, para que en el término de quince días, contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifieste si desea ampliar su demanda de amparo señalando como acto reclamado el oficio No ***, emitido por la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE RECAUDACIÓN DE YUCATÁN "1". Apercibida que de no cumplir con dicha prevención, dentro del término indicado, se resolverá el presente juicio, respecto de las autoridades señaladas inicialmente en su escrito de demanda y conforme a las constancias que obren en autos. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******, la determinación de 31 de octubre de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida electrónicamente por ************, quien se ostenta como asesor jurídico de **********, contra actos del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción, ambas con residencia en Umán, Yucatán, al respecto se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2204/2023. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y Actuario de su adscripción, ambas con residencia en Umán, Yucatán, lo siguiente: La omisión de emplazar a ********+ al Juicio Ordinario Familiar de Reconocimiento de Paternidad ******* de su índice. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de cuenta, se advierte de forma indudable y manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al 6°, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 , ya que ******** carece de legitimidad para interponer el presente juicio de amparo en nombre de *********. (.....) En el caso concreto, comparece ******, a promover demanda de amparo, ostentándose como asesor jurídico patrono de *****, argumentando que el acto reclamado le causa perjuicio a su representada. Sin embargo, la personalidad que le otorga la figura del "asesor jurídico patrono", es insuficiente para tenerlo como representante o apoderado de la quejosa ******, con las facultades necesarias para promover la demanda de amparo. En efecto, de las manifestaciones de la parte quejosa, formuladas bajo protesta de decir verdad y las documentales que anexó a su demanda, se aprecia que: a) Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, ***** promovió juicio ordinario familiar de reconocimiento familiar, que fue turnado al Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Umán, Yucatán, quien lo registró con el número de expediente *****. b) Por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, el juzgado responsable, admitió la demanda en contra de ****, y se ordenó correr traslado. Asimismo, en dicho proveído, se tuvo por designado a ******** como asesor jurídico patrono, de la promovente en términos de los artículos 107 y 108 del código adjetivo familiar. (....) Por ende, se encuentran legitimados para realizar actos de disposición de los derechos, tales como la renuncia, la transacción, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a mecanismos alternativos de solución de controversias y las manifestaciones que pueden admitir sobreseimiento del procedimiento por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, si cuentan con poder especial o la autorización expresa el instrumento notarial correspondiente, el cual se debe acompañar al primer escrito que el asesor jurídico apoderado presente o, en su caso, al realizar la primera actuación. En el entendido que, a falta de disposición expresa sobre las relaciones entre el poderdante y el apoderado, rigen las normas establecidas para el contrato de mandato en el Código Civil del Estado de Yucatán De lo anterior se advierte que el asesor jurídico patrono sólo tiene el carácter de autorizado para efectuar los actos en juicio que correspondan a la parte que los designó, por lo que no puede sustituir ni ampliar la designación que le fue conferida, realizar actos que impliquen disposición de los derechos en litigio, ni los que conforme a la ley requieran poder con cláusula especial o deban ser ejercidos en forma personal por los interesados. Por ende, la sola designación como asesor jurídico patrono, es insuficiente para que esté facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizante, pues la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, su representante o apoderado, al ser los únicos que pueden decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos. Aunado a que no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representada, pues la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de las facultades de defensa se circunscriben al procedimiento en el que le fueron conferidas, lo que no puede ni debe entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como es la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXIII. J/2 (10a.) del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, visible a página 2471, del rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU PATROCINADO SI NO CUENTA EXPRESAMENTE CON LA AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). De los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se advierte que el abogado patrono no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2540 del Código Civil de dicha entidad (actualmente abrogado), ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que el que haga la designación amplíe las facultades propias del cargo, para lo cual se requiere un escrito dirigido al Juez en el que se fijen las atribuciones, que será admitido sin necesidad de ratificación, o bien otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. De lo anterior se sigue que la sola designación como abogado patrono conferida en los términos del citado numeral, es insuficiente para que aquél esté facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizante, pues conforme al nuevo modelo constitucional y legal que surgieron con motivo de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. En consecuencia, la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, calidad que no se surte respecto del abogado patrono designado en términos de los invocados artículos 71 y 72 del referido código." Así como, por analogía en su razonamiento, la diversa jurisprudencia VIII.2o.C.T. J/1 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, visible a página 1615, del rubro y texto siguientes: "ABOGADO PATRONO. EL DESIGNADO EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 119 Y 120 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO EN NOMBRE DE SU REPRESENTADO. Del artículo 119 citado, se advierte que las partes deben hacerse patrocinar o representar en juicio por uno o más abogados o licenciados en derecho y que la intervención de los abogados puede realizarse de dos formas: a) como patronos de los interesados; y, b) como procuradores en los términos del mandato judicial respectivo; por su parte, el artículo 120 indicado prevé la designación de abogados patronos y procuradores. En ese contexto, la designación de la figura del procurador se efectúa mediante mandato, en los términos que establezca el Código Civil o por escrito ratificado ante el Juez; mientras que la de abogado patrono y defensor de oficio, se hace mediante escrito presentado al juzgador, y con el solo hecho de su designación, lo que les faculta para llevar a cabo todos los actos que correspondan a la parte que los designó, excepto los que impliquen disposición del derecho en litigio y aquellos que por ley estén reservados a la persona del interesado. De esta forma, su distinción estriba en que el procurador actúa mediante mandato y el abogado patrono o defensor de oficio únicamente con la designación mediante ocurso presentado al juzgador, por lo que el primero es un mandatario o representante legal y los segundos sólo tienen el carácter de autorizados para efectuar todos los actos en juicio que correspondan a la parte que los designó, con la excepción mencionada; lo anterior permite concluir que un abogado patrono designado en términos de los citados artículos 119 y 120, no tiene legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su representado, porque la autorización en el juicio natural no le confiere la facultad de ejercer una acción diversa en representación de su autorizante, dado que el alcance de las facultades de defensa se circunscriben al juicio civil; lo que no puede ni debe entenderse extensivo al ejercicio de una acción diferente como es la presentación de la demanda de amparo, en la que, conforme al principio de parte agraviada y acorde con la porción conducente del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 6o. de la Ley de Amparo, la demanda en materia civil debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo o por su representante legal." En esas condiciones, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, con relación al 6°, ambos de la Ley de Amparo y 113 de la ley de la Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, por ser manifiesta y notoriamente improcedente. (....) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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