Abraham Sanchez Maldonado

Expediente 1065/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1065/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2022

Partes del expediente

  • Abraham Sanchez Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial de cuenta, se advierte que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el auto que desechó la demanda de garantías, le transcurrió del veintiocho de octubre pasado al ocho de noviembre del año en curso; por tanto, ha fenecido sin que haya interpuesto recurso legal alguno o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto ante la Superioridad; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado estado. Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCION, dado que fue desechada la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós... Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta, signado por el quejoso -, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en autos, toda vez que bajo protesta de decir verdad manifiesta que es trabajador de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".OMISION de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM) y Secretaria de Educación en el Estado, de asignarme la plaza de JEFE DE SECTOR DE TELESECUNDARIA, sostenimiento Estatal, y ofertarme los lugares disponibles al día de hoy, para elegir el de mi interés para ejercer la función, conforme la lista ordenada de resultados; no obstante de haber participado en el Proceso de Selección para la Promoción Vertical a Categorías con Funciones de Dirección y de Supervisión en Educación Básica Ciclo escolar 2021-2022, en el que obtuve el derecho a la asignación de la plaza por haber obtenido el lugar número 1 (uno) de la lista ordenada de resultados del concurso y haber cumplido con todos los requisitos y a pesar de la existencia de la necesidad del servicio. La omisión de las autoridades de no respetar el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, los Lineamientos generales del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica, (Promoción Vertical) publicados el 11 de diciembre de 2020 y la Convocatoria respectiva, al no cumplir con convocar en tiempo y forma, dentro de las fechas señaladas en la convocatoria, a la asamblea pública, a los concursantes que aprobaron y fueron seleccionados en una lista ordenada de prelación por parte de la USICAMM, para asignarles las plazas de jefe de sector de nivel telesecundarias de Michoacán y ofertarles los lugares disponibles para su elección de acuerdo al orden de prelación en la lista ordenada de resultados. La omisión de dar respuesta a la petición hecha mediante escrito recibido por el UESICAMM el -, con lo cual se me violenta el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos...". En el caso, el suscrito juzgador estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". Así como la diversa jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. a. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b. Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante. c. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en el siguiente: ".OMISION de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM) y Secretaria de Educación en el Estado, de asignarme la plaza de JEFE DE SECTOR DE TELESECUNDARIA, sostenimiento Estatal, y ofertarme los lugares disponibles al día de hoy, para elegir el de mi interés para ejercer la función, conforme la lista ordenada de resultados; no obstante de haber participado en el Proceso de Selección para la Promoción Vertical a Categorías con Funciones de Dirección y de Supervisión en Educación Básica Ciclo escolar 2021-2022, en el que obtuve el derecho a la asignación de la plaza por haber obtenido el lugar número 1 (uno) de la lista ordenada de resultados del concurso y haber cumplido con todos los requisitos y a pesar de la existencia de la necesidad del servicio. La omisión de las autoridades de no respetar el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, los Lineamientos generales del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica, (Promoción Vertical) publicados el 11 de diciembre de 2020 y la Convocatoria respectiva, al no cumplir con convocar en tiempo y forma, dentro de las fechas señaladas en la convocatoria, a la asamblea pública, a los concursantes que aprobaron y fueron seleccionados en una lista ordenada de prelación por parte de la USICAMM, para asignarles las plazas de jefe de sector de nivel telesecundarias de Michoacán y ofertarles los lugares disponibles para su elección de acuerdo al orden de prelación en la lista ordenada de resultados. La omisión de dar respuesta a la petición hecha mediante escrito recibido por el UESICAMM el -, con lo cual se me violenta el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos...". Como se advierte de lo antes expuesto, la omisiones que constituyen el acto reclamado en esta vía constitucional, están vinculada a la falta de contestación a una petición formulada por el quejoso cuyo objetivo es que se asigne una plaza de Jefe de Sector de Telesecundaria, que otorga la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ello, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación jurídico laboral, en la que las autoridades señaladas como responsables tienen el carácter de patrón (mas no de autoridad), y la quejosa de trabajadora (mas no de gobernado respecto de aquéllas); de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar tendría que hacerla en la vía laboral, pues de resultar acertado lo argumentado por ella, sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de patrón, es decir, como responsables de velar la formalización de sus trabajadores. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales en favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que el presente juicio de amparo, se puede deducir que el quejoso reclama de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, la omisión de dictar el acuerdo relativo a la petición realizada mediante escrito recibido el treinta de agosto de dos mil veintiuno, dirigido a las autoridades responsables, a fin de que realicen las acciones necesarias para la asignación de una plaza de Jefe de Sector de Telesecundaria. De ese modo, aun cuando la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y otras pudieran tener el carácter de autoridades con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dichos entes o aquellos en los que intervengan, deban considerarse como actos de autoridad; y que, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K3, noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto siguiente "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernada por actuar los primeros en un plano superior a la segunda, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad; dicho de otra forma, en torno al acto reclamado, no se advierte que el que se analiza en esta instancia constitucional tenga características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia y las diversas autoridades. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta, signado por el quejoso -, mediante el cual cumple con la prevención que le fue formulada en autos, toda vez que bajo protesta de decir verdad manifiesta que es trabajador de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Ahora, de autos se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".OMISION de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM) y Secretaria de Educación en el Estado, de asignarme la plaza de JEFE DE SECTOR DE TELESECUNDARIA, sostenimiento Estatal, y ofertarme los lugares disponibles al día de hoy, para elegir el de mi interés para ejercer la función, conforme la lista ordenada de resultados; no obstante de haber participado en el Proceso de Selección para la Promoción Vertical a Categorías con Funciones de Dirección y de Supervisión en Educación Básica Ciclo escolar 2021-2022, en el que obtuve el derecho a la asignación de la plaza por haber obtenido el lugar número 1 (uno) de la lista ordenada de resultados del concurso y haber cumplido con todos los requisitos y a pesar de la existencia de la necesidad del servicio. La omisión de las autoridades de no respetar el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, los Lineamientos generales del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica, (Promoción Vertical) publicados el 11 de diciembre de 2020 y la Convocatoria respectiva, al no cumplir con convocar en tiempo y forma, dentro de las fechas señaladas en la convocatoria, a la asamblea pública, a los concursantes que aprobaron y fueron seleccionados en una lista ordenada de prelación por parte de la USICAMM, para asignarles las plazas de jefe de sector de nivel telesecundarias de Michoacán y ofertarles los lugares disponibles para su elección de acuerdo al orden de prelación en la lista ordenada de resultados. La omisión de dar respuesta a la petición hecha mediante escrito recibido por el UESICAMM el -, con lo cual se me violenta el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos...". En el caso, el suscrito juzgador estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio: (.). II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2a./J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término "autoridades" para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de "que disponen", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras "autoridades". Así como la diversa jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. a. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b. Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante. c. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado a las autoridades responsables se hace consistir en el siguiente: ".OMISION de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM) y Secretaria de Educación en el Estado, de asignarme la plaza de JEFE DE SECTOR DE TELESECUNDARIA, sostenimiento Estatal, y ofertarme los lugares disponibles al día de hoy, para elegir el de mi interés para ejercer la función, conforme la lista ordenada de resultados; no obstante de haber participado en el Proceso de Selección para la Promoción Vertical a Categorías con Funciones de Dirección y de Supervisión en Educación Básica Ciclo escolar 2021-2022, en el que obtuve el derecho a la asignación de la plaza por haber obtenido el lugar número 1 (uno) de la lista ordenada de resultados del concurso y haber cumplido con todos los requisitos y a pesar de la existencia de la necesidad del servicio. La omisión de las autoridades de no respetar el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, los Lineamientos generales del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica, (Promoción Vertical) publicados el 11 de diciembre de 2020 y la Convocatoria respectiva, al no cumplir con convocar en tiempo y forma, dentro de las fechas señaladas en la convocatoria, a la asamblea pública, a los concursantes que aprobaron y fueron seleccionados en una lista ordenada de prelación por parte de la USICAMM, para asignarles las plazas de jefe de sector de nivel telesecundarias de Michoacán y ofertarles los lugares disponibles para su elección de acuerdo al orden de prelación en la lista ordenada de resultados. La omisión de dar respuesta a la petición hecha mediante escrito recibido por el UESICAMM el -, con lo cual se me violenta el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos...". Como se advierte de lo antes expuesto, la omisiones que constituyen el acto reclamado en esta vía constitucional, están vinculada a la falta de contestación a una petición formulada por el quejoso cuyo objetivo es que se asigne una plaza de Jefe de Sector de Telesecundaria, que otorga la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Ello, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación jurídico laboral, en la que las autoridades señaladas como responsables tienen el carácter de patrón (mas no de autoridad), y la quejosa de trabajadora (mas no de gobernado respecto de aquéllas); de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar tendría que hacerla en la vía laboral, pues de resultar acertado lo argumentado por ella, sería el resultado de una acción efectuada por aquellos entes en su calidad de patrón, es decir, como responsables de velar la formalización de sus trabajadores. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales en favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que el presente juicio de amparo, se puede deducir que el quejoso reclama de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, la omisión de dictar el acuerdo relativo a la petición realizada mediante escrito recibido el treinta de agosto de dos mil veintiuno, dirigido a las autoridades responsables, a fin de que realicen las acciones necesarias para la asignación de una plaza de Jefe de Sector de Telesecundaria. De ese modo, aun cuando la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y otras pudieran tener el carácter de autoridades con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dichos entes o aquellos en los que intervengan, deban considerarse como actos de autoridad; y que, por tanto, los actos reclamados deban ser considerados como de autoridad para los efectos del presente juicio. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K3, noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernada por actuar los primeros en un plano superior a la segunda, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad; dicho de otra forma, en torno al acto reclamado, no se advierte que el que se analiza en esta instancia constitucional tenga características distintivas a los actos de autoridad, puesto que en el caso concreto éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente entre la parte quejosa con el titular de dicha dependencia y las diversas autoridades. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacan, a diez de octubre de dos mil veintidos Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese como prevención en el libro de juicios de amparo que se lleva de control en este Juzgado con el número VI-1065/2022-2, previo a admitirla, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda [.]". Atento a lo establecido en dicho precepto y a fin de estar en condiciones de acordar lo conducente en atención al principio de seguridad jurídica que rige el juicio de amparo, procurando la celeridad en el procedimiento en términos del artículo 17 constitucional con fundamento en los numerales 108, fracción I, 112, 114, fracciones II y III, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, precise lo siguiente: 1. Exhiba una copias más de su demanda de garantías, toda vez que de la constancia secretarial que antecede, se advierte que únicamente exhibió dos, las cuales son insuficientes, en virtud de que es una para cada autoridad responsable, que en el caso son dos, y otra para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, lo que hace un total de tres. 2. Toda vez que el quejoso señala como actos reclamados lo siguientes: ".OMISION de la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (UESICAMM) y Secretaria de Educación en el Estado, de asignarme la plaza de JEFE DE SECTOR DE TELESECUNDARIA, sostenimiento Estatal, y ofertarme los lugares disponibles al día de hoy, para elegir el de mi interés para ejercer la función, conforme la lista ordenada de resultados; no obstante de haber participado en el Proceso de Selección para la Promoción Vertical a Categorías con Funciones de Dirección y de Supervisión en Educación Básica Ciclo escolar 2021-2022, en el que obtuve el derecho a la asignación de la plaza por haber obtenido el lugar número 1 (uno) de la lista ordenada de resultados del concurso y haber cumplido con todos los requisitos y a pesar de la existencia de la necesidad del servicio. La omisión de las autoridades de no respetar el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, los Lineamientos generales del proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica, (Promoción Vertical) publicados el 11 de diciembre de 2020 y la Convocatoria respectiva, al no cumplir con convocar en tiempo y forma, dentro de las fechas señaladas en la convocatoria, a la asamblea pública, a los concursantes que aprobaron y fueron seleccionados en una lista ordenada de prelación por parte de la USICAMM, para asignarles las plazas de jefe de sector de nivel telesecundarias de Michoacán y ofertarles los lugares disponibles para su elección de acuerdo al orden de prelación en la lista ordenada de resultados. La omisión de dar respuesta a la petición hecha mediante escrito recibido por el UESICAMM el -, con lo cual se me violenta el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos...". En consecuencia, requiérasele para que bajo protesta de decir verdad, indique sí es trabajador de la Secretaría de Educación Pública, toda vez que del análisis de la demanda de garantías, se desprende que es omiso en precisarlo. Apercibido que de no cumplir con las prevenciones en cita en el término concedido, se tendrá por no presentada su demanda, en términos del mencionado numeral 114 del ordenamiento legal invocado. Asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir tres copias de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." Se hace del conocimiento de las partes, que en?caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de??????? internet del Portal de Servicios? en Línea del Poder Judicial de la Federación?http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea?a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.? Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente:??????????????? ?"REPRODUCCIÓN?ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.".? En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad.??? De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.?? En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se?exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico?relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.???? Se?invita?a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020.? Finalmente, se le tiene por señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y como autorizado para tal efecto al profesionista que indica, toda vez que no cumple con los lineamientos que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo, como se advierte de la constancia secretarial. Notifíquese personalmente.

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