Abraham Salvador Andrade Diaz
Expediente 876/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Abraham Salvador Andrade Diaz
Actuaciones
- Principal
órmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 876/2023 así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. Además, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Desechamiento Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es importante destacar que de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: El traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba Tepachico, Estado de México al diverso ubicado en el Estado de Nayarit. En ese sentido, se advierte la actualización de forma manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al no haber agotado la parte quejosa, el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo que nos ocupa. Para corroborar tal afirmación, debe destacarse que por disposición de la fracción IV, del artículo 107 de la Constitución Federal, el hecho de no agotar todos los recursos o medios de defensa previstos en la ley ordinaria contra el acto reclamado, previamente a la promoción del juicio de amparo, por regla general conduce a declarar su improcedencia. Lo que se reitera en el contenido de la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala que el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Prevención que puntualiza la naturaleza del juicio de amparo, como un medio de control constitucional de carácter extraordinario; y que se identifica como principio de definitividad, que consiste en que previo a instar la acción constitucional, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa, que son aquellos que se encuentran establecidos dentro del procedimiento regulado por la ley que rige el acto, y que tienen por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto. De esa manera, el juicio constitucional sólo se ocupará de analizar resoluciones que ya no admitan medios de defensa que puedan modificarlos. Sin embargo, de los citados numerales, se desprenden como excepciones al principio de definitividad; es decir, que se puede acudir al juicio constitucional sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa ordinarios: a) Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, ya sea oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas se establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en la Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. b) Y cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese orden de ideas, se toma en consideración que no existe constancia de que la parte quejosa hubiera agotado algún medio ordinario de defensa en contra de la orden de traslado al centro penitenciario en el que se encuentra en reclusión actualmente; sino que acudió directamente al juicio de amparo; de manera tal que es necesario verificar que no se actualice alguna de las destacadas excepciones al citado principio. sto es, con relación a la excepción identificada bajo el inciso a), se debe constatar: 1) que en la ley ordinaria se prevea un recurso o medio de defensa a través del cual, la orden de traslado emitida por la autoridad administrativa, en los términos reclamados por el quejoso, pueda ser impugnada; y, 2) que ese recurso o medio de defensa no tenga potencial para suspender los efectos de dicho acto, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva o exija mayores requisitos que los que consigna para el otorgamiento de la suspensión provisional. Y en lo concerniente a la hipótesis señalada bajo el inciso b), se debe corroborar: 1) que la orden de traslado no carezca de fundamentación; 2) no implique una violación directa a la Constitución; y 3) el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para tales efectos, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, precisó que la reforma constitucional a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, que entró en vigor al día siguiente, así como la reforma que se publicó el diez de junio de dos mil once, de los artículos 18 y 1° constitucionales,14 introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas, lo que a la postre representó que se ejerciera un verdadero control judicial del sistema penitenciario. En efecto, el conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país, si la ejecución de las penas continuaba bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo, por lo que se adujo que para lograr esa transformación, era necesario reestructurar el sistema, circunscribiendo únicamente la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "jueces de ejecución de sentencias". Reforma constitucional que tenía diversas finalidades, entre otras, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, por lo que debía ser el Poder Judicial el que debía vigilar que la pena se cumpliera estrictamente, en la forma como se pronunció en la ejecutoria; terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones; y que el respeto a los derechos humanos fuera una de las bases sobre las que se debía organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver entre otros, el Amparo en Revisión 151/2011, del que derivó la jurisprudencia de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011", examinó la primera de las reformas, y concluyó que a partir de la misma, todas las cuestiones de trascendencia jurídica que pudieran surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, debían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia pena. Asimismo, se estableció que cualquier controversia que se suscitara por parte de los sentenciados respecto de dichas cuestiones, su conocimiento y solución correspondería a los jueces; lo que implicó un verdadero cambio fundamental en cuanto a la vía a instar, porque pasó de la administrativa a la penal. Ahora, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los jueces de ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. Así, en el artículo Quinto Transitorio, del decreto de reforma correspondiente, se fijaron los plazos y condiciones para que los aludidos modelos de reinserción social y judicialización en la ejecución de penas entraran en vigor, a saber, cuando la legislación secundaria respectiva lo estableciera, sin que pudiera exceder del plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de su publicación, esto es, el diecinueve de junio de dos mil once...
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