Abraham Rodriguez Jimenez y Otros.
Expediente 103/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/11/2018
Partes del expediente
- Abraham Rodriguez Jimenez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Acuerdo Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que acusa recibo del escrito original de demanda de amparo 103/2018 de nuestro índice; asimismo informa que acepta la competencia planteada. De lo anterior se toma conocimiento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en los puntos Segundo, fracción XX y Vigésimo, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo del Acuerdo General invocado. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********** y **********, esta última en representación del menor **********, por medio del cual aclaran que la autoridad responsable en este asunto es el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas y no así el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como lo refirieron en su escrito inicial de demanda. Atento su contenido, y toda vez que en párrafos que anteceden se tuvo por recibido el oficio por medio del cual el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México aceptó la competencia planteada, previa copia que quede agregada en autos, remítase al referido órgano jurisdiccional el escrito relativo, así como sus anexos, para que se acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México Por oficio
- Principal
Ciudad de México, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Registro Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NNEUN PARTE QUEJOSA 022232/2018 103/2018 23899311 ********** ********** ********** ********** (menor de edad). Representación común Toda vez que existe pluralidad de quejosos y no señalaron representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se señala con tal carácter a **********, por ser quien aparece en primer orden en el proemio de la demanda; sin perjuicio de que las partes lo puedan substituir por uno diverso. Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista 1.********** 2.********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Respecto de la solicitud de tener como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** y **********, dígasele que una vez que acrediten tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito se acordará lo conducente; en ese sentido, se les tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, y con los mismos efectos a las restantes personas que menciona. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Domicilio Toda vez que los quejosos no señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar la parte quejosa mediante lista, hasta en tanto señale un domicilio para oír y recibir notificaciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 47/2002 (registro 186786), de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR SU DOMICILIO PARTICULAR, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA." No obstante, constituye un hecho notorio para este juzgador que el autorizado en términos amplios de los quejosos se ostenta con el mismo carácter en el diverso juicio de amparo indirecto 104/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, por ende, por única ocasión y en aras de asegurar el debido conocimiento de este auto, se ordena notificar esta determinación en el siguiente domicilio: Domicilio **********. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tienen como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. a) La aprobación de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente CEAV/CIE/0175/2018. 2. Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas. a) La emisión de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente CEAV/CIE/0175/2018. 2. Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. a) La omisión de integrar el expediente CEAV/CIE/0175/2018. Incompetencia por materia En primer término, debe señalarse que mediante Acuerdo CCNO/17/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia civil, todos en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se asignó a este juzgado auxiliar la competencia para conocer y resolver de los juicios de amparo cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conforme al número y cualidad de juicios especificados en el propio acuerdo Sobre el particular, el considerando quinto y los artículos 1, 2 y 4 de dicho Acuerdo prevén: QUINTO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Auxiliares de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen una doble función; como auxiliares apoyando en el dictado de sentencias a los Juzgados de Distrito de número; y como órganos jurisdiccionales ordinarios, tramitando y resolviendo asuntos de competencia específica que les ha sido asignada por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual, cuentan con una plantilla de personal amplia. En ese sentido, los referidos órganos jurisdiccionales, apoyarán a los Juzgados de Distrito en Materia Civil y Administrativa, en la Ciudad de México, que cuentan con mayor número de asuntos en trámite, recibiendo un número determinado de nuevos asuntos que tramitarán y resolverán, además de dictar todas las providencias posteriores hasta su archivo definitivo; y ACUERDO Artículo 1. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, turnará a partir del cinco de noviembre de dos mil dieciocho, 150 nuevos juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con el objeto de que los órganos auxiliares los tramiten y resuelvan. [.] Artículo 2. La Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y turnará por día los primeros quince juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, hasta completar 150 expedientes. [.] Artículo 4. Los Juzgados de Distrito Auxiliares tramitarán y resolverán los asuntos de que se trata, además dictarán todas las providencias posteriores hasta el archivo definitivo. De la transcripción anterior, se desprende la encomienda a este órgano auxiliar de apoyar a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el trámite y resolución de los juicios de amparo de su competencia, hasta su archivo definitivo. En ese sentido, para conocer los asuntos que son competencia de este juzgado auxiliar, en su función ordinaria de juzgado de distrito especializado en la materia administrativa, resulta indispensable hacer referencia al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual dispone: ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del artículo transcrito se desprende cuáles son los asuntos que son competencia legal de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, de manera que atendiendo al principio de legalidad, el cual establece que las autoridades sólo pueden hacer lo que tienen expresamente permitido, los juicios que no se ubiquen en tales supuestos no pueden ser del conocimiento de dichos órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10ª) de la Segunda Sala, para determinar la competencia de los órganos de amparo es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, toda vez que este criterio es el que tomó en cuenta el legislador al delimitar la competencia de los juzgadores federales en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En el caso concreto, los quejosos reclaman la emisión de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente CEAV/CIE/0175/2018, mediante la cual el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas determinó las medidas para la reparación integral de los quejosos; así como la omisión de integrar el referido expediente por parte del Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En ese sentido, para establecer la naturaleza del acto reclamado -y por tanto la materia en la que encuadra- es necesario señalar que conforme al artículo 26 de la Ley General de Víctimas, las víctimas de un delito o de violaciones a derechos humanos tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido. Para ello, el propio ordenamiento impone al Estado la obligación de adoptar las medidas de reparación integral, las cuales consisten en la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, todas ellas en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica de la víctima. Al respecto, conforme al título quinto del ordenamiento general referido cada una de las medidas de reparación integral implica: Restitución: supone el restablecimiento de los derechos conculcados y de los bienes y propiedades de la víctima, si hubiere sido despojada de ellos; así como el restablecimiento de la libertad, de la identidad, de la vida y unidad familiar, entre otros. Rehabilitación: implica, entre otras, la atención médica, psicológica y psiquiátrica, servicios y asesoría jurídicos, así como servicios sociales y programas de capacitación laboral. Compensación: que se traduce en una medida pecuniaria, subsidiaria, a efecto de reparar los sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de derechos humanos, previo cumplimiento de los requisitos para ello. Satisfacción: supone la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos; la declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; la disculpa pública por parte del Estado; y, la aplicación de sanciones judiciales o administrativas; y, No repetición: que se traduce en un conjunto de políticas, medidas y acciones tendentes a evitar que la víctima vuelva a ser objeto de violaciones a sus derechos y que los actos de la misma naturaleza no se repitan. Sobre ello, el artículo 26 de la Ley General de Víctimas dispone que las medidas de reparación integral de las que se ha dado noticia, específicamente la compensación, deben cubrirse con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, o bien, con cargo a los fondos de cada entidad federativa. Con tal propósito, en el título octavo de la ley citada se establece que el acceso a los recursos requiere de la solicitud previa de la víctima, la cual deberá ser calificada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien, finalmente, fijará de manera definitiva las medidas de reparación integral que debe adoptar el Estado en favor de la víctima. Expuesto lo anterior, este juzgador de distrito considera que el acto reclamado es de naturaleza penal, toda vez que deriva del procedimiento de reparación integral establecido en la Ley General de Víctimas, el cual comprende presupuestos que suponen el análisis de normas, procedimientos y principios que pertenecen al ámbito penal. Efectivamente, uno de los requisitos para obtener la reparación integral es el reconocimiento previo de la calidad de víctima directa o indirecta, lo cual, conforme al numeral 66 de la ley de la materia, debe llevarse a cabo por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales o internacionales, o bien, por los organismos de protección de derechos humanos, todos ellos con motivo de los asuntos de su competencia en los que se hubiere ventilado la comisión de un delito o la violación a derechos humanos. De este modo, el análisis de los elementos que detonan el derecho a la reparación integral debe abordarse desde la perspectiva de los derechos que tienen las víctimas de delitos o de violación a derechos humanos, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del marco de los principios que rigen los procesos penales. Por tanto, el análisis de la resolución reclamado no puede desvincularse de los presupuestos y principios que rigen la materia penal, específicamente los relativos a la calidad de víctima, ya que el derecho a la reparación se genera, precisamente, con motivo de la comisión de un delito o de la violación a derechos humanos y, por ende, el establecimiento de las medidas debe resolverse apreciando las circunstancias que rodean al ilícito. Además, debe recordarse que la compensación económica prevista en la Ley General de Víctimas es de naturaleza subsidiaria y complementaria a la reparación del daño que debe obtener la víctima en el procedimiento de origen respectivo. Por ende, el análisis de la legalidad y constitucionalidad de esa medida de reparación conlleva necesariamente el estudio de la reparación que, en su caso, se dio dentro del procedimiento en el que se solicitó la aplicación de la acción punitiva del Estado. Asimismo, si bien la resolución reclamada fue emitida por el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, el cual es una autoridad de naturaleza formalmente administrativa -dado que pertenece a un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal-, lo cierto es que el análisis de dicha resolución implica la ponderación de los aspectos penales que originaron el reconocimiento de la víctima, lo cual conlleva apreciar la magnitud del ilícito y la intensidad de los daños generados; y contrastar dichos elementos para resolver sobre la suficiencia o insuficiencia de las medidas de reparación decretadas por la autoridad. Sobre el particular, este juzgador no desconoce que conforme al artículo 144, párrafo segundo, de la Ley General de Víctimas la resolución que emita la Comisión Ejecutiva tendrá el carácter de resolución administrativa definitiva; sin embargo, debe estimarse que dicha porción normativa no define ni vincula la competencia administrativa del juicio de amparo en cuestión, toda vez que para determinar la competencia por materia es necesario llevar a cabo una apreciación de los actos reclamados desde su perspectiva netamente material. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada analógicamente, la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10ª) (registro 2010317), de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR UN JUEZ DE DISTRITO CON COMPETENCIA MIXTA. SE DETERMINA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." En ese sentido, se considera que el acto reclamado es de naturaleza penal, toda vez que fue emitido con motivo del análisis de los elementos que conforman la calidad de víctima y tiene por objeto establecer las medidas de reparación integral, lo que se inscribe dentro del ámbito penal en cuanto se traduce en el estudio de las circunstancias que gravitan en torno al ilícito que generó la violación a los derechos humanos de la víctima. Por lo tanto, este juzgador se declara legalmente incompetente para conocer y resolver este juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados no encuadran dentro del Acuerdo General CCNO/17/2018 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia civil, todos en la Ciudad de México, en relación con el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, atendiendo a la naturaleza materialmente penal del acto reclamado, con fundamento en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que el conocimiento de este juicio corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. No pasa desapercibido para este juzgador que mediante Acuerdo General 20/2009 del Consejo de la Judicatura Federal se creó el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se dispuso que los órganos pertenecientes a dicho centro -como lo es este órgano auxiliar- tendrían jurisdicción en toda la república y competencia mixta. Sin embargo, esto no significa que este juzgado auxiliar no pueda declararse incompetente por razón de materia, toda vez que en el propio Acuerdo se dispuso que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinaría mediante acuerdo qué órganos jurisdiccionales serían apoyados por estos órganos auxiliares. En cumplimiento a ello, por Acuerdo CCNO/17/2018 la citada Comisión asignó a este juzgado federal la competencia para conocer y resolver los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; con lo que se estableció una regla especial al Acuerdo General 20/2009 y se delimitó la competencia al auxilio del trámite y resolución de los amparos en materia administrativa. Por ello, este juzgador estima que se encuentra en aptitud legal de analizar la competencia del juzgado auxiliado y, en su caso, declararse legalmente incompetente, toda vez que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo CCNO/17/2018 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia ordinaria para conocer y resolver los juicios de amparo que deben ser del conocimiento de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Al respecto, no pasa desapercibido para este juzgador la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 115/2010 de la Primera Sala, así como de la diversa 2a./J. 107/2017 (10ª) de la Segunda Sala, las cuales, respectivamente, establecen: "ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo." Jurisprudencia 1a./J. 115/2010, registro 163072) "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AUXILIARES. NO PUEDEN DECLARARSE INCOMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XI/2012 (10a.) (*)]. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares cuentan con competencia mixta para resolver los asuntos que les sean remitidos en cualquier materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a la vez, abatir el rezago en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, cuando a un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar se le remite un caso para resolverlo, es evidente que es competente para hacerlo, con independencia de si estima que el órgano jurisdiccional del que proviene es competente por materia o no, pues a diferencia de éste, el auxiliar no tiene limitada su competencia por materia, por lo que no puede declararse incompetente por esa razón." Jurisprudencia 2a./J. 107/2017 (10ª) (registro 2014865) Del análisis comparativo, se desprende una discrepancia entre las tesis sostenidas por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, toda vez que mientras aquélla impone obligación a los juzgadores auxiliares de analizar la competencia del juez auxiliado, dado que constituye un presupuesto procesal que no puede disociarse de las actuaciones que lleva a cabo en auxilio; la Segunda Sala, por su parte, sostiene que los órganos jurisdiccionales auxiliares no pueden declararse incompetentes por materia, en virtud de que no tienen limitada su competencia. De este modo, si bien conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia es obligatoria, entre otros órganos, para los jueces de amparo, lo cierto es que existe discrepancia entre criterios de la misma jerarquía e igualmente obligatorios para este juez de distrito. Lo anterior, aunado a que la disidencia de tales criterios ya fue denunciada en la contradicción de tesis 230/2017 y se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Pleno, por lo que no existe un criterio obligatorio que sea uniforme al respecto. Así las cosas, ante la discrepancia de jurisprudencias igualmente obligatorias, este juez de distrito se inclina por observar el criterio de la Primera Sala establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, consistente en que los órganos auxiliares deben analizar la competencia del juez auxiliado y, de ser el caso, declararse legalmente incompetentes. Remisión al juzgado competente Por las razones expuestas, este juez de distrito considera que es legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto se ordena remitir la demanda de amparo, anexos y copias de traslado al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, por conducto de la oficina de correspondencia común a la que pertenezca, para su conocimiento, solicitándole que tenga a bien remitir el acuse de recibo de estilo. De igual manera, a fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda, anexos y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Notificación al Ministerio Público Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 7, segundo párrafo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y en aras de privilegiar tanto el interés superior del menor como su seguridad, se ordena suprimir los datos personales del quejoso **********(menor de edad), así como los demás datos referentes a circunstancias de modo, tiempo y lugar que pudieran identificarlo, en los documentos susceptibles de contener dichos datos, como sucede con las listas de notificación de este órgano jurisdiccional. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Oficina de correspondencia común Por oficio Ministerio Público Federal Por lista
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