Abraham Rodolfo Gaitán Ugarte y Otros.

Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
366/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Abraham Rodolfo Gaitán Ugarte y Otros.
  • Martha Rosa Pérez Rivas
  • Abraham Rodolfo Gaitán Ugarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que, transcurrió el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la CESAR OMAR ACERO HERNANDEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d0.49 18/09/22 09:40:12 ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que resolvió sobreseer en el presente juicio de amparo, comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable, para los efectos legales procedentes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; por lo tanto; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  2. Principal

    En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a las catorce horas con diez minutos del quince de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo 366/2021, promovido por Abraham Rodolfo Gaitán Ugarte, Martha Rosa Pérez Rivas, ambos en representación de su menor hijo de iniciales C.J.G.P., ante la presencia del licenciado Juan Carlos Hernández Trejo, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, Encargado del Despacho por vacaciones del secretario en funciones de Juez, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con número de oficio CCJ/ST/3333/2021 de fecha veintisiete de septiembre del año en curso, ante el licenciado César Omar Acero Hernández, Secretario del Juzgado, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia de ninguna de las partes ni representante legítimo de ellas. Acto continuo, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran el escrito de demanda, informe justificado y demás constancias. De igual forma, se hace constar que ninguna de las partes en el presente juicio, hizo manifestación alguna con relación a que sus datos personales sean publicados y tampoco expresaron que el presente expediente contenga información que ponga en peligro la vida, la seguridad y la salud o que, por su naturaleza, pueda afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles establecidos en el artículo 2, fracciones XXI y XXII, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en los diversos 79, 80 y 81 del Acuerdo 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en las resoluciones que así lo ameriten, se suprimirán los datos sensibles procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Al respecto, el Secretario Encargado del Despacho acuerda: téngase por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de PRUEBAS, el Secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció, por lo que, se cierra este período. Enseguida, se abre el período de ALEGATOS, el Secretario hace constar que sólo la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita allegó pedimento ministerial. Al respecto el Secretario Encargado del Despacho acuerda: téngase por formulados los alegatos de la representante social adscrita, para todos los efectos legales. Se cierra este período al no haber promociones pendientes de acordar, acto continuo se dicta la sentencia que en derecho corresponde. VISTOS, para resolver, el juicio de amparo 366/2021, promovido por Abraham Rodolfo Gaitán Ugarte, Martha Rosa Pérez Rivas ambos en representación de su menor hijo de iniciales C.J.G.P. R E S U L T A N D O: PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.- Mediante escrito recibido el tres de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia esta ciudad, los referidos promoventes, solicitaron el amparo de la Justicia Federal, contra las autoridades descritas en su demanda y contra los actos reclamados, mismos que ahora se transcriben: ACTOS RECLAMADOS: "la orden de deportación, expulsión y/o repatriación, detención y restricción al libre tránsito". SEGUNDO.- ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO.- Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito, ordenó su registro con el número de amparo 366/2021, la que en auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite y se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables. En consecuencia, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta correspondiente. TERCERO.- En auto de cinco de octubre del año en curso, se tuvieron por inexistentes a las autoridades que la parte quejosa denominó como Garita Migratoria de Huehuetan, Garita Migratoria adscrito a las Instalaciones de Cerro Gordo, en Villa Comaltitlán y Garita Migratoria de Echegaray, en Pijijiapan, todos del Estado de Chiapas, en consecuencia respecto de las indicadas autoridades no se hará pronunciamiento al resolver el presente juicio de amparo; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad en lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII de la Constitución Federal; 6o, 37, 107, 108 y demás relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 47/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, relativo a la denominación, residencia, competencia y jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como de conformidad con el Acuerdo General 32/2020, que establece las reglas del turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, y que reforma el similar 3/2013, del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, puesto que el lugar de ejecución del acto reclamado en el presente juicio, se encuentra dentro del ámbito espacial en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Es aplicable la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 15, Tercera Parte, CXXVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE EJECUTA EL ACTO RECLAMADO. Al establecerse que la residencia de las autoridades ejecutoras queda dentro del ámbito territorial de un Juez de Distrito, queda conferida a éste la competencia para conocer del amparo con arreglo al artículo 36 de la Ley de Amparo, y en él debe ser radicada." SEGUNDO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con la finalidad de dar cumplimiento a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que los actos que se reclaman en esta vía, consiste en: La orden de deportación, expulsión y/o repatriación, detención y restricción al libre tránsito. Apoya a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. NO SON CIERTOS los actos reclamados al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud que al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos y la parte quejosa no desvirtuó dicha negativa, además de autos no se advierte dato objetivo alguno, que haga presumir su existencia. En ese tenor, aun cuando la simple negativa de dicha autoridad responsable no produce su improcedencia, lo cierto es que la sola manifestación de la inexistencia de los actos reclamados no desvirtuada por la parte peticionaria de amparo, sí constituye elemento suficiente para declarar la improcedencia del juicio constitucional. En efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que interpone una demanda de amparo está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde al quejoso se centrará en la inconstitucionalidad del acto; por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia del acto reclamado, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa no aportó elemento de prueba alguna tendiente a desvirtuar la negativa de los actos reclamados, vertidas por la responsable al rendir su informe justificado; por tanto, al no haber acreditado la existencia de los actos reclamados, cuando ello es la materia fundamental y básica del juicio de amparo, la procedencia del mismo no encuentra sustento al no existir materia para aplicarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Cobra aplicación al caso, la tesis número VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, Tomo XV, Febrero del 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que expone: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En razón de lo considerado, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al no haberse acreditado la existencia de los actos reclamados. Es aplicable en la especie, la tesis de jurisprudencia 310, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, materia común, página 209, cuyo rubro y texto citan: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE el presente juicio de amparo, promovido por Abraham Rodolfo Gaitán Ugarte, Martha Rosa Pérez Rivas ambos en representación de su menor hijo de iniciales C.J.G.P., contra los actos precisados en el considerando segundo, contra la autoridad mencionada en el considerando tercero de esta resolución constitucional y por las razones expuestas en el mismo.

  3. Incidental

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140, 144 y 217 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto; se, R E S U E L V E: PRIMERO. SE DECLARA SIN MATERIA este incidente de suspensión promovido por los quejosos, por lo que hace a las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta interlocutoria y por las razones ahí contenidas. SEGUNDO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a Abraham Rodolfo Gaitán Ugarte, Martha Rosa Pérez Rivas, por sí y en representación de su menor hijo de iniciales C. de J. G. P, respecto de los actos y autoridad precisada en el considerando tercero de esta interlocutoria y por las consideraciones establecidas en el mismo. Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase por recibido y agréguese el pedimento 259/2021 enviado vía interconexión por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado federal, y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formulados sus alegatos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la resolución que al efecto se dicte en su momento procesal oportuno, esto previa cita realice ante la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal para la generación del "Código QR" el cual le permitirá el acceso al edificio sede de este Juzgado Federal. Por otra parte, vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que le fue otorgado a la parte quejosa, a efecto de que hiciera manifestaciones respecto de la inexistencia de las autoridades responsables Garita Migratoria de Huehuetan, Chiapas, Garita Migratoria adscrito a las Instalaciones de Cerro Gordo, Villa Comaltitlán, Chiapas, y Garita Migratoria de Echegaray, Pijijiapan, Chiapas, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó en acuerdo de veintiuno de septiembre del año en curso, y con fundamento en el artículo 108, fracción III, en relación con el 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen por inexistentes a las citadas autoridades responsables, por lo que, se ordena suspender toda clase de comunicación oficial con las mismas.

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