Abraham Roberto Felix De la O

Expediente 426/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
426/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Abraham Roberto Felix De la O

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez********************Chihuahua********************veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta********************signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito********************con residencia en esta ciudad********************con el que remite testimonio certificado de la resolución dictada en sesión de catorce de junio del presente año********************en el recurso de queja civil 80/2023********************formado con motivo del medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa contra el acuerdo de veinticinco de abril del año que transcurre********************en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Abraham Roberto Félix de la O********************del cual se advierte que dicho recurso de queja fue declarado infundado por la superioridad. Gírese el acuse de recibo correspondiente y toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar********************archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia********************esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12********************del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************que establece las disposiciones en materia de valoración********************destrucción********************digitalización********************transferencia********************reguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales********************publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés********************se constató que las constancias que integran la versión electrónica del juicio en que se actúa********************se encuentran visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE)********************por lo que procede a valorar jurídicamente este juicio de amparo********************por tanto********************hace la precisión que este expediente es susceptible de destrucción********************una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo********************por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 20********************fracción II********************del Acuerdo General en cita********************toda vez que en este asunto se desechó de plano la demanda de amparo; además de que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de desechamiento. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado********************háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual anexa copia del proveído de ocho de los actuales, dictado en recurso de queja ********************cuyo contenido se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************contra el acuerdo de veinticinco de abril del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, acusa recibo del oficio con el que se rindió el informe de ley, se remitió el original y copia del recurso de queja y de expresión de agravios.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el quejoso ******************** con el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veinticinco de abril del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo y formula los agravios respectivos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 98 y 99, de la Ley de Amparo, para los fines del recurso de queja hecho valer contra el citado auto, déjese en el expediente copia del escrito de interposición respectivo y de expresión de agravios. Toda vez que el auto recurrido se desechó la demanda, sin admitirla a trámite, no existen más partes a quienes notificar, por tanto acorde a lo señalado por los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta localidad, el original y copia del escrito con que se promueve el medio de impugnación y en el que se expresan agravios, asimismo y ríndase el informe sobre la materia de la queja. Finalmente, toda vez que el expediente impreso de este juicio se formó únicamente con las constancias que se presentaron físicamente, en términos de lo establecido en el numeral 22 reformado del precitado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente, para que se dé acceso al expediente electrónico al Tribunal de Alzada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Amparo y ordinal 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de derechos fundamentales promovida por Abraham Roberto Felix de la O, por propio derecho; contra actos del Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Se ordena registrar la demanda bajo el juicio de amparo 426/2023-V, y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Dicho numeral 113 de la ley de la materia, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El precepto en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". En ese sentido, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)." Ahora bien, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos de ejecución de sentencia dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el juicio de amparo indirecto solo procederá contra la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; ya que la finalidad de dicho precepto legal, es evitar que los gobernados abusen del juicio de garantías retardando el cumplimiento de una resolución jurisdiccional que reviste el carácter de cosa juzgada. Asimismo, es de destacarse que, por regla general, en los actos de ejecución de sentencia únicamente procede el amparo indirecto cuando: Se trate de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva. Se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la resolución ejecutoriada. Se ordene el archivo definitivo del expediente del juicio de origen. En ese orden, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En el caso particular, del escrito de demanda se advierte que el quejoso Abraham Roberto Felix de la O, reclama del Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, la resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 321/2020, en la que se declaró procedente el incidente de nulidad de embargo, por nulidad de actuaciones por disposición expresa de la ley, en la que se ordenó el levantamiento del embargo únicamente de los bienes muebles. En ese contexto, se evidencia que en el presente juicio el acto reclamado se encuentra en período de ejecución de sentencia del expediente 321/2020, como se asentó en el párrafo que antecede; se estima así, ya que dicha resolución no se ubica en alguna de las hipótesis antes aludidas, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, como lo son: que se trate de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia definitiva; se declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la resolución ejecutoriada; y, se ordene el archivo definitivo del expediente del juicio de origen. Por el contrario, es un acto más durante el trámite de la ejecución de sentencia y vinculado estrechamente con lo decidido en el sumario de origen, que consiste en la ejecución de tal fallo, esto, pues la resolución que ahora constituye el acto reclamado, tuvo como principal objetivo evidenciar la ilegalidad de la diligencia de requerimiento de pago y embargo, actuación que efectivamente, tiene a materializar los efectos de la condena establecida en el procedimiento de origen. Circunstancia antes dicha que, de acuerdo con los mencionados párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo, se encuentra proscrita, porque, lo que se pretende cuidar es el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución y posterior a este; esto es, el legislador pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento o con posterioridad al mismo, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Resulta aplicable al caso, la tesis l.12o, C.22 K (10a.), sostenida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." Aunado a que, no se desprenden actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, que tengan como objetivo afectar derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, pues, precisamente la posible afectación a esos derechos, deriva de la condena en el expediente de origen, puesto que, el acto que por esta vía se reclama, tuvo como finalidad echar abajo la diligencia de requerimiento de pago y embargo; de ahí que no se advierte alguna excepción para admitir la procedencia del juicio de amparo. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto" En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, fracción IV, del artículo 107 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Abraham Roberto Felix de la O, respecto a los actos y autoridad mencionada, por los motivos expuestos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaría judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Con fundamento en lo previsto en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes, que tienen derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la resolución que se dicte en el presente asunto, no obstante comuníquese también que en la versión pública de la sentencia que se emita, se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, procurado que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle Parque Juárez 515, fraccionamiento Los Parques, en esta ciudad y únicamente para oír y recibir notificaciones a Julio César Gardea Carbajal, Abraham Roberto Félix Díaz y Jessica Alely Félix, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por así haberlo solicitado. Finalmente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que la secretaria deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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