Abraham Rencurrell Luis

Expediente 458/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
458/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2019

Partes del expediente

  • Abraham Rencurrell Luis

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio 10989/2019 de la Secretaria del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 458/2019-E del índice de este juzgado, e informa que por auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de garantías promovida por Óscar Pérez Córdoba Amador, a favor de Rencurrell Luis Abrahán y Garabito Cabrera Jorge Yosbel; de lo que toma conocimiento esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil diecinueve FORMACIÓN Agréguese a los autos el escrito de demanda promovida por Óscar Pérez Córdoba Amador, a nombre de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel Fórmese expediente y regístrese con el número 458/2019-E, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en lo que disponen los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 15, 20, 35, 37, 107 y 109 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, previa a su admisión, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Óscar Pérez Córdoba Amador, a nombre de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, contra los actos reclamados consistentes en: la ilegal detención y privación de la libertad y como consecuencia: La deportación a su país de origen; y, La limitación a su derecho de libre tránsito Los cuales atribuye a las autoridades responsables: 1 Delegado Regional en el Estado de Veracruz del Instituto Nacional de Migración; 2 Director de la Estación Migratoria en el Municipio de Acayucan, en el Estado de Veracruz del Instituto Nacional de Migración; 3 Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria de Acayucan en el Estado de Veracruz, del Instituto Nacional de Migración; 4 Titular de la Secretaría de Gobernación; 5 Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración; y, 6 Comisionado General de la Policía Federal VISTA MINISTERIAL Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO POR LO QUE HACE A LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA ILEGAL DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Tomando en consideración que los quejosos directos Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, dijeron encontrarse actualmente alojados en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que sigan a disposición de dichas autoridades, para la continuación del procedimiento migratorio que se les instruye En el entendido que lo anterior no se opone a lo establecido en el artículo 111 de la Ley Migratoria, pues éste se refiere únicamente sobre la prolongación del término para el dictado de la resolución correspondiente Ahora bien, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Migración, la presentación del quejoso, en caso de encontrarse en situación migratoria irregular, no podrá exceder de treinta y seis horas contadas a partir de su puesta a disposición En el entendido, que las autoridades migratorias deberán actuar con la debida diligencia para prevenir violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas (alojadas) en la estación migratoria de referencia, con motivo del procedimiento migratorio, cuidar que sean tratadas con respeto a la dignidad inherente al ser humano, proporcionarles condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, garantizarles el derecho a la alimentación, a la salud y propiciar actividades de recreación En la inteligencia, que la suspensión de plano otorgada no implica que los quejosos deambulen o transiten de manera libre por el territorio nacional, sino únicamente es para efecto que en su caso, se les permita realizar el trámite respectivo a su situación migratoria ante las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración, con sede en Acayucan, Veracruz CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO POR LO QUE HACE AL ACTO RECLAMADO RELATIVO A LA DEPORTACIÓN Con apoyo en lo dispuesto por los numerales 126 y 160 de la ley de la materia, se concede la suspensión de plano, de dicho acto reclamado, 1) Para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de deportación de los aquí quejosos, siempre y cuando dicho mandamiento se haya emitido fuera de procedimiento 2) Si la deportación de los aquí quejosos se emitió con motivo del ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración; de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede para el efecto de que los quejosos queden a disposición del Juzgado de Distrito competente, respecto a su libertad personal en el lugar donde se encuentran y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P/J80/2007, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/2006-PL, Entre las sustentadas por las anteriores Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 15, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo" Así como la jurisprudencia Tesis: 1a/J 25/2018 (10a), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 367/2016, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Septiembre 2018, página 827, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido" Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables migratorias, quienes deberán acatar la suspensión de plano aquí decretada, bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata dentro del plazo de veinticuatro horas, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si su denominación no es exactamente como se encuentre en su organigrama interno, ello no la exenta de recibir los oficios que contengan el presente proveído por la naturaleza de los actos reclamados En el entendido que la medida cautelar decretada no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o provienen de autoridades ordenadoras distintas a las señaladas como responsables en la demanda de amparo APERCIBIMIENTOS DE NO ACATAR LAS SUSPENSIONES ANTERIORES Hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que deberán acatar dichas suspensiones bajo su más estricta responsabilidad y deberán informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, dentro del plazo de veinticuatro horas, las medidas tornadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo de veinticuatro horas, se les impondrá -por separado- una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Así mismo, se hace del conocimiento de las autoridades que la violación de este mandamiento constituye un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra INCOMPETENCIA Ahora, previamente a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se procede a examinar si en el caso, este Órgano Jurisdiccional es legalmente competente para conocer del presente asunto, en razón de que ello es un presupuesto procesal de orden público y de examen preferente En el caso, Óscar Pérez Córdoba Amador, en representación de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: III ACTOS RECLAMADOS: A La ilegal detención y privación de la libertad de los hoy quejosos y la consecuente reclusión en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz, del Instituto Nacional de Migración Con la posible y consecuente deportación a su país de origen, así como de los actos de las autoridades migratorias y administrativas que tengan que ver con la limitación a las garantías que consagra la Constitución, sobre todo con la de libre tránsito, evitando además que se les auxilie por razones humanitarias por los organismos tanto gubernamentales, como no gubernamentales y sobre todo que me sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal IV AUTORIDADES RESPONSABLES Delegado Regional en el Estado de Veracruz del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Miguel Lerdo no 311, esq 5 de Mayo, colonia Centro, CP 91700, Veracruz, Ver (En su carácter de ordenadora y ejecutora) Director de la Estación Migratoria en el Municipio de Acayucan, en el Estado de Veracruz del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Carretera Número 180, kilómetro 221, colonia Miguel Alemán (En su carácter de ordenadora y ejecutora) Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria de Acayucan en el Estado de Veracruz, del Instituto Nacional de Migración, con domicilio en Carretera Número 180, kilómetro 221, colonia Miguel Alemán (En su carácter de ordenadora y ejecutora) Titular de la Secretaría de Gobernación con domicilio en Abraham González Número 48, col Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México (en su carácter de ordenadora y ejecutora) Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración Con domicilio en Avenida Homero 1832, Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP 11510 (en su carácter de ordenadora y ejecutora) Comisionado General de la Policía Federal Con domicilio en calle Londres 102, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06600 (en su carácter de ordenadora y ejecutora)" Por tanto, este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, estima que no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para conocer de la demanda de amparo de cuenta En efecto los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: () VII El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia ()" "Artículo 37 Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda" "Artículo 48 Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" Al respecto existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad- De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo" "COMPETENCIA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero) De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo" Ahora, de la interpretación de los normativos y criterios apuntados, se advierten tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda Entonces, la competencia para conocer de una demanda de amparo, por razón de territorio, deriva de la naturaleza del acto reclamado y de sus consecuencias jurídicas, ya que debe determinarse si éste requiere o no ejecución material, por lo que para resolver sobre dicha competencia, se requiere hacer el estudio del acto reclamado y de los hechos contenidos en la demanda, así como de las constancias con las que se cuente Al respecto, resulta aplicable lo decidido en la tesis I1oA44 A, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO- Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora" En ese aspecto, la regla general de competencia contenida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, toma en cuenta primordialmente la ejecución del acto reclamado para sustentar cuál Juez de Distrito debe conocer de un juicio de amparo Luego, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente esencialmente reclama del 1 Delegado Regional en el Estado de Veracruz del Instituto Nacional de Migración; 2 Director de la Estación Migratoria en el Municipio de Acayucan, en el Estado de Veracruz del Instituto Nacional de Migración; 3 Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria de Acayucan en el Estado de Veracruz, del Instituto Nacional de Migración; 4 Titular de la Secretaría de Gobernación; 5 Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración; y, 6 Comisionado General de la Policía Federal La ilegal detención y privación de la libertad y como consecuencia: La deportación a su país de origen; y, 2 La limitación a su derecho de libre tránsito En ese sentido, el suscrito advierte que se actualiza el principio genérico de competencia a que se refiere el primer párrafo del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales Lo anterior es así, ya que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y de sus consecuencias jurídicas, éstos requieren de ejecución material, consistente en que los quejosos directos continúen alojados en la Estación Migratoria de Acayucan, Veracruz y como consecuencia de ello, sean deportados a su país de origen, y se vulnere su derecho al libre tránsito En consecuencia, los actos que por esta vía se combaten, evidentemente tienen ejecución en Acayucan, Veracruz, máxime que en el escrito de demanda, el promovente indicó que actualmente, los quejosos directos Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, se encuentran recluidos [sic] en el inmueble que alberga las instalaciones de la Estación Migratoria del Municipio de Acayucan, Veracruz, por lo que es evidente, que es en ese lugar donde continuarán ejecutándose los actos reclamados Sin que se oponga a lo anterior, el hecho relativo a que el aquí promovente haya señalado un domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal (Privada 9 "B" Sur, número 5513, colonia Prados Agua Azul, en la ciudad de Puebla), pues la competencia de un Juzgado de Distrito no la determina el domicilio para oír y recibir notificaciones, ni en su caso la dirección donde habita el promovente, sino el lugar donde resida la autoridad que ha de ejecutar el acto reclamado, ya que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino que debe determinarse de acuerdo a los lineamientos que marca la ley Por tanto, es evidente que este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, carece de competencia legal conocer de la presente demanda de amparo presentada por Óscar Pérez Córdoba Amador, en representación de Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, en razón de territorio, porque la misma corresponde a un Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos Tiene apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor siguiente: "COMPETENCIA ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar" De igual forma, sirve de apoyo el criterio de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras" En ese contexto, se advierte que de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, conocer de los juicios de amparo con ejecución en esa demarcación territorial, como acontece en la especie Por tal motivo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, no resulta competente, por territorio, para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, para conocer del presente asunto Consecuentemente, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, se ordena remitir la presente demanda amparo radicada con el número de amparo 458/2019-E, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, para que, por su conducto, se turne al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, que corresponda, por razón de turno Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO Finalmente, tomando en consideración que el promovente refirió que los quejosos directos se encuentran detenidos en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Acayucan, Veracruz y, atento a que dichas instalaciones se encuentran ubicadas fuera de la circunscripción de éste Juzgado Federal; con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de Acayucan, Veracruz; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los directos quejosos Rencurrell Luis Abrahan y Garabito Cabrera Jorge Yosbel, y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente - juicio de amparo 458/2019-E; d) Notifique a los citados quejosos el presente proveído; e) Asiente razón en el sentido de si los quejosos quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de dicha diligencia Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia DOMICILIO Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en la ciudad de Puebla, sin que haya lugar a tener por señalados para tal efecto, el correo electrónico y el número de celular proporcionados, dado que la Ley de Amparo no los prevé como medios para tal fin AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Óscar Pérez Córdoba Amador, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogada y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/wwwdgepjcjfgobmx/internet/acuerdo/acuerd_inis, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia Resulta aplicable la jurisprudencia 2a/J176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS" HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atenta a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico COPIA CERTIFICADA Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase a la parte quejosa, por conducto de la persona que para tal efecto autoriza, copia certificada por duplicado del presente proveído, previa razón de su recibo que se asiente en autos

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