Abraham Razu Dajer
Expediente 2069/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2069/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abraham Razu Dajer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2069/2022-VI, promovido por ********************, por su propio derecho. Estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales ya obran agregados en autos. Asimismo, se da cuenta que no obra en autos el informe justificado del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; no obstante que se encuentra debidamente notificada, tal y como se advierte de las constancia relativa, el cual obra agregado a los autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendido en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda, y por omisa a la autoridad mencionada en el párrafo anterior. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que remitieron las autoridades responsables, como justificación de sus actos, y con las que ofertó la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica; no habiendo ninguna otra por desahogar se cierra dicho periodo. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra esta etapa de la audiencia. A continuación, no habiendo otro asunto pendiente por desahogar, se procede a dictar la resolución que en derecho proceda. Visto, para resolver el presente juicio de garantías 2069/2022-VI, promovido por ********************, por su propio derecho, contra el acto que reclama del Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional en Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades, por violación a los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, así como del Director en Jefe, del Director General de Registro y Control Documental y del Director General de Asuntos Jurídicos, todos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, que hizo consistir en la omisión de dar respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, al cual le recayó la solicitud ******************** y, por ende, la omisión de expedirle el certificado parcelario correspondiente. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo de que se trata; se pidió a las autoridades responsables su informe de ley; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable con sede en esta ciudad, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 114 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los artículos primero, fracción XIV, segundo fracción XIV, punto tercero y artículo cuarto, fracción XIV, todos del Acuerdo General 3/2013 (la última fracción modificada mediante el Acuerdo General 3/2015 por el mismo órgano), del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Por tanto, de una revisión integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que remitieron las autoridades responsables, se desprende que la parte quejosa reclama de las responsables, la omisión de dar respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, al cual le recayó la solicitud ******************** y, por ende, la omisión de expedirle el certificado parcelario correspondiente. TERCERO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda de amparo se estima presentada de manera oportuna, toda vez que en la especie se reclama una abstención, cuya impugnación no está sujeta al término de quince días que ordinariamente se señala, ya que al respecto se actualiza una de las excepciones a la regla genérica contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no corre término alguno para la promoción del juicio de amparo, dado que la omisión del actuar de las responsables, que es lo que produce el agravio, es de tracto sucesivo, en tanto que no se consuma en un solo evento, sino que se prolonga en el tiempo, de momento a momento. Sirve de sustento a esa consideración la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto omisivo reclamado a las responsables Director en Jefe, del Director General de Registro y Control Documental y del Director General de Asuntos Jurídicos, todos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, pues de sus informes de ley se advierte que, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no habían dado contestación a la petición de la parte quejosa. Por otra parte, el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de haber sido notificado en tiempo y forma, tal y como se advierte de la constancia respectiva que obra en autos. En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume como cierto el acto que se le atribuye a la citada autoridad, con sede en esta ciudad de Mérida. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Atento a la técnica que rige el juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, debe analizarse el tema de la procedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra, título y pie, señala: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, en la especie, debe decirse que este órgano de control constitucional considera que, respecto al aquí reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión de dar respuesta a su petición formulada mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, al cual le recayó la solicitud ******************** y, por ende, la omisión de expedirle el certificado parcelario correspondiente. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, adjuntó a su oficio RAN/YUC/SR/DJ/1524/2023, se desprende que el veintitrés de marzo del año en curso, se le hizo entrega al quejoso ********************, el título de propiedad de origen parcelario ********************, que ampara la parcela ******************** del ejido de ********************, referente a la solicitud ********************, misma que recibió de conformidad, tal y como se advierte de la leyenda estampada a puño y letra en dicho acuse. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, pues realizaron la inscripción del acta de Asamblea referida, y procedió a realizar la entrega del título de propiedad correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta omisiva de las responsables cesó en sus efectos, pues realizaron la inscripción correspondiente y entrega del título de propiedad que ampara la parcela ******************** Z-1 P2/2, concluyendo con la solicitud ********************, instada por el quejoso. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades; lo anterior, por los motivos expuestos en el quinto considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a estos autos el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1524/2023 y anexo en copia certificada, remitidos por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, dese vista a las partes en este asunto con dichas documentales por el término de tres días, y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por autorización otorgada en sesión de ocho de mayo de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2129/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación del Director en Jefe, así como por el Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, ambos con sede en la Ciudad de México; en cuanto a su contenido, resérvese acordar lo conducente hasta que la suspensión del procedimiento decretada en proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, sea levantada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Mérida, con el cual acusa de recibo el oficio 47004/2022, en el que se le remitió vía interconexión, el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, indicando que fue admitido a trámite el aludido recurso asignándole el número de toca 547/2022 de su índice. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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