Abraham Ramírez Cuadros
Expediente 503/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abraham Ramírez Cuadros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
De la certificación precedente, al no haber interpuesto la parte promovente dentro del plazo previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo el recurso de queja, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2° de la ley de la materia, se declara la preclusión de su derecho y por tanto, el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente expediente como asunto concluido. Conforme a los artículos 12, 14, 15, 17, 18 fracción I incisos a) y b), 20 y 21 del citado acuerdo, se determina: ? El presente asunto no tiene relevancia documental. ? Es destruible, deberá conservarse por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo. Notifíquese.
- Principal
Intégrese sin mayor trámite el oficio de cuenta procedente de la Dirección de Defensoría Pública de la Ciudad de México, toda vez que el veintiuno pasado se desechó de plano la demanda de amparo. Cúmplase.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por ***, se provee: a) Por informado que recibió el oficio ***, vía correo electrónico, signado por la Subdirectora Jurídica Penal de la Dirección de Defensoría Pública, para asistir al aquí quejoso como defensora pública b) Se tiene aceptado y protestado el cargo de Defensora Pública del quejoso ***. c) Por remitidas copias simples de su cédula profesional y credencial laboral. d) Por señalados: Domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Autorizados; en el entendido de que lo estarán en términos del artículo 12, párrafo primero de la ley de la materia quienes, de entre los citados para tales efectos, se encuentren en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal (REGPROF); caso contrario, solo lo estarán para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo de este numeral. e) De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza consultar el expediente vía electrónica a través del sitio ***, con el usuario: "***". Se instruye al analista jurídico adscrito, a realizar las gestiones informáticas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. f) De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite el uso de cualquier medio electrónico, para copiar o reproducir las constancias que obren en el presente juicio de amparo. g) En aras de una impartición pronta y expedita en términos del dígito 17 Constitucional; se tiene como medio de contacto el correo electrónico ***. h) Hágase del conocimiento al quejoso, que dicha persona será quien lo represente y asista en el presente asunto. Del estado procesal de este asunto, se aprecia que el siete del presente, se reservó proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo de ***. En tal virtud, conforme a los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se examina la actualización de algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El promovente señala como acto reclamado: ? Reubicación del módulo 4, zona 1-1 a otro diverso fuera de procedimiento. Sobre tal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 (XX) de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.- - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.- - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Esta porción normativa recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios previstos en la ley rectora del acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo. Como se adelantó, el quejoso se duele de la orden de reubicación del módulo 4, zona 1-1 a otro diverso fuera de procedimiento, emitido por autoridades administrativas. Sobre ese tópico, la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario; y c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos, a saber: 1. Los traslados voluntarios, se encuentran previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos que inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución y este último celebrara una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios, tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado; y 3. Los traslados urgentes o excepcionales, surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado, autoridad judicial que calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación y, en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. Lo anterior colige que los mandatos de traslado siempre deben ser autorizados por Juez competente. La regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado. En este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez. Ahora, cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber, el análisis oficioso, y otro, a petición de parte: a) La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena; a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. b) Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado, forma parte de las condiciones de internamiento, por ser medios necesarios para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31, que se transcriben a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento- - - Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad.- - - Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.". "Artículo 31. Clasificación de áreas- - - La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad." En ese contexto, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos el traslado de un centro penitenciario a otro y el cambio de dormitorio o estancia en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. No obsta a lo anterior, que dicha ley aluda a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley- - - La presente Ley tiene por objeto:- - - I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)" Es decir, en tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. De igual manera, se establece específicamente, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, éste podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución. Pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes- - - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición.- - - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria.- - - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de ser combatido a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61 (XX) (2) de la Ley de Amparo. Por tanto, la reubicación del Módulo 4, Zona 1-1 a otro diverso, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que la parte quejosa debió agotar previamente el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, lo faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. Se invocan por el tema, la jurisprudencia y la tesis aislada, siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."1 "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN."2 En consecuencia, con fundamento en artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. No obsta que el siete de octubre de la presente anualidad, de oficio se haya otorgado la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en malos tratos y demás prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues las autoridades que señaló el quejoso como responsables, al rendir sus informes en relación con dicha suspensión de plano, los negaron, sin prueba en contrario. Notifíquese personalmente al quejoso y a la defensora de oficio.
- Principal
Intégrense los informes de cuenta, por los cuales las responsables realizan diversas manifestaciones en relación a la suspensión de plano decretada por este órgano de control constitucional, el siete del actual. Glósese el oficio de cuenta signado por la Subdirectora Jurídica Penal de la Dirección de Defensoría Pública de la Ciudad de México; por informado que: ? .... Defensora de oficio, ha sido designada para asistir al quejoso: ? ... Continua vigente el término y apercibimiento de ocho de octubre pasado, toda vez que no da cabal cumplimiento a lo ahí solicitado. "En el entendido que del comunicado que dirija a este juzgado, deberá: I. Informar el nombre del profesionista, acompañando copia simple de su credencial oficial; II. II. Adjuntar su firma de enterado, como evidencia de que recibió la copia de la demanda y aceptó el cargo conferido, con fecha indicativa, pues a partir de ella, cuenta con cinco días hábiles para imponerse del presente expediente y, si lo estima conveniente, promover conforme a los intereses que representa." Notifíquese.
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