Abraham Quintana Trujillo
Expediente 833/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Abraham Quintana Trujillo
Actuaciones
- Principal
hágase de conocimiento que mediante el oficio con folio SEADS/619/2018, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del suscrito Juez de Distrito como Titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, con efectos a partir del uno de junio de dos mil dieciocho.Lo anterior, para que las partes se encuentren en aptitud de hacer lo que en su derecho convenga en términos de lo previsto por los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se declara que el proveído mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. se declara que este expediente es susceptible de destrucción.
- Principal
PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en los artículos 8° y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ****, contra actos de la Directora de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puente de Ixtla, Morelos y otra autoridad. Ahora bien, de un análisis integral al escrito de demanda, se advierte que los actos de molestia reclamados en esta instancia constitucional, por su naturaleza, deben estudiarse de manera separada, ya que por una parte se reclama el acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, a través del cual se desecharon las pruebas ofrecidas por el quejoso, y por parte, el inicio del procedimiento administrativo incoado en su contra dentro del expediente administrativo ****. Por ende, se estima que, sin substanciar incidente alguno, debe decretarse oficiosamente la separación de los actos de molestia, y aperturarse un juicio de amparo por cada acto reclamado, con el objeto de que lo reclamado se estudie por separado y se atiendan de manera individual. Consecuentemente, se precisa que el presente juicio de amparo, únicamente se substanciará por cuanto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil diecisiete, emitido por la Directora de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puente de Ixtla, Morelos. Por lo anterior evidentemente en el presente asunto no se tomará en consideración el diverso acto que se traduce en el inicio del procedimiento administrativo incoado en contra del hoy quejoso en el expediente administrativo *****; por tanto, certifíquese una copia de la demanda de amparo, a fin de que se envíe mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que una vez realizado el registro correspondiente, se turne de manera aleatoria a otro Juzgado de Distrito, como si se tratase de un nuevo asunto. Ahora bien, por cuanto al acto que corresponde conocer en este asunto, debe decirse que sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de la Materia. En el caso, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en el acuerdo de desechamiento de las pruebas que ofreció la parte quejosa en su escrito de contestación en el procedimiento de investigación que se le sigue ante la responsable. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, si como se ha dicho, en la demanda de amparo la parte quejosa se duele esencialmente del acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, a través del cual se desecharon las pruebas ofrecidas por el quejoso, dentro del expediente administrativo ****, se estima que dicha actuación constituye un acto procesal cuyas consecuencias solo tienen efectos dentro del procedimiento de origen, mas no trastoca alguno de los derechos sustantivos en perjuicio de la parte quejosa, por lo que dada su naturaleza intraprocesal o intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la parte inconforme una ejecución de imposible reparación y tampoco significa que vayan a obtener una sentencia desfavorable dentro del procedimiento que se le sigue en forma de juicio. Por consiguiente, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, resulta incuestionable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que es procedente desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata.
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