Abraham Patricio Torres Guerrero
Expediente 998/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Abraham Patricio Torres Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo indirecto número 998/2021, de los cuales se aprecia que en proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, se recibió el informe justificado rendido por la Jueza Cuarta de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, al que anexó como pruebas copia certificada de las constancias que integran el expediente 198/2020 de su índice interno; por tanto, y toda vez que el presente sumario ha causado ejecutoria, se ordena la devolución del referido expediente a su lugar de origen.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que las partes recurrieran el auto de sobreseimiento de veintinueve de agosto del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y la parte quejosa, fueron notificados en primer y último orden, esto es, el treinta del citado mes y uno de septiembre del presente año, quedando comprendido dicho plazo del uno al veintiuno de los cursantes, quedando comprendido dicho plazo para las demás partes, el antes indicado. Sentado lo anterior, se declara que el auto de sobreseimiento dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE, toda vez que se sobreseyó en el juicio en que se actúa. Finalmente, de las constancias que integran el presente sumario, no se advierte la existencia de documentos originales ni tomo de pruebas que devolver a las partes.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista para conocimiento de la parte quejosa, la determinación de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual en síntesis se acordó: Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo indirecto número 998/2021, de los cuales se advierte que mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, recibido en la propia fecha en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Abraham Patricio Torres Guerrero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y que hizo consistir en el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 198/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en esta ciudad, en el que le fue impuesta una multa equivalente a la cantidad de $896.20 (ochocientos veintiséis pesos moneda nacional 20/1000) y su correspondiente ejecución. Luego, en proveído de nueve de marzo de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara un domicilio donde fuera posible localizar a los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T., sin que fuera factible su precisión. En tal virtud, en auto de cinco de abril del presente año, se inició el procedimiento de búsqueda respectivo, sin obtener datos que permitieran conocer el lugar de residencia de la citada parte procesal; por tanto, el siete de julio del propio año, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia. En ese sentido, se requirió a esta última para que dentro del término de treinta días contado legalmente, se constituyera en este juzgado a efecto de recogerlos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se entendería su desinterés en su publicación y, por ende, en la debida integración del sumario en que se actúa, lo que podía conducir a decretar el sobreseimiento en el juicio, atendiendo a las circunstancias del caso. Luego, se tiene que conforme a lo previsto en el ordinal 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la ley de la materia, una vez agotado el procedimiento de búsqueda, si no puede efectuarse el emplazamiento a juicio, éste se practicará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimiento Civiles y en el supuesto de que aquel no acredite haber recogido, pagado, publicado y entregado para su publicación los edictos, se decretará el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción II, del ordenamiento legal en cita, cuyos textos son del tenor literal siguiente: La interpretación sistemática de los dispositivos transcritos, permite concluir que la ley de la materia prevé concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente lo rigen, y considerando que las determinaciones que se adopten en dicho procedimiento pueden llegar a afectar la esfera jurídica del referido tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al presente asunto constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al promovente del amparo por la falta de publicidad de los edictos, lo que impide a este jurisdicente pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente la acción deducida, toda vez que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T., éste no recogió los edictos que fueron puestos a su disposición dentro del plazo de tres días concedido para tal efecto, a fin de poder llevar a cabo el emplazamiento de la referida parte procesal, ni manifestó su imposibilidad para cubrir el costo de su publicación, no obstante encontrarse debidamente notificada por lista de estrados publicada el trece de julio del año en curso, así como del apercibimiento ahí decretado, entonces, la contumacia en que éste incurrió, impide que este juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, actualizando la causa de improcedencia antes precisada, cuenta habida que el interés particular no puede estar por encima del interés público, traducido este último en que ninguna instancia puede quedar inconclusa. Lo anterior es así, si se considera que el emplazamiento de los terceros interesados es necesario para tener por constituida la relación jurídico procesal y ello está condicionado a que el quejoso gestione la publicidad de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse como llamada al juicio de garantías a los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T. y, como consecuencia, que no pueda ser resuelta la instancia constitucional, ya que, por la posición jurídica que guardan los terceros en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento a la contienda constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T., se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio solicitante de amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte inconforme, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Bajo esas premisas, es de resaltar que el término de treinta días concedido al quejoso para recoger, pagar y exhibir los edictos ordenados, a fin de realizar el emplazamiento a juicio de los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T., comenzó a computarse el quince de julio del presente año, considerando que fue notificado el trece anterior, por lo que el plazo de mérito transcurrió del quince de julio al veintiséis de agosto de los propios mes y año, sin tomar en cuenta los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta, treinta y uno de julio; seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto por ser sábados y domingos, así como el uno del referido mes de agosto, para haber sido declarado inhábil, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, y tomando en cuenta que éste no manifestó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, (la publicación de los edictos), asimismo, de los elementos que constan en autos no existen indicios suficientes que demuestren que la citada parte procesal no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, para que este juzgador considere, en todo caso, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que dicha publicación para emplazar a la tercera interesada sea a su costa, se deduce que no existe causa razonable para la omisión de mérito, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, fuera de audiencia, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 63, fracción II, del propio ordenamiento legal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, resuelta en la modificación número 16/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página cuatrocientos dieciséis, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Atendiendo a lo antes expuesto, resulta innecesario esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio respecto de los actos que en esta vía se reclaman, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo indirecto número 998/2021, de los cuales se advierte que mediante escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, recibido en la propia fecha en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Abraham Patricio Torres Guerrero, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, y que hizo consistir en el proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 198/2020, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, residente en esta ciudad, en el que le fue impuesta una multa equivalente a la cantidad de $896.20 (ochocientos veintiséis pesos moneda nacional 20/1000) y su correspondiente ejecución. Luego, en proveído de nueve de marzo de la presente anualidad, se requirió a la parte quejosa para que proporcionara un domicilio donde fuera posible localizar a los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T., sin que fuera factible su precisión. En tal virtud, en auto de cinco de abril del presente año, se inició el procedimiento de búsqueda respectivo, sin obtener datos que permitieran conocer el lugar de residencia de la citada parte procesal; por tanto, el siete de julio del propio año, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), en relación con el diverso 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia. En ese sentido, se requirió a esta última para que dentro del término de treinta días contado legalmente, se constituyera en este juzgado a efecto de recogerlos, entregarlos para su publicación y acreditar su entrega; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se entendería su desinterés en su publicación y, por ende, en la debida integración del sumario en que se actúa, lo que podía conducir a decretar el sobreseimiento en el juicio, atendiendo a las circunstancias del caso. Luego, se tiene que conforme a lo previsto en el ordinal 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la ley de la materia, una vez agotado el procedimiento de búsqueda, si no puede efectuarse el emplazamiento a juicio, éste se practicará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimiento Civiles y en el supuesto de que aquel no acredite haber recogido, pagado, publicado y entregado para su publicación los edictos, se decretará el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 63, fracción II, del ordenamiento legal en cita, cuyos textos son del tenor literal siguiente: La interpretación sistemática de los dispositivos transcritos, permite concluir que la ley de la materia prevé concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente lo rigen, y considerando que las determinaciones que se adopten en dicho procedimiento pueden llegar a afectar la esfera jurídica del referido tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al presente asunto constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al promovente del amparo por la falta de publicidad de los edictos, lo que impide a este jurisdicente pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente la acción deducida, toda vez que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por tanto, si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T., éste no recogió los edictos que fueron puestos a su disposición dentro del plazo de tres días concedido para tal efecto, a fin de poder llevar a cabo el emplazamiento de la referida parte procesal, ni manifestó su imposibilidad para cubrir el costo de su publicación, no obstante encontrarse debidamente notificada por lista de estrados publicada el trece de julio del año en curso, así como del apercibimiento ahí decretado, entonces, la contumacia en que éste incurrió, impide que este juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, actualizando la causa de improcedencia antes precisada, cuenta habida que el interés particular no puede estar por encima del interés público, traducido este último en que ninguna instancia puede quedar inconclusa. Lo anterior es así, si se considera que el emplazamiento de los terceros interesados es necesario para tener por constituida la relación jurídico procesal y ello está condicionado a que el quejoso gestione la publicidad de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse como llamada al juicio de garantías a los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T. y, como consecuencia, que no pueda ser resuelta la instancia constitucional, ya que, por la posición jurídica que guardan los terceros en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento a la contienda constituye un auténtico presupuesto procesal. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T., se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio solicitante de amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte inconforme, ya que con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Bajo esas premisas, es de resaltar que el término de treinta días concedido al quejoso para recoger, pagar y exhibir los edictos ordenados, a fin de realizar el emplazamiento a juicio de los terceros interesados Pablo Antonio Lizárraga Tirado y Anallely Tirado Burgueño, por sí y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales J.J.L.T., J.D.L.T. y D.L.T., comenzó a computarse el quince de julio del presente año, considerando que fue notificado el trece anterior, por lo que el plazo de mérito transcurrió del quince de julio al veintiséis de agosto de los propios mes y año, sin tomar en cuenta los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta, treinta y uno de julio; seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto por ser sábados y domingos, así como el uno del referido mes de agosto, para haber sido declarado inhábil, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, y tomando en cuenta que éste no manifestó su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, (la publicación de los edictos), asimismo, de los elementos que constan en autos no existen indicios suficientes que demuestren que la citada parte procesal no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, para que este juzgador considere, en todo caso, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que dicha publicación para emplazar a la tercera interesada sea a su costa, se deduce que no existe causa razonable para la omisión de mérito, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional, fuera de audiencia, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, y 63, fracción II, del propio ordenamiento legal. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 108/2010, resuelta en la modificación número 16/2010, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página cuatrocientos dieciséis, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Atendiendo a lo antes expuesto, resulta innecesario esperar hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional para efectuar el estudio de la causa de improcedencia que nos ocupa; por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio respecto de los actos que en esta vía se reclaman, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Brinda apoyo a la anterior consideración, la tesis resuelta en contradicción número 26/2002-PL, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página trescientos ochenta y siete, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.
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