Abraham Otoniel Fierro Rabanales

Expediente 704/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
704/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2017

Partes del expediente

  • Abraham Otoniel Fierro Rabanales

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO QUE EN SU PARTE MEDULAR DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Abraham Othoniel Fierro Rabanales, contra actos del Encargado del Área de Supervisión en su carácter de órgano prosecutor ante la comisión de honor y justicia de la secretaria de seguridad y protección de estado de Chiapas. Los que hizo consistir en: "El acuerdo de fecha 8 de junio de 2017, mismo que me fue notificado con esa misma fecha, por el que niega la petición formulada por el suscrito con fecha 31 de marzo de 2017, para la expedición de copias certificadas de las constancias de prueba que obran en el Archivo de Investigación SSPC/USI/A1/0120/2016 y SSPC/USI/AI/0732/2016, por cuanto las mismas carecen de firmas, nombres y cargos o el carácter con el que se expidieron a efecto que se garantice la equidad procesal." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 704/2017-IV. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Abraham Othoniel Fierro Rabanales, contra actos del Encargado del Área de Supervisión en su carácter de órgano prosecutor ante la comisión de honor y justicia de la secretaria de seguridad y protección de estado de Chiapas. Los que hizo consistir en: "El acuerdo de fecha 8 de junio de 2017, mismo que me fue notificado con esa misma fecha, por el que niega la petición formulada por el suscrito con fecha 31 de marzo de 2017, para la expedición de copias certificadas de las constancias de prueba que obran en el Archivo de Investigación SSPC/USI/A1/0120/2016 y SSPC/USI/AI/0732/2016, por cuanto las mismas carecen de firmas, nombres y cargos o el carácter con el que se expidieron a efecto que se garantice la equidad procesal." ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 704/2017-IV. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, toda vez que el acto no fue emitido en un juicio sino en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Efectivamente, los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos transcritos se advierte que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, a que se refiere el último numeral en comento, han sido precisados como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, es importante destacar lo que se entiende por derechos sustantivos y adjetivos. Los primeros son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República , a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Por su parte, los segundos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios de jurisprudencia ha precisado que los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Ahora bien, es conveniente precisar que en la demanda de amparo, Abraham Othoniel Fierro Rabanales adujo que el treinta y uno de marzo de este año, dentro de la audiencia a que fue citado en los archivos de investigación SSPC/USI/AI/0120/2016 y SSPC/USI/AI/0732/2016, solicitó la expedición de copias de las constancias de pruebas que obran en dichos procedimientos, ya que pudo percatarse de la existencia de varias inconsistencias. Que dicha solicitud le fue negada mediante acuerdo de ocho del actual, la señalada como responsable le negó la solicitud de expedición de copias de las constancias de pruebas que obran en los archivos de investigación SSPC/USI/AI/0120/2016 y SSPC/USI/AI/0732/2016. Acuerdo último que constituye el acto reclamado en el presente asunto. De lo anterior expuesto se colige, que el acto que se reclama (el acuerdo de ocho de junio del año en curso) fue emitido dentro del procedimiento citado, que se rige por previsto en el Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vigente en el Estado. Al respecto, cabe señalar que acorde con lo expuesto por el quejoso en su demanda, se advierte que el acto reclamado fue emitido posterior a la audiencia celebrada en la etapa de investigación del procedimiento disciplinario adversarial, esto es, previo a la determinación del acreditamiento o no de la falta disciplinaria motivo de la investigación, instaurada por el órgano prosecutor, aquí autoridad responsable, contra el hoy quejoso. En ese sentido, conviene precisar que en relación con los actos emitidos dentro del procedimiento de investigación o averiguación previa, ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que las transgresiones cometidas durante esa fase, por regla general, constituyen violaciones procesales en términos del vigente artículo 173 de la Ley de Amparo, dado que así lo estableció de la interpretación del artículo 20 constitucional -anterior a las reformas de junio de dos mil ocho-, al indicar que el juicio penal prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público), como se observa de la jurisprudencia que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO. Para determinar si la categoría de "violaciones procesales" contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior, algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los tribunales colegiados de circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales." En ese sentido, es claro que el acto reclamado fue emitido durante la etapa de investigación del procedimiento disciplinario adversarial, regido por el Reglamento de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana vigente en el Estado, por lo tanto, procedimiento que por lo general, no afecta algún derecho sustantivo del indiciado, porque constituye un acto preprocesal que tiene injerencia con la primera etapa del procedimiento (disciplinario adversarial), en la que conlleva la práctica de diversas diligencias y pruebas que recaba el órgano prosecutor, lo cual está sujeto a la apreciación que en su caso emita éste, en que decida si se acredita o no la falta disciplinaria, caso en que se hará del conocimiento del hoy quejoso y dará inicio al procedimiento disciplinario adversarial, por lo que, el acto que se reclama no afecta derecho sustantivo alguno del quejoso. Máxime que de la lectura del acto reclamado se advierte que a autoridad responsable precisó que el aquí quejoso y su defensor podrán tener acceso al archivo de investigación, las veces que considere conveniente, para efectos de tener una defensa adecuada, con lo cual, se pone en manifiesto que no se está conculcando derecho sustantivo alguno del quejoso. Por tanto, la sola negativa del Encargado del Área de Supervisión en su carácter de órgano prosecutor ante la comisión de honor y justicia de la secretaria de seguridad y protección de estado de Chiapas, de negarle la solicitud de copias de los archivos de investigación al hoy demandante del amparo en el sentido de si en su contra se instruye o no un registro de atención o carpeta de investigación, no genera una ejecución que sea de imposible reparación en su esfera jurídica de derechos. En ese contexto, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto la ley de la materia establece como requisito primordial para que la acción constitucional sea instaurada, que los actos que motiven el ejercicio de esa vía constitucional afecten materialmente derechos sustantivos y en el caso, el acto que se reclama a la autoridad responsable Encargado del Área de Supervisión en su carácter de órgano prosecutor ante la comisión de honor y justicia de la secretaria de seguridad y protección de estado de Chiapas, consiste en el acuerdo de ocho del actual, en el que se niega la solicitud de expedición de copias certificadas de las pruebas que obran en los expedientes formados con motivo de los archivos de investigación números SSPC/USI/AI/0120/2016 y SSPC/USI/AI/0732/2016, no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues no constituye una afectación directa a un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pues no es de aquellos que contempla la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que éste de modo alguno tiene la característica propia de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 47/90 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invocada por el a quo y por los propis recurrentes, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los actos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Por ende, atendiendo a la estructura del juicio de amparo indirecto, se concluye que las lesiones de que se duele la solicitante de derechos fundamentales, en relación con el acto reclamado al Encargado del Área de Supervisión en su carácter de órgano prosecutor ante la comisión de honor y justicia de la secretaria de seguridad y protección de estado de Chiapas, se repite, no colma los presupuestos de procedibilidad para someterse a estudio en este juicio, por tratarse de cuestiones procesales. Aunado a que los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una investigación para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando se formule la decisión que se pronuncie con relación al inicio del procedimiento disciplinario adversarial. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano prosecutor, anteponiendo el interés particular al de la sociedad; aunado a que en el caso no se restringe la libertad, derechos o posesiones del aquí inconforme, por lo que no puede interpretarse como una violación de derechos fundamentales en su perjuicio. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso b) del numeral 107, a contrario sensu, de dicho ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. Sin que sea inadvertido que en el escrito de demanda el promovente indicó que dicha negativa le afecta el derecho de defensa adecuada y acceso efectivo a la justicia, empero, tal cuestión per se, tampoco torna procedente el juicio de amparo, en atención a que el promovente todavía no ha sido considerado infractor o agente comisor de falta disciplinaria, ya que no se ha emitido la determinación correspondiente por el órgano prosecutor en el archivo correspondiente, motivo por el cual, el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio establecidas de forma expresa y limitativa en el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo. Además, tal acto, como ya se dijo, no trasciende irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando el órgano prosecutor pronuncie su determinación en el archivo de investigación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda; como autorizado en términos amplios a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio Cesar Padilla Valdivia y en términos restringidos del citado numeral a las demás personas que señala, toda vez que no cuentan con sus respectivas cédulas en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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