Abraham Osorio Pineda
Expediente 125/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Abraham Osorio Pineda
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que el quejoso Abraham Osorio Pineda, no impugnó el proveído de quince de marzo de dos mil dieciséis (fojas 16-19), dentro del plazo de cinco días que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto en el que se desechó su demanda de garantías, queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de garantías, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ABRAHAM OSORIO PINEDA, contra actos del Presidente Municipal Constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; así también téngase por hecha la certificación que antecede. Regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si en el caso se actualiza alguna de las causales de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 113 que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Pues bien, en el caso, el quejoso Abraham Osorio Pineda, promueve demanda de amparo contra actos del Presidente Municipal de Juchitán, Oaxaca, como autoridad ordenadora; del Síndico Procurador Municipal y del Titular de Vialidad y Tránsito Municipal con residencia en dicha ciudad, como autoridades ejecutoras. De quienes reclama: De la autoridad ordenadora: La orden girada de levantar sus vehículos que se encuentran estacionados sobre la lateral de las vías del ferrocarril esquina con la Avenida Oaxaca en la Segunda Sección de la propia ciudad de Juchitán de Zaragoza. Y de la ejecutora: el cumplimiento que den a dicha orden para secuestrar sus vehículos que tiene estacionados en el lugar referido. Y como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que desde hace un mes han ido a molestarlo a su domicilio en forma verbal, personal de Vialidad, Tránsito y Transporte Municipal de Juchitán, Oaxaca, diciéndole que retire los dos vehículos que tiene estacionados en un espacio libre de todo tránsito, tanto peatonal como vehicular; a lo que el quejoso, les contestó que ese lugar es derecho de vía de Ferrocarriles Nacionales de México, y que él tenía autorizado permiso por los que quedaron encargados de velar por ese derecho de vía que son los del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana de la Sección número trece, y que dicha autorización la podía acreditar a través de documentación correspondiente; que la fracción del predio que lo despoja o trata de despojar la autoridad responsable lo hizo abusando de su autoridad, pues a pesar de haberles demostrado que es legítimo poseedor de dicha fracción de terreno, han hecho caso omiso a tal circunstancia; pretenden obligarlo a que retire por su propia cuenta los vehículos de su propiedad con el pretexto de que en ese lugar construirán una obra de carácter pública, que el promovente, les ha dicho que no retirará ningún vehículo, pues tiene la posesión quieta y pacífica de dicho lugar, ya que los vehículos los ocupa como fuente de su trabajo camión tipo tortón (rabón) y un remolque; que el camión tiene un valor de más de trescientos mil pesos, por eso lo hace necesario tener dicho vehículo a la vista, cerca de su domicilio; asimismo, el promovente refiere que el día jueves diez de marzo de dos mil dieciséis, aproximadamente las catorce horas, por órdenes del Presidente Municipal le dijeron que iban a levantar sus camiones, de donde se encontraban estacionados, que llevaban consigo dos grúas, para llevar al corralón a los mencionados vehículos, oponiéndose el promovente a tal orden, pero le advirtieron que si en ese momento, no levantaban dichos vehículos los levantarían en su ausencia. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1, de la Ley de Amparo, ambos interpretados en sentido contrario, que disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos legales transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada a que los actos que en el mismo se reclamen, violen derechos humanos y garantías individuales reconocidos por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados, o invadan la esfera de la autoridad federal. Esto es, el artículo 1 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es el medio de defensa que tienen los particulares contra cualquier acto proveniente de una autoridad que vulnere sus garantías individuales o derechos humanos, como gobernados. Es decir, en este caso, resolver las controversias que se susciten entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como característica, la unilateralidad, la imperatividad, y la coercitividad, tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos, toda vez que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos, dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Asimismo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados; así como por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. Esto es, aquellos emitidos por la autoridad de un órgano del poder público federal, que comprendan facultades constitucionalmente reservadas a los Estados, con los cuales penetre al ámbito de atribuciones que la Constitución establece o reserva en favor de éstos; o viceversa, que la autoridad de un órgano del poder público local al emitir una Ley o acto, ejerza facultades constitucionalmente reservadas a la Federación, penetrando con ello al ámbito de atribuciones del poder público federal. Hipótesis que en el caso no se actualizan, en la medida que el quejoso se duele de la orden girada de levantar sus vehículos que tiene estacionados sobre la lateral de las vías del ferrocarril esquina con la avenida Oaxaca en la segunda sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Asimismo, los actos reclamados en modo alguno pueden considerarse como violatorio de garantías individuales, en razón que "la orden dada por el Presidente Municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para levantar sus vehículos de motor (camión tipo rabón y un remolque), que tiene estacionado sobre la lateral de las vías del ferrocarril esquina con la avenida Oaxaca en la segunda sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca", derivan de un convenio que el aquí quejoso celebró con el Síndico Municipal de esa ciudad, en una relación de coordinación; pues así lo manifestó el quejoso en su diversa demanda de amparo número 108/2016, del índice de este juzgado que se tiene a la vista y que se ordena deducir copia certificada de la demanda y anexos para glosarse a los presentes autos para los efectos legales correspondientes; de ahí que el acto reclamado no puede considerarse como un acto unilateral a través del cual la autoridad que señala como responsable ordenadora pretenda crear, modificar o extinguir por sí, o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular quejoso, toda vez que dicho convenio fue celebrado por ambas partes (quejoso y autoridad que señala como responsable). Así las cosas, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por motivo manifiesto de indudable improcedencia se desecha de plano la demanda de garantías de cuenta. ...Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, y como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Ángel Ruiz Gutiérrez y Flor Ángel Alavez Jiménez, sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no acreditan contar con cédula profesional de la licenciatura en derecho, circunstancia a la cual estaban obligados en la medida de que se trata de un juicio de amparo en materia administrativa, aunado a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no se encontró registro alguno a su nombre en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como tampoco en los Libros de Registros de Cédulas Profesionales que se llevan en este Juzgado.
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