Abraham Noé Rodríguez Díaz
Expediente 822/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Abraham Noé Rodríguez Díaz
- Isaac Rodrigo Jiménez Torre
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales que anteceden, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de dos de marzo del año en curso (fojas 78 a 80), en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara pronunciamiento alguno al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita; se señala como fecha probable para su depuración una vez transcurrido el plazo de cinco años.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio recibido en su domicilio el seis de marzo de dos mil diecisiete; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dos de marzo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Chetumal, Quintana Roo, dos de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial con la que se da cuenta, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I. El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Abraham Noé Rodríguez Díaz para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en el término de tres días siguientes al que se le notifique que causó ejecutoria esta sentencia, se pronuncie respecto del acto reclamado por el quejoso, dentro del expediente laboral DIT-392/2014, debiendo notificar dicha determinación a la parte quejosa." II. Por auto de trece de febrero del año en curso (fojas 54 y 55), la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, el cumplimiento al fallo protector. III. El diecisiete de febrero de la presente anualidad, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el oficio STyPS/TCA/233/2017 (foja 58), signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, remitió copia certificada del laudo de veinticinco de enero de dos mil diecisiete (fojas 59 a 69), y de la constancia de notificación de dieciséis de febrero del año en curso (foja 70), emitido en el expediente DIT-392/2014 del índice de dicho órgano. Conviene precisar que a las documentales mencionadas se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Bajo ese contexto, el veinte de febrero del año en curso (fojas 72 y 73), se concedió a las partes [quejoso y tercera interesada] un plazo de tres días, computado legalmente, para que hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que informó la autoridad responsable, sin que hayan hecho uso de ese derecho. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así el efecto de la concesión fue, en esencia, que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, hiciera lo siguiente: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en el término de tres días siguientes al que se le notifique que causó ejecutoria esta sentencia, se pronuncie respecto del acto reclamado por el quejoso, dentro del expediente laboral DIT-392/2014, debiendo notificar dicha determinación a la parte quejosa. Entonces, tenemos que como se advierte de las constancias que al efecto remitió el Presidente del Tribunal responsable, dicho órgano dictó resolución en forma de laudo en los autos del juicio DIT-392/2014, asimismo, el dieciséis de febrero del año en curso se notificó la citada resolución a la parte aquí quejosa. En ese contexto, al dictarse la resolución en forma de laudo dentro de los autos del juicio laboral DIT-392/2014, y al notificarse a la parte quejosa dicha determinación, se acató en sus términos el fallo protector y, por tanto, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito Juez de Distrito, que de autos no obra la pieza postal donde conste la notificación realizada al tercero interesado Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, sin embargo, ello no impide realizar la calificación de cumplimiento, toda vez, que la misma no se encuentra legitimada para hacer cualquier pronunciamiento al respecto, esto en atención al principio de relatividad de las sentencias de amparo principio rector que impera en la materia de amparo. En lo conducente sirve de apoyo el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con número de registro 197226, de la Novena Época, del tomo Vl, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, página 176, de rubro y texto siguiente: INCONFORMIDAD PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 105 Y 108 DE LA LEY DE AMPARO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. Si bien el cumplimiento de las ejecutorias es de orden público, ello no legitima a cualquier sujeto para que pueda exigir su acatamiento, pues en atención al principio de relatividad de las sentencias de amparo, que implica el que la protección federal que se otorgue proteja sólo a quien o a quienes hayan promovido el juicio de garantías, a su vez produce la legitimación, principalmente del quejoso, para exigir el cumplimiento de las ejecutorias de amparo o para denunciar la repetición del acto reclamado; de aquí que, cuando los artículos 105 y 108 de la Ley de Amparo se refieren "a la parte interesada", debe entenderse esta referencia como correspondiente a la parte beneficiada con la protección federal, que es quien tiene interés en que se cumpla cabalmente la ejecutoria y a quien puede afectarle la resolución que decida sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, o bien, la que declare infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; incluso, podría tener este carácter la autoridad responsable cuando el Juez de Distrito declare fundada la denuncia de repetición del acto reclamado. Por tanto, el depositario e interventor con cargo a la caja de la negociación propiedad de la quejosa, quien es tercero interesado en el procedimiento de huelga reclamado, al carecer del carácter de administrador o gerente de la negociación quejosa, pues sólo tienen facultades de cobro, y al ser ajeno al juicio de garantías, carece de legitimación para exigir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa y a la tercera interesada por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, tercero interesado y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil diecisiete (fojas 37 a 43); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada para todos los efectos legales. Así, toda vez que en el sexto punto considerativo de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por ****, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en el término de tres días siguientes al que se le notifique que causó ejecutoria esta sentencia, se pronuncie respecto del acto reclamado por el quejoso, dentro del expediente laboral ***, debiendo notificar dicha determinación a la parte quejosa." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que se le notifique el presente proveído, cumpla con la sentencia de amparo. Sin que en el caso haya lugar a requerirle por conducto de superior jerárquico, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, toda vez que dicho órgano jurisdiccional no tiene un superior jerárquico a quién exhortar para que la obligue a cumplir sin demora con el fallo protector, ya que el ejercicio de la función jurisdiccional presupone la inexistencia de relaciones de subordinación o superioridad jerárquica, fundada de modo relevante en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, pues considerar lo contrario equivaldría a que dicha función fuera funcionalmente desnaturalizada. En el entendido que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. Finalmente, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *** contra el acto precisado en el considerando segundo, que atribuyó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, acorde con los motivos y para los efectos siguientes: El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, en el término de tres días siguientes al que se le notifique que causó ejecutoria esta sentencia, se pronuncie respecto del acto reclamado por el quejoso, dentro del expediente laboral ****, debiendo notificar dicha determinación a la parte quejosa. SEGUNDO. Se le conmina al Tribunal responsable, como órgano de la administración de justicia en materia laboral, que de ahora en adelante, debe acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado en el procedimiento y para emitir resoluciones y notificarlo, pues ello no impide que se configure la violación al derecho fundamental previsto en el referido artículo 17 constitucional. TERCERO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con su supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.
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