Abraham Martínez García

Expediente 588/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
588/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Abraham Martínez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente juicio de amparo; asimismo adjunta copia certificada de la resolución dictada en sesión ordinaria virtual de veintitrés de junio de dos mil veintidós, el amparo en revisión 198/2021; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia materia de revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan José Martínez Pérez y María Cristina Guadalupe García González, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de la sentencia impugnada." En consecuencia, acúsese recibo, regístrese su llegada; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas y con apoyo en la fracción I, inciso k, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes y remítase copia de la ejecutoria de mérito a la autoridades responsables, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que, se concedió la suspensión de plano, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a ese juzgado dentro del término de noventa días hábiles, a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Empero para la devolución de los documentos, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, la parte promovente o cualquiera de sus autorizados, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita, en el entendido que de no recoger los documentos en el plazo señalado en líneas que antecede, se hará efectivo el apercibimiento decretado en el párrafo que precede. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez de Control y Oralidad de la Región Nueve de Centro, Tabasco, los DVD´s que remitió en apoyo a su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-4 de la Fiscalía General de la República, la copia auténtica de la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/00000753/2020 y a Emanuel Gómez Silván, representante del Gobierno del Estado de Tabasco, en su calidad de tercero interesado, la copia simple de la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0000753/2020, constancias que obran por cuerda separada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 588/2020-9, e informa que dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Víctor Manuel Barrera Hernández, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en contra de la sentencia de diecinueve de abril del año en curso, el cual fue radicado bajo el número 198/2021; de lo que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 9 En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 588/2020-9, promovido por Juan José Martínez Pérez y María Cristina Guadalupe García González. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda de amparo y a su escrito de ocho de septiembre de dos mil veinte, recepcionado con el folio 5903 , consistentes en copia certificada y simple del acta de nacimiento folio A27 1169968 levantada por el Oficial 01 del Registro Civil en esta ciudad , copia simple de una receta médica folio 1504754 de tres de julio de dos mil veinte, sin firma ; y copia simple de diversas notas periodísticas en los términos que del contenido de las mismas se desprende; así como las constancias que adjuntaron las autoridades responsables a sus informes de suspensión de plano , así como las remitidas por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, a su informe justificado , informe aclaratorio y oficio 25469 , consistentes en copia certificada del acta mínima de la audiencia inicial por orden cumplida de cuatro de julio de dos mil veinte, acta mínima de la audiencia inicial de ocho de julio siguiente y copia certificada de audio y video en formato "DVD" que contiene la audiencias antes mencionadas relativas a la causa penal 578/2020, la cual obra por cuerda separada, a fin de evitar el daño de éste por el manejo del expediente, copia del oficio FGE/DGPI-297/2020, de tres de julio de dos mil veinte (remisión de detenido) , de igual forma, con diversas constancias relativas al acto reclamado que anexó a su informe justificado la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad (fojas 80 a 100), así también, con la copia simple de la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0000753/2020, las cuales obran por cuerda separada, en razón de su voluminosidad. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con el escrito signado por el Representante del Gobierno del Estado de Tabasco, en su calidad de tercero interesado, recibido en este juzgado el doce de agosto de dos mil veinte, registrado con el folio 4837 ; asimismo, con el oficio FGE/FECC/0209/2020, signado por la autoridad responsable Titular de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, registrado con el folio 6177 , y certifica que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al tercero interesado y a la referida autoridad responsable formulando alegatos para los efectos legales conducentes y a las demás partes por perdido el derecho para formularlos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 588/2020-9, promovido por Juan José Martínez Pérez y María Cristina Guadalupe García González, contra actos del Fiscal General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado ante este Juzgado, el tres de julio de dos mil veinte, Juan José Martínez Pérez y María Cristina Guadalupe García González, a través de su hijo Abraham Martínez García, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS 1. Fiscal General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 2. Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 3. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. 4. Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Nueve, con sede en esta ciudad. 5. Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Seis de Comalcalco, Tabasco. 6. Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "La incomunicación que sufren los quejosos por parte de las autoridades señaladas como responsables." "La orden de detención y aprehensión emitida por las autoridades responsables en contra del quejoso y su ejecución." SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y RATIFICACIÓN. En proveído de tres de julio de dos mil veinte (fojas 7 a 10), se registró la demanda bajo el expediente 588/2020-9, se otorgó la suspensión de plano de los actos reclamados consistente en la posible incomunicación, en contra de los quejosos Juan José Martínez Pérez y María Cristina Guadalupe García González; y se ordenó requerir a los citados quejosos para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del citado acuerdo, ratificaran la demanda de amparo promovida en su favor, bajo el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, se tendría como no presentada la demanda. Siendo notificada la parte quejosa del anterior acuerdo el cuatro del mismo mes y año (fojas 13 y 14), en la cual ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante auto de cuatro de julio de dos mil veinte (fojas 15 a 19), se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. En proveído de diecisiete de julio de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) se le reconoció el carácter de terceros interesados al Gobierno del Estado de Tabasco y al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, Tabasco, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficios 9173/2020 y 10587/2020, los cuáles fueron recibidos el veinte de julio de dos mil veinte y el ocho de septiembre de ese mismo año (fojas 65 y 202 respectivamente). QUINTO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de siete de septiembre de dos mil veinte (fojas 167 a 172), se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo respecto de los nuevos conceptos de violación. SEXTO. RECURSO DE QUEJA. En proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable Titular de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte (fojas 227 a 229), el cual por razón de materia le correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, quien por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte (fojas 328 y 329), admitió a trámite el citado recurso bajo el número 84/2020 de su índice, y en resolución de ocho de febrero de dos mil veintiuno (fojas 348 a 355), desechó el mencionado recurso. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La incomunicación que sufren los quejosos por parte de las autoridades señaladas como responsables. ? La orden de aprehensión emitida en contra del quejoso en la causa penal 578/2020 del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio oral de la Región Nueve, con sede en esta ciudad, y su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Director de Amparos y Resolución de Consulta, en ausencia del Fiscal General del Estado y de los Vicefiscales de Delitos Comunes y de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas (fojas 28 y 241), el Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (foja 56), residentes en esta ciudad y el Juez Segundo de Control de la Región Judicial Seis de Comalcalco, Tabasco (foja 71 y 245), al rendir sus respectivos informes justificados e informe respecto a la ampliación de la demanda de amparo, negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, orden de detención y aprehensión emitida en contra de los quejosos Juan José Martínez Pérez y María Cristina Guadalupe García González, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtuara tales negativas. Asimismo, la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco, al rendir su respectivo informe justificado e informe respecto a la ampliación de la demanda de amparo, negó la existencia del acto reclamado consistente en la incomunicación, orden de detención y aprehensión emitida en contra de la quejosa María Cristina Guadalupe García González, sin que la referida quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtuara tales negativas. Idéntico criterio debe sostenerse respecto del acto atribuido al Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (fojas 24 y 199) y Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco (fojas 79 236 y 237), con residencia en esta ciudad, autoridades señaladas responsables ordenadoras, sin embargo, éstas no se encuentran facultadas para emitir la orden de incomunicación, detención y aprehension reclamadas respecto a la quejosa María Cristina Guadalupe García González, ya que en todo caso les correspondería la ejecución de dicho acto; sin embargo, al haber sido negado dichos actos por las autoridades ordenadoras, es evidente que no pueden ejecutar un acto inexistente. Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de actos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. La Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado e informe de ampliación, admite la existencia del acto reclamado únicamente respecto al quejoso Juan José Martínez Pérez. Lo que se corrobora con la copia de las constancias que anexó a su informe justificado la juez responsable, a sí como a su informe aclaratorio y oficio 25469, consistentes en copia certificada del acta mínima de solicitud de orden de aprehensión de tres de julio de dos mil veinte, acta mínima por orden cumplida, vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria y copia certificada audio y video en formato "DVD" que contiene la audiencias antes mencionadas relativas a la causa penal 578/2020, la cual obra por cuerda separada, para su consulta y se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Así también, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por su parte, el Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (fojas 24 y 199) y Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco (fojas 79, 236 y 237), con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo, tal negativa debe tenerse por desvirtuadas ante la aceptación de la ordenadora, toda vez que por razón de jerarquía y funciones les compete ejecutar actos de esa naturaleza. Tiene aplicación la tesis consultable en la página 56, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, bajo el siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. No obstante lo anterior, en el presente asunto se advierte que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente al fondo, sea que las partes lo aleguen o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 533, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, la quejosa reclama en esta vía constitucional, la orden de aprehensión de tres de julio de dos mil veinte, emitida en su contra por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 240 bis, fracción II, inciso b) del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio del Gobierno del Estado de Tabasco y/o el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Sin embargo, como se adelantó, en el presente juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia, prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito descrito se actualiza conforme a las constancias de autos, de las que se advierte que el acto reclamado fue dictado en la causa penal 578/2020, en contra de Juan José Martínez Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 240 bis, fracción II, inciso b) del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio del Gobierno del Estado de Tabasco y/o el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, con lo que se demuestra que el acto reclamado dimana de un procedimiento que, por naturaleza, es materialmente jurisdiccional, por lo que es evidente que se cumple el primer requisito. En cuanto al segundo supuesto, se destaca que la demanda de amparo fue presentada a las veintiún horas con siete minutos del tres de julio de dos mil veinte y que el veintiuno de agosto de dos mil veinte se tuvo por recibido el oficio 25469 de veinte de agosto de dos mil veinte(foja 145), al que anexó copia certificada de las actas mínimas de la audiencia inicial por orden cumplida de cuatro de julio de dos mil veinte y continuación de la audiencia inicial de vinculación a proceso y plazo de cierre de investigación complementaria de ocho de julio de dos mil veinte, dictadas en la causa penal 578/2020, así como un disco versátil digital DVD que contiene audio y video de la audiencias antes descritas, siendo que en la segunda de las antes citadas, la juez responsable, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan José Martínez Pérez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio ilícito de atribuciones y facultades, previsto y sancionado por el artículo 240 bis, fracción II, inciso b) del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio del Gobierno del Estado de Tabasco y/o el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco; medio de prueba al que se le concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202, del Código procesal aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De esta suerte, se ha evidenciado que, con posterioridad a la emisión la determinación consistente en la orden de aprehensión reclamada por la quejosa se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, con lo cual cambió la situación jurídica del quejoso Juan José Martínez Pérez, y es esta actuación es la que ahora rige su actual situación jurídica. Respecto del supuesto mencionado en el inciso C, es menester exponer que el quejoso Juan José Martínez Pérez se encuentra sujeto a lo resuelto en el auto de vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil veinte, dictado en la causa 578/2020, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la orden de aprehensión de tres de julio de dos mil veinte dictada en contra del quejoso Juan José Martínez Pérez, por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco, en razón de que en el supuesto de que se declarara inconstitucional se podría afectar el nuevo acto consistente en el auto de vinculación a proceso de ocho de julio de dos mil veinte. Finalmente, se advierte colmada la última de la hipótesis, esto es, que el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada por la Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Nueve de Centro, Tabasco, en la causa penal 578/2020, en contra del referido quejoso y el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso en la misma causa, fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento penal del que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que el citado auto de vinculación a proceso puede subsistir con independencia de que el acto aquí reclamado sea o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis XXI.1o.48 P, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1024, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo." Asimismo, sirve de apoyo la tesis XVII.1o.48 P.A. J/18, Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, Agosto de 2018, tomo III, página 2482, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)." En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado por el Representante del Gobierno del Estado de Tabasco, en su calidad de tercero interesado, recibido en este juzgado el doce de agosto de dos mil veinte, registrado con el folio 4837 ; asimismo, con el oficio FGE/FECC/0209/2020, signado por la autoridad responsable Titular de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, registrado con el folio 6177 , porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de cuatro de julio de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Juan José Martínez Pérez y María Cristina Guadalupe García González, contra el acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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