Abraham Lugo Quiroz y Otros.

Expediente 160/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
160/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Abraham Lugo Quiroz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***** y ****, todos de apellidos ***********, por propio derecho, contra actos del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago, de quien reclaman la negativa a su solicitud de acogerse a la duplicidad de plazo constitucional previo a la formulación de imputación, a efecto de contar con una debida defensa en la causa penal 1P4222-260 del índice de la autoridad señalada como responsable. Fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 160/2023-I. Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Al respecto, el numeral en comento dispone: De la lectura integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado es la negativa por parte del Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago a su solicitud de acogerse a la duplicidad de plazo constitucional previo a la formulación de imputación, a efecto de contar con una debida defensa en la causa penal 1P4222-260 del índice de la autoridad señalada como responsable, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que no es de aquellos que dejan sin defensa a la parte quejosa ni tiene el carácter de irreparable. Los artículos antes invocados disponen: Lo anterior, pues el juicio de amparo indirecto sólo es procedente en contra de determinaciones intraprocesales que sean de imposible reparación, entendiéndose éstas como aquellas que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La razón toral que expuso el Pleno la Corte para determinar que la Ley de Amparo vigente interrumpió la aplicabilidad de la jurisprudencia que permitía el análisis de la acción de amparo en la vía indirecta contra actos intraprocesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior fue que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la disposición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por las anteriores razones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó. Conforme el anterior criterio jurisprudencial, el cual es obligatorio para este juzgado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo procede contra actos en juicio -intraprocesalescuyos efectos sean de imposible reparación, entendido como tal los que afecten de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Al contrario, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. En consecuencia, la negativa por parte del Juez de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago a su solicitud de acogerse a la duplicidad de plazo constitucional previo a la formulación de imputación, a efecto de contar con una debida defensa en la causa penal 1P4222-260 del índice de la autoridad señalada como responsable, no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, de asistirle razón jurídica, sólo implicaría la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que pueden ser reparados de obtener una resolución favorable. Y no pasa inadvertido para este juzgado la relevancia de la violación procesal de la que se duele la parte quejosa, no obstante, ella, de ser el caso, deberá reclamarse hasta que se dicte el auto de vinculación a proceso. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por reclamarse actos notoriamente improcedentes. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo.

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