Abraham López y López
Expediente 169/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/05/2022
Partes del expediente
- Abraham López y López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa: visto; el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite testimonio de la resolución de dieciocho de mayo del año en curso, dictado en el Conflicto Competencial 14/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional con el diverso Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Ahora bien, por cuanto el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial entre el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez. SEGUNDO. Se declara que la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, es legalmente competente para conocer de la demanda promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en Tonalá, a quien deberá remitirse los autos. TERCERO. Con copia certificada de esta ejecutoria, comuníquese al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad." Al respecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda, este juzgado toma nota de lo informado por la autoridad oficiante y remítase el acuse recibo a la Superioridad. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por la quejosa susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
visto; el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite testimonio de la resolución de dieciocho de mayo del año en curso, dictado en el Conflicto Competencial 14/2022, suscitado entre este órgano jurisdiccional con el diverso Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. Ahora bien, por cuanto el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial entre el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez. SEGUNDO. Se declara que la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, es legalmente competente para conocer de la demanda promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en Tonalá, a quien deberá remitirse los autos. TERCERO. Con copia certificada de esta ejecutoria, comuníquese al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad." Al respecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda, este juzgado toma nota de lo informado por la autoridad oficiante y remítase el acuse recibo a la Superioridad. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto de incompetencia; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por la quejosa susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
- Principal
Visto; el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual comunica que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre éste órgano jurisdiccional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, quedando registrado con el número 14/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda, este juzgado toma nota de lo informado por la autoridad oficiante. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada para conocer del presente juicio de amparo, bajo el argumento de que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, este es de carácter omisivo, el cual no tiene efectos positivos ya que carece de ejecución material, por lo que en términos del artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, corresponde a este juzgado de distrito conocer de la demanda de que se trata. Con base en lo anterior, este juzgador respetuosamente disiente del argumento expuesto por la autoridad oficiante, e insiste en declinar la competencia que fue rechazada, por las razones siguientes. En principio debemos recordar que el acto reclamado consistente en la omisión de celebrar audiencia de pruebas y alegatos en relación al incidente de acumulación promovido en el expediente laboral J/O/67/2020, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Tonalá, Chiapas. Ahora, si bien de acuerdo con su naturaleza el acto antes señalado, tiene el carácter de omisivo, lo cierto es que sus efectos son positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, la omisión atribuida a la autoridad responsable, genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Por lo que se insiste, en el caso particular, se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, esto es, en Tonalá, Chiapas, lugar en donde reside la autoridad responsable y en el que se encuentra radicado el juicio de donde emana el acto reclamado, el cual se encuentra dentro del ámbito territorial en el que los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, ejercen jurisdicción, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por ende, la competencia debe fincarse en este caso, en favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, pues dada la naturaleza del acto generador de molestia, no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado. Similar criterio adoptó el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el conflicto competencial 18/2021, en el que, en lo que interesa dijo: "..A efecto de dilucidar la naturaleza y efectos del acto reclamado, debe tenerse presente que el quejoso señaló como actos reclamados la omisión de proveer el escrito mediante el cual solicitó se continuara con la secuela procesal en el juicio laboral que promovió el catorce de diciembre de dos mil veinte; dijo que la autoridad responsable dilataba injustificadamente el procedimiento ordinario laboral, en contravención de los artículos 685 y 686 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, y ello era violatorio de la garantía de una pronta y expedita administración de justicia, contenida en el numeral 17 constitucional. Con base en lo anterior, se destaca que la omisión de acordar el escrito mediante el cual se solicitó la prosecución del juicio dentro de los plazo legales, si bien es un acto omisivo, lo cierto es que tiene efectos positivos ya que sus consecuencias trascienden en un plano fáctico; es decir, conllevan ejecución material, pues su naturaleza parte de un deber de hacer, cuyo incumplimiento se reclama y se materializa de forma directa en detrimento o menoscabo del derecho fundamental del quejoso de acceso a la justica de manera pronta y expedita, en perjuicio de las partes en el proceso. Por ende, no puede afirmarse que la omisión atribuida a la responsable, es una decisión meramente declarativa que no tiene ningún efecto o que no conlleve consecuencia alguna. Por el contrario, con ello se genera una afectación que no cesará hasta en tanto se cumpla con el deber señalado; y en ese sentido, se reitera, si bien el acto reclamado es uno omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada- lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo. De ahí que se trata de un acto omisivo con efectos positivos. Además, el inconforme reclamó la omisión del actuario, de notificarle el acuerdo recaído a su promoción; y en este contexto, tomando en cuenta sin prejuzgar el fondo del asunto o la resolución con la que culmine el juicio de garantías, la determinación que recaiga al escrito presentado por el quejoso, debe ser notificado a éste, pues es uno de los actos impugnados, por lo que debe privilegiarse también el factor cercanía; es decir, el lugar en donde reside la autoridad ante la cual se tramite el juicio natural. Entonces, es evidente que el acto omisivo reclamado no se circunscribe a la sola inactividad de la autoridad, pues la privación de ese derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita a favor de los gobernados legal y constitucionalmente, materializa una consecuencia en el mundo fáctico del quejoso que configura el principio de ejecución material. Conforme a lo anterior, se considera que en el caso se actualiza la primera hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone que a fin de determinar la competencia por razón de territorio, es competente el juzgado del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la omisión reclamada tiene eficacia en el lugar en el que se materializa esa abstención, que por el momento y en atención a los elementos con que se cuentan en el presente conflicto, es en esta ciudad capital, en donde reside la autoridad responsable.." En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de y de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013 y 16/2016, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número y a la jurisdicción territorial y especializada por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; remítase el juicio de amparo 169/2022-I del índice de este juzgado (163/2022 de la estadística del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas), al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para que resuelva el presente CONFLICTO COMPETENCIAL. Al efecto, comuníquese la anterior determinación al Juzgado de Distrito oficiante, para su conocimiento y en vía de acuse de recibo, para los efectos legales correspondientes.
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