Abraham López Valdéz

Expediente 869/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
869/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad
  • Abraham López Valdéz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra de la resolución dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita a partir del diez de agosto de dos mil veinte en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número J-II-1848/2021, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; al que en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de octubre del año en curso, adjunta las notificaciones y emplazamiento de los demandados en el expediente ordinario número 2B-1378/2021, de donde derivan los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se admiten y se tienen por desahogas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. Por otra parte, de autos se desprende que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo promovida por..., apoderados de... señalando como acto reclamado: "a).- La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia inicial y en forma inminente el señalamiento de una fecha remota; b).- La omisión de turnar el expediente al actuario para que realice el emplazamiento a las partes; y c).- La omisión de vigilar que se realice el emplazamiento de la parte demandada a fin de que pueda desahogarse la audiencia inicial; y de la ejecutora c).- La omisión de realizar el emplazamiento a la parte demandada, actos derivados del expediente ordinario número 2B-1378/2021.". Ahora bien, de autos se obtiene que la parte quejosa reclama por esta vía Constitucional la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ordenar el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio ordinario laboral 2B-1378/2021, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". Para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este contexto, la Presidenta y el Actuario de la Junta Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del oficio número J-II-1785/2021, presentado ante este órgano federal el catorce de octubre del año en curso, y con el que se da cuenta, mediante el cual la primera autoridad en cita, remite copia certificada, entre otras, del auto de once de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario laboral 2B-1378/2021, así como las notificaciones y emplazamiento de los demandados en el citado juicio, del índice de la referida Junta, respectivamente, de las cuales se advierte que la junta responsable radicó la demanda laboral promovida por el ahora quejoso..., por conducto de sus apoderados y señaló como fecha las nueve horas del día veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, asimismo, emplazó a la parte demandada en el controvertido; constancias que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De lo anterior, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,2 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional, esto es, las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quince de octubre del año en curso, rindieron su informe justificado las autoridades responsables Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, con residencia en esta ciudad, adjuntando algunas constancias relativas al expediente ordinario número 2B-1378/2021, de donde derivan los actos reclamados; asimismo, informando la primera de ellas, que en esa data se había ordenado el emplazamiento a la parte demandada en el citado juicio, sin que se tenga la certeza si ya ocurrió ello; por tanto, requiérase a dichas responsables, para que en el término de tres días contado, a partir de que tengan conocimiento del presente proveído, si ya se llevó a cabo el emplazamiento de los demandados en el referido juicio, de ser así remita las constancias que acrediten dicha circunstancia, o bien, manifiesten el impedimento legal o material que tengan para ello; toda vez que las mismas son necesarias para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señalan las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    ...Agréguese a los autos el pedimento número 257/2021, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos en los términos que indica; sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de la audiencia Constitucional; asimismo, con apoyo en el numeral 3° de la Ley de la materia, una vez que se dicte la sentencia dentro de este expediente, expídansele las copias que requiere en su pedimento de cuenta. Notifíquese.

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