Abraham Leal Gómez
Expediente 140/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/03/2021
Partes del expediente
- Abraham Leal Gómez
Actuaciones
- Principal
MESA III RADICACIÓN. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y otras autoridades. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 140/2021-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que el quejoso reclama: La orden de traslado del quejoso del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente" ubicado en Juanacatlán, Estado de Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca" ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." INCOMPETENCIA. Es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que prevé a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. En ese contexto, este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. Para demostrar esta premisa, es necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, para determinar la competencia bajo tal supuesto, debe atenderse a lo dispuesto en el citado precepto, de cuyo contenido derivan tres reglas específicas; a saber: La primera, radica en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; lo que necesariamente presupone que el acto reclamado después de su emisión, requiere de ejecución material por parte de la propia autoridad o una autoridad diversa a la ordenadora. La segunda, constituye una variante de la anterior, pues parte también del supuesto que el acto reclamado tenga ejecución material y señala que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. La tercera, establece que cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esta última, adoptada a partir del tres de abril de dos mil trece, con la vigencia de la nueva Ley de Amparo, cambió radicalmente la fijación de la competencia establecida en torno a los actos que no requieren ejecución material, pues conforme al párrafo tercero del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, se preveía ésta a favor del juez de Distrito en cuya jurisdicción residiera la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Cabe precisar que el último párrafo del numeral en cita, fue objeto de análisis por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que emitió la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 17/2014 (10a.), que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Ahora bien, en la demanda de amparo el promovente reclama la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente" ubicado en Juanacatlán, Estado de Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca" ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, siendo en este último centro en el que se encuentra recluido en la actualidad el quejoso. Ahora, cabe mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, estableció que la orden de traslado es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a otro, con carácter definitivo. También precisó que la ejecución del traslado comprende tres momentos: el primero, a partir de su emisión y correlativa ejecución inicial (que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido); el segundo, consistente en el traslado material o propiamente dicho del interno, a un lugar distinto; y, el tercer momento, como aquel por el cual se ingresa al enjuiciado al nuevo centro de reclusión (etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden). De ese modo, la orden de traslado de un centro de reclusión a otro, desde la emisión de la orden, hasta su conclusión, se suscita una serie de hechos continuos tendentes al traslado de la persona, por lo que se trata de un acto de tracto sucesivo; es decir, con base a la naturaleza jurídica de la orden, cuyos efectos no se agotan en su sola emisión, sino que con motivo de su ejecución, se prolongan en el tiempo y, en ese sentido, la autoridad que ordenó el traslado, sigue actuando constantemente hasta que su ejecución culmina con la reclusión de la persona en otro centro penitenciario. De la citada ejecutoria, derivó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." No se inadvierte que el criterio jurisprudencial invocado establece que cuando una orden de traslado empieza a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, a quien compete conocer del juicio de amparo lo es el juez ante el que se promovió la demanda de amparo; sin embargo, tal hipótesis se actualiza únicamente cuando el juez que previene en su conocimiento tiene jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio cierta parte de la ejecución del acto reclamado. Por lo tanto, si en el presente asunto, la ejecución del acto reclamado consiste en la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 "Occidente" ubicado en Juanacatlán, Estado de Jalisco, al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS Oaxaca" ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, debe tener ejecución o trataría de ejecutarse precisamente donde el quejoso se encuentra interno, es decir en el último de los centros penitenciarios indicados; por tanto, es claro que en atención al criterio invocado, no es acertado considerar que el este órgano judicial deba hacerse cargo del asunto, porque, hasta este momento, no se advierte que alguna de las fases de la ejecución de la orden de traslado reclamada se haya llevado a cabo en el Estado de México, específicamente dentro de la jurisdicción en la que este Juzgado ejerce su competencia, ya que el quejoso no está interno en algún centro carcelario en esta ciudad. En ese sentido, es dable decir que lo que determina la competencia por territorio, lo es el lugar o lugares en los que se ha llevado a cabo la ejecución de la orden de traslado tildada de inconstitucional y, en el caso, es evidente que las acciones que necesariamente se desplegarían para producir un cambio material en el mundo fáctico (el traslado del quejoso) acontece en el Estado de Oaxaca, pues el centro carcelario donde el impetrante del amparo se encuentra interno, se localiza precisamente en dicha entidad federativa. Es aplicable la tesis de la Sala Auxiliar de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que interpreta el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo derogada, visible en la página ochenta y ocho, Tomo 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1987, registro 245,025, la cual establece: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPREACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que si se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Máxime que conforme al contenido del artículo 17 constitucional, en relación con el numeral 37 de la Ley de Amparo, es voluntad del Constituyente ordinario facilitar al quejoso el acceso al servicio de administración de justicia, con base en la facilidad que tenga el agraviado para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, a fin de poner a su alcance un medio eficaz para dilucidar la vulneración a sus derechos fundamentales. Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, este Juzgado se declara legalmente incompetente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, debiéndose formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Por tanto, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Juzgado en turno. Por otra parte, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno y en términos del citado artículo 48 de la Ley de Amparo, se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo acuse el recibo vía electrónica. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el quejoso. No obstante a lo anterior, dada la naturaleza del proveído en que se actúa, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituyan en el Centro Penitenciario de reclusión del quejoso y le notifiquen el presente proveído. Se les habilitan días y horas inhábiles para tal fin en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, así como para que realicen cualquier tipo de diligencia que resulte procedente para dar cumplimiento a lo anterior, incluidas aquellas que puedan realizar de forma electrónica, en la inteligencia de que deberán asentar los datos relativos a la confirmación que obtengan por parte de los servidores públicos con quienes las entiendan. Dada la naturaleza de las comunicaciones oficiales, envíense vía electrónica, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, no resulta necesario el acuse de recibo respectivo, así como que la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese por exhorto al quejoso.
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