Abraham Israel Ruíz Ramos
Expediente 868/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Abraham Israel Ruíz Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
-Sin Mayor Trámite Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos sin que haya lugar a proveer respecto a sus peticiones, lo anterior en atención a la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que de una consulta a los autos que integran el expediente físico y electrónico del presente juicio, no se advierte que Martin Rafael Castañeda Castañeda sea parte en el mismo. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de dos de diciembre de dos mil veinte, que sobreseyó en el presente juicio, transcurrió sin que se haya hecho valer el medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. -ARCHIVO- Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. -DESTINO DEL EXPEDIENTE- Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 21, en razón de que el dos de diciembre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el treinta de enero de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en los puntos ahí indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; se determina que el presente asunto no es de relevancia documental. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES- Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdo General 25/2020 y 37/2020. 868/2020-VIII.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de dos de diciembre de dos mil veinte, por las razones expuestas en la misma; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones. Notifíquese por medio de lista a las partes Aguascalientes, Ags., dos de diciembre de dos mil veinte: Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, para que formen parte del expediente electrónico; la cual será tomada en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Asimismo, toda vez que la autoridad en mención anexa un disco de video digital (DVD-R) que contiene las audiencias de dieciocho y veintiuno de febrero de dos mil veinte celebradas en la carpeta digital....; agréguese a los autos para su mejor manejo y déjese a disposición de las partes para que, mediante el uso del medio electrónico correspondiente, puedan ser físicamente consultados en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, bajo la supervisión del servidor público que se designe para tal efecto, con las reservas respectivas tratándose de información reservada o confidencial, en términos de los artículos 21 y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". Sobresee fuera de audiencia Ahora bien, de autos se advierte lo siguiente: a) El dos de noviembre de dos mil veinte, Abraham Israel Ruiz Ramos, presentó demanda de amparo contra el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado, en la que reclamó la negativa de fijar fecha para el desahogo de la audiencia de tutela de derechos dentro de la carpeta administrativa ... de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 868/2020-VIII y en auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. d) De las constancias que remitió el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Aguascalientes, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el día veinte de noviembre de dos mil veinte, recayó acuerdo dentro de la carpeta digital...., en el que se señalaron las doce horas del veintisiete de noviembre del año en curso para que tuviera verificativo la audiencia de tutela de garantías del aquí quejoso Abraham Israel Ruiz Ramos, con lo que se le dio contestación, tal como lo acredita con los documentos que en PDF remitió junto con su informe de ley, misma cuya celebración además se observa en el disco de video digital que remitió como anexo al mismo. De ahí que deba considerarse que cesaron los actos reclamados. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página . 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o realizar la que es esperada legalmente, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ... En el asunto concreto la parte quejosa se dolió substancialmente, de la omisión de las responsables de acordar y dar respuesta a su escrito presentado el siete de julio de dos mil veinte por el cual solicitó se le agendara audiencia de demanda de tutela de derechos, a efecto de que se le resolviera en torno a la petición de un vehículo de su propiedad siniestrado. Luego, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes se advierte que el día veinte de noviembre de dos mil veinte recayó acuerdo dentro de la carpeta digital...., en el que se señalaron las doce horas del veintisiete de noviembre del año en curso para que tuviera verificativo audiencia de tutela de garantías del aquí quejoso Abraham Israel Ruiz Ramos, la cual ya tuvo verificativo; con lo que entonces se dio contestación al mismo. En esta tesitura, acorde con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. . En tal sentido, procede citar la Contradicción de tesis número 26/2002-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ... . Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. PROPORCIONA CORREOFinalmente, se le tiene a la citada autoridad proporcionando el correo electrónico del que proviene el informe de referencia, así como el número de teléfono. Notifíquese personalmente a la quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes,..
- Principal
Visto el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Aguascalientes, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; déjese a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la documental que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, para que formen parte del expediente electrónico; la cual será tomada en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Asimismo, toda vez que la autoridad en mención anexa un disco de video digital (DVD-R) que contiene las audiencias de dieciocho y veintiuno de febrero de dos mil veinte celebradas en la carpeta digital....; agréguese a los autos para su mejor manejo y déjese a disposición de las partes para que, mediante el uso del medio electrónico correspondiente, puedan ser físicamente consultados en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, bajo la supervisión del servidor público que se designe para tal efecto, con las reservas respectivas tratándose de información reservada o confidencial, en términos de los artículos 21 y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". - Sobresee fuera de audiencia - Ahora bien, de autos se advierte lo siguiente: a) El dos de noviembre de dos mil veinte, Abraham Israel Ruiz Ramos, presentó demanda de amparo contra el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado, en la que reclamó la negativa de fijar fecha para el desahogo de la audiencia de tutela de derechos dentro de la carpeta administrativa ... de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 868/2020-VIII y en auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. d) De las constancias que remitió el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial en el Estado de Aguascalientes, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el día veinte de noviembre de dos mil veinte, recayó acuerdo dentro de la carpeta digital...., en el que se señalaron las doce horas del veintisiete de noviembre del año en curso para que tuviera verificativo la audiencia de tutela de garantías del aquí quejoso Abraham Israel Ruiz Ramos, con lo que se le dio contestación, tal como lo acredita con los documentos que en PDF remitió junto con su informe de ley, misma cuya celebración además se observa en el disco de video digital que remitió como anexo al mismo. De ahí que deba considerarse que cesaron los actos reclamados. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página . 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que, desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o realizar la que es esperada legalmente, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para 30/07/22 11:17:19 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.c9.af José Rubén Ávila González que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el asunto concreto la parte quejosa se dolió substancialmente, de la omisión de las responsables de acordar y dar respuesta a su escrito presentado el siete de julio de dos mil veinte por el cual solicitó se le agendara audiencia de demanda de tutela de derechos, a efecto de que se le resolviera en torno a la petición de un vehículo de su propiedad siniestrado. Luego, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable Juez de Control y Juicio Oral Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes se advierte que el día veinte de noviembre de dos mil veinte recayó acuerdo dentro de la carpeta digital...., en el que se señalaron las doce horas del veintisiete de noviembre del año en curso para que tuviera verificativo audiencia de tutela de garantías del aquí quejoso Abraham Israel Ruiz Ramos, la cual ya tuvo verificativo; con lo que entonces se dio contestación al mismo. En esta tesitura, acorde con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. . En tal sentido, procede citar la Contradicción de tesis número 26/2002-PL, con registro número 2ª./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no es menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional. -PROPORCIONA CORREOFinalmente, se le tiene a la citada autoridad proporcionando el correo electrónico del que proviene el informe de referencia, así como el número de teléfono. Notifíquese personalmente a la quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes,..
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