Abraham Israel Laniado Saade
Expediente 376/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 01/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Abraham Israel Laniado Saade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Acapulco, Guerrero; uno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, . . . , se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, . . . este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme a su diverso artículo 15; . . . Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 376/2021. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, y remitido el trece de abril siguiente, por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Abraham Israel Laniado Saade, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero. Con domicilio en esta ciudad ACTO RECLAMADO "La omisión de elaborar y notificar un Acuerdo y/o Avaluó dentro de un procedimiento de revaluación en el cual se me otorgara mi derecho de audiencia, para efecto de modificar la base gravable de $743,787.23 (setecientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y siete pesos 23/100 moneda nacional) a la cantidad de $2,975,148.92 (dos millones novecientos setenta y cinco mil ciento cuarenta y ocho pesos 92/100 moneda nacional) al predio catastrado a nombre de la parte quejosa, clasificado con la Cuenta Catastral 030-001-005-0136." SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos públicos subjetivos violados, los tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por auto de ocho de catorce de abril de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo registrada en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 376/2021. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa por conducto de su autorizado, promovió recurso de queja del que por cuestión de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el toca recurso de queja administrativa número 70/2021; en cuya ejecutoria de treinta de septiembre del año pasado se declaró fundado el medio de impugnación referido. Así, en acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el aludido testimonio y se admitió a trámite la demanda, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de un diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; al reclamarse una omisión atribuida a una autoridad de naturaleza administrativa con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es preciso establecer que de un análisis integral de la demanda de amparo en relación con las demás constancias de autos se advierte que el quejoso Abraham Israel Laniado Saade, reclama por esta instancia de la autoridad responsable Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, residente en esta ciudad: a) La modificación de la base gravable del predio con cuenta catastral 030-001-005-0136, utilizada para el cobro del impuesto predial, sin previamente ser llamada al procedimiento, lo que dice vulnera su garantía de audiencia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su informe justificado, en principio negó la certeza del acto que se le reclama; no obstante, en el cuerpo de su informe realizó diversas manifestaciones que evidencian su certeza. Por tanto, pese a la negativa indicada, debe tenerse por cierto el mismo. CUARTO. Desestimación de las causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia del juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, se tiene que la autoridad responsable sostiene que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)." Resulta infundada dicha causal. En efecto, si bien la causal de improcedencia en análisis establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; lo cierto es que en este juicio de amparo el acto reclamado consistente en la determinación que modificó la base gravable del predio con cuenta catastral 030-001-005-0136, utilizada para el cobro del impuesto predial, sin embargo obra en el sumario copia de la factura con número de folio 2100270101 con sello digital, de la cual se advierte que el quejoso es titular del predio relativo a dicha cuenta catastral, en que se le cobró el impuesto predial; prueba documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que resulta inconcuso que acredita su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 2434, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SI CUENTA CON CADENA ORIGINAL, SELLO O FIRMA DIGITAL QUE GENERE CONVICCIÓN EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD, SU EFICACIA PROBATORIA ES PLENA. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, constituye un medio de prueba que debe valorarse conforme a las reglas específicas contenidas en el propio precepto y no con base en las reglas generales aplicables a las copias simples de documentos públicos o privados impresos. Así, para establecer la fuerza probatoria de aquella información, conocida como documento electrónico, debe atenderse a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó y, en su caso, si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas e, igualmente, si es accesible para su ulterior consulta. En congruencia con ello, si el documento electrónico, por ejemplo, una factura, cuenta con cadena original, sello o firma digital que genere convicción en cuanto a su autenticidad, su eficacia probatoria es plena y, por ende, queda a cargo de quien lo objete aportar las pruebas necesarias o agotar los medios pertinentes para desvirtuarlo." Asimismo, la autoridad responsable sostiene que en el caso se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción VIII, del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, y 63, fracción V de la misma Ley, ya que -aduce- la quejosa en sus conceptos de violación no hace razonamientos lógicos jurídicos, ni señala el perjuicio que le causan los preceptos legislativos que reclama. Los numerales invocados por la responsable disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito, o por los medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación (.)." Los artículos en mención refieren que la demanda de amparo debe contener, entre otros, el concepto o conceptos de violación, y este requisito debe estimarse como una de las precisiones esenciales del juicio de amparo, en virtud de que es en el concepto de violación en el que la parte promovente, mediante los hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de derechos fundamentales que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, ya que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de derechos fundamentales, pues no basta que la quejosa en la parte relativa de la demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto de violación correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, Tomo 187-192, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO. El artículo 116 de la Ley de Amparo, en su fracción V, establece que la demanda de amparo contendrá, entre otros, el concepto o conceptos de violación. De aquí que no basta señalar como violados los preceptos constitucionales si no se expresa por qué se violan dichos preceptos. Este requisito debe estimarse como uno de aquellos que son esenciales del juicio de garantías, en virtud de que es el concepto de violación en el que el promovente, mediante hechos, argumentos y razonamientos, establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. En consecuencia, la ausencia o falta de tales conceptos hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita." En el caso, en contraposición a lo que sostiene la autoridad responsable de la lectura integral de la demanda de amparo, sí se advierte motivo de inconformidad suficiente para estimar que en el particular, se cumple con la exigencia que toda demanda de amparo administrativa debe contener, pues basta imponerse de su lectura para advertir que la quejosa, de manera literal dejo asentado, entre otras cosas, que el agravio que la conducta reclamada le genera, se traduce en que el procedimiento que determinó el avalúo catastral transgrede su garantía de audiencia ya que no fue notificada del mismo, manifestación que es suficiente para tenerlo como un concepto de violación, de acuerdo a la causa de pedir. De ahí, que resulte infundada la presente causal de improcedencia. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. En sus conceptos de violación, el quejosa aduce que el avalúo catastral es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los predios, y sirve de sustento para el impuesto predial, y que el ajuste en la base gravable del predio de su titularidad es inconstitucional, en virtud que en ningún momento le fue notificado el procedimiento administrativo correspondiente, vulnerando su garantía de audiencia, por lo que se le impidió aportar pruebas y formular alegatos. Continúa manifestando el quejoso que en el procedimiento de revaluación no se le otorgó su garantía de audiencia, lo que vulneró las formalidades del procedimiento. Argumentos que resultan infundados, en virtud de las siguientes consideraciones: En principio es de señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis de jurisprudencia ha sustentado que tratándose de impuestos por regla general no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 Constitucional, ya que el impuesto es una obligación unilateral y obligatoria, y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondientes; tesis que a letra dicen. "AUDIENCIA, GARANTIA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." "CATASTRO, LEY DEL, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE. NO VIOLA LA GARANTIA DE AUDIENCIA. La Ley del Catastro del Estado de Baja California Norte, no concede a los causantes audiencia previa a la práctica de los avalúos, sino posterior a ellos, pero esto no implica que se viole el artículo 14 constitucional, puesto que el mismo, al señalar "que nadie puede ser privado... de sus posesiones", se refiere a una afectación definitiva y en el caso la fijación unilateral de los avalúos por parte de las autoridades no "priva" a los quejosos de sus propiedades o posesiones, sino que simplemente se les está fijando una nueva base impositiva predial, debiendo distinguirse entre la creación del impuesto y la fijación de la base para cobro que es el efecto de los avalúos; en este último caso si los particulares no están de acuerdo con los avalúos pueden inconformarse en los términos del artículo 26 de la ley en este caso al concederse la garantía de audiencia posterior a la realización de los avalúos, pero previa al cobro del impuesto, está la ley cumpliendo con los supuestos del artículo 14 constitucional, puesto que concede la garantía de audiencia previa a la afectación definitiva de los intereses de los causantes, y tan es así que la notificación de los avalúos no indica un requerimiento de pago, pues del propio artículo 26 en su párrafo final se desprende que ni aun a los causantes que estén conformes con el avalúo, se les está exigiendo el pago inmediato, sino simplemente se les notifica la nueva base del impuesto. Por todo lo anterior, debe concluirse que la Ley del Catastro de Baja California no es inconstitucional por conceder la garantía de audiencia, con posterioridad a la realización de los avalúos." En ese contexto, tenemos que los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, a la letra señalan: "Artículo 9. Este impuesto se causará y se pagará de conformidad con el objeto, sujeto, bases, tasas o tarifas, época de pago, de la siguiente manera. a) En predios urbanos y suburbanos baldíos; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. b) En predios rústicos baldíos; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. c) En predios urbanos y sub-urbanos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. d) En predios rústicos edificados; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. e) En los predios ejidales y comunales que hayan sido sujetos al cambio de régimen social; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral de las construcciones. f) Los predios y construcciones ubicados en las zonas urbanas y sub-urbanas, rústicos, incorporados al padrón catastral mediante programas sociales de regularización de la tenencia de la tierra, creados por los gobiernos: Federal, Estatal y Municipal; se pagará el 3.9 al millar anual sobre el 50 por ciento del valor catastral determinado, únicamente en el ejercicio fiscal en que queden regularizados a excepción de aquellos que estén al corriente del pago del impuesto. g) Los predios edificados propiedad de personas con discapacidad, padres y madres solteras, personas mayores de 60 años, así como de pensionados y jubilados de nacionalidad mexicana, destinados exclusivamente a su casa habitación, hasta por el valor catastral de 20,142 veces la unidad de medida y actualización, considerando que se aplica de forma gradual y no al 50 por ciento en su totalidad si se encuentra ubicado en zonas residenciales la casa habitación de la cual pagarán predial; pagarán impuesto predial con base a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dando un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, conforme a los lineamientos siguientes: 1. En los casos en que el inmueble sea dedicado totalmente a casa habitación, liquidarán el Impuesto Predial sobre el 50 por ciento del valor catastral determinado; excepto si la conversión aplicada da como resultado una cantidad a liquidar menor a la estipulada en la fracción II de este mismo artículo. 2. En los casos en que el inmueble esté parcialmente destinado a casa habitación, se liquidará el Impuesto Predial sobre el 50 por ciento del valor catastral determinado para la parte exclusivamente dedicada a casa habitación. El impuesto correspondiente a las áreas no dedicadas a casa habitación, se pagará aplicando la tasa que le corresponde sobre el 100 por ciento del valor catastral determinado. 3. El beneficio a que se refiere el presente inciso; se concederá únicamente para pagos anticipados de todo el año. Este beneficio no es aplicable para años anteriores al vigente. 4. El beneficio a que se refiere el presente inciso; se concederá siempre y cuando el inmueble sea de su propiedad y así aparezca debidamente registrado en la base de datos de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial. 5. Si el valor catastral de la parte del inmueble dedicada a casa habitación excediera las 20,142 veces la unidad de medida y actualización vigente; por el excedente, se pagará sobre el 100 por ciento del valor catastral determinado. 6. El beneficio a que se refiere el presente inciso, se concederá para una sola vivienda cuya ubicación corresponderá con el domicilio manifestado en la tarjeta emitida por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en la credencial de elector o el que sea manifestado en las constancias de padres y madres solteros, o de personas con capacidades diferentes emitidas por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 7. Para los pensionados o jubilados, además de presentar el documento que los acredite como tal, deberán demostrar su credencial de elector vigente y que el domicilio manifestado en ella coincida con el del inmueble donde se pretenda aplicar el descuento; para efecto de corroborar este dato. 8. Será obligatoria la acreditación de los beneficiarios del presente inciso, su supervivencia de forma anual ante las oficinas de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del municipio de Acapulco. Para aplicar dicho descuento del 50 por ciento del pago predial, las personas mencionadas en el artículo 9 inciso g) de la presente ley, deberán presentar: a) Copia del recibo de energía eléctrica vigente. b) En ningún caso el impuesto a pagar será menor a la cantidad de 3 unidades de medida y actualización vigente, por lo que todas las bases gravables cuya conversión resulte 3 U.M.A., serán actualizadas automáticamente, para registrar su equivalencia resultante en el padrón de contribuyentes catastrales durante el presente ejercicio fiscal que corre, en congruencia y de conformidad artículo 9 inciso a) de la presente ley." "Artículo 10. Es objeto de este Impuesto: I. La propiedad de predios urbanos y suburbanos baldíos. II. La propiedad de predios rústicos baldíos. III. La propiedad de predios urbanos y sub-urbanos edificados. IV. La propiedad de predios rústicos edificados. V. Los predios ejidales y comunales sobre el valor catastral de las construcciones, que hayan sido sujetos al cambio de régimen social. VI. Los predios y construcciones ubicados en las zonas urbanas y sub-urbanas, rústicas, incorporados al padrón catastral mediante programas sociales de regularización de la tenencia de la tierra, creados por los gobiernos: Federal, Estatal y Municipal. VII. Los predios edificados propiedad de discapacitados, padres y madres solteras, personas mayores de 60 años, así como de pensionados y jubilados de nacionalidad mexicana, destinados exclusivamente a su casa habitación." "Artículo 11. Son Sujetos de este Impuesto, las personas físicas y morales, que ostenten la propiedad o posesión legal y material de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad." "Artículo 12. Para los efectos de esta Ley se entiende por: I. OBJETO. La propiedad de predios urbanos y suburbanos y las construcciones adheridas a ellas; así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. II. SUJETO. Los propietarios o poseedores de predios urbanos y suburbanos baldíos; rústicos baldíos; urbanos y suburbanos edificados; rústicos edificados; construcciones ubicadas en predios ejidales y comunales, así como la propiedad en condominios y del régimen de tiempo compartido y multipropiedad. III. BASE. Es el valor catastral del predio y de las construcciones, apartamentos o local en condómino, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad; conforme a las disposiciones establecidas en la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero. IV. TASA. Porcentaje que habrá de aplicarse a una base a fin de determinar una cantidad a pagar. V. TARIFA O CUOTA. Cantidad liquida a pagar. VI. PERIODO DE PAGO. Lapso en el cual el particular tiene la obligación de hacer el pago, contando con un plazo determinado para acudir a hacer sus enteros al erario." "Artículo 13. Los contribuyentes de este Impuesto deberán pagar, ante las oficinas recaudadoras municipales y medios autorizados legalmente, por bimestres adelantados dentro de los primeros quince días de los meses de: enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada año; cuyas bases de tributación sean superiores a 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente." "Artículo 14. Los contribuyentes cuyos predios tengan asignado un valor catastrado o no catastrado hasta 1,000 veces la unidad de medida y actualización vigente; pagarán el impuesto anual en una sola exhibición durante los dos primeros meses de cada año. El hecho de ser aceptado el pago anual anticipado no impide el cobro de diferencias que proceda hacerse por cambio en las bases de tributación." "Artículo 15. Para el presente ejercicio fiscal los pagos derivados de la presente sección deberán ser amparados mediante un CFDI o REP según sea el caso, mismos que deberán contener de forma clara y precisa el número de metros cuadrados de superficie o terreno de construcción que se tienen manifestados ante las autoridades fiscales, por lo que dichos comprobantes sólo amparan la superficie expresados en ellos. Para el caso de que derivado de las facultades de comprobación resultare una diferencia en las superficies reales deberá hacerse el cobro correspondiente sin perjuicio de las sanciones que en su caso corresponda, con excepción de que se acredite que dicha diferencia no corresponde a una declaratoria del contribuyente." De la intelección de los ordinales transcritos puede advertirse en primer término, que el legislador desarrolló los elementos sustantivos del tributo en comento, pues definió quiénes son los sujetos obligados a su pago (artículo 11), así como el objeto del impuesto predial (artículo 10), su base y tasa (artículo 9), así como el periodo de pago (artículos 13 y 14). Por su parte, los artículos 6 y tercer transitorio de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero establecen lo siguiente: "Artículo 6. El valor catastral de los predios será el obtenido por los procesos establecidos en esta Ley y su Reglamento, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial." "Artículo Tercero. En un plazo que no excederá de treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, el titular del Poder Ejecutivo deberá expedir el reglamento correspondiente." De cuya interpretación se obtiene en primer término, que la base del impuesto predial es el valor catastral de los inmuebles respectivos, cuyo importe se obtiene conforme a las disposiciones de la propia ley catastral y su reglamento, el cual habría de expedirse por el titular del Ejecutivo en un plazo no mayor a treinta días naturales a partir de la entrada en vigor de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero. En efecto, para sostener lo anterior debe ponderarse que el valor catastral puede ser obtenido con los elementos que tenga a su disposición la autoridad municipal competente, en el caso de que no se pueda determinar técnicamente dicho valor. Al respecto, el artículo 84, fracción IV de la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, establece: "Artículo 84. El recurso de inconformidad procederá por: (.) IV. Cualquier otro error u omisión que modifique la valuación del predio, y que el contribuyente considere le afecta a sus intereses." De lo expuesto, se evidencia que la determinación de la base gravable efectuada respecto del inmueble, base del impuesto predial es el valor catastral del inmueble respectivo, cuyo importe se obtiene conforme a las disposiciones de la propia ley catastral y su reglamento, que le corresponde a dichas autoridades fijar su monto y cobro, el cual podrá ser impugnado a través del recurso de inconformidad que debe ser planteado ante el Director de Catastro del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para combatir su modificación, lo que respeta la garantía de audiencia. Además, los artículos 16, fracción I, y 42, fracción III, de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, permiten que a petición del interesado se lleve a cabo el proceso de valuación o revaluación catastral, de modo que el gobernado no queda en estado de indefensión para el caso de que hubiera dado cumplimiento a la obligación de pago del impuesto predial y estime que se determinó indebidamente el valor catastral que sirve como base de aquel tributo, pues se encuentra en aptitud de solicitar su valuación y/o revaluación. Resulta aplicable al respecto la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible a página 2887, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PREDIAL. LA DETERMINACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS CATASTRALES BASE DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, POR CONDUCTO DE SU CONSEJO MUNICIPAL DEL CATASTRO INMOBILIARIO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de audiencia tratándose de actos legislativos, incluso cuando se combate una ley autoaplicativa, se respeta al establecer el legislador los procedimientos necesarios para que se escuche a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos. En tal contexto, la determinación de los valores catastrales unitarios base del impuesto predial, que establece el Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, por conducto de su Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario, no viola la citada garantía, ya que, por una parte, contra dicha resolución procede el recurso de revisión que prevé el artículo 48 de la Ley del Catastro Inmobiliario de la entidad y, por otra, porque la última parte del artículo 2o. del Decreto 192 de la Legislatura Estatal, publicado en el Periódico Oficial el 26 de diciembre de 2008, establece el procedimiento a seguir cuando el contribuyente no esté de acuerdo con el valor catastral unitario determinado en la tabla relativa, contenida en el propio precepto." En efecto, desde esa perspectiva el cálculo y cobro del impuesto predial no constituye un procedimiento seguido en forma de juicio al que se deba llamar a la contribuyente (aquí quejosa) para que haga valer sus derechos y en el que se deba respetar su garantía de audiencia previa, dado que la materia fiscal es una excepción a dicha garantía, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en la página 29, Volumen 44, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 233406 y de rubro: "GARANTIA DE AUDIENCIA PREVIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL", ha establecido que sería sumamente grave que fuese necesario llamar a los particulares afectados, para que objetaran previamente la determinación de un impuesto, lo que paralizaría los servicios correspondientes, y, por el contrario, cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la fijación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de reclamar la fijación del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia consagrado por el artículo 14 Constitucional. Bajo tales consideraciones, al haberse demostrado lo infundados de los conceptos de violación aducido por la parte quejosa, lo que procede es negar el amparo y protección que de la Justicia de la Unión solicitó. Por lo expuesto, fundado, y además, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 61, 73, 74, 75 y 76, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Abraham Israel Laniado Saade Ma, contra el acto reclamado a la autoridad responsable, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído inmediato anterior, se tuvo por recibido el informe justificado del Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; para dar margen a lo anterior, la audiencia de mérito señalada para este día según la certificación de cuenta, se difiere para las CATORCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, con residencia en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. . . . Notifíquese.
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