Abraham Isaac Bacab Canul
Expediente 874/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 874/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Abraham Isaac Bacab Canul
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO: Vista la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo dictado el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, dictada por este Juzgado, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, no interpuso el recurso de revisión; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN: Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES: De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS: Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE.
- Principal
CITATORIO.- MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguense para que obren como legalmente corresponda los informes justificados que remiten el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y del Actuario de su adscripción, el primero con anexo consistente en las copias certificadas del juicio laboral 364/2019. INTRODUCCIÓN Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en la especie la parte quejosa se duele en esencia, la paralización del proceso, del juicio laboral 364/2019, por parte de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no emitir el acuerdo relativo a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, así como tampoco ha señalado fecha para el desahogo de aquellas que requieren perfeccionamiento, lo que alega ser contrario a los principios procesales que establece la Ley Federal del Trabajo.HECHOS Del informe justificado de las autoridades responsables y el anexo que se recibió en copia certificada, la cual tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: Acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno dentro del juicio laboral 364/2019, en el que la responsable hace una relación de las pruebas ofrecidas por la parte actora y la parte demandada y en el mismo acto señala cuales son las que se aceptan, asimismo señala fecha y hora para el desahogo de aquellas pruebas que requieren perfeccionamiento. En fecha uno de junio del año en curso, fueron notificadas la parte actora y demandada del contenido del acuerdo antes citado por conducto de sus respectivos apoderados, según se advierte de las constancias levantadas por la actuaria adscrita a la junta especial número tres de la local de conciliación y arbitraje, las cuales obran anexas al informe de cuenta.CONTEXTO LEGALEn efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la paralización del proceso, del juicio laboral 364/2019, por parte de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no emitir el acuerdo relativo a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, así como tampoco ha señalado fecha para el desahogo de aquellas que requieren perfeccionamiento, lo que alega ser contrario a los principios procesales que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la autoridad responsable mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, hizo una relación de las pruebas ofrecidas por la parte actora y la parte demandada y señaló cuales son las que se aceptan, asimismo fijó fecha y hora para el desahogo de aquellas pruebas que requieren perfeccionamiento; dicho acuerdo fue notificado a las partes el uno de junio del año en curso, según las constancias levantadas por la actuaria adscrita, las cuales obran anexas al informe justificado de cuenta. En consecuencia, resulta incuestionable que han cesado los efectos del citado acto reclamado que la aquí parte quejosa atribuye a las responsables, pues en proveído de cuatro de mayo emitió el acuerdo donde hace una relación de las pruebas ofrecidas por las partes, señalando las que se tienen por aceptadas y fijó fecha para el desahogo de aquellas que requieres perfeccionamiento, dicho acuerdo aducía el quejoso se había reservado proveer desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve; dicho acuerdo se hizo de conocimiento a las parte el uno de junio del año en curso de manera personal por conducto de los apoderados tanto de la parte actora como demandada, según obra en las constancias levantadas por la actuaria adscrita a la junta responsable, con lo que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, de modo total, que produjo el resultado de una sentencia concesora, pues le han sido restituidos a la parte quejosa el goce de sus derechos violados, en virtud de que han cesado los efectos de la denegación de justicia reclamada, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Y si bien el acuerdo dictado por la autoridad responsable tiene fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, también se advierte que la autoridad responsable ordenó notificar de forma personal a las partes, realizándose dichas notificaciones el uno de junio del año en curso tanto a la aquí parte quejosa, como a la parte demandada en el juicio de origen, por lo que el contenido de dicho acuerdo se le hizo de su conocimiento a la aquí quejosa en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por lo que tampoco cabe lugar a determinar la inexistencia del acto a la presentación de la demanda. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para el día siete de julio del año en curso a las once horas con cincuenta minutos; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, SE ACUERDA: agréguense para que obren como legalmente corresponda los informes justificados que remiten el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y del Actuario de su adscripción, el primero con anexo consistente en las copias certificadas del juicio laboral 364/2019. INTRODUCCIÓN Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en la especie la parte quejosa se duele en esencia, la paralización del proceso, del juicio laboral 364/2019, por parte de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no emitir el acuerdo relativo a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, así como tampoco ha señalado fecha para el desahogo de aquellas que requieren perfeccionamiento, lo que alega ser contrario a los principios procesales que establece la Ley Federal del Trabajo. HECHOS Del informe justificado de las autoridades responsables y el anexo que se recibió en copia certificada, la cual tiene valor probatorio pleno que le confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de la demanda de amparo, en relación al acto aquí reclamado, se advierte lo siguiente: Acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno dentro del juicio laboral 364/2019, en el que la responsable hace una relación de las pruebas ofrecidas por la parte actora y la parte demandada y en el mismo acto señala cuales son las que se aceptan, asimismo señala fecha y hora para el desahogo de aquellas pruebas que requieren perfeccionamiento. En fecha uno de junio del año en curso, fueron notificadas la parte actora y demandada del contenido del acuerdo antes citado por conducto de sus respectivos apoderados, según se advierte de las constancias levantadas por la actuaria adscrita a la junta especial número tres de la local de conciliación y arbitraje, las cuales obran anexas al informe de cuenta. CONTEXTO LEGAL En efecto, el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXI, párrafo primero, dice: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: I. . . "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto" reclamado."...." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos del acto reclamado no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ANÁLISIS Reflexionando sobre los hechos y el contexto legal anotado, este Tribunal estima que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado. De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en esencia la paralización del proceso, del juicio laboral 364/2019, por parte de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no emitir el acuerdo relativo a la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio de origen, así como tampoco ha señalado fecha para el desahogo de aquellas que requieren perfeccionamiento, lo que alega ser contrario a los principios procesales que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que la autoridad responsable mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, hizo una relación de las pruebas ofrecidas por la parte actora y la parte demandada y señaló cuales son las que se aceptan, asimismo fijó fecha y hora para el desahogo de aquellas pruebas que requieren perfeccionamiento; dicho acuerdo fue notificado a las partes el uno de junio del año en curso, según las constancias levantadas por la actuaria adscrita, las cuales obran anexas al informe justificado de cuenta. En consecuencia, resulta incuestionable que han cesado los efectos del citado acto reclamado que la aquí parte quejosa atribuye a las responsables, pues en proveído de cuatro de mayo emitió el acuerdo donde hace una relación de las pruebas ofrecidas por las partes, señalando las que se tienen por aceptadas y fijó fecha para el desahogo de aquellas que requieres perfeccionamiento, dicho acuerdo aducía el quejoso se había reservado proveer desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve; dicho acuerdo se hizo de conocimiento a las parte el uno de junio del año en curso de manera personal por conducto de los apoderados tanto de la parte actora como demandada, según obra en las constancias levantadas por la actuaria adscrita a la junta responsable, con lo que las cosas se restablecieron a la situación anterior que se tenía antes de los actos que dieron origen a la promoción del juicio constitucional, de modo total, que produjo el resultado de una sentencia concesora, pues le han sido restituidos a la parte quejosa el goce de sus derechos violados, en virtud de que han cesado los efectos de la denegación de justicia reclamada, con lo cual se satisfizo el derecho tutelado por la norma constitucional que consideró como violada. Y si bien el acuerdo dictado por la autoridad responsable tiene fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo, también se advierte que la autoridad responsable ordenó notificar de forma personal a las partes, realizándose dichas notificaciones el uno de junio del año en curso tanto a la aquí parte quejosa, como a la parte demandada en el juicio de origen, por lo que el contenido de dicho acuerdo se le hizo de su conocimiento a la aquí quejosa en fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, por lo que tampoco cabe lugar a determinar la inexistencia del acto a la presentación de la demanda. Cabe agregar que el no sobreseer respecto de la emisión de la resolución, implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del alumbramiento del acto reclamado, pues resultaría contrario a la naturaleza del mismo que fuese seguido sin ninguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, Tesis 2a./J. 59/99, visible en la página 38, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de la Nación, publicado en la página 86, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Segunda Sala, Volumen LXVIII, Tercera parte, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que establezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". CONCLUSIÓN Por lo anteriormente expuesto, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXI, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar la fecha cual está fijada para el día siete de julio del año en curso a las once horas con cincuenta minutos; por tanto déjese sin efectos la misma. Lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y personalmente.
- Principal
AVISO. MESA VI.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con los oficios de la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes; proveído en el que se apercibió a las partes que en caso de no hacer manifestación alguna en el término de tres días, éste Tribunal acordaría lo que en derecho procediera, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Siendo que dicha vista no fue desahogada por las partes. Precisado lo anterior, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintiocho de enero del año en curso, dictada por este Juzgado de Distrito, SE CONCEDIÓ EL AMPARO, a la quejosa ...., contra los actos reclamados la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán y Titular de la Agencia Veintinueve de la Fiscalía General del Estado, ambos con sede en esta ciudad, para los efectos siguientes: Para que la autoridad responsable Titular de la Agencia Veintinueve de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad, de inmediato dicte un acuerdo en autos de la carpeta de investigación 29ª/000040/2020, en el que requiera a la Procuradora de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado, para que esta a su vez dé respuesta a la solicitud efectuada mediante oficio de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte, y una vez reciba la misma, con libertad de jurisdicción, acuerde lo relativo a la procedencia o no de la solicitud de la quejosa Brenda Mariely Chin Argaez, respecto de la recuperación del menor de edad de iniciales J.D.B.CH, o en su caso sobre la pertinencia o no de la convivencia del menor de edad con sus progenitores. La autoridad responsable Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, acate lo que resuelva el Titular de la Agencia Veintinueve de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. En cumplimiento a lo anterior, la Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, dictó un acuerdo el ocho de marzo de dos mil veintiuno, en el que tomando en consideración las manifestaciones realizadas por el menor de edad, así como los hechos que podrían constituir violencia familiar, no accedió a la petición de la quejosa respecto a la recuperación del menor J.D.B.CH; asimismo, se hizo del conocimiento de MARÍA CONCEPCIÓN ARGAEZ EUAN, que tiene la obligación de permitir la convivencia del menor con sus progenitores en el domicilio de la denunciante, siempre que las condiciones de salud del menor lo permitan y bajo supervisión los días sábados de cada semana en un horario adecuado. Lo cual le notificó el ocho de marzo último. De igual forma, remitió oficios de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, en los que emitió su diagnóstico social a fin de llegar al acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno; e informa que dicha Procuraduría brinda asesoría jurídica y acompañamiento a MARÍA CONCEPCIÓN ARGAEZ EUAN, en la integración de la carpeta de investigación relativa. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. En tal virtud, con fundamento en el artículo 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo de mérito vigente, hágase del conocimiento de las que pueden interponer dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, el recurso de inconformidad establecido en el primer numeral citado, en contra del presente acuerdo, que declara cumplida la sentencia de amparo, y que una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubiere interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo de este expediente, de conformidad con los artículos 196 cuarto párrafo y 214 de la Ley de la Materia. Notifíquese personalmente.
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