Abraham Gustavo Flores Guzmán
Expediente 36/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Abraham Gustavo Flores Guzmán
- HÉCTOR OLIVERA GARCÍA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria de trece de mayo del año en curso, dictada por la superioridad en los autos del recurso de queja ********************, en donde se determinó: "ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADO el recurso de queja." Lo que se toma en conocimiento para los efectos legales conducentes. Sin que sea necesario expedir el acuse de recibo correspondiente, en virtud de lo expuesto por el Tribunal Colegiado en el oficio de cuenta. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún que no contiene información por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas por este órgano jurisdiccional y comunica el acuerdo de dieciocho de marzo del presente año, dictado en el Recurso de Queja 41/2021, por el que se admitió dicho medio de impugnación interpuesto por los quejosos Abraham Gustavo Flores Guzmán, Héctor Olivera García, Alfonso Santiago Luna Flores y Fernando Francisco Soto Montoya, por conducto de su defensor particular Jorge Montoya Rodríguez, en contra del auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno; lo cual se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por ***, a través del cual interpone recurso de queja en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del auto de dieciocho de febrero del año que transcurre, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la ley de la materia, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en turno, el escrito del recurso, copia del auto recurrido y de las demás constancias que se estimen pertinentes, así como el informe justificado sobre la materia de la queja. En ese tenor, se hace del conocimiento el Órgano revisor que es cierto el acto que se atribuye, toda vez que este Juzgador de Distrito determinó desechar de plano la demanda de amparo promovida, por notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA(O) POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, DE NUESTRO ÍNDICE, A LA PARTE PROMOVENTE, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por conducto de su defensor particular, contra actos del Fiscal adscrito a la Delegación Morelos de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos y otra autoridad, de quien reclama el acuerdo emitido el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000215/2018, que ordenó el archivo temporal. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 36/2021-PJ. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la siguiente jurisprudencia, que a la letra dice: Registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Con la finalidad de satisfacer el propósito anunciado, cabe precisar que el citado numeral 61, fracción XXIII, del ordenamiento invocado, en su parte conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las que pudieran desprenderse de la Constitución Federal y de la propia Ley de Amparo -mientras que no encuadren en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento-. Uno de esos motivos de improcedencia es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la referida Ley de Amparo. Dicha porción nomativa establece la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó el artículo 107 de la Ley de Amparo. Se estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, ese Alto Tribunal, concluyó que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De acuerdo a lo resuelto por la Suprema Corte, esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En lo que interesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción del artículo 107 de la Ley de Amparo establece una definición de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos. En consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales, aun cuando sean de grado predominante o superior, no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de imposible reparación (que afecte materialmente derechos sustantivos) es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el presente caso, la parte quejosa (imputados) reclaman el acuerdo emitido el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta de investigación FED/MOR/CUER/0000215/2018, que ordenó el archivo temporal. Dicha determinación, en forma alguna afectan materialmente los derechos humanos que reconoce el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a favor del imputado, el que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención". Con base en lo anterior, se sostiene que la determinación emitida por la autoridad responsable, no afecta derechos sustantivos de los quejosos, en razón de que el acuerdo que ordena el archivo temporal es una figura jurídica que permite archivar provisionalmente la investigación cuando los datos sean considerados insuficientes para esclarecer los hechos o no se cuenta con pruebas que ayuden al avance de la investigación. Además, en el supuesto de que una vez existan indicios de su probable responsabilidad, se levante el archivo temporal y se continúe con la investigación no causa un perjuicio actual a la parte promovente, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la propia etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la investigación determine lo conducente (librar orden de aprehensión, presentación, comparecencia, vincular a proceso, etcétera), momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. A mayor abundamiento, se debe tener presente que el ejercicio de la acción penal se realiza cuando el Ministerio Público ocurre ante el juez y solicita que éste se avoque al conocimiento del caso. Por lo que, aun cuando en la carpeta de investigación el citado representante social puede violar derechos fundamentales y, en su caso, sería procedente el juicio de amparo, una vez concluida la indagatoria y ejercitada la acción penal, cuyo primer acto es la solicitud de audiencia ante el Juez de Control, así como de todos los demás actos que realice durante el procedimiento y que terminan con la acusación, ya no son actos de autoridad sino actuaciones de parte dentro de un proceso y no dan lugar al amparo indirecto. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ******, por conducto de su defensor particular, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por otra parte, y vista la certificación en el proemio del presente auto, se tiene como autorizado con facultades amplias a ****, en razón de que es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Consulta del expediente. Por otra parte, respecto a su petición, en el sentido de que se autorice al usuario "jmontoya", para acceder al expediente en línea y se realicen notificaciones electrónicas, indíquesele al respecto, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico siempre y cuando se realicen con el usuario antes citado y este se encuentre registrado en el Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario relativo al nombre del promovente, para lo cual se instruye al analista jurídico de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo y la naturaleza del acto (materia penal) de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental. Notifíquese personalmente.
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