Abraham Gonzalez Robles
Expediente 388/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Abraham Gonzalez Robles
- Heriberto González Meave
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, en los que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión de la autoridad responsable. Remisión de recurso de revisión. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
se notifica a la parte quejosa. cuatro de abril de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos, el oficio remitido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Matamoros II, con sede en Matamoros, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado, y para tal efecto informa la situación jurídica en que se encuentra el quejoso directo ********************. En el presente, asunto, los actos reclamados consisten en la incomunicación y malos tratos, en contra el quejoso directo ********************, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición, permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En ese sentido, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental transgredido. La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió o a quien se atribuyó el acto de molestia deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto. Es así, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Pues bien, de las constancias enviadas por el la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Matamoros II, con sede en Matamoros, Coahuila de Zaragoza (las cuales fueron requeridas por este juzgado federal), se advierte que el quejoso directo ********************, fue detenido por elementos de policía, y puesto a disposición de esa representación social por el hecho con apariencia de delito de amenazas; asimismo, el once de marzo de dos mil veintitrés ordenó su inmediata libertad, por fenecer el término jurídico establecido en la ley. Esa constancia cuenta con valor probatorio pleno, por tratarse de documental pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de este último ordenamiento. En ese sentido, es claro que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, consistentes en la incomunicación, malos tratos, y demás prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, han cesado al haber dejado de surtir sus efectos. Por tanto, es indiscutible que existe una situación jurídica diversa que destruyó a la que dio motivo al presente juicio de amparo, por lo que no es factible entrar al análisis de actos que ya no están surtiendo sus efectos desde el mismo momento en que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Matamoros II, con sede en Matamoros, Coahuila de Zaragoza, ordenó la inmediata libertad del quejoso, por fenecer el término jurídico establecido en la ley. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que señala lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sin que pase inadvertida la circunstancia de que el quejoso directo ********************, al momento de ratificar la demanda de amparo interpuesta a su favor, ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, el quejoso directo manifestó: ".si me golpiaron (sic), y temo que lo hagan otra vez.". No obstante ello, esa circunstancia por sí sola, resulta insuficiente para corroborar que, efectivamente, la versión antes aludida se refiera a lesiones originadas por elementos de policía al momento de realizar su detención, pues no se encuentra adminiculada con algún otro medio de prueba que corrobore ese aserto, además que la actuaria judicial adscrita en la constancia de ratificación de la demanda de amparo asentó que, a simple vista, no observó golpes visibles del quejoso directo; por ende, la sola circunstancia de la manifestación del quejoso en el sentido que lo golpearon, no desvirtúa la actualización de la causal de improcedencia en estudio, respecto de los actos reclamados, consistentes en la incomunicación y malos tratos. En consecuencia, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que señala lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Cancelación de la audiencia constitucional. En función de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, y se ordena la cancelación de la anotación de la audiencia programada en el presente juicio, en la agenda que para tal efecto se lleva en este juzgado federal, por las razones expuestas con antelación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable actuarios adscritos al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que la totalidad de las partes han quedado notificadas de la sentencia dictada en el presente asunto, así como del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se interpuso el recurso de revisión de la parte quejosa. Remisión de recurso de revisión. En consecuencia, y toda vez que los presentes autos se encuentran debidamente integrados, remítanse al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a efecto de que substancie el recurso de mérito, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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