Abraham Goertzen Wiebe
Expediente 1164/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Abraham Goertzen Wiebe
Actuaciones
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, doce de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que inmediatamente antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieran recurrido el auto de dos mil diciembre de dos mil veinte, donde se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; por ende, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. [...] Notifíquese.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, en cumplimiento a lo previsto por las circulares SECNO/24/2020 y SECNO/25/2020, suscritas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, se suspendieron los plazos y términos procesales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, de este Decimoséptimo Circuito, con residencia en el Estado de Chihuahua, durante el plazo comprendido del tres al veintisiete del mes y año que transcurre; lo anterior, con la finalidad de proteger la salud de los justiciables, así como de los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. Luego, toda vez el plazo de suspensión ha fenecido, se reanuda el trámite del presente juicio de amparo, en los términos precisados por el Acuerdo General 21/2020, del pleno del consejo de la judicatura federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes, que el trámite del juicio de garantías en que se actúa, se regirá bajo los lineamentos decretados en proveído de ocho de septienbre del año en curso. En consecuencia, agréguese a los autos el informe de cuenta remitido por la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al cual adjunta en copia certificada, la resolución del trámite administrativo CHI-L-2705-26-09-19, así como su debida notificación al promovente. Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En seguida, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable en su informe de cuenta, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de substanciar dentro del término de sesenta días hábiles, la solicitud que dio origen al expediente administrativo CHI-L-2705-26-09-19. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, copia certificada de las constancias que acreditan que la solicitud de prórroga de concesión no fue autorizada, lo cual se notificó al quejoso el treinta de octubre del año en curso. En estas condiciones, si el quejoso reclamó, precisamente, la omisión de la responsable de dar trámite a su solicitud y su correspondiente notificación, y la autoridad procedió en esos términos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la moral inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Lo que evidencia que han cesado los efectos de la omisión reclamada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de manera tal que se restituyó a la quejosa en el goce de sus derechos fundamentales trasgredidos. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, la actualización de la causal invocada, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la referida Ley. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se deja sin efectos la fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Materia Común, página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual formula alegatos y solicita se le expida copia de la resolución respectiva. Con los expresados alegatos hágase relación en la audiencia constitucional, y recíbanse en la etapa correspondiente, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo solicita la representación social, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte sentencia en el presente asunto, expídasele copia certificada de la misma, previa toma de razón y constancia de recibo que de su entrega se deje en autos. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que para esta fecha se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, ya que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que le fue concedido a las partes en proveído de quince de octubre de dos mil veinte, para que se impusieran del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad. Por tanto, a fin de no dejarlas en estado de indefensión, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 662/2019, de ese índice, cuyos puntos resolutivos se transcriben a continuación: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se Sobresee en el juicio de amparo, a que este toca se refiere. Remítase el acuse de recibo de la ejecutoria a la superioridad, así como los autos del juicio. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente expediente como asunto concluido.
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