Abraham Gallardos Castro
Expediente 136/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/03/2021
Partes del expediente
- Abraham Gallardos Castro
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los autos se advierte que la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, ha sido omisa en cumplir el requerimiento formulado en proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, a pesar de estar notificado el diecinueve siguiente, como se advierte del acuse de recibo que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; sin que a esta data haya hecho manifestación alguna al respecto. Además desde el cuatro de febrero de dos mil veinte, data en que causó ejecutoria la sentencia dictada en este expediente, no se ha podido declarar cumplida la misma, a pesar de los diversos requerimientos formulados debido a falta de cumplimiento de su parte. Sin que obste a lo anterior, el hecho notorio, que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Junta se encontraba prestando servicios esenciales con motivo de la contingencia derivada del virus Covid-19. Pues ha transcurrido demasiado tiempo sin que la junta responsable informe el cumplimiento de la ejecutoria de amparo o informe la imposibilidad que tenga para ello. Ahora bien, atendiendo que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Puebla, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si ya cuenta con el exhorto recordatorio que giró a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, para notificar a los testigos y se desahogue la prueba confesional en el conflicto laboral de origen, o en su caso el estado que guarda dicho expediente, para lo cual debe remitir las constancias en las que se observe el cumplimiento a fin de proveer lo conducente. En el entendido que de no remitir la información solicitada, o de no manifestar la imposibilidad legal que tenga para ello, se le hará efectivo el apercibimiento de multa con que se le previno en auto de cuatro de febrero de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado que corresponda para que continúe con el trámite respectivo a la inejecución de sentencia, el cual puede culminar con la separación de su puesto y consignación.
- Principal
... Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La orden discrecional para cerrar todos los lugares de culto con motivo de la pandemia causada por el COVID-19, lo anterior derivado del decreto emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, de veintiocho de diciembre de dos mil veinte y prorrogado al veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Ahora, del apartado de antecedentes narrado por los promoventes se tiene lo siguiente: 1. Con fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte, el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla emitió un decreto mediante el cual se derivó la adopción de diversas medidas para apoyar a mitigar la expansión del virus llamado SARS2 COVID 19 entre la población del Estado de Puebla. 2. Como consecuencia de dicho decreto se determinó entre otros la suspensión de actividades no esenciales considerando como tal las relativas a los lugares de culto, medidas que fueron adoptadas en el citado decreto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte prorrogándose hasta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Lo cual constituye el acto reclamado en el presente asunto. En relación al mencionado acto reclamado, la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que lleva a desecharla, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El citado numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Dicho precepto dispone que, el juicio de amparo indirecto, se torna improcedente cuando hayan cesado los efectos de acto reclamado. Bien, es pertinente mencionar en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que es un hecho notorio que el veinticinco de enero de dos mil veintiuno se emitió el decreto del Ejecutivo del Estado, por el que permite un reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado en el Estado de Puebla, en el que en el punto SEXTO, fracción III, inciso a) establece lo siguiente: "SEXTO. El aforo permitido para toda actividad económica y comercial será del 20% con excepción de los Hoteles y del Sector Industrial que mantendrán una operación con un aforo máximo del 30%. Las actividades permitidas de lunes a viernes se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente esquema: III. Actividades Sociales a) Centros Religiosos, Templos e Iglesias: La celebración de servicios o reuniones deberá respetar un aforo máximo del 20%." Por tanto, es inconcuso que con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que permite un reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado en el Estado de Puebla, por el que se abroga el llamado de alerta de Riesgo máximo de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, han cesado los efectos del acto reclamado, situación que jurídicamente destruye de manera total lo que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, máxime que no se reclama que el decreto publicado el veintiocho de diciembre de dos mil veinte haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la parte quejosa, derivado del posible incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, motivo por el cual al haberse abrogado mediante el decreto publicado el veintiséis de enero del año en curso, es inconcuso que se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho que estimó se violaba con dicha disposición... En mérito de lo anterior, al ser improcedente el presente juicio de amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la misma legislación. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda, y por autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, la quejosa, señala un correo electrónico y teléfono de contacto; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, los datos que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. IV. Designación de representante común. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de los quejosos, a ****, ya que fueron omisos en hacer esa designación en la demanda. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VII. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.
- Principal
... Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La orden discrecional para cerrar todos los lugares de culto con motivo de la pandemia causada por el COVID-19, lo anterior derivado del decreto emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, de veintiocho de diciembre de dos mil veinte y prorrogado al veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Ahora, del apartado de antecedentes narrado por los promoventes se tiene lo siguiente: 1. Con fecha veintiocho de diciembre de dos mil veinte, el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla emitió un decreto mediante el cual se derivó la adopción de diversas medidas para apoyar a mitigar la expansión del virus llamado SARS2 COVID 19 entre la población del Estado de Puebla. 2. Como consecuencia de dicho decreto se determinó entre otros la suspensión de actividades no esenciales considerando como tal las relativas a los lugares de culto, medidas que fueron adoptadas en el citado decreto de veintiocho de diciembre de dos mil veinte prorrogándose hasta el veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Lo cual constituye el acto reclamado en el presente asunto. En relación al mencionado acto reclamado, la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que lleva a desecharla, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. El citado numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Dicho precepto dispone que, el juicio de amparo indirecto, se torna improcedente cuando hayan cesado los efectos de acto reclamado. Bien, es pertinente mencionar en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, que es un hecho notorio que el veinticinco de enero de dos mil veintiuno se emitió el decreto del Ejecutivo del Estado, por el que permite un reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado en el Estado de Puebla, en el que en el punto SEXTO, fracción III, inciso a) establece lo siguiente: "SEXTO. El aforo permitido para toda actividad económica y comercial será del 20% con excepción de los Hoteles y del Sector Industrial que mantendrán una operación con un aforo máximo del 30%. Las actividades permitidas de lunes a viernes se llevarán a cabo de acuerdo con el siguiente esquema: III. Actividades Sociales a) Centros Religiosos, Templos e Iglesias: La celebración de servicios o reuniones deberá respetar un aforo máximo del 20%." Por tanto, es inconcuso que con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que permite un reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado en el Estado de Puebla, por el que se abroga el llamado de alerta de Riesgo máximo de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, han cesado los efectos del acto reclamado, situación que jurídicamente destruye de manera total lo que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, máxime que no se reclama que el decreto publicado el veintiocho de diciembre de dos mil veinte haya producido durante su vigencia alguna consecuencia material en perjuicio de la parte quejosa, derivado del posible incumplimiento de las obligaciones que estableció durante el periodo que estuvo vigente, motivo por el cual al haberse abrogado mediante el decreto publicado el veintiséis de enero del año en curso, es inconcuso que se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho que estimó se violaba con dicha disposición... En mérito de lo anterior, al ser improcedente el presente juicio de amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la misma legislación. III. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda, y por autorizado en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, la quejosa, señala un correo electrónico y teléfono de contacto; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto, los datos que proporciona, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales. IV. Designación de representante común. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de los quejosos, a ****, ya que fueron omisos en hacer esa designación en la demanda. V. Habilitación de días y horas. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. VI. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al Secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VII. Protección de datos personales. En último lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; indíquese a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.
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