Abraham Galarza Cid

Expediente 284/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
284/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
12/08/2022

Partes del expediente

  • Abraham Galarza Cid

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a doce de agosto de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes quejosa y tercera interesada mediante acuerdo de cuatro de julio del año en curso; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "(.) lo conducente es conceder la protección solicitada a efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala: - En forma inmediata, dicte las resoluciones en las revisiones de actos de ejecución tramitadas en el juicio laboral 57/2012. (.)" Dicha sentencia causó ejecutoria el veintitrés de junio de dos mil veintidós, y en esa misma fecha se requirió a la Junta responsable el cumplimiento del fallo protector. Y conforme a ello, el cuatro de julio del año en curso, se tuvo al Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitiendo copia certificada de las resoluciones interlocutorias de revisión de actos de Presidente, de veintiocho y veintinueve de junio de dos mil veintidós, promovidos por la aquí parte quejosa; asimismo remitió copia certificada del auto de veintinueve de junio de la presente anualidad, mediante el que se dejó sin efecto el auto de siete de febrero de dos mil veinte, específicamente la orden de devolver a la Institución Bancaria Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, el cheque de caja por la cantidad de $102,010.01, (Ciento dos mil diez pesos, 01/100 moneda nacional), de igual manera, ordenó poner a disposición del quejoso ********** el cheque referido, ello, dentro del expediente laboral C. D. T. 57/2012-1 de su índice. Se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta esta Juzgadora Federal de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que: La Junta responsable dictó las resoluciones interlocutorias de revisión de actos de Presidente, el veintiocho y veintinueve de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral C. D. T. 57/2012-1. Ordenó poner a disposición del quejoso ********** el cheque de caja por la cantidad de $102,010.01, (Ciento dos mil diez pesos, 01/100 moneda nacional). Una vez expuesto lo anterior, se concluye que, la responsable dio cumplimiento exacto a la ejecutoria de amparo, y por ello, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese este juicio como concluido, gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Se precisa que en el presente juicio de amparo no obran documentos aportado por las partes. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Presidente y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, por el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, ajuntando para tal efecto copia certificada de las resoluciones interlocutorias de revisión de actos de Presidente, de veintiocho y veintinueve de junio de dos mil veintidós, promovidos por la aquí parte quejosa; asimismo remite copia certificada del auto de veintinueve de junio de la presente anualidad, mediante el que se dejó sin efecto el auto de siete de febrero de dos mil veinte, específicamente la orden de devolver a la Institución Bancaria Banco Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México, el cheque de caja por la cantidad de $102,010.01, (Ciento dos mil diez pesos, 01/100 moneda nacional), de igual manera, ordenó poner a disposición del quejoso ************** el cheque referido, ello, dentro del expediente laboral C. D. T. 57/2012-1 de su índice; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexos, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, sin que las partes interesadas hubieran ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes, la sentencia de mérito, en ese sentido lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada, para los efectos siguientes: "lo conducente es conceder la protección solicitada a efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala: - En forma inmediata, dicte las resoluciones en las revisiones de actos de ejecución tramitadas en el juicio laboral 57/2012.". En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Devuélvase a la Junta responsable copia certificada a partir del laudo de tres de julio de dos mil catorce, del expediente laboral C. D. T. 57/2012-1, misma que adjuntó a su informe justificado, de la cual se ordenó formar cuaderno de pruebas por separado. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Ernesto Argüello Melgar que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con veinticuatro minutos del dieciséis de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 284/2022, promovido por Abraham Galarza Cid, por derecho propio, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo presentada por Abraham Galarza Cid, auto admisorio de diez de marzo de dos mil veintidós, e informe con justificación rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y la parte tercera interesada Universidad Autónoma de Tlaxcala, se encuentran emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la referida tercera interesada. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con la documental pública que remitió la Presidente responsable, consistente en la copia certifica del expediente 57/2012 de donde derivan los actos reclamados. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada la prueba antes referida, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que la Juez acuerda: se tiene por hecha la constancia que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia y enseguida procédase a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 284/2022, promovido por Abraham Galarza Cid, por derecho propio, en contra de los actos reclamados de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O S : PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el nueve de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Abraham Galarza Cid, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: - Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La abstención de dictar las interlocutorias de actos de revisión del Presidente Ejecutor, presentados por las partes (actor y demandado) dentro dentro del expediente 57/2012. Actos que considera violatorios de los derechos contenidos en los artículos 8°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza laboral; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. Los actos reclamados por el quejoso Abraham Galarza Cid, consisten en: La abstención de dictar las interlocutorias de actos de revisión del Presidente Ejecutor, presentados por las partes (actor y demandado) dentro dentro del expediente 57/2012. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe con justificación por conducto de su Presidente, manifestó que son ciertos los actos reclamados; por tanto, deben tenerse como tales; situación que se corrobora con la copia certificada del expediente que remitió dicha autoridad; al que se le otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." . No pasa desapercibido para quien hoy resuelve que si bien de la demanda de amparo se advierte que se señaló como autoridad responsable, a la Junta Especial mencionada; siendo que en la especie, a quien le reviste el carácter de autoridad lo es la Presidente; sin embargo, a éste, no se le dejó en estado de indefensión, al haber rendido el informe con justificación en representación de la junta, y haber podido defender la constitucionalidad de los actos reclamados; máxime que en la demanda de amparo, fue invocado; de ahí que se procederá a analizar los conceptos de violación formulados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que dice: Registro digital: 231058 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 143 Tipo: Aislada "AUTORIDAD RESPONSABLE NO DESIGNADA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE PERO SI EN EL CUERPO DE LA DEMANDA. Tomando en consideración que la demanda de amparo constituye un todo, si en el apartado correspondiente se señala como responsable a una autoridad que no dictó el acto reclamado, pero en el capítulo de hechos se menciona a la que lo dictó y esta autoridad rinde informe con justificación y conviene en la existencia del acto, debe entrarse al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. CUARTO. Causal de improcedencia del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. No advirtiendo la existencia de alguna causal de improcedencia, ni que se haga valer, lo procedente será analizar los conceptos de violación. QUINTO. No se transcribirán los conceptos de violación, en atención a la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página ochocientos treinta, del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen textualmente lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO.- Los conceptos de violación manifestados por el quejoso son esencialmente fundados, aunque para ello deba suplirse en parte la deficiencia de la queja. En efecto, el quejoso reclama la omisión de la responsable en dictar las resoluciones de los recursos de revisión de actos de ejecución del Presidente Ejecutor promovidos por las partes (actor y demandada) dentro del expediente 57/2012, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no obstante que desde el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se celebraron las audiencias de desahogo de pruebas y se reservaron los autos para dictar las resoluciones correspondientes. El concepto de violación sintetizado es fundado, como se argumentará a continuación. La administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el artículo17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese orden de ideas, los artículos 849 y 852 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión". "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley". El primero de los preceptos citados establece lo relativo a la revisión de actos de ejecución, el cual resulta procedente contra actuaciones de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, precisamente en etapa de ejecución de los laudos. Por su parte, el segundo de los preceptos establece las normas que deberán observarse durante la tramitación del citado recurso, las cuales se concretan en lo siguiente: 1. Al promoverse, deberán ofrecerse las pruebas. 2. Del escrito respectivo, se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan pruebas. 3. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión. Respecto a la audiencia de pruebas y alegatos citada, el precepto citado establece que, en ésta, se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y, enseguida, se dictará resolución. Por tanto, la autoridad laboral que conozca de la revisión de actos ejecución, debe dictar la resolución respectiva durante la audiencia de pruebas y alegatos; no hacerlo en ese momento, implica una violación al principio de justicia pronta, previsto en el artículo 17 constitucional, por no dictar la resolución respectiva en el plazo legal respectivo. En el caso, de las constancias del juicio laboral 57/2012, se advierte que mediante escritos de catorce y veintiuno de abril ambos de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora y demandada interponiendo recurso de revisión de actos de ejecución del Presidente Ejecutor, los cuales fueron admitidos el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, y se señalaron como fechas para la celebración de las audiencias en las que se admitirían y desahogarían las pruebas y se formularían alegatos a las nueve y once horas del trece de septiembre de dos mil veintiuno. Llegada esa fecha, se difirieron para las nueve y once horas del día cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, día en el que se llevaron a cabo dichas audiencias, y se reservaron emitir las resoluciones interlocutorias que en derecho correspondiera (fojas 155 a 156, 161 a 168, 178, 182, 209 a 210 y 213 del tomo de pruebas). No obstante, no se advierte que dichas audiencias concluyeran con el dictado de la resolución respectiva como ordena la fracción III del artículo 852 de la Ley Federal del Trabajo, sino que por el contrario se reservó emitir las interlocutorias; lo que constituye una violación al principio de justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, por no emitir sus resoluciones en los plazos previstos en la ley. Por tanto, lo conducente es conceder el amparo, para los efectos que precisarán a continuación. SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En esos términos, lo conducente es conceder la protección solicitada a efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala: En forma inmediata, dicte las resoluciones en las revisiones de actos de ejecución tramitadas en el juicio laboral 57/2012. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 77, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Abraham Galarza Cid, por derecho propio, en contra de los actos reclamados de la Junta Local de Conciliacion y Arbitraje; precisados en el resultando primero de esta resolución; en términos del considerando sexto y para los efectos precisados en el propio considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese y por oficio o correo electrónico a la autoridad responsable y tercera interesada. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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