Abraham Fernando Gil Enríquez
Expediente 1635/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1635/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Abraham Fernando Gil Enríquez
Actuaciones
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública, Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia prevista en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, en los términos que dispone el artículo 144 del mismo ordenamiento legal, sin la comparecencia personal de las partes. Acto seguido, se da cuenta al Juez, con los informes previos que remiten dos de las autoridades responsables, registrados bajo folios 25141, 25142 y 25143. Conste A lo que el Juez acuerda: agréguese a los presentes autos para que obren como correspondan los informes previos rendidos por la autoridad responsable Oficial Mayor y, Síndico Procurador Municipal -ambos del Ayuntamiento de Tijuana- con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo Enseguida, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos, siendo éstas: a) copia de la demanda de amparo; b) informes previos rendidos por las autoridades responsables Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por sí y en representación de dicha Comisión, Oficial Mayor y Síndico Procurador Municipal -todos del Ayuntamiento de Tijuana-; y, c) Acuse de recibo del oficio 48544/2023 -con sello de recepción de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés-. Por otro lado, se hace constar que no obra en autos el informe previo de la autoridad responsable Notificador de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Municipio de Tijuana, Baja California; pese a encontrarse debidamente notificada para ello como se desprende del acuse del oficio 48544/2023 recibido a las once horas con cincuenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Después, se declara abierto el periodo probatorio, en el que se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas, por lo que se declara cerrado este periodo y abierto el de alegatos, en el que se precisa que ninguna de las partes los formuló; luego, sin alegatos pendientes por proveer se declara cerrado este periodo. Concluidas las etapas que anteceden, se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1635/2023-II-A, promovido por Abraham Fernando Gil Enríquez, contra actos del Síndico Procurador Municipal de Tijuana, Baja California, y otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, Abraham Fernando Gil Enríquez, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Síndico Procurador, Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Oficial Mayor, Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, Notificador de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -todos del Municipio de Tijuana, Baja California-. Actos reclamados "4. ACTO RECLAMADO.- 4.1. A LAS AUTORIDADES EN CÁRACTER DE EJECUTORAS Y ORDENADORAS.-la falta de fundamentación y motivación del acuerdo de Inicio de Procedimiento Administrativo de fecha 31 de agosto de 2023, dentro del expediente E-019/CSPC/2022, al no establecer las razones particulares que encuadran en el caso hipotético específico por las cuales considero necesario solicitar se emitiera un acuerdo de inicio en contra de los hoy quejosos, lo cual puede obtener como resultado en contra de los mismos la inminente remisión y/o separación del cargo que ejercen los suscritos como agentes de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana." Asimismo, la parte quejosa solicitó la medida cautelar para los efectos siguientes: "[.] NO SE SUSPENDA EL PAGO DE MI NOMINA. (LA RENUMERACIÓN ECONÓMICA A QUE TENGO DERECHO). NO SE ME HAGAN ANOTACIONES EN MI EXPEDIENTE HASTA QUE SE ME ESCUCHE Y SE EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SOBRE ALGUNA PRESUNTA RESPONSABILIDAD. NO SE ME SUSPENDA REALIZAR ALGUNA COMISIÓN COMO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE TIJUANA., B.C. NO SE SUSPENDAN LOS DERECHOS DE SERVICIOS DE SALUD A QUE TENGO DERECHO TANTO AL HOY QUEJOSO COMO A MIS AFILIADOS (FAMILIARES). NO SE SUSPENDA EL PAGO DE MI AGUINALDO A QUE TENGO DERECHO, TAMPOCO A LAS VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y DEMÁS PRERROGATIVAS LABORALES. [.]." Segundo. Por auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: El inicio del procedimiento administrativo con número de expediente E-019/CSPC/2022, y sus consecuencias. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Tijuana, así como al Secretario Técnico de la misma, pues así lo manifestaron en su informe previo. Asimismo, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Notificador de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del Municipio de Tijuana, Baja California; puesto que fue omisa en rendir su informe previo no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados a dicha autoridad. Además, son ciertos los actos reclamados al Oficial Mayor y, Síndico Procurador Municipal -ambos del Ayuntamiento de Tijuana-, pues a pesar de haber negado los actos reclamados en sus informes previos de mérito, dichas negativas se desvirtúan con el contenido del informe rendido por la diversa potestad, Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Tijuana; al tener el carácter de autoridades ejecutoras. Cuarto. En ese tenor, al haberse demostrado como ciertos los actos reclamados, y al haberse acreditado de manera presuntiva, y hasta este momento procesal, la parte quejosa su interés suspensional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128, 138, 139 y 147, todos de la Ley de Amparo, se procede conceder la suspensión definitiva para los efectos y términos que a continuación se precisan. En primer término, se concede la suspensión definitiva para el efecto que el hoy quejoso, Abraham Fernando Gil Enríquez, no sea separado preventivamente de su cargo ni se suspenda de realizar alguna comisión como Oficial de Secretaria de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, durante la tramitación del procedimiento administrativo que se le sigue, identificado con el número E-019/CSPC/2022; en el entendido de que dicha medida no surtirá efectos si el procedimiento de separación deriva como consecuencia de una causa grave o pérdida de confianza. Al respecto, es aplicable la tesis aislada 2a. XVII/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SÓLO PROCEDE CONTRA LA SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DECRETADA COMO MEDIDA PREVENTIVA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR CAUSA NO GRAVE. Cuando se trata de la suspensión del servidor público como medida preventiva durante la sustanciación de un procedimiento administrativo de responsabilidades, es necesario que se pondere cada caso sobre la base de los hechos probados, de los que pueda desprenderse la naturaleza de las conductas atribuidas al servidor público, de manera que al estar demostrado que la conducta materia de la investigación no ameritará la destitución, o que la ley sólo establece la posibilidad de una sanción menor, es posible el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado; en cambio, cuando se investiga una conducta grave que es susceptible de trascender en la continuación de la prestación del servicio público y pueda evidenciarse un peligro para el interés público, no es procedente conceder la suspensión en el juicio de amparo, pues es necesario que en autos existan evidencias en cuanto a la existencia de esa conducta, de su gravedad y trascendencia, a efecto de poner de manifiesto la incompatibilidad de la continuación de la prestación del servicio, no la simple calificación que haga la autoridad." Mismo criterio, que fue materia del recurso de queja administrativa 182/2023, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali. Asimismo, para el efecto que no se realice anotación en el expediente personal del quejoso ni se dicte resolución definitiva en el procedimiento de separación definitiva que aduce el quejoso fue iniciado en su contra, identificado con el número de expediente E-019/CSPC/2022, sin perjuicio de la continuación del procedimiento, el cual es de orden público y por tanto insuspendible. Lo anterior, pues su otorgamiento con tales alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social en términos del artículo 129 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior por analogía en lo conducente, ya que no se opone a la Ley de Amparo vigente como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la tesis 2a./J.76/2012, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia constitucional, común, tomo I, agosto de dos mil doce, página novecientos veintiuno, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo." No escapa a consideración el principio de presunción de inocencia que también rige al juicio de amparo; por tanto, dicho parámetro rector aplicado armónicamente con el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, respecto a las consecuencias del acto reclamado, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto que, únicamente de haber sido separado del cargo que desempeña, la autoridad tendrá que garantizar los emolumentos en favor del quejoso, a saber, el derecho a un ingreso mínimo para su subsistencia, a fin que esté en posibilidad de cubrir -entre otras- sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda y salud, el cual deberá ser equivalente al 30% (treinta por ciento) de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que labora el servidor público. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J.2/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se concluye que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores y, por ende, en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que, en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, la cual deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen, pues sólo en el supuesto de que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, al haber sido desvinculado de la institución, podrá buscar otra fuente de ingresos." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia P./J.3/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES. Del precepto y fracción citados se advierte que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se otorga la facultad discrecional en favor de la secretaría de la Función Pública, del Contralor Interno o, en su caso, del Titular del Área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público del empleo, cargo o comisión, si así lo estima pertinente para la conducción o continuación de las investigaciones. En este sentido, dicha medida cautelar tiene por objeto facilitar el curso de éstas y, por la naturaleza de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, busca proteger y preservar los interés públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se siga generando mayores daños a la administración pública; de ahí, que, en términos del artículo 113 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede determinarse que la suspensión temporal en el empleo del servidor público es idónea y razonable, siempre que tenga por objeto facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública. Ahora bien, las razones que justifican dicha suspensión son extensivas a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respeten el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrirse el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que le cubrió por concepto de ingreso subsistencial." Finalmente, en cuanto a la suspensión solicitada por el quejoso en el sentido de que no se suspendan sus derechos de seguridad social, se concede la medida cautelar peticionada, para efecto que no se prive al peticionario del amparo de los servicios médicos que requiera, de los que goza en virtud de su desempeño como servidor público, así como a las personas que tenga registrados como afiliados o beneficiarios de dicho servicio, ya que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Siendo aplicable, por las razones que la informan, la tesis I.7o.A.316 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 180445, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." En la inteligencia, de que la presente medida cautelar surte efectos desde luego y hasta en tanto quede firme la sentencia que en definitiva se dicte en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Abraham Fernando Gil Enríquez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, para los efectos señalados en el último considerando. Notifíquese.
- Incidental
Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, respecto de la ampliación de demanda, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Por otra parte, tenemos que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, ni el acuse de recibo del oficio 22796/2023 de treinta de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se le solicitó su informe justificado con relación a la demanda de amparo. En consecuencia, reexpídase el oficio de que se trata, a fin de que la autoridad a la que se encuentra dirigido, se imponga de su contenido y se encuentre en aptitud legal de rendir su informe justificado, al que se deberá acompañar copia de la demanda. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Tijuana, Baja California, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual informa que el trece de noviembre de dos mil veintitrés, envió al archivo el juicio 220/2023-2A, de su índice y ordenó la remisión a este órgano jurisdiccional del cuaderno formado con motivo del incidente de suspensión del presente juicio de amparo; por tanto, estese a la espera de los autos originales que integran el referido asunto. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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