Abraham Federico Rubio Gómez
Expediente 803/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Abraham Federico Rubio Gómez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal y las constancias que integran el presente juicio de amparo, en específico el escrito signado por Pedro Adalberto González León, en el que manifiesta su inconformidad con relación al cumplimiento que pretende dar la autoridad responsable, se provee en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a realizar pronunciamiento con relación al cumplimiento de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo en que se actúa, tomando en consideración las constancias que obran en el presente sumario y las manifestaciones vertidas por el quejoso, de conformidad con el criterio expuesto en la jurisprudencia 2ª./J.12/2007, visible en la página cuatrocientos cincuenta y ocho, en el tomo XXV, del mes de marzo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "INCONFORMIDAD. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO, EN SU CASO, AL RESOLVER SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, NO TOMEN EN CUENTA LO ALEGADO POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA, LE CAUSA UN AGRAVIO QUE DEBE REPARARSE EN AQUÉLLA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. III/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 270, con el rubro: "INCONFORMIDAD. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO HAYA ESTUDIADO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO AL DESAHOGAR LA VISTA CORRESPONDIENTE, NINGÚN AGRAVIO LE OCASIONA AL INCONFORME.", sostuvo que la circunstancia de que el Juez de Distrito tenga por cumplida la ejecutoria de amparo sin tomar en cuenta los argumentos que el quejoso expuso al desahogar la vista dada con los informes de las autoridades responsables en relación con el cumplimiento, no causa agravio al inconforme. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a esta Sala a abandonar ese criterio, porque si bien es cierto que no existe en la Ley de Amparo disposición alguna que vincule al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito, en su caso, a hacer el estudio de esos alegatos, no debe pasar inadvertido que antes de dictar resolución acerca del cumplimiento de la ejecutoria, el a quo debe dar vista al quejoso con las documentales exhibidas por la autoridad responsable para que exprese su anuencia o haga las observaciones que estime pertinentes, por lo que resulta lógico considerar que en la resolución que recaiga a la vista el juzgador de amparo está obligado a tomar en consideración lo alegado por el quejoso y a pronunciarse al respecto, pues de lo contrario la vista se convertiría en una formalidad inútil, causando al quejoso un agravio que deberá reparar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la inconformidad, debiendo analizar, aun oficiosamente, los argumentos que omitió estudiar el a quo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo.". En ese sentido, por sentencia terminada de engrosar el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 219 a 269), este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en su único punto resolutivo concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. La protección constitucional, se concede para que el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lleve a cabo las siguientes medidas: 1. Deje sin efectos la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente CEAV/CIE/140/2017. 2. Hecho lo anterior, deberá proceder a lo siguiente: ? Recabar elementos de convicción que permitan verificar la condición de las víctimas indirectas en lo relativo a su condición educativa, a fin de determinar medidas de rehabilitación acorde y proporcional. ? Recabar pruebas para fijar la compensación en dinero por los rubros daños a la integridad física, pérdida de oportunidades, lucro cesante, gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación, sin que sea necesario que se acrediten de manera fehaciente, debiendo tomar en consideración las constancias del expediente, analizando el vínculo existente entre el daño generado y los hechos que provocaron la violación a derechos humanos de manera lógica y razonable, presumiendo ante todo la buena fe de las víctimas en las manifestaciones que formuló al solicitarlos. 3. Recabado las pruebas anteriores, deberá dictar una nueva resolución en la que se pronuncie sobre las cuestiones siguientes: a) De manera fundada y motivada, se pronuncie respecto a la procedencia del otorgamiento de becas de educación en instituciones públicas y/o privadas respecto de las víctimas indirectas. b) De manera fundada y motivada, se pronuncie respecto a la procedencia de la medida de compensación por concepto de daños a la integridad física, pérdida de oportunidades y lucro cesante, respecto de las víctimas indirectas. c) De manera fundada y motivada, se pronuncie sobre la procedencia de la compensación respecto del rubro daños a la integridad física de la víctima directa. d) De forma fundada y motivada cuantifique en equidad un monto por gastos de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación. e) Se ordene que con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación se realice el pago de la medida de compensación complementaria por reparación del daño moral para la victima directa la cantidad de $10,000,000.00 (diez millones de pesos). f) Se ordene que con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación se realice el pago de la medida de compensación complementaria por reparación del daño moral para las victimas indirectas, las cantidades siguientes: MARÍA ANGÉLICA DANIEL MENDOZA $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos) PEDRO ADALBERTO GONZÁLEZ LEÓN $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos) PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ DANIEL $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos). PABLO ANTONIO GONZÁLEZ DANIEL $550,000.00 (quinientos cincuenta mil pesos). TOTAL $3,700,000.00 (tres millones setecientos mil pesos). g) Se ordene que con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación se realice el pago de la medida de compensación complementaria por reparación lucro cesante para la victima directa la cantidad de $1,924,000.61 (un millón novecientos veinticuatro mil dos pesos)." Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, del cual por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el toca R.A 40/2019 de su índice, y mediante resolución emitida en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a PEDRO ADALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, MARÍA ANGÉLICA DANIEL MENDOZA, NAYELI ESTEFANÍA GONZÁLEZ DANIEL, PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ DANIEL y PABLO ANTONIO GONZÁLEZ DANIEL contra la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente CEAV/CIE/0140/2017, reclamada del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por los motivos y para los efectos precisados en la parte final de este fallo. Notifíquese;..." En ese sentido, el seis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 402 a 406), se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de mérito y, atento a lo expuesto por la superioridad, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y a su superior jerárquico, para que acreditaran fehacientemente el acatamiento del fallo protector. Así las cosas, conviene precisar que el Tribunal Colegiado de Circuito, estableció que los efectos del amparo para los siguientes efectos: "En mérito de lo expuesto, al ser parcialmente fundados los agravios de la revisión principal e infundados los de la adhesiva, lo que se impone es modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo, cuyo efecto inmediato y directo es la insubsistencia jurídica de la resolución reclamada, debiendo la responsable: a) Recabar el material probatorio que estime pertinente a fin de determinar, en caso de ser procedente, una compensación en dinero por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante de las víctimas indirectas; b) Analice el expediente con el fin de determinar si existieron y están probados los gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación erogados por las víctimas con motivo de las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. c) Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución en la que, reiterando los aspectos que no fueron materia de la concesión: 1) Se pronuncie fundada y motivadamente sobre la procedencia del otorgamiento de becas educativas en instituciones privadas, respecto de las víctimas indirectas; 2) Resuelva la procedencia de la medida de compensación por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante respecto de cada una de las víctimas indirectas; 3) Determine si existieron y están probados los gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación erogados por las víctimas con motivo de las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la inteligencia en que, en caso negativo, debe reiterar la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos). 4) Reitere la cantidad de $1´924,002.61 (un millón novecientos veinticuatro mil dos pesos, sesenta y un centavos), por concepto de perjuicios ocasionados o lucro cesante de la víctima directa. 5) Con apoyo en los elementos descritos en esta ejecutoria, fije una indemnización económica por concepto de daño en la integridad física de la menor fallecida como víctima directa y, sólo en el caso de que también esté demostrado algún daño físico a las víctimas indirectas, proceda a cuantificarlo. 6) Tomando en cuenta los aspectos expuestos en la ejecutoria, con libertad de jurisdicción y prescindiendo de cualquier precedente nacional o internacional, fije nuevamente la compensación por daño moral que corresponda a la víctima directa y a las víctimas indirectas, en la inteligencia de que, atendiendo al principio non reformatio in peius, bajo ninguna circunstancia podrá ser inferior a la calculada inicialmente. 7) Por lo que hace a las cantidades por concepto de daño físico, daño moral y lucro cesante de la víctima directa, las distribuya a sus beneficiarios, en términos de la legislación civil en materia de sucesiones. 8) Una vez determinadas las cantidades por concepto de plan de reparación integral del daño de cada víctima indirecta y sumada la cantidad que, en su caso, les corresponda como herederos de las sumas fijadas por concepto de daño físico, daño moral y lucro cesante de la víctima directa, descuente a María Angélica Daniel Mendoza el monto de $2´900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos), mientras que Pedro Adalberto González León la diversa de $1´500,000.00, que les fueron otorgadas a través del convenio de indemnización por responsabilidad del Estado Mexicano y del contrato de fideicomiso de administración de los recursos que se aportan para el fondo de apoyo, manutención y educación. 9) Finalmente, la autoridad no está obligada a pagar nuevamente las cantidades determinadas en la resolución reclamada y que fueron entregadas a cada víctima indirecta." En términos generales, la Comisión debía: "a) Recabar el material probatorio que estime pertinente a fin de determinar, en caso de ser procedente, una compensación en dinero por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante de las víctimas indirectas; b) Analice el expediente con el fin de determinar si existieron y están probados los gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación erogados por las víctimas con motivo de las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. c) Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución en la que, reiterando los aspectos que no fueron materia de la concesión:..." En desahogo a lo anterior, y seguido el procedimiento de cumplimiento, previas prórrogas concedidas, mediante oficio registrado con el folio 13932, la autoridad denominada Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)], informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, toda vez que remitió entre otras constancias, copia certificada de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente CEAV/CIE/0140/2017 (fojas 497 a 541), y por la que manifestó daba cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. En atención al oficio aludido y manifestaciones ahí vertidas, en auto de tres de junio de dos mil diecinueve (foja 544), se dio vista a la parte gobernada para que manifestara lo que a su derecho conviniera con relación a la misma. Requerimiento que fue desahogado a través del escrito de cuenta, manifestando su inconformidad con el cumplimiento al fallo protector, en virtud de que la responsable no atiende todos los lineamientos establecidos por el Órgano Colegiado para su debido cumplimiento: Asimismo, señala que la responsable precisó dejar sin efectos la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho; sin embargo, la utiliza como fundamento en el cuerpo de su resolución para no cuantificar las medidas de compensación de las víctimas indirectas. Sigue manifestando que la autoridad responsable, no cumple con el segundo efecto de la sentencia protectora, pues dicho efecto consistente en que la responsable recabe el material probatorio a fin de determinar una compensación en dinero por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante, respecto de cada una de las víctimas indirectas, cuestión que no aconteció. Continúa inconformándose, en el sentido de que la responsable refiere erróneamente en la resolución de cumplimiento, que acorde al oficio número 095217614C00/0210, se indica que los adolescentes Fabián Ricardo y Loanna Yazmín, en su calidad de familiares de la menor Nayeli Estefanía González Daniel, son receptores de los apoyos y ayudas establecidas en el Decreto por el que se otorgan ayudas extraordinarias, sin embargo, dichos adolecentes no guardan relación alguna con su núcleo familiar, por tanto, no existe material probatorio alguno que demuestre que las víctimas indirectas han sido reparadas en la medida de compensanción por cuanto hace a la pérdida de oportunidades y lucro cesante. Asevera el gobernado, que la resolución emitida por la responsable, no cumple con el tercer efecto del fallo protector, pues en la resolución materia de análisis, de manera dogmática, subjetiva y sin fundar ni motivar sus argumentos, preciso que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha costeado el importe de los gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación a través de los mecanismos de ayuda establecidos en el "Fondo de Ayudas Extraordinarias con motivo del incendio de la Guardería ABC", no obstante en la resolución se debe precisar el análisis realizado al expediente y acreditar de qué manera se probaron los gastos referidos. Asimismo, -continúa argumentando el gobernado- que la responsable incumple con la sentencia de amparo, pues está obligada a pronunciarse de manera fundada y motivada sobre la procedencia del otorgamiento de becas educativas en instituciones privadas, respecto de las víctimas indirectas, ya que únicamente precisa que la Dirección General de Vinculación Interinstitucional, debe realizar las acciones necesarias ante la Secretaría de Educación Pública, para que de ser procedente sean beneficiarios algún tipo de beca adicional a las ya recibidas, dada su condición de víctimas, esperando que dicha beca adicional sea extendida hasta el nivel superior. Por lo que hace al quinto efecto de la sentencia protectora, no se observa pronunciamiento alguno de la cantidad $1,924,000.61, por concepto de perjuicios ocasionados o lucro cesante de la víctima directa, por tanto dicha omisión deriva en un incumplimiento de la misma. En cuanto al sexto efecto de la concesión de amparo, señala que la resolución materia de análisis no se advierte que haya tomado en consideración, la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido, las circunstancias y características de la violación al derecho humano y que el monto respectivo haya resultado apropiado y proporcional a la gravedad del hecho victimizante. Con relación al séptimo punto de la sentencia protectora, señala que es importante precisar que para tener por cumplida la misma, es necesario que el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)], emita una resolución por cada una de las víctimas tanto directas como indirectas, es decir deberá pronunciarse respecto a todas las medidas de reparación integral contempladas en la Ley General de Víctimas, por cuanto hace a cada una de las víctimas directas o indirectas, es decir deben dictarse cinco resoluciones de manera independiente y diferenciada a fin de no incurrir en los mismos vicios que dieron origen a la protección constitucional. Así, que la autoridad debió realizar un estudio de reparación integral del daño ponderando loas montos otorgados en las resoluciones de reparación del daño a víctimas directas que perdieron la vida en los mismos hechos victimizantes. Finalmente, que la autoridad responsable para cumplir con la sentencia de amparo, deberá: 1) Fijar una compensación en dinero por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante de las víctimas indirectas. 2) Fijar una indemnización económica por concepto de daño en la integridad física de la menor fallecida como víctima directa y, sólo en el caso de que también esté demostrado algún daño físico a las víctimas indirectas, proceda a cuantificarlo. 3) Fijar nuevamente la compensación por daño moral que corresponda a la víctima directa y a las víctimas indirectas, en la inteligencia de que, atendiendo al principio non reformatio in peius, bajo ninguna circunstancia podrá ser inferior a la calculada inicialmente. En ese contexto, este Juzgado estima que, con independencia de lo argumentado por la parte quejosa, el fallo protector NO HA SIDO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, atendiendo al estudio realizado a la documental exhibida por la autoridad responsable, por lo que, se procede al análisis de cada rubro de reparación: PRESTACIÓN ORDENADA EN LA RESOLUCIÓN DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO LINEAMIENTO DECRETADO EN SENTENCIA DEL COLEGIADO SE ACATÓ: MOTIVO Procedencia sobre becas privadas de las Víctimas Indirectas Se pronuncie fundada y motivadamente sobre la procedencia del otorgamiento de becas educativas en instituciones privadas, respecto de las víctimas indirectas; NO En la determinación del Tribunal Colegiado, se ordenó que la autoridad debía pronunciarse respecto del otorgamiento de becas en instituciones privadas. De la lectura de la nueva resolución, se advierte que se recabaron elementos diversos, pero no hay un pronunciamiento con relación al otorgamiento de becas en instituciones de educación privada. Solamente se habla de gestiones para el otorgamiento de una beca adicional. Fojas 47 y 48 de la nueva resolución Indemnización económica por daño a la integridad física de la Víctima Directa "Las explicaciones anteriores evidencian que como parte de la reparación integral es procedente otorgar una compensación por el daño físico ocasionado en perjuicio de la víctima directa, el cual deberá ser calculado con base en el criterio aislado invocado en último lugar ["DAÑO FÍSICO. FACTORES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN"]. Por esta razón, la autoridad responsable debe realizar el análisis respectivo y tomar en cuenta todos los elementos necesarios para fijar una indemnización monetaria, por concepto de daño en la integridad física de la menor fallecida, como víctima directa." (Páginas 49 y 50 de la resolución de Colegiado). Con apoyo en los elementos descritos en esta ejecutoria, fije una indemnización económica por concepto de daño en la integridad física de la menor fallecida como víctima directa y, sólo en el caso de que también esté demostrado algún daño físico a las víctimas indirectas, proceda a cuantificarlo. NO Se fijó en equidad un monto por $50,000.00 (cincuenta mil pesos moneda nacional). Sin embargo, la resolución del Tribunal Colegiado indicó que debía hacer una valoración de acuerdo a los parámetros sentados en la tesis "DAÑO FÍSICO. FACTORES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU INDIVIDUALIZACIÓN". Fojas 56 y 57 de la nueva resolución Indemnización económica por daño a la integridad física de las Víctimas Indirectas. Por lo que respecta a las víctimas indirectas, el efecto impreso al amparo sólo implica que se recaben pruebas para que la autoridad defina si procede y, en su caso, en qué monto, de suerte que si la autoridad advierte que las víctimas indirectas no resintieron algún daño físico bastará que lo justifique en su resolución, sin necesidad de fijar algún monto por ese concepto." (Página 50 de la resolución del Colegiado) Con apoyo en los elementos descritos en esta ejecutoria, fije una indemnización económica por concepto de daño en la integridad física de la menor fallecida como víctima directa y, sólo en el caso de que también esté demostrado algún daño físico a las víctimas indirectas, proceda a cuantificarlo. NO Remiten la indemnización de esta prestación al apartado de compensación por daño moral. Omitiendo un pronunciamiento de este rubro per se por lo que hace a las víctimas indirectas, además de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no informa sobre qué elementos de convicción recabó para emitir la determinación del daño físico de las víctimas indirectas. Foja 57 de la nueva resolución Compensación por daño moral de la Víctima Directa. Por tal motivo, al resultar parcialmente fundados los agravios de la autoridad, lo procedente es modificar la concesión de amparo para el efecto de que la autoridad dicte otra resolución en la que, se allegue de elementos de prueba para cuantificar los distintos aspectos de la compensación correspondiente y, con libertad de jurisdicción, así como prescindiendo de cualquier precedente nacional o internacional, fije nuevamente la compensación por daño moral que corresponda a los quejosos, en su calidad de víctimas directa e indirectas, en la inteligencia de que, atendiendo al principio non reformatio in peius, bajo ninguna circunstancia podrá ser inferior a la calculada inicialmente." (Páginas 72 y 73 de la resolución del Colegiado). Tomando en cuenta los aspectos expuestos en la ejecutoria, con libertad de jurisdicción y prescindiendo de cualquier precedente nacional o internacional, fije nuevamente la compensación por daño moral que corresponda a la víctima directa y a las víctimas indirectas, en la inteligencia de que, atendiendo al principio non reformatio in peius, bajo ninguna circunstancia podrá ser inferior a la calculada inicialmente. NO Básicamente reiteró el mismo monto de la resolución anterior, eliminando la redacción relativa a casos análogos. Lo anterior se estima incorrecto, pues en la resolución del Tribunal Colegiado se decretó que la autoridad debía recabar elementos de prueba y fijar una nueva compensación por daño moral (fojas 72 y 73 de la sentencia del TCC). Sin embargo, la autoridad no refiere en la nueva resolución si recabó nuevas pruebas y, como éstas determinaron el quantum de daño moral. Fojas 60 a 73 de la nueva resolución Compensación daño moral de la Víctima Indirecta. Por tal motivo, al resultar parcialmente fundados los agravios de la autoridad, lo procedente es modificar la concesión de amparo para el efecto de que la autoridad dicte otra resolución en la que, se allegue de elementos de prueba para cuantificar los distintos aspectos de la compensación correspondiente y, con libertad de jurisdicción, así como prescindiendo de cualquier precedente nacional o internacional, fije nuevamente la compensación por daño moral que corresponda a los quejosos, en su calidad de víctimas directa e indirectas, en la inteligencia de que, atendiendo al principio non reformatio in peius, bajo ninguna circunstancia podrá ser inferior a la calculada inicialmente." (Páginas 72 y 73 de la resolución del Colegiado). Tomando en cuenta los aspectos expuestos en la ejecutoria, con libertad de jurisdicción y prescindiendo de cualquier precedente nacional o internacional, fije nuevamente la compensación por daño moral que corresponda a la víctima directa y a las víctimas indirectas, en la inteligencia de que, atendiendo al principio non reformatio in peius, bajo ninguna circunstancia podrá ser inferior a la calculada inicialmente. NO Básicamente reiteró el mismo monto de la resolución anterior, eliminando la redacción relativa a casos análogos. Lo anterior se estima incorrecto, pues en la resolución del Tribunal Colegiado se decretó que la autoridad debía recabar elementos de prueba y fijar una nueva compensación por daño moral (fojas 72 y 73 de la sentencia del TCC). Sin embargo, la autoridad no refiere en la nueva resolución si recabó nuevas pruebas y, como éstas determinaron el quantum de daño moral. Fojas 73 y 74 de la nueva resolución Procedencia de lucro cesante de las Víctimas Indirectas Recabar el material probatorio que estime pertinente a fin de determinar, en caso de ser procedente, una compensación en dinero por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante de las víctimas indirectas; Resuelva la procedencia de la medida de compensación por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante respecto de cada una de las víctimas indirectas; NO En la resolución anterior no existía un pronunciamiento sobre la concesión de una indemnización por lucro cesante de las víctimas indirectas (fojas 121 reverso a 123 de autos). Ahora ya lo hay. Sin embargo, se considera que la autoridad debió explicar qué pruebas novedosas recabó para su determinación, y relacionarlas al momento de resolver que no cabía otorgar este concepto a las víctimas indirectas. Fojas 78 a 80 de la nueva resolución. Procedencia de pérdida de oportunidades de las Víctimas Indirectas Recabar el material probatorio que estime pertinente a fin de determinar, en caso de ser procedente, una compensación en dinero por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante de las víctimas indirectas; Resuelva la procedencia de la medida de compensación por concepto de pérdida de oportunidades y lucro cesante respecto de cada una de las víctimas indirectas; NO En la resolución anterior no existía un pronunciamiento sobre la concesión de una indemnización por pérdida de oportunidades de las víctimas indirectas (fojas 123 y su reverso de autos). Ahora ya lo hay. Sin embargo, se considera que la autoridad debió explicar qué pruebas novedosas recabó para su determinación, y relacionarlas al momento de resolver que no cabía otorgar este concepto a las víctimas indirectas. Fojas 80 a 82 de la nueva resolución Gastos en transporte, alojamiento, comunicación y alimentación. Analice el expediente con el fin de determinar si existieron y están probados los gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación erogados por las víctimas con motivo de las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Determine si existieron y están probados los gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación erogados por las víctimas con motivo de las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la inteligencia en que, en caso negativo, debe reiterar la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos). NO La sentencia del colegiado ordenó que la Comisión analizara el expediente con el fin de determinar si existieron y están probados los gastos en comento por gestiones ante la CNDH, en la inteligencia que en caso negativo, se debería reiterar la cantidad de $30,000. 00 (treinta mil pesos moneda nacional) (fojas 115 a 116 de la sentencia de colegiado). Hay un robustecimiento de la motivación en la nueva resolución, pero es básicamente idéntico (fojas 124 y 538 de autos). Se considera que la autoridad debió explicar qué pruebas advirtió de la revisión del expediente a fin de tener por acreditados estos gastos. Conclusiones respecto a las medidas complementarias de compensación 7) Por lo que hace a las cantidades por concepto de daño físico, daño moral y lucro cesante de la víctima directa, las distribuya a sus beneficiarios, en términos de la legislación civil en materia de sucesiones. 8) Una vez determinadas las cantidades por concepto de plan de reparación integral del daño de cada víctima indirecta y sumada la cantidad que, en su caso, les corresponda como herederos de las sumas fijadas por concepto de daño físico, daño moral y lucro cesante de la víctima directa, descuente a María Angélica Daniel Mendoza el monto de $2´900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos), mientras que Pedro Adalberto González León la diversa de $1´500,000.00, que les fueron otorgadas a través del convenio de indemnización por responsabilidad del Estado Mexicano y del contrato de fideicomiso de administración de los recursos que se aportan para el fondo de apoyo, manutención y educación. 9) Finalmente, la autoridad no está obligada a pagar nuevamente las cantidades determinadas en la resolución reclamada y que fueron entregadas a cada víctima indirecta." NO La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas manifiesta de forma genérica que ya se ha valorado y pagado distintas cantidades de compensación, ordenando solamente el pago de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por daños físicos a la víctima directa. Resulta carente una debida motivación, porque se debió justificar con mayor claridad qué cantidades se debían, y a qué rubros pertenecían, y exponer cómo y cuándo esos montos ya se habían pagado a las víctimas indirecta, sobre todo en atención a los efectos de la sentencia del Colegiado. Es decir debe explicar: Qué rubros y qué montos se concedían. Si éstos ya habían sido pagados. Cómo fueron distribuidos entre las víctimas indirectas. Explicar cómo se efectuó el descuento correspondiente ordenado por el Colegiado a María Angélica Daniel Mendoza y Pedro Adalberto González León. Es importante manifestar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas refiere en la resolución emitida en cumplimiento, que mediante el oficio CEAV/CIE/01245/2019 de ocho de marzo de dos mil diecinueve, requirió diversa información a los quejosos relativa a constancias en materia social y educativa, pérdida de ingresos u oportunidades por salud, informaran sobre el instituto educativo en que se encontraban estudiando, si tenían becas de estudios, etcétera; recibiendo la contestación correspondiente a través del escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil diecinueve. En este sentido, debe decirse por una parte que el escrito de respuesta de los impetrantes no obra en las constancias de este juicio, y por otra parte, que la Comisión responsable debió contrastar las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en esa promoción, para justificar plenamente la determinación que hizo respecto de los diversos rubros que componen la reparación integral. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contada a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, únicamente por cuanto hace a lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente CEAV/CIE/0140/2017. b) Emita una nueva determinación en el citado expediente, en la que subsane las inconsistencias advertidas por este Juzgado de Distrito, y se pronuncie conforme a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo anterior con fundamento en los artículos 192, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, conforme a la tabla siguiente: A B C Multa valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Total 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) $8,494.00 (ocho mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.12 K (10a.), de la décima época, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el diecisiete de octubre de dos mil catorce, con el rubro y texto siguiente: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL AUTO QUE CONTIENE EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN DEBE PRECISAR EL MONTO AL CUAL SE HARÁ ACREEDORA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. En esa tesitura, se concluye que el auto que contiene el apercibimiento de su imposición debe precisar en forma fundada y motivada el monto al cual se hará acreedora la autoridad responsable, en caso de no cumplir con la ejecutoria de amparo, para así dar seguridad al requerido; sin que sea obstáculo a lo anterior, que el Juez de Distrito imponga la medida mínima prevista en el diverso numeral 258 de la citada ley, toda vez que la multa debe quedar debidamente precisada y determinada, ya que de otra manera resultaría dicho apercibimiento general, vago e impreciso." Así como, la tesis I.9o.T.1 K, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 1286, tomo II, noviembre 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, cuyo rubro y contenido son del siguiente tenor: "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la autoridad responsable para que cumpla con una ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, se le apercibirá de que, en caso de no cumplir sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que "se determinará desde luego". Ahora bien, cuando en el acuerdo dictado por el Juez de Distrito, donde se requiere a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a la sentencia que concedió el amparo, únicamente se indica el hecho que, de no cumplir en los términos establecidos, se procederá conforme al artículo 193 de la citada ley, debe decirse que un apercibimiento realizado de esa forma es ilegal, porque no debe ser general, vago o impreciso, sino preciso y determinado, para así dar seguridad de que esa multa que "se determinará desde luego", no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia plenamente particularizado (certidumbre de lo que se impone).". Además, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, esto es, se ordenará que se abra el incidente de inejecución de sentencia, y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de mérito, sin perjuicio de que éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 198 del ordenamiento legal en cita, esto es, separación del cargo de las autoridades omisas. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Germán Cruz Silva, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido del Secretario Julio César Rodríguez Matha, quien autoriza y certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo, y el acuerdo mismo, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. *EADMcada**
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Notificación a la parte quejosa conforme al artículo 27 fracción I, inciso C de la Ley de Amparo. "Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil diecinueve. RESUELVE. ÚNICO. SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. " Notifíquese.
- Principal
Se agrega oficio de cuenta, en que el tribunal colegiado acusa recibo del recurso interpuesto e informa que lo admitió. Notifíquese.
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Agréguese al presente sumario constitucional el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico, en representación de la Junta General Ejecutiva [1], del Titular [2], de la Dirección de Personal [3] , de la Dirección de Recursos Financieros [4] y de la Subdirección de Operación de Nóminas [5], éstas últimas cuatro de la Dirección Ejecutiva de Administración, todos del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual rinden su informe justificado, en términos de lo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y tómese en consideración en el momento procesal oportuno. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables referidas a las personas que designan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Por otra parte, en relación con su solicitud de uso de medios electrónicos que formulan, dígaseles que deberán estarse a lo acordado en auto de treinta y uno de enero del año en curso (fojas 104 a 106), en el que se autorizó a las partes para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
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