Abraham Emmanuel Cordova Valdez

Expediente 1212/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1212/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/03/2021

Partes del expediente

  • Abraham Emmanuel Cordova Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. -Declaración de firmeza- En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. -Archivo y anotaciones- Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -Destino del expediente- Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. -Destrucción del expediente- Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. -Resolución a Disposición para consulta- Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; primero de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito de *********** autorizado de la parte quejosa con amplias facultades en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita se permita el acceso al expediente electrónico, asimismo, se dé continuidad al juicio en su modalidad en línea. Al respecto, dígase al ocursante que por auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se le autorizó la transición a la modalidad de juicio en línea. Notifíquese.

  3. Principal

    CUERNAVACA, MORELOS; diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento ni celebrar la audiencia constitucional. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diez de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo de ***********, contra actos del Presidente Municipal de Yautepec, Morelos y de otra autoridad, asimismo, en dicho auto se previno al promovente en los términos ahí precisados. Posteriormente, por auto de diecisiete de diciembre de dicha anualidad, se tuvo al impetrante intentando desahogar el requerimiento antes aludido, no obstante, se le requirió a fin de que ratificara el referido escrito, circunstancia que ya ha acontecido, en consecuencia, se provee: Se desecha demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1o.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de "autoridad responsable" converge en establecer que es aquella que con independencia de su naturaleza formal dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De lo anterior, se aprecia que tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por otra parte, del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, se advierte que el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o aun particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si las responsables, en el caso, son autoridades para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas: a). Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b). Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Ilustra a lo anterior, la tesis, que lleva por rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado" Es así que de acuerdo con las consideraciones expuestas por el Máximo Tribunal para determinar a quién le asiste el carácter de autoridad (órgano del estado o particular) se debe atender a los tipos fundamentales de relaciones que se generan con el Estado; de ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza de los actos motivo de reclamo, los cuales en esencia se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables de recibir y dar contestación a los escritos que el quejoso presentó el doce, trece y veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la omisión de reembolsarle la cantidad que pago por concepto de una cirugía derivada de riesgo de trabajo, así como los descuentos que se le han realizado a su salario. Ahora bien, la hipótesis -actos reclamados- sujeta a estudio en el presente juicio, no se ajusta a los requisitos exigidos por el sistema normativo; en razón de que la relación existente entre el promovente del amparo y las señaladas como responsables es de coordinación (relación laboral), es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, y no en uno de supra subordinación, pues actúan como patrón, y por ende carecen del carácter de autoridad, por lo cual el quejoso deberá acudir ante la autoridad laboral correspondiente a reclamar los actos que aquí señala. No obsta a lo anterior, que la parte quejosa haya realizado su solicitud con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, el artículo 103 constitucional en su fracción I y el artículo 1o, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos fundamentales para que el juicio de amparo sea procedente, como pudiera ser la relativa al derecho de petición; sino que, además, es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de alguna autoridad entendida ésta en los términos ya referidos. De lo anterior se colige que si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, entonces el juicio de amparo no puede ser procedente. Ahora, el artículo 8o. de la Constitución Federal establece que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el ejercicio del derecho de petición en los términos señalados en dicho ordenamiento, pero el hecho de que se imponga esa obligación a los funcionarios y servidores públicos, no significa que su aplicación siempre pueda ser analizada en el juicio de amparo, como podría ser el caso que, un trabajador del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, concurra ante dicha institución a solicitar por escrito el pago de alguna prestación derivada de la relación laboral que los une, pues en ese caso, dicho acto no podrá considerarse como uno de autoridad para los efectos del amparo, sino entre particulares. De todo ello se concluye que, el examen de la naturaleza de la relación existente entre el patrón y los particulares (trabajadores activos) que solicitan el amparo, es de valor preponderante para analizar la procedencia del juicio de amparo cuando se reclaman violaciones a los derechos fundamentales afines al artículo 8o. constitucional. Entonces, dado que la solicitud planteada ante las "responsables" está encaminada a obtener el pago de prestaciones laborales (pago por concepto de una cirugía derivada de riesgo de trabajo, así como los descuentos que se le han realizado a su salario) indefectiblemente constituye un derecho laboral adquirido por el quejoso vinculado con la relación que establecieron en virtud de la relación de trabajo que los une. En ese tenor, resulta inconcuso que, la relación suscitada entre el trabajador y el patrón, no se encuentran en un plano de desigualdad, sino en uno de coordinación, en el que las dos personas, como entes del derecho privado que tienen obligaciones y derechos recíprocos, por lo que es claro, la responsable, no actuó como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, pues el acto atribuido carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Luego, es de estimarse en el presente asunto, como se dijo, las responsables no actúan como autoridad para efectos del amparo, porque, no crean, modifican o extinguen, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúan en un plano de coordinación al tratarse la relación de naturaleza meramente laboral. Sirve de sustento a lo considerado, la jurisprudencial P./J. 42/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página: 126, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Registro: 189914, que lleva por rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular". En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto, se tiene por recibido el escrito presentado a nombre del quejoso ***********, por el que pretende desahogar la prevención formulada por este órgano jurisdiccional en proveído de diez de diciembre del año en curso; antes de proveer sobre su contenido, debe destacarse que a simple vista, se advierte que la firma asentada en el ocurso de mérito, difiere notablemente en sus rasgos caligráficos con la que obra en la demanda de amparo; en consecuencia, tomando en consideración que en el procedimiento escrito, la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta mediante la firma, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, y de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente, comparezca ante este órgano constitucional con identificación oficial con fotografía a manifestar si ratifica o no el referido ocurso que presentó el dieciséis de los actuales; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentando el escrito de cuenta, por lo que a ella se refiere. Lo anterior, con independencia de que en el momento procesal oportuno se provea lo conducente, incluso ordenándose el desahogo de los exámenes periciales correspondientes, pues en caso de apreciarse la posible existencia de una causa de improcedencia, como lo es la que se daría de la eventual falsedad de la firma, los tribunales de amparo pueden actuar oficiosamente, y en el caso, se definiría a través de los estudios correspondientes si el quejoso no firmó la demanda o el ocurso aclaratorio, pues no basta su ratificación. La ratificación tampoco impide que el juzgador de amparo pueda continuar con las actuaciones correspondientes, para en su caso, evidenciar que se actualiza alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 261 de la Ley de la Materia, habida cuenta que en términos del artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se considera firma indubitable, entre otras, las puestas en actuaciones oficiales y en presencia del secretario1. Se hace del conocimiento a la quejosa mencionada, que para comparecer a la diligencia aludida, deberá cumplir con las obligaciones previstas en el capítulo II del Acuerdo General 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y la obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se deja a disposición de la promovente en mención, el número telefónico 777 318 5149, para cualquier eventualidad que se presente relacionada con el requerimiento efectuado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracciónI del Acuerdo General 21/2020.

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