Abraham Edgar Salcedo Ortiz

Expediente 201/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
201/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Abraham Edgar Salcedo Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    VI... Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término que refiere el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en los artículos 288, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal a su destrucción, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    VI... Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista de acuerdos que se fija en estrados el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo indirecto 201/2022-VI, el cual es del tenor: Proveído 24/Febrero/2022.- "... Téngase por recibido el oficio proveniente del Jugado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite los autos del amparo indirecto 178/2022; en razón que por acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda promovida por Abraham Edgar Salcedo Ortiz, por propio derecho y como apoderado de Carlos Antonio Salgado Medina, contra actos del Juez Noveno Civil de Huixquilucan, Estado de México. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, de la Ley de Amparo, este juzgado acepta el conocimiento del asunto, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 201/2022-VI; acúsese recibo. Previo a acordar lo conducente en torno al escrito de que se trata, es dable destacar que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sitio web por el cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos; lo cual otorga a los justiciables la oportunidad de facilitar el acceso a la administración de justicia de manera pronta y expedita, acorde con el espíritu que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, es importante destacar que tratándose de promociones electrónicas la Ley de Amparo establece las reglas y formas en que los procedimientos se substanciarán y resolverán ante los Tribunales Judiciales, específicamente el artículo 3º del citado ordenamiento legal1. Acorde con lo anterior, los artículos 1º, 3º, 14, 16, 45, 46 y 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, indican los requisitos para presentar demandas en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como la forma de consultar el expediente electrónico. En este contexto, del artículo 3º de la ley de la materia se evidencia que la tramitación del amparo indirecto podrá realizarse de manera optativa, a través de los mecanismos e instrumentos tecnológicos habilitados por el Consejo de la Judicatura Federal, siempre y cuando tales actuaciones se ajusten a los parámetros establecidos para su procedencia. De igual forma, precisa que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, y que no se requerirá firma electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 16 del acuerdo aludido párrafos precedentes, establece que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de la misma norma y se registren en el sistema, estableciendo los pasos para realizar dicho trámite. Además, el artículo 42 del mismo ordenamiento legal establece las excepciones para promover demandas sin tener firma electrónica, que son aquellos en los que se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo; asimismo, que tratándose de dichos actos tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. En ese contexto, en el caso del escrito de cuenta no se advierte evidencia criptográfica alguna que denote la firma electrónica de la parte quejosa. Aunado a lo anterior, en el escrito de demanda no se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como alguno de los que enuncia el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, es inconcuso que el suscrito está facultado para proveer respecto del escrito de demanda a la luz de los razonamientos expuestos y en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación a los diversos 3º, 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los preceptos citados, se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto, el numeral 3° de la ley de la materia, dispone que los escritos que en forma electrónica se presenten mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la Firma Electrónica; la cual, es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De lo anterior se tiene que, la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa, por tanto resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla. Así, de los preceptos invocados queda evidenciado que la falta de firma se traduce en la falta de exteriorización de la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, evidencia su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda evidenciada la existencia de un titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional el juzgador tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del presente juicio, el artículo 3° de la Ley de Amparo dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Relacionado con lo anterior, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que para presentar una demanda de amparo vía medios electrónicos, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la ley de la materia, es necesario que el promovente ingrese su "nombre de usuario y contraseña" que generó al momento de registrarse, o bien, a través de su firma electrónica vigente; además, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda y agregarán a dicho escrito su firma electrónica. Lo anterior, implica que ante la falta de firma electrónica a nombre del promovente no existe voluntad de su parte para dar inicio a la presente instancia constitucional. Por lo que, se insiste, en virtud de que las promociones que carecen de firma del promovente, no pueden expresar la voluntad de éste, pues es a través de la firma electrónica correspondiente que se responsabiliza de su contenido para que sólo en esa hipótesis se pueda acordar lo que en derecho corresponda. Consecuentemente, al ser considerada la falta de firma como una formalidad esencial que denota la voluntad de promover dicho juicio, implica el no ejercicio de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Décima Época, página: 79, registro: 2019715, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." En ese orden de ideas, se desecha la demanda al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación a los diversos 3º, 5º y 6º, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso c) y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio señalado en la demanda y notifique a la parte quejosa personalmente esta determinación; asimismo, lo requiera para que dentro de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, señale domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por lista, en términos de la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. En caso de ser necesario, practíquese la diligencia conforme lo establece el numeral 21, último párrafo, de la referida ley. Se reserva acordar lo conducente respecto a las personas que autoriza. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia en autos de su identificación; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Finalmente, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa ..." Lo anterior en atención al aviso de fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

  3. Principal

    VII... Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo...

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