Abraham de Luna Zúñiga
Expediente 418/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Abraham de Luna Zúñiga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, siete de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el quejoso no interpuso recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitida por este juzgado de distrito, que sobreseyó en el juicio de amparo 418/2018-2, ya que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición de dicho recurso, transcurrió para la parte quejosa sin haberlo interpuesto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, que sobreseyó el juicio de amparo número 418/2018-2, promovido por Abraham de Luna Zúñiga, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Segundo. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Tercero. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Cuarto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. Notifíquese. (2)
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el juicio de amparo ********************, se advierte que se formó legajo por separado con motivo de que el expediente se encontraba pendiente de dictar sentencia; y toda vez que la misma ha sido dictada, agréguese el mismo constante de once fojas útiles más carátula, el cual contiene el oficio signado por la autoridad responsable ********************, con sede en esta ciudad, registrado en la oficialía de partes de este juzgado con el número ********************, mismo que se encuentra debidamente acordado. Cúmplase.
- Principal
V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 418/2018-2 promovido por Abraham de Luna Zúñiga, por su propio derecho, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Abraham de Luna Zúñiga, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de la autoridad y por el acto que se especifica a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE:- H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 7 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO EN ESTA CIUDAD DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS con domicilio oficial conocido en Héroe de Nacataz esquina con Melchor Ocampo en esta ciudad." "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo que corresponda en derecho en el expediente laboral 54/7/2017, que se ventila ante la H. Junta Especial número 7 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado en esta ciudad." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 8, 14 y 17, 123 y 133; relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado de Distrito; en auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 6 a 8), se ordenó admitir la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 418/2018-2; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; asimismo, se ordenó emplazar a los terceros interesados Mariela López Vera y Genaro Herrera Blas; finalmente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Todo lo anterior fue cumplido, se dictaron los acuerdos procedentes y la audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es competente para resolver este asunto por razón de materia, grado y territorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y al Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que se trata de un juicio de amparo indirecto en primera instancia, materia laboral, contra omisiones en el procedimiento, las que se consideran de imposible reparación; además, la demanda de amparo se presentó ante este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto que por esta vía constitucional se reclama; es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia del mismo, debe quedar precisado. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer los actos reclamados, a saber: I) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, II) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad al enunciar los actos reclamados. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis aislada número P. VI/2004, cuyos rubros son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en lo acotado, al analizar en su integridad la demanda de amparo y demás constancias de autos, se aprecia que el acto reclamado a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se hace consistir en: La omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 54/7/2017. TERCERO. Informe de la autoridad responsable y constancias que envió con posterioridad (existencia del acto reclamado). Como la existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, procede analizar el informe justificado rendido por la responsable, así como las documentales remitidas en justificación del acto que se le atribuye. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, Enero- Junio de 1990, página 95 que lleva por rubro, el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Debe tenerse como cierto el acto reclamado a la responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues si bien fue imprecisa al rendir su informe justificado, de las manifestaciones que realiza y de las constancias que el presidente de la junta responsable allegó a este juicio, se advierte la existencia del mismo. Lo anterior es así, ya que basta imponerse de las copias certificadas relativas al juicio laboral 54/7/2017 del índice de la junta local, y que obran agregadas a este expediente de amparo, para advertir que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (catorce de noviembre de dos mil dieciocho), la Junta responsable no había dictado el laudo correspondiente dentro el expediente laboral de origen; de ahí la existencia del acto tildado de inconstitucional. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto." De la misma manera es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Las causas de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan de oficio deben examinarse por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo en orden preferente a cualquier otra cuestión por ser de orden público, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte que en relación al acto reclamado que el peticionario del amparo hizo consistir en la omisión de dictar el laudo correspondiente en el expediente laboral 54/7/2017, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por las razones que a continuación se exponen. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Ahora bien, como se advierte del legajo formado el quince de enero del año en curso, que contiene constancias relativas al expediente laboral 54/7/2017, se advierte que el doce de diciembre de dos mil dieciocho, la junta responsable emitió el laudo correspondiente a dicho controversial (legajo formado con motivo de haberse celebrado en el presente asunto la audiencia constitucional); circunstancia que hace evidente que la abstención reclamada -omisión de dictar el laudo- ha cesado en sus efectos. Al respecto, también debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, con antelación al dictado del laudo dentro de los autos del expediente laboral 54/7/2017, lo que lleva a concluir que la omisión reclamada ha dejado de existir, pues la aludida responsable ya emitió el laudo correspondiente; asimismo, notificó a las partes dicha determinación en fechas diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho y once del mes y año en curso, tal como se aprecia de las constancias que obran en el legajo aludido supralíneas. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, restituyéndose al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos de la omisión en estudio, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Ante tales consideraciones y con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en este juicio de amparo, respecto de la omisión de la responsable de dictar el laudo dentro de los autos del expediente laboral número 54/7/2017. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, dado el sentido del presente fallo, no se aborda el estudio de los conceptos de violación. Respalda lo anterior, la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, séptima época, materia común, tomo VI, parte SCJN, página trescientos treinta y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito juzgador, que el Fiscal de la Federación adscrito hizo valer los alegatos que consideró pertinentes (fojas 102 a 105); sin embargo, no se realizará su análisis, pues no forman parte de la litis en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, tomo 80, agosto de 1994, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, 'así como los demás razonamientos de las partes', a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva ley. SEXTO. Publicación de la sentencia. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 418/2018-2, promovido por Abraham de Luna Zúñiga, en contra de la autoridad y acto señalados en el considerando segundo, por los motivos y razonamientos expuestos en el diverso cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy diecisiete de enero de dos mil diecinueve, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LOS TERCEROS INTERESADOS: "...Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 418/2018-2, promovido por Abraham de Luna Zúñiga, en contra de la autoridad y acto señalados en el considerando segundo, por los motivos y razonamientos expuestos en el diverso cuarto del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente..." (2)
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